Por Brian Monroe
3 de Agosto de 2015

El Grupo de Acción Financiera Internacional advierte sobre los riesgos de delitos financieros vinculados a la industria del oro, destacando que los grupos ilegales participan en los procesos de minería, refinación y distribución con la intención de evadir los controles más fuertes en el sistema financiero formal.

El GAFI dio a conocer el informe de 42 páginas después de la consulta de entidades que participan en la cadena de suministro de oro – operaciones de minería de pequeña y gran escala, empresas de fundición, recicladores y minoristas – y concluye que el oro se ha vuelto a convertir en la moneda de los lavadores, grupos terroristas y cleptócratas corruptos.

El grupo internacional ha señalado los tres puntos principales que hacen del oro, al igual que otros productos de gran valor, como los diamantes, un elemento tan valioso para una amplia gama de organizaciones criminales internacionales: el anonimato, la portabilidad y la convertibilidad.

El informe también debería impulsar a los equipos de cumplimiento en las instituciones financieras a que revisen sus listas con este tipo de empresas y ver si han instituido programas de cumplimiento – o por lo menos, evaluar si han recogido datos sobre los clientes, tales como identidades o las huellas digitales. En EE.UU., las operaciones de oro deben tener procesos ALD si se compra a o vende oro por un valor superior a US$50.000 al año, una obligación que date desde 2006.

El GAFI le dio especial atención al aparentemente omnipresente negocio denominado “dinero por oro” que ha florecido en los últimos años con el aumento del valor del metal. El informe señala que estos negocios pueden ser fácilmente creados por grupos criminales, pueden realizar transacciones con los clientes en efectivo, y desaparecen antes de que los investigadores o los examinadores puedan encontrarlos, aunque técnicamente estén sujetos a la panoplia de los requisitos del programa ALD.

La “baja visibilidad” del oro es un aliciente para los actores ilegales

“El oro es un vehículo extremadamente atractivo para el lavado de dinero”, según el GAFI. “Proporciona un mecanismo para que los grupos del crimen organizado conviertan dinero ilícito en un activo estable, anónimo, transformable y fácilmente intercambiable para reinvertir las ganancias de sus actividades criminales”.

Además, un elemento muy atractivo para las operaciones criminales es el “anonimato generado a partir de las propiedades de oro que dificultan el seguimiento de sus orígenes”, según el informe. También señala que el oro es una “moneda de aceptación universal que se ha mantenido estable a pesar de las fluctuaciones en los mercados financieros globales”.

Lo que ha cambiado, sin embargo, para dar más esplendor al oro en los últimos años, es que las medidas ALD aplicadas internacional están “influenciando un cambio en las conductas delictivas hacia metodologías con menor visibilidad para las agencias de ley”, según el informe, señalando que el oro, incluso se puede utilizar para pagar drogas, mulas y profesionales de pitufeo de bajo rango, así como el hecho de que el oro puede hacer que las transacciones sean prácticamente indetectables ya que no tocan el sistema bancario.

“El oro es fácil de transportar y de contrabandear, tiene un valor internacional y se puede comprar sin certificados de origen”, por lo que es un producto ideal para los lavadores de dinero, corruptos traficantes de influencias y grupos terroristas, dijo Nikos Passas, profesor de la Universidad Northeastern en Boston, que también ha creado informes sobre el lavado de dinero a través del comercio internacional.

El único elemento que estaría frenando a los delincuentes es la caída del precio del metal, de un pico máximo de poco más de US$1.900 en 2011 a un mínimo reciente de alrededor de US$ 1.000, señala, e indica que en sí mismo podría ser una señal de alerta si una compañía vinculada a la industria aurífera ve un constante aumento de las ganancias.

Para las instituciones, la posibilidad de detectar señales de alerta está relacionada con la capacidad de entender los puntos de origen, destino y tránsito de la cadena de suministro de oro – como minas, fundidores, recicladores y vendedores – y comparar esta información con la información relacionada con las transacciones, de dónde vienen y hacia dónde van, dice Passas.

Las instituciones deben “conocer el mercado y los centros de actividad. Si el oro o los fondos van a diferentes centros de actividad, esto es una señal de alerta “, dijo. La sobre y subfacturación son indicadores reveladores.

“Por ejemplo, si alguien está pagando por limaduras de oro u oro chatarra un precio más alto que el precio de mercado para oro puro, entonces uno debe preguntarse, ¿por qué alguien pagaría más por un producto que es impuro cuando puede conseguirlo en el mercado a un precio mucho más bajo?”.

Señales de alerta, de lingotes al comercio

El GAFI detalla decenas de señales de alerta vinculadas al comercio de oro, reflejando muchos patrones clásicos de lavado de alrededor de negocio y transaccionales inexplicables o entidades o regiones inconsistentes, incluyendo:

Vinculado con lingotes:

Un cliente establecido (incluyendo comerciantes de lingotes) aumenta drásticamente su compra de lingotes de oro sin razón aparente.

Extranjeros que compran lingotes de oro a través de múltiples transacciones en un período corto.

Se transfieren lingotes entre asociados utilizando cuentas de lingotes (incluyendo familiares) sin razón comercial aparente.

La ocupación es inconsistente con el perfil financiero del cliente. Por ejemplo, el cliente puede señalar que es “estudiante” e incluso así transferir grandes cantidades de fondos a cuentas de lingotes.

Preguntas para compañías:

Negocios o compañías de un solo dueño que son creadas/establecidas por personas sin relación aparente pero son controladas por el mismo grupo de personas. Se utilizan direcciones falsas para registrar tales negocios.

Uso de compañías pantalla en diversas jurisdicciones.

Número importante de compañías registradas a nombre de una persona natural.

Las actividades comerciales no son fáciles de rastrear debido a que las compañías están registradas en otros lugares.

No está claro cómo la compañía transporta la mercancía que ha comprado.

Posible lavado en el comercio:

El pago en efectivo de órdenes de alto valor es un indicativo de TBML (lavado de dinero a través del comercio internacional).

La clasificación errónea de la pureza, peso, origen y valor del oro en los formularios de declaración de aduanas.

El oro es enviado hacia o desde una jurisdicción designada como de “alto riesgo” para las actividades de lavado de dinero o jurisdicciones calificadas como no cooperadoras.

El oro cruza una o más jurisdicciones de alto riesgo sin razón económica aparente.

El tamaño del envío o tipo de producto que se envía parece incompatible con la escala o la capacidad del exportador o del importador con respecto a sus actividades regulares o el envío no tiene sentido económico es decir, no hay una explicación razonable para la inversión financiera del cliente en el envío.

Operaciones de “dinero por oro” son un imán para los delincuentes

Los negocios de dinero por oro son particularmente atractivos y todo un desafío para la industria debido al débil o inexistente control, según el informe.

“Teniendo en cuenta el limitado nivel de supervisión de la industria y los requisitos de licencia, los negocios de dinero por oro tienen el potencial de proporcionar a los grupos criminales con un suministro continuo de productos de oro no rastreables de diversas fuentes”, señala el informe, agregando que “en la mayoría de las jurisdicciones existe poca gobernabilidad o la supervisión de este tipo de actividad”.

Al mismo tiempo, el oro está siendo comprado a personas que no tienen que demostrar que son dueñas del oro, ni de donde proviene éste, creando un flujo de ingresos en efectivo intenso que “puede ser fácilmente falsificado o mezclado con el producto del crimen, mientras que el oro comprado puede ser utilizado para realizar pagos en oro de bienes y servicios ilícitos imposibles de rastrear”.

El comercio de oro reciclado, tanto legal como ilegal, requiere “poco capital inicial y por lo tanto las operaciones puede ser muy itinerante, y se pueden realizar con poca dificultad. Esto suma a la dificultad para los reguladores para controlar estas actividades”, indica el informe del GAFI.

La falta de aplicación de la ley se traduce en falta de incentivo para cumplir

El informe no refuerza la idea que las actividades en la industria del oro tienen poco conocimiento de las obligaciones ALD y tienen poco incentivo para implementarlas, señala David Tilzer, ex jefe de la División ALD del IRS en Nueva York.

La única forma para que estas operaciones cambien su postura y forma de actuar es si algunas son sancionadas por FinCEN (unidad de información financiera de EEUU), o si las instituciones financieras aumentan la presión preguntando sobre sus programas ALD y solicitando pruebas tales como los controles con los que cuentan, dice Tilzer. Señala que las instituciones pueden solicitar una revisión de sus políticas y procedimientos de delitos financieros, identidad del oficial de cumplimiento designado y copia de la más reciente revisión independiente.

“Los bancos deben hacer a los cuentahabientes de la industria de oro estas preguntas, y si no les gusta lo que ven o no obtiene las respuestas que quieren, deben dejar saber a la compañía que las cuentas se cerrarán”, señala Tilzer, y agregó que parte de la información vital es saber dónde opera la compañía y qué tipo de información de identidad recoge la compañía y cuáles son los umbrales.

Si bien el  informe pone de relieve los riesgos de los aparentemente omnipresentes negocios de ’dinero por oro’, el “boom ha terminado porque el precio es muy bajo, muchas de estas empresas están cerrando”, señala Cecilia Gardner, presidente y directora ejecutiva de Jewelers Vigilance Committee en EE.UU. (Comité de Vigilancia de Joyeros), un grupo de cabildeo de la industria.

Maleabilidad del oro

A pesar de que abundan los temores a nivel minorista, la “mayoría del lavado de dinero y delitos relacionados con el mercado del oro están asociados con el comercio internacional y nacional”, según el informe. En el sentido físico, es fácil fundir lingotes de oro y convertirlo en distintas formas para ocultar el hecho de que es el oro”, señala el GAFI.

Al igual que las operaciones de dinero en efectivo por oro, los delincuentes se mueven por el camino de la menor resistencia para lavar a través del comercio, utilizando “rutas que no tienen una fuerte supervisión del movimiento o el oro es de contrabando para evitar la detección”, agrega el informe.

En algunos casos, debido a la naturaleza del mercado, el oro no tiene que existir o ser trasladado físicamente para ser comercializado, según el GAFI, señalando que algunos grupos criminales simplemente ponen la palabra “oro” en una factura cuando en realidad están moviendo grandes cantidades de dinero en efectivo a nivel internacional.

Para engañar aún más a los inspectores, el informe señala que en varias ocasiones, en el movimiento entre Sur y Norteamérica, los delincuentes han disfrazado el oro como souvenirs (recuerdos) o lo han convertido en objetos de poco valor y bajo riesgo, como “llaves, tuercas, pernos y hebillas de cinturón. El oro en estas formas es más fácil de ocultar a las autoridades fronterizas y su valor puede ser subestimado considerablemente en los conocimientos de embarque”.

En términos generales, nunca se han materializado adecuadamente los controles de delitos financieros para la industria del oro, incluso en regiones donde los metales preciosos están obligados a cumplir ciertas obligaciones ALD, dijo Ken Rijock, un ex lavador de dinero que fue condenado y ahora es autor y consultor en temas de delincuencia financiera.

Muchas transacciones y operaciones se realizan “en un santiamén y con dinero en efectivo”, dijo. “Los actores de la industria no han llegado al siglo 21, por lo que es una gran manera para lavar dinero y transportar valor por todo el mundo y luego convertir ese oro en otra moneda”. Esa es una vulnerabilidad enorme a nivel mundial porque el oro es un gran obstáculo en cualquier etapa de la cadena de lavado: colocación, estratificación e integración, dijo Rijock.

“En todas las etapas de lavado de dinero si uno incorpora el oro como una variable, se corta la cadena de las finanzas y ningún investigador puede seguir el rastro”, dijo. “Eso le sirve perfectamente a los delincuentes ya que todo el objetivo del lavado de dinero es confundir al enemigo y asegurar obstáculos

Una encuesta realizada por la firma de abogados especializada en empleos y recursos laborales con sede en San Franciso Littler Mendelson a unos 500 asesores legales, oficiales de recursos humanos y altos ejecutivos encontró que el 60% teme que el hecho de recompensar a oficiales de cumplimiento por denunciar actos irregulares dentro de las organizaciones crea incentivos para que los profesionales de cumplimiento se enfoquen en reportar posibles problemas a los reguladores con la esperanza de obtener un premio, por lo que la gerencia se puede mostrar reticente a comunicar al área de cumplimiento ciertos problemas.

“Hay una gran cantidad de riesgos para los empleadores si ignoran el hecho de que los oficiales de cumplimiento pueden ejercer una gran presión”, dijo Edward Ellis, copresidente de la práctica de denuncia y ética corporativa del grupo. “La SEC ha hecho un claro esfuerzo para obtener más denunciantes con conocimiento de los programas de cumplimiento de sus empresas”.

En la encuesta se les preguntó a los profesionales, por ejemplo, si el hecho de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) haya otorgado dos recompensas por denuncias a los oficiales de cumplimiento y esté alentado públicamente a esas personas a reportar la mala conducta a los reguladores o agencias gubernamentales, qué tanto afecta a las operaciones de las organizaciones.

A medida que la SEC continúa aplicando una variedad de herramientas para aumentar la calidad y cantidad de información por parte de denunciantes, los encuestados expresaron cierta preocupación por el foco que está dando la agencia en donde se insta a los oficiales de cumplimiento para que reporten actos indebidos al gobierno.

En agosto de 2014, Sean McKessy, jefe de la Oficina del Denunciantes de la SEC, dijo que estas personas “a menudo están al tanto de la información específica, oportuna y creíble que pueden prevenir un inminente fraude inminente o detener uno que ya esté ocurriendo”.

Casi un cuarto de los encuestados (22%) indicó que este enfoque probablemente disuada a los ejecutivos de expresar preocupaciones al departamento de cumplimiento por temor a que la información termine siendo reportada al gobierno. El mismo porcentaje (22%) expresó su preocupación de que este enfoque socavará la eficacia del departamento de cumplimiento si los individuos se centran en la presentación de informes a los organismos gubernamentales para recoger recompensas en lugar de cumplir con sus responsabilidades laborales.

Se espera que los oficiales de cumplimiento sean los ojos y oídos de sus organizaciones, centrándose en la identificación del fraude o la mala conducta a la vez que garantizan altos estándares éticos y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. La naturaleza de sus responsabilidades es que a menudo obtienen información sobre el funcionamiento interno de una empresa, y con base a esta situación el 16% de los encuestados expresó su preocupación de que el enfoque de la SEC sobre los oficiales de cumplimiento para que actúen como denunciantes incentivaría a estas personas a aprovechar su acceso a la información sensible para asegurar recompensas.

El choque inherente entre el papel del oficial de cumplimiento (para proteger a las empresas de los lapsos de cumplimiento) y los incentivos crecientes para reportar actos indebidos y recibir significativas recompensas monetarias debería llevar a una mayor alerta y a la necesidad de crear una mayor urgencia entre los empleadores para revisar sus existentes programas de cumplimiento.

Una vez finalizado, el Best Practices for Protecting Whistleblowers and Preventing and Addressing Retaliation  de Occupational Safety and Health Administration’s (OSHA) (mejores prácticas para proteger a los denunciantes y prevenir y frenar represalias) proporcionará orientación a los empleadores sobre cómo alentar a los denunciantes a que reporten dentro de la empresa en primer lugar. Se estima que esta guía estará lista para fin de este año.

Haga clic aquí para ver la encuesta

Por Brian Monroe
29 de julio de 2015

El regulador federal de los bancos más grandes y complejos de EE.UU. le pondrá más atención el próximo año a áreas clave de los programas contra la delincuencia financiera, tales como la forma en que los bancos atraen, colocan y preparan a los profesionales en las áreas de cumplimiento; cómo identifican y evalúan los riesgo; y cómo se protegen de las amenazas de ciberataques.

La Oficina Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés), que depende del Departamento del Tesoro de EE.UU., presentó sus preocupaciones en torno a lucha contra el lavado de dinero, la ciberseguridad y una gama de otros programas para los bancos grandes y pequeños en su reporte titulado Semiannual Risk Perspective (Perspectiva de Riesgo Semestral) que fue publicado hace dos semanas.

El documento de 41 páginas le estaría indicando a toda la industria dónde los examinadores harán un escrutinio adicional debido a las preocupaciones de que algunos bancos – especialmente los más grandes y sofisticados que operan en múltiples jurisdicciones – no tienen estructuras de gobernanza y control del riesgo de delitos financieros adecuados para impedir la entrada de dinero de lavadores, estafadores o políticos corruptos.

El documento presenta fallas de alto calibre por parte de la agencia, como la multa de US$ 1.900 millones contra HSBC por la que la OCC debió presentarse ante el Congreso en 2012 y se comprometió rápidamente a realizar cambios, tales como no permitir que los bancos cuenten con muchos asuntos informales que requieren atención (informal matters requiring attention, MRAs), formalizar muchas de las medidas informales, y hacer de las infracciones por delitos financieros una violación que podría afectar las tasas de seguro de depósitos.

En general, el número de acciones formales ALD se ha “mantenido constante” en los últimos años, entre 10 y 16 desde 2010, mientras que las sanciones monetarias se han multiplicado, pasando de US$ 5,2 millones en 2010 a US$ 552 millones en 2013 y US$ 351 millones en 2014, y una caída a seis medidas y sanciones acumuladas en US$ 500.000 en lo que va de 2015.

El informe pone de relieve tendencias muy preocupante en los bancos, incluyendo el hecho de que algunos están “asumiendo riesgos adicionales por la expansión hacia nuevos productos, menos familiares, o de mayor riesgo sin la adecuada debida diligencia o gestión y control de riesgos”.

Las falencias en los programas contra el crimen financiero que destaca el reporte de la OCC –tales como la captura y retención del empleados clave, la alineación del monitoreo con los riesgos y la reducción de los costos sin sacrificar los controles— son “cuestiones perennes, pero el regulador los está destacando porque se están volviendo cada vez más difíciles de resolver” señala Marie Kerr, una consultora en temas ALD y experta en sistemas.

En el entorno actual de muchos grandes bancos nacionales y extranjeros que se encuentran bajo medidas de aplicación de ley, los reguladores le están prestando especial atención a los profesionales que los bancos están contratando en el área antilavado de dinero y cuáles son sus calificaciones, agrega Kerr..

“En este momento, es difícil encontrar personas que sepan de temas ALD, fraude y sistemas”, dice Kerr. “He hecho mucho trabajo con los grandes bancos, y éstos ubican a gente equivocada en ciertas áreas de los programas. Entiendo que todo el mundo tiene su lugar, pero para resolver un problema tan inmenso [como la delincuencia financiera], se necesita todo el talento disponible” y que se comprendan varias disciplinas.

Además, el regulador señala que debido a un “entorno operativo desafiante”, algunas instituciones están eludiendo sus obligaciones ALD en un intento por aumentar las ganancias y no están buscando hacer frente a los riesgos de manera integral, lo que lleva a una falta de supervisión clave en las zonas de alto riesgo, incluyendo:

• Algunos bancos están reduciendo los gastos mediante la reducción de las funciones de control, la salida de negocios menos rentables, el cierre de oficinas y la tercerización de funciones de control críticas sin establecer adecuados procesos de gestión de riesgos.
• Como parte de su estrategia para hacer frente a la competencia y reducir los gastos, los bancos están aprovechando la tecnología como el uso de la nube y la banca móvil, que pueden aumentar la exposición al riesgo tecnológico y operacional.
• Como resultado, por el lado de la seguridad cibernética, los examinadores revisarán los programas de los bancos para evaluar y mitigar la exposición y el riesgo al ciberdelito, incluyendo evaluaciones de la protección de datos y de la red, riesgos de proveedores y el cumplimiento de cualquier nueva guía o requisito normativo.
• La planificación de la sucesión de la gerencia, atraer a los profesionales adecuados, y retener personal experimentado clave son crecientes preocupaciones para muchos bancos, sobre todo en las áreas de crédito, antilavado de dinero, cumplimiento, gestión de riesgos de la empresa, y auditoría interna.

Por el lado de la delincuencia financiera, la OCC quiere ver programas que “evolucionen continuamente para abordar el cambio de perfiles de clientes, esquemas avanzados de lavado de dinero, el rápido ritmo de la evolución tecnológica y el riesgo global del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”.

No es ninguna sorpresa que la agencia se enfoque en el papel que juegan terceros en ciertas falencias y problemas ALD o de ciberseguridad.

Porque el hecho de que los bancos tercericen obligaciones ALD, servicios de atención al cliente o gestión de datos, puede facilitar a los delincuentes explotar debilidades y hackear  los sistemas a través de protocolos de seguridad laxos que no dependan del propio banco, pero que dan acceso a través de portales de terceros o sistemas endebles, señala Kerr.

“Algunos bancos no se dan cuenta que siguen siendo responsables de los riesgos que tercerizan, incluso si el error es hecho por el tercero”, y agrega que los grupos criminales de piratería informática son cada vez más creativos, inteligentes y sofisticados y están buscando activamente vulnerabilidades en este tipo de relaciones para llegar a las cuentas bancarias y los datos del cliente.

Por Gonzalo Vila
28 de julio de 2015

Entrevista a Iván Alemán Loza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de México ante la primera edición de la certificación de la CNBV

La certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo comandada por la Comisión Nacional de Bolsa y Valores de México (CNBV) que tendrá su primera edición a finales de agosto tiene como objetivo avalar los conocimientos, a través de un examen, de un grupo de profesionales, entre los que se encuentran oficiales de cumplimiento, cuyas funciones estén relacionadas con la detección, prevención y combate del lavado de dinero en una amplia gama de entidades financieras.

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros entrevistó a Iván Alemán Loza, Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, en relación con los esfuerzos que México y su agencia están realizando en vísperas del primer examen.

El funcionario también explica algunas de las medidas que desde la CNBV se están tomando desde hace un par de años con la intención de crear un ambiente de supervisión más preciso pero también buscando generar conciencia entre los distintos actores con el objetivo último de preservar la estabilidad del sistema en su conjunto.

Según el funcionario, algunos de los objetivos y metas planteados originalmente fue que la totalidad de los centros cambiarios, de los transmisores de dinero y de las sociedades financieras de objeto múltiples tuvieran sus controles mínimos en materia de prevención de lavado de dinero, lo cual no había sido posible en los años anteriores. A continuación la entrevista donde Alemán Loza explica cuánto se avanzó, qué objetivos se han alcanzado y cuáles son algunos de los obstáculos por superar.

¿Cómo espera la CNBV el primer examen de certificación antilavado (ALD) a fines de agosto?

El 29 de agosto próximo será un día inédito porque alrededor de 560 personas, entre oficiales de cumplimiento de instituciones de crédito, auditores internos y auditores externos independientes, sustentarán una evaluación ante el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. (CENEVAL), institución de reconocido prestigio en México, para acreditar que cuentan con los conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones en materia de prevención de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, con lo cual podrán obtener, una vez acreditada dicha evaluación, la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Se espera una jornada intensa, con nerviosismo y expectativas tanto en las instituciones financieras como en la CNBV; sin embargo, también existe mucha confianza en su éxito porque la certificación permitirá generar mejores personas, profesionales más preparados y mayor competencia en el sector, lo que hará que los procesos de control en las instituciones financieras sean más efectivos y con una visión más clara basada en riesgos.

¿Cuáles son las expectativas para los futuros exámenes relacionados con entidades tradicionalmente menos presionadas a las obligaciones ALD que bancos?

Las expectativas con otro tipo de entidades también son muy buenas. Ha habido una preocupación por una capacitación más intensa en aras de sustentar debidamente la evaluación. En ese sentido, la oferta educativa ha sido más, de mayor calidad, más ad hoc; incluso, la propia CNBV participará en la capacitación mediante la Primera Jornada PLD/FT que tendrá lugar en el mes de septiembre, con miras a capacitar a quienes sustentarán su evaluación en noviembre de este mismo año y para el 2016.

En suma, las instituciones financieras y las personas han tomado con mucha seriedad, determinación y en forma activa el tema de la certificación, porque es una política pública que presenta claros beneficios en diversas aristas.

Un problema recurrente en países de América Latina es que muchas organizaciones no saben que son sujetos obligados y la falta de recursos públicos imposibilita fiscalizar el accionar de todo el universo, ¿esta iniciativa de una “certificación gubernamental” puede crear una ola de concientización en todo el arco de supervisados?

Sin duda. El esfuerzo ha sido mayor para generar una adecuada cultura, generar economías de escala, maximizar los beneficios y trazar estrategias y acciones de corto, mediano y largo plazo, con objetivos y metas muy claros que deben irse cumpliendo.

La iniciativa de certificación la comenté por primera vez con el Banco Mundial y varios colegas en el entonces GAFISUD de Buenos Aires, Argentina, en 2013; a partir de ahí el trabajo comenzó y es una realidad en México, pero además, varios países en América Latina han comenzado a interesarse en el modelo mexicano, el cual he expuesto, por ejemplo, en GAFILAT en Guatemala en el 2014.

En los últimos años se ha producido en México un creciente fortalecimiento en las funciones de vigilancia de entidades financieras, centros cambiarios y transmisores de dinero, ¿cuál fue el camino tomado por la CNBV para este incremento? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las autoridades en México para supervisar a la gran cantidad de sujetos obligados?

Las capacidades y recursos son limitados y siempre lo serán; de ahí la importancia, como indiqué en tu pregunta anterior, de trazar estrategias y acciones muy claras.

En 2013 parte de los objetivos y metas planteados fue que la totalidad de los centros cambiarios, de los transmisores y de las sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES ENR) –que en México les llamamos no reguladas por no tener vínculos con grupos financieros, entre otros aspectos– tuvieran sus controles mínimos en materia de prevención de lavado de dinero, lo cual no había sido posible en los años anteriores.

En números gruesos o redondos, en 2013 teníamos más de 1600 centros cambiarios, 70 transmisores de dinero y 3600 SOFOMES ENR; pero no contábamos con la certeza de sus controles y la CNBV no había tenido la capacidad de ejercer plenamente sus funciones de vigilancia. Ello generaba cierta desconfianza en el sector financiero.

Pues bien, teniendo claro el objetivo se trabajó en una estrategia que implicó modificar el andamiaje jurídico, orientar y trabajar con este tipo de entidades para lograr el objetivo. La Reforma Financiera publicada en enero de 2014 dio las herramientas que dichas entidades debían obtener (entre otros requisitos) para continuar operando, o bien para comenzar a operar.

Esas herramientas se dieron bajo la figura de un “Dictamen Técnico” en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ese Dictamen Técnico es emitido por la CNBV, lo que otorga mayor certeza y confiabilidad.

El proceso tomó todo 2014 y parte de 2015; hoy todos los centros cambiarios, los transmisores de dinero y las SOFOMES ENR fueron sujetos de acciones de vigilancia por la CNBV y cuentan con sus controles mínimos en materia de prevención de lavado de dinero, lo que permitió una depuración natural para quedar, en números aproximados, en alrededor de 1100 centros cambiarios, 43 transmisores de dinero y 1500 SOFOMES ENR.

El sector se redujo, pero la confianza y las oportunidades de negocio crecieron y son mejores.

¿Cómo ve México algunas tendencias hacia la autorregulación en materia de prevención de lavado de dinero por parte de grupos o gremios en distintas industrias?

Muy positiva. La Reforma Financiera publicada en enero de 2014 establece esquemas claros de autorregulación en materia prudencial y, en consecuencia, de prevención de lavado. Pero en efecto, grupos o gremios distintos comienzan a interesarse, por ejemplo, en el tema de certificación, cierto sector experto en México ha planteado que las “actividades vulnerables” que no están bajo la supervisión de la CNBV, sino de otras instancias gubernamentales, sean objeto de ese tipo de procesos.

¿Cuál fue el resultado del proyecto conocido como programa de diagnóstico Conoce a tu Entidad con el objetivo de fortalecer las estructuras de control y mitigación de riesgos de las instituciones financieras?

Positivo, sin duda. Es otra medida inédita en México que genera conocimiento y entendimiento entre las instituciones financieras y la CNBV, por lo que hace a su negocio, productos, clientes, controles, entre otros aspectos.

Este programa ha permitido que, con mayores elementos de conocimiento y de análisis, la supervisión de la CNBV sea más eficiente, asertiva y con un énfasis mayor en los riesgos a los que está expuesta la entidad en lo particular. Ha permitido generar recomendaciones y dar un valor agregado al interior de las instituciones financieras.

El proceso es lento porque implica reuniones largas y extenuantes al menos cada 15 días, pero no se trata de ir a prisa sino de ser precisos.

Hoy este programa adquiere una nueva modalidad: que el entendimiento sea no sólo en la CNBV sino en los propios comités de cumplimiento de las instituciones financieras, en sus sesiones, en presencia de la alta dirección y de los consejeros delegados o independientes, en donde la retroalimentación no sólo es mayor, sino que permite toma de decisiones estratégicas y de común acuerdo al más alto nivel y con la mayor sensibilidad.

Se aprende y se genera un conocimiento y experiencias compartidas que son aprovechados de la mejor forma.

¿Podrá imitarse en otros países de la región esta iniciativa de la certificación en México para determinar que las personas que verifican el cumplimiento en materia de PLD/FT cuentan con los conocimientos adecuados? ¿Podría ser el propio regulador mexicano quien lleve el liderazgo para guiar a las autoridades en otras jurisdicciones sobre cómo implementarla?

Por supuesto que sí, otros países se han mostrado interesados y he expuesto el tema en los foros o espacios internacionales a los que asisto, en los que existen pláticas de interés, por ejemplo, con la Organización de Estados Americanos, para el caso de Centroamérica.

México estaría muy agradecido y sería un privilegio el que le permitieran compartir su experiencia y ser parte de un nuevo paradigma.

¿Cómo fue la experiencia en México con el límite impuesto en 2010 a los depósitos en dólares en efectivo en el sistema financiero mexicano con el objetivo de impedir el ingreso de fondos de la delincuencia en los bancos? ¿Se han observado cambios en los patrones de comportamiento/movimiento de los fondos?

La medida fue emergente y transitoria, porque se trataba de contener el flujo de dólares con cierta presunción de ilegalidad. Desde luego se observaron cambios en los patrones de comportamiento.

Lo que puedo decir es que con la serie de medidas que se han tomado, la confianza en la existencia y aplicación efectiva de los controles en las instituciones financieras se ha incrementado, lo que aportó elementos para que se modificaran las disposiciones en diciembre de 2014, con el objeto de que, bajo ciertos requisitos, se permitan las transacciones con dólares en efectivo sin aplicar los límites.

La información de los últimos años es mayor y más confiable, por lo que la toma de decisiones también es mucho mejor y las preocupaciones, para buena fortuna, han disminuido un tanto.

Por el Equipo de ACFCS
31 de julio de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: Fiscal argentino investiga a Carlos Menem y a su ex esposa chilena Cecilia Bolocco por lavado de dinero; desarticulan en Guatemala una supuesta trama millonaria de lavado de dinero del narcotráfico a cargo supuestamente de un alcalde municipal; productores de Nicaragua niegan lavado de dinero dentro del mercado ganadero; las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 23 personas de nacionalidad española y colombiana integrantes de una banda latinoamericana de narcotráfico y a los que se incautó más 2 millones de euros, y más…

Lavado de dinero

Fiscal investiga a Carlos Menem y Cecilia Bolocco por lavado de dinero– Un fiscal investiga al ex presidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) y a su ex mujer Cecilia Bolocco, con quien estuvo casado entre 2001 y 2007, por presuntamente no haber declarado la propiedad de un inmueble. El fiscal federal argentino Jorge Di Lello considera probado desde “distintas instancias” que el ex mandatario entregó a Bolocco un apartamento ubicado en Buenos Aires, durante su proceso de divorcio, que no figuraba en las declaraciones patrimoniales. La investigación se inició a raíz de una denuncia contra Menem presentada por el diputado argentino Manuel Garrido, de la Unión Cívica Radical (UCR), por presunto “enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa en su declaración jurada”, de acuerdo al texto de la presentación judicial. La querella acusa también a Bolocco de lavado y encubrimiento, así como a otras personas involucradas presuntamente en la venta posterior del inmueble. Menem, quien goza de fueros como senador, fue investigado por actos de corrupción en su gobierno y ya fue condenado a siete años de prisión por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. El ex mandatario, de 85 años, enfrentará desde la próxima semana un juicio por presuntas irregularidades en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA. (Con información de La República)

Guatemala desarticula supuesta trama de lavado de dinero de alcalde municipal—El Ministerio Público de Guatemala (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) desarticularon una supuesta trama millonaria de lavado de dinero del narcotráfico a cargo supuestamente de un alcalde municipal del país centroamericano. Representantes del MP y la Cicig detallaron en rueda de prensa que el escándalo de corrupción involucra al alcalde Jorge Alberto Rizzo Morán, de la municipalidad del Puerto San José, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. El abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, explicó que Rizzo Morán “pudo facilitar el trasiego de mercancías ilegales”, como químicos utilizados para la fabricación de anfetaminas, a cambio de beneficios económicos en el poblado a su cargo, localizado en la costa del Pacífico guatemalteco. El jurista precisó que “el núcleo familiar” de Rizzo Morán estaba implicado en la estructura criminal, pues su esposa “recibía dinero, vehículos e inmuebles” y sus cuñados poseían 40 millones de quetzales (US$ 5,1 millones) en sus cuentas bancarias. Velásquez, acompañado por la fiscal general, Thelma Aldana, aseveró que Rizzo Morán y sus presuntos cómplices movieron entre 2008 y 2014 “más de 23 millones de quetzales (US$ 2,9 millones)” sin justificar. (Con información de Terra)

Productores de Nicaragua niegan lavado de dinero dentro del mercado ganadero–Los productores de Nicaragua desconocieron la práctica del lavado de dinero dentro del mercado del ganado, que ha sido denunciada por el sector industrial y exportador de la carne en el país centroamericano. “Usualmente se nos paga en los bancos, entonces, no vemos lavado de dólares”, señaló a la agencia Acan-Efe el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy. La reacción de Healy surge tras denuncias sobre contrabando de ganado bovino y el uso de éste para lavado de dinero e incluso tráfico de drogas hacia Honduras, según han publicado algunos medios. El que se utilicen transacciones bancarias para pagar por ganado en Nicaragua, significa que dicho mercado está regulado por instituciones que detectan el lavado de dinero, como la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), así como por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), indicó el representante gremial. Los ilícitos relacionados con el ganado han sido denunciados por la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), que sostiene que el contrabando afecta a un 50 % de la industria cárnica y causa la pérdida de 150.000 reses por año. (Con información de El Economista)

Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 23 personas de nacionalidad española y colombiana integrantes de una banda latinoamericana de narcotráfico y a los que se incautó más 2 millones de euros. Según informó la delegada del Gobierno central en Madrid, Concepción Dancausa, la organización tenía como misión proporcionar infraestructura para distribuir cocaína en España y posteriormente remitir el dinero proveniente de su venta a otros países. Los detenidos fueron imputados por delitos de lavado de activos. Además, los agentes relacionan a la banda con la intervención de 4.000 kilos de cocaína recuperados en los últimos meses, entre los que destaca una partida de 2,25 toneladas que fue recuperada en el interior de un velero que navegaba en aguas francesas. Durante la investigación se analizaron más de 20.000 giros de dinero remitidos desde los locutorios de dos de los detenidos, y que la organización empleaba para enviar los beneficios económicos obtenidos con la venta de los estupefacientes. El núcleo principal de la organización en España estaba formado por una familia que no desempeñaba ninguna actividad laboral reconocida y que, sin embargo, adquirió, a través de abogados que actuaban como testaferros, inmuebles por valor de más de 600.000 euros. Responsables de la operación han señalado que esas propiedades eran después “donadas” a miembros de la familia que eran menores de edad, con el objetivo de dificultar las pesquisas de los agentes. (Con información de El Colombiano)

La secretaria privada del director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia, CTI, Julián Quintana, fue detenida junto a otras cuatro personas en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, cuando intentaban ingresar al país un millón de dólares sin ser declarado. “Fue capturada una funcionaria de la Dirección Nacional, se llama Sofía Carreño Daza, quien venía del DAS. Fue capturada junto con un funcionario de la Policía, de la Dijín y 3 personas más, una de ellas era su hija (de 20 años)”, así lo confirmó el miércoles el propio Director del CTI, Quintana. Desde el búnker de la Fiscalía en la capital del país, el Director calificó los hechos de “lamentables, muy graves” y fue enfático en afirmar que es un hecho aislado a la función de la Fiscalía General de la Nación. El dinero (un millón 80 mil dólares), proveniente de República Dominicana y que le fue incautado a Sofía Carreño, estaba envuelto en cinta transparente y estaba siendo transportado en seis maletas diferentes con doble fondo. Quintana explicó que la Fiscalía ya dispuso todo lo pertinente para hacer una investigación muy rigurosa. “Teniendo en cuenta que fueron capturados en flagrancia vamos a ser muy estrictos, ya tenemos un fiscal destacado para hacer investigación con la Policía”, sostuvo el funcionario. (Con información de La Tarde)

Fraude

A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos (unos US$52 millones actuales), concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con información que revela el semanario “Proceso”. La auditoría demuestra que, a través de “esquemas de subcontrataciones en forma de pirámide invertida”, las universidades encargadas de los proyectos de las CNCH pagaron cantidades millonarias para que se realizaran los proyectos pero, aunque mal realizados o no hechos, los recursos terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a la que referían los contratos. Lo anterior fue posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas de la dependencia. Desde 2013 la Sedesol realizó dos convenios con la UAEM y uno con la Uaemor en los que llegó a invertir más de 150 millones de pesos, y por los cuales la mano de obra que las universidades utilizaron era menor que el pago total por parte de la Sedesol para promover las actividades de la CNCH. (Con información de El Diario de Yucatán)

Corrupción

La justicia brasileña aceptó esta semana la denuncia por corrupción, lavado de dinero y organización criminal contra el presidente de la constructora Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo, derivada de su implicación en el multimillonario fraude en la estatal Petrobras. El juez Sergio Moro, responsable del caso en el estado de Paraná, emitió su decisión un día después de aceptar la acusación contra el jefe del gigante Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por los mismos cargos. Los presidentes de dos de las constructoras más importantes de Brasil están detenidos desde junio en Paraná, donde se tramitan las causas de la esfera privada ligadas a la confabulación. La fiscalía había acusado el viernes a 22 personas, entre ellas a Odebrecht y Azevedo, en el marco del escándalo de corrupción económico y político destapado en 2014, que se estima podría haberle costado US$2.000 millones a Petrobras. De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolao” las principales constructoras de Brasil formaron un cartel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores. La tasa media fue estimada entre 1 y 3%, según los textos del juez. Andrade Gutierrez es una firma de infraestructura y logística que opera en 40 países y trabaja en el parque olímpico de los juegos de Rio de Janeiro 2016, al que se refiere en su página de Internet como “la principal obra de los juegos”. Junto a Azevedo, fueron aceptadas las denuncias contra 12 personas más, incluidos ejecutivos de su constructora. (Con Información de La Nueva Provincia)

Tras las declaraciones del presidenciable del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder) de Guatemala, Manuel Baldizón, a la cadena de noticias CNN, en las que hace referencia a que si gana la presidencia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continuará en el país, pero sin Iván Velásquez, varios sectores en Guatemala mostraron su apoyo al ente internacional y le pidieron que continúe las investigaciones contra la corrupción. Uno de los sectores a favor del trabajo de la Cicig es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que expresó su respaldo al trabajo que la entidad y el Ministerio Público (MP) han efectuado, así como a Velásquez y a la fiscal general, Thelma Aldana. El trabajo del Ministerio Público y de la Cicig recibe el soporte moral y político de diversas instituciones, medios de comunicación y diferentes sectores de la población, al que se suma el cuerpo diplomático, manifestado, en especial, por Alemania, Estados Unidos y España, cuyos embajadores abiertamente han declarado su apoyo a lo que se podría llamar la cruzada contra la corrupción. (Con Información Siglo 21)

Acuerdos Internacionales

Ecuador y Brasil firman memorando para luchar contra el crimen organizado–Representantes de los Ministerios Públicos de Brasil y Ecuador firmaron esta semana en Brasilia un memorando para enfrentar el crimen organizado, en particular el tráfico ilegal de personas, de drogas, el lavado de activos y los ciberdelitos, informó la Fiscalía General de Ecuador. La Fiscalía ecuatoriana y la Procuraduría General de Brasil ratificaron también con este acuerdo su responsabilidad a la hora de luchar para evitar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos. El fiscal general ecuatoriano y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Galo Chiriboga, agradeció la apertura de su homólogo brasileño para colaborar y fortalecer las investigaciones de los delitos trasnacionales y de casos en los que se requiera una asistencia internacional directa. El procurador general brasileño, Rodrigo Janot, ratificó por su parte su colaboración con Ecuador a través del intercambio de experiencias positivas. El memorando se basa en el Acuerdo para Incentivar la Cooperación y Asistencia Legal Mutua entre los Integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, suscrito en diciembre del 2003, según un comunicado de la Fiscalía General de Ecuador. (Con Información de El Universal)

Ciberdelito

México recibió en los últimos cuatro años 30 mil reportes telefónicos ligados a delitos cibernéticos, de los cuales 53% fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26% contra ámbitos académicos y 21% contra el sector privado o empresarios. Estas cifras colocan a México en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica con 85% y 84% de usuarios, respectivamente. La suplantación y robo de identidad representan 68% de los delitos cibernéticos y 17% son por fraude, mientras que los hackeos son el 15%, denunció Lizbeth Eugenia Rosas Montero, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Además, refirió Rosas Montero, es una de las naciones con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos, siete de cada 10 usuarios. México es la segunda nación de América Latina y el Caribe más afectada y vulnerable por los ciberdelitos, sólo en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a US$3.000 millones. Dijo la legisladora que ante este escenario, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente en donde exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen los resultados en materia de seguridad cibernética. Pidió a esas dependencias federales, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dar a conocer su posición respecto a la adhesión al convenio de Cibercriminalidad de Budapest (The Convention on Cybercrime -ETS-185). (Con información de Aristegui Noticias)

La Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation o FDIC, por sus siglas en inglés) multó a una filial en EE.UU. de Banamex, propiedad de Citigroup, con US$ 140 millones por constantes fallas en sus sistemas antilavado de dinero relacionados con la calidad de los controles internos, experiencia del equipo de trabajo y el reporte de potenciales actividades sospechosas.

Conjuntamente con la sanción, Citigroup señaló que cerraría Banamex USA, filial de Banco Nacional de México (Banamex), que fue adquirido en el año 2001. Como parte de la medida, California Department of Business Oversight (DBO) –Departamento de Supervisión de Empresas de California— impuso una multa de evaluó un concurrente multa de US$ 40 millones, que está incluida en la sanción de la FDIC.

Esta última acción es un ejemplo más de cómo los reguladores federales y estatales encargados de supervisar los programas de criminalidad financiera están tomando una posición más agresiva por errores cometidos por las entidades reguladas, en particular esos errores o falencias identificados y que no se corrigen a tiempo.

“Banamex USA acordó hace tres años corregir numerosas deficiencias en su programa contra el lavado de dinero. No lo ha hecho”, dijo el comisionado de DBO Jan Lynn Owen. “Este nuevo acuerdo responsabiliza Banamex USA por sus continuas infracciones”.

Al mismo tiempo, el hecho de que Citigroup quiera liberarse de una operación que podría permitir a los criminales una entrada más fácil al sistema financiero, y que el banco más grande pueda ser considerado culpable, no es una sorpresa total. Importantes instituciones estadounidense e internacionales han comenzado un proceso amplio y profundo de reducción o eliminación de riesgos (de-risking) para protegerse de delincuentes financieros y permitir, y pasar exitosamente, meticulosas inspecciones.

En la medida de la FDIC, el regulador señaló que las deficiencias ALD persistieron “durante un período prolongado de tiempo”, y que la institución no solucionó adecuadamente grandes errores  que se observaron en una orden de conformidad con fecha de agosto de 2012.

Uno de los problemas de cumplimiento en relación con Banamex USA tiene que ver con la incapacidad para contratar y retener un oficial de cumplimiento con calificación y pericia acorde con el nivel de riesgo de la operación, y entrenar correctamente un número suficiente de personal.

A la incapacidad del banco para corregir estos problemas se suma el hecho de que el banco contaba con un ineficaz programa independiente de pruebas, según la FDIC.

Banamex USA tiene activos por aproximadamente US$ 500 millones, con unos 300 empleados en sucursales en California y Texas.

Haga clic aquí para leer la medida impuesta por el FDIC y el Departamento de Supervisión de Empresas de California.

El dinero del crimen organizado y la corrupción son fuentes de financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, señala un informe recientemente publicado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo independiente respaldado por las Naciones Unidas y comandado por el colombiano Iván Velásquez Gómez que trabaja con autoridades de Guatemala para combatir la corrupción en el país centroamericano.

La corrupción es la principal fuente de financiación de los partidos políticos, señaló el comisionado Velásquez en una conferencia, y remarcó que existe una alta impunidad por los delitos electorales.

A su juicio, la debilidad en los controles, con limitaciones institucionales de la autoridad electoral, y el modo de gasto, abren la puerta al financiamiento ilícito. “Los partidos con éxito son los que no explican el origen de sus fondos”, señala el comisionado, que también ha dicho que los partidos grandes invierten cientos de millones sin explicar el origen de sus fondos. “Cualquier fondo que se haga de manera anónima constituye un delito”.

Para financiar campañas, se han constituido y creado redes político-económicas ilícitas que han constituido empresas, ONGs, que a través de prácticas políticas ilícitas ocupan transacciones para su propio beneficio.

Según el informe, en Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito. “Los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción, y han socavado a la democracia guatemalteca”.

Los delincuentes se han infiltrado en la política mediante la financiación de las campañas, la colocación de los candidatos y la creación de empresas para ganar contratos del gobierno, según el informe.

A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Velásquez resalta que el 75% del financiamiento proviene de contratistas del Estado —en un 50%— y del crimen organizado —en un 25%—, es decir, de dinero fraudulento que se consigue vía obras sobrevaloradas e innecesarias, o del encubrimiento de negocios del grupos de la delincuencia organizada que se dedica al narcotráfico, tráfico de armas o trata de personas, por citar algunos.

La CICIG señala que el anonimato del colaborador político está facilitando vínculos con el crimen organizado. Según el informe, al dinero proveniente de la corrupción debe agregarse el que aportan grupos criminales propiamente dichos que, por esta vía, logran adquirir una peligrosa influencia y, en ciertas localidades, control sobre las autoridades.

El informe señala que el narcotráfico se ha infiltrado en la política mediante la financiación de las campañas, colocando sus propios miembros como candidatos, o creando empresas que luego obtienen contratos gubernamentales.

“Como se indicó, muchos de los mecanismos empleados para financiar la política operan al margen de la ley y, en sí mismos, constituyen delitos. Además, debe tomarse en cuenta que en las últimas tres décadas han irrumpido en la escena política fondos y actores del crimen organizado (sobre todo, estructuras dedicadas a la narcoactividad y al contrabando)”, señala el informe.

Si bien según el propio informes son “muchas las voces que han señalado que estructuras criminales dedicadas al narcotráfico han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales”, son relativamente pocos los casos que han sido documentados.

Desde que Guatemala decidió en abril renovar el mandato de la CICIG —alentado por Estados Unidos—los escándalos de corrupción han llevado a varios políticos importantes a renunciar o abandonar sus puestos, incluyendo la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Haga click para ver el informe.

Por el Equipo de ACFCS
24 de julio de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: investigan en Nueva York a gigantes financieros en relación con el FIFA-GATE; el Comité de Basilea propone una nueva guía para ayudar a las instituciones financieras con el cumplimiento contra el lavado de dinero; Irán apunta a grandes oportunidades una vez que las sanciones comerciales y económicas se levanten; Citigroup anuncia que cerrará los negocios en Estados Unidos de su unidad mexicana Banamex tras la sanción por US$140 millones, y más.

Lavado de dinero

El regulador bancario del estado de Nueva York contacto a más de seis entidades financieras para saber cómo manejaron el dinero que la fiscalía de Estados Unidos dice fue lavado a través de cuentas relacionadas con la FIFA, de acuerdo a una fuente conocedora del tema. Entre los bancos aparecen Deutsche Bank, Credit Suisse, Standard Chartered y Barclays, sostuvo la persona, quien pidió que no se diera a conocer su identidad debido a que la investigación no fue anunciada públicamente. El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York investiga si los bancos siguieron las reglas y regulaciones contra el lavado de dinero, sostuvo la fuente, que destacó que es demasiado pronto para saber si se produjo algún accionar incorrecto. Representantes de Standard Chartered y Barclays declinaron comentar el tema el jueves, mientras que no se pudo contactar a nadie en Deutsche Bank y Credit Suisse. La investigación del estado de Nueva York, que fue reportada más temprano el por The Wall Street Journal, es paralela a la de las autoridades federales, dijo la fuente. (Con información de Ámbito Financiero)

El ministerio público de Suiza anunció esta semana que ha ampliado la investigación sobre la petrolera estatal brasileña Petrobras para incluir a la constructora Odebrecht. La Fiscalía confirmó la existencia de indicios de pagos de sobornos por parte de Odebrecht a directivos de Petrobras, por lo que ha pedido a Brasil que coopere en la investigación. El lunes, la Policía Federal brasileña imputó a cinco ejecutivos de la constructora, incluyendo su presidente, Marcelo Odebrecht, como sospechosos de estar involucrados en el gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras. El ministerio público señaló que las investigaciones llevadas a cabo indican que la compañía pagó sobornos a través de cuentas en Suiza a otras cuentas que también tenían en la Confederación Helvética ex directivos de Petrobras. Hasta la fecha, Suiza ha congelado más de US$ 400 millones en cuentas relacionadas con el escándalo de corrupción de Petrobras, de los cuales ya ha devuelto US$ 120 millones a Brasil. La constructora forma parte de una veintena de grandes empresas privadas implicadas en las corruptelas que desde hace un año y medio se investigan en Petrobras. (Con información de CNNExpansión)

Citigroup anunció el miércoles que cerrará los negocios en Estados Unidos de su unidad mexicana Banamex, que recibió una sanción por US$140 millones por parte de los reguladores de EE.UU. por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) anunció el miércoles la penalidad contra Banamex, que incluye el pago de US$ 40 millones al estado de California. El pago es la mayor multa impuesta a un banco por el regulador del estado de California, se informó en un comunicado, que agregó que el acuerdo pone fin a denuncias de que Banamex violó leyes federales de Estados Unidos que exigen que los bancos mantengan programas adecuados contra el lavado de dinero. El gigante financiero estadounidense dijo el miércoles que el cierre de la unidad de banca minorista y comercial de Banamex en Estados Unidos se ajusta a sus planes para simplificar su modelo de negocios. (Con información de Reuters)

El influyente Comité de Basilea de Supervisión Bancaria ha propuesto una nueva guía para ayudar a las instituciones financieras en el cumplimiento de las obligaciones ALD relacionadas con los adecuados procedimientos de diligencia y de monitoreo de clientes al momento de la apertura de nuevas cuentas. La nueva guía actualiza procedimientos del año 2003 y está más en línea con lineamientos recientemente actualizados por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI. Las nuevas disposiciones se centran en conseguir una mayor cantidad de información sobre el beneficiario final, verificar los datos adquiridos y también calibrar adecuadamente el riesgo de los clientes. El período de comentarios terminará el 22 de octubre Para más detalles o para leer la propuesta visite el webiste del Comité de Basilea (www.bis.org)

El ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN) en Panamá, Rafael Guardia Jaén, declaró esta semana ante la Fiscalía Quinta Anticorrupción como parte de un nuevo proceso que se le sigue por la supuesta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita. La averiguación de la fiscalía guarda relación con el movimiento de más de US$20 millones de supuestas comisiones que habría recibido el ex director del PAN y que luego habría traspasado a cuentas bancarias y sociedades vinculadas con él y en varias de las cuales aparecían sus hijos como firmantes. Víctor Orobio, abogado de Guardia Jaén, manifestó que las primeras declaraciones de su cliente se centraron en precisar las sociedades que conformó y utilizó para mover el dinero que, según admite, obtuvo ilícitamente, los dignatarios de las mismas y sus accionistas. Según las investigaciones, Guardia Jaén usó, al menos, 27 sociedades para mover el dinero y adquirir lujosas propiedades como residencias, apartamentos, vehículos y yates. (Con información de La Prensa)

Fraude

El Servicio de Administración Tributaria de México (SAT) alertó a la ciudadanía sobre diversas estrategias utilizadas por terceros, en las cuales usan el nombre de la institución y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para cometer fraudes. En un comunicado, el organismo precisó que detectaron correos electrónicos apócrifos donde se solicita información personal a los usuarios, pero también se localizaron anuncios en periódicos y páginas de Internet de supuestas ventas de productos embargados. De tal forma, cuando el ciudadano se pone en contacto se le solicita que realice un depósito a una cuenta bancaria, y una vez hecho esto, se pierde paulatinamente la comunicación. Los anuncios hacen mención a una dirección apócrifa, supuestamente de la SHCP, con dominio @shcp-mexico.org, mientras que los teléfonos que indican tampoco pertenecen a la secretaría. (Con información de El Informador)

Ciberdelito

Los costos anuales generados por el ciberdelito durante el 2014 en México ascendieron a US$ 3.000 millones, afectando al sector público, privado y civil, reveló un reporte de la Organización de los Estados Americanos (OEA).  Según el estudio “Tendencias de Seguridad en América Latina y el Caribe”, los riesgos en materia de seguridad cibernética que fueron denunciados incluyen desde malware, phishing y hackeos, hasta incidentes de fraude, extorsión, difamación, amenazas, robo de contraseñas, suplantación de identidad y acoso. La empresa de seguridad empresarial Blue Coat Systems señaló que las compañías están perdiendo la batalla contra los ataques cibernéticos. En ese sentido, destacó que 90% de los ataques logran su objetivo en días o menos, mientras que al 75% de las compañías les toma más de una semana descubrirlos. El director general de Blue Coat Systems México, Daniel Casados, dijo que actualmente el panorama de amenazas está compuesto por intrusiones cada vez más sofisticadas que se presentan como amenazas persistentes avanzadas (APT). (Con información de El Economista)

Los ataques cibernéticos en los últimos años contra importantes bancos y negocios minoristas e incluso contra el gobierno de Estados Unidos tienen a todos preguntándose cuándo y dónde ocurrirá el próximo ataque. Parte de la naturaleza insidiosa de los ataques cibernéticos es simplemente que no se pueden ver las balas o los cohetes que se disparan, por lo que no se puede tener una idea de dónde provienen, o esa es la idea generalizada. Varias firmas de seguridad de red han creado mapas de ataque cibernético que pretenden mostrar en tiempo real dónde los hackers están atacando y qué regiones están apuntando, aunque hay que tener en cuenta que estos grupos son maestros en moverse en su ambiente. (Con información de Yahoo).

Sanciones

Irán apunta a proyectos de petróleo y gas por un valor de unos US$ 185.000 millones para el año 2020, cuando se levanten las sanciones a sus relaciones comerciales y principales industrias. El lunes, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó un acuerdo para poner fin a años de sanciones económicas a Irán a cambio de que reduzca la escala de su programa nuclear. El acuerdo aún requiere la aprobación de Congreso de EE.UU. y la confirmación de los inspectores nucleares de que el país cumple con los términos del acuerdo. Irán ha definido un nuevo modelo de contrato con posibles socios extranjeros para las negociaciones una vez que se levanten las sanciones. (Con información de Reuters)

Durante más de un año, la información que surgió del escándalo de corrupción en Petrobras ha revelado un esquema que incluyó a individuos del gobierno brasileño, empresas multinacionales, y los ejecutivos de la firma petrolera.

Una investigación impulsada por la inteligencia financiera y dirigida por la policía federal de Brasil ha dado a conocer unas proporciones gigantescas de abuso político, sobornos exorbitantes y esquemas de lavado de dinero que han dejado en estado de shock al propio público brasileño, una población que no se perturba fácilmente con noticias sobre corrupción.

Mediante contratos fraudulentos, sobornos, cuentas en el extranjero, etc., el esquema se ha convertido en el escándalo de corrupción más grande que el país jamás haya visto.

A pesar de que varios individuos están cooperando con el gobierno a través de acuerdos con la fiscalía, el proceso penal exitoso también dependerá de los recursos y la independencia de los organismos que participan en la investigación.

Los expertos Mónica Arruda de Almeida y Bruce Zagaris reconocen el impacto de este caso, en la población brasileña, en el mercado internacional de materias primas y en el sistema financiero global.

Escribieron un informe para recapitular este gigantesco escándalo. El informe se publica en el Foro Fletcher de Asuntos Mundiales y se puede leer aquí: Political Capture in the Petrobras Corruption Scandal: Sad Tale of an Oil Giant (captura política en el escándalo de corrupción de Petrobras: triste historia de un gigante petrolero)

En esta entrevista, estos expertos hablan sobre las vulnerabilidades de la empresa estatal, el alcance del escándalo de corrupción Petrobras y las repercusiones en la industria financiera.

Dr. Mónica Arruda de Almeida es profesora adjunta en el Centro de Estudios Latinoamericanos (CLAS) de la Universidad de Georgetown. Su investigación se centra en la delincuencia financiera internacional, con énfasis en los esfuerzos contra el lavado de dinero.

Bruce Zagaris es socio de Berliner Corcoran y Rowe LLP en Washington, DC, donde ejerce derecho internacional, en especial penal internacional y el derecho tributario. Bruce se ha concentrado en trabajar en las Américas, especialmente en Brasil. Es el fundador y editor de International Enforcement Law Reporter (www.ielr.com), y autor del libro International White Collar Crime – Cases and Materials (2010).

¿Qué es el caco Petrobras y por qué han decidido escribir en forma conjunta este informe?

MA: El grado del escándalo fue simplemente alucinante, incluso para alguien que sigue las noticias en Brasil, la corrupción es constante. Siempre hay una nueva investigación sobre un político o empresa. Pero Petrobras fue impactante en muchos niveles. Primero porque Petrobras tenía un historial de ser una empresa que estaba más allá de su uso político. Era una empresa muy aislada y bien conocida por su calidad y la seriedad de su negocio.

Ver a Petrobras involucrada en un escándalo de corrupción a gran escala era algo impactante, incluso para las personas que cubren el área de corrupción en Brasil. Estamos hablando de miles de millones de dólares perdidos en sobornos y coimas. La cantidad se ha incrementado con el tiempo, y la escala es cada vez más grande.

El año pasado se llevaron a cabo las elecciones presidenciales y muchas personas cercanas a la presidenta Dilma Rousseff, se vieron involucradas en esta trama de corrupción y llegaron muy cerca de ella y del ex presidente Lula. Si usted mira las noticias en Brasil todas las noches, como yo, usted tiene 20 a 30 minutos de la cobertura de la PC. Esto es inimaginable. Esto fue justo antes de la elección.

Presto atención a las noticias en EE.UU. y vi cuánta atención le estaban dando al caso, y aunque en EE.UU. tuvimos algunos medios de comunicación especializados que cubrieron el caso, no estuvo ni cerca del espacio y atención que realmente merecía. Así que por eso pensé en escribir un resumen y Bruce Zagaris aceptó escribir sobre las ramificaciones internacionales del escándalo.

¿Qué es una Captura Política?

MA: La cantidad de nombramientos políticos que se hicieron para Petrobras. La compañía era conocida por ser una rareza, una excepción en el mundo de las empresas estatales, porque se sabe que serán utilizadas con fines políticos y el clientelismo. Petrobras durante muchos años era una de esas empresas capaz de aislarse de los propósitos políticos, según los científicos sociales.

Lo que vemos de las investigaciones, la cantidad de nombramientos políticos que se hicieron para Petrobras, hizo descarrilar la gestión de la empresa. Lo que nuestro informe muestra es el número de personas del Partido de los Trabajadores estaban allí controlando departamentos enteros. Lo que el informe muestra es la forma en la que organizaron los esquemas de soborno y corrupción.

Tenemos un 3 por ciento de “ajustes políticos” y cómo iban a compartir con ellos y cómo usarían cambistas, doleiros, para lavar dinero. Toda la investigación realizada por la policía federal fue llamada “Operacao Lava Jato”, que en español, significa “investigación lava auto”. Al principio vieron cómo se estaban utilizando lavaderos de automóviles para lavar dinero.

Toda la investigación se produjo gracias a un dato de la Unidad de Inteligencia Financiera de Brasil (COAF), que pasó información a la policía federal después de que los analistas de la COAF notaran grandes cantidades de dinero presente en las cuentas bancarias de empresas relativamente pequeñas con conexiones comerciales con Petrobras. No eran solo pequeñas empresas, sino también a las empresas que no tenían experiencia en el campo, y que tenían un enorme flujo de dinero en efectivo para su compañía.

Eso llevó a la unidad de inteligencia financiera a pedir una investigación a través de la policía federal y el ministerio público. Desde entonces, ha evolucionado a partir de ahí. La captura política se refiere a la utilización de nombramientos políticos y la máquina estatal y cómo prácticamente hicieron una fiesta con dinero público y privado.

Petrobras es una empresa de propiedad estatal con una mayoría de las acciones de propiedad del estado, pero también hay acciones en manos privadas. No se trata solo de los contribuyentes, también hay una gran cantidad de inversores que se vieron afectados por este ardid.

Simplemente se ha intensificado a partir de ahí. Más de un año después, estamos obteniendo más información sobre el caso. La investigación ha revelado enormes desafíos sobre la forma en la que las empresas estatales hacen negocios y ha revelado al público brasileño que ésta es probablemente la norma para las empresas que están estrechamente entrelazadas con el gobierno, y esto es preocupante.

Bruce, usted ha investigado y ha trabajado mucho con este tipo de casos. ¿Podría hablar sobre las vulnerabilidades de la empresa de propiedad estatal? ¿Cuáles son los factores que exponen estas empresas, como Petrobras, al soborno y lavado de dinero?

BZ: Las vulnerabilidades de las empresas estatales, especialmente las que participan en la industria del petróleo, son muchas.

Hay una cultura de la corrupción. Hay problemas de insuficientes informes públicos. Hay problemas de falta de responsabilidad penal de las empresas y grandes trabas para hacer responsables a las empresas e individuos que participan en el soborno. Hay una falta de transparencia. Hay una necesidad de una mayor participación de la sociedad civil.

Hemos visto que este problema no se limita a Petrobras. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, en Colombia, con Ecopetrol o PetroTiger. En EE.UU., contamos con procesamientos por violación a la FCPA y una negociación de los cargos y las penas que se ingresó hace algunos días y al mismo tiempo el gobierno colombiano está procesando a las personas involucradas en este caso. Usted tiene casos similares en Venezuela y México, por lo que no es sólo un problema con Brasil.

Es definitivamente algo en América Latina que es preocupante debido a que el modelo de empresa estatal está implementado en tantos países. Esta puede ser la primera ficha de dominó que cae. ¿Usted cree que habrá repercusiones en la industria financiera en Brasil e internacionalmente?

BZ: Las repercusiones son que si usted es un banco o un proveedor que ha tratado con algunos de los participantes en el ardid, entonces usted tiene que prestar más atención. Tienes que tener una diligencia debida reforzada o puede que tenga que hacer investigaciones internas.

También ha habido una gran cantidad de personas que han salido dañadas – accionistas minoritarios o todos los proveedores que han sido afectadas por el escándalo. También la enormidad de la participación de Petrobras en la economía ha impactado negativamente en el mercado brasileño.

Se ha dañado la reputación, ha llevado a una caída del real, por lo que ha habido todo tipo de repercusiones en el sector financiero y para las personas que se han visto asociadas con el escándalo, incluyendo las compañías nombradas en la investigación.

Se está volviendo algo importante para los gobiernos de todo el mundo darse cuenta que la inteligencia financiera significa todo en la persecución de estos delitos. ¿Cómo ha trabajado el gobierno federal con el sistema financiero para investigar este y otros escándalos?

MA: En general y de acuerdo a mi investigación encuentro que la gente tiene una buena opinión de la COAF, pero he encontrado personas que han acusado COAF de ser vulnerable a la presión política y que son demasiado lentos para actuar. La corrupción siempre ha existido en Brasil y no es algo que es exclusivo de la PT.

BZ: Creo que uno de los problemas ha sido que ha habido un choque de jurisdicciones de las agencias en Brasil que son responsables de la persecución de estos casos. Así que hay algunos desafíos en la decisión de quién en realidad tiene jurisdicción y una cuestión de recursos si los investigadores y fiscales tienen suficientes recursos.

Y creo que esto está siendo observado por los fiscales en lugares como EE.UU., porque muchas de las multinacionales nombradas en Petrobras también tienen presencia en la Bolsa de Nueva York y también utilizan EE.UU. para compensar transacciones. Así que en algún momento es posible que otros países como EE.UU. puedan intervenir y enjuiciar a algunas de las personas involucradas, especialmente si piensan que Brasil no tiene suficientes recursos para hacer lo propio.

Este caso también es un verdadero reto ahora para algunas de las nuevas leyes en Brasil. Por ejemplo, Brasil tiene la nueva ley anticorrupción. En la última semana, una empresa fue la primera en hacer una revelación voluntaria conforme a la ley por lo que se está viendo algunas de las nuevas normativas anticorrupción brasileñas probadas por primera vez, así que será interesante ver exactamente lo que sucede en algunos de estos casos.

Si EE.UU. no se hace cargo de la persecución de algunos de los aspectos de este caso, puede ser que el contribuyente brasileño nunca vea la devolución de estos fondos públicos, ¿podría opinar sobre este efecto en el ciudadano brasileño y por qué es importante para ellos?

BZ: Uno de los problemas ha sido que un estudio reciente del Banco Mundial mostró que entre 1999 y mediados de 2012, de todos los grandes casos anticorrupción que tuvieron lugar y fueron resueltos, hubo penas de solo US$197 millones, pero solo un 3,3 por ciento fue compartido con el país de origen.

Es un porcentaje muy pequeño de los fondos producto de los acuerdos que se comparten con los gobiernos extranjeros. Parte del problema es que los gobiernos extranjeros a veces no son lo suficientemente proactivo en participar en los casos.

¿Cree usted que el gobierno de Brasil ha sido suficientemente agresivo hasta ahora? ¿Cuál es la perspectiva general sobre cómo el gobierno brasileño ha abordado este?

BZ: El gobierno brasileño ha actuado con suficiente agresividad, pero como dijo Mónica, el alcance de este escándalo es tan enorme y se remonta hasta hace tanto tiempo que es muy difícil para el gobierno brasileño contar con suficientes recursos como para perseguir a tantas empresas tan grandes y las personas que han participado.

MA: El poco éxito que han tenido es gracias a los acuerdos de las personas bajo investigación con la justicia. Por ejemplo, hay un gerente de segundo nivel en Petrobras, su nombre es Pedro Barusco. Estuvo de acuerdo en devolver US$100 millones que estaban oculto en el extranjero.

Hay un buen número de personas que entraron en acuerdos de culpabilidad con la policía federal de Brasil y estas personas están cooperando y no sé si ellos están hablando sobre todo el dinero que tienen en el extranjero, pero si se piensa en el hecho de que esta es una persona con esa cantidad de dinero, es bastante significativo.

Han habido algunos éxitos aquí y allá, pero la escala es tan grande que es difícil pensar que van a ser capaces de recuperar un alto porcentaje de lo que se perdió. Lo triste es que ¿quién va a pagar la carga de todo esto? Es dinero de los contribuyentes. La gente.

Es una empresa de propiedad estatal con muchos compromisos y Petrobras tiene sus metas de expansión y proyectos, ¿cómo va a conseguir ese dinero para continuar con sus planes? ¿Cómo se traducirá en otros mercados y cómo los afectará?

BZ: Muchos países como Canadá prohíben a las empresas vender al gobierno por hasta diez años si son declarados culpables de delitos en otros países. En este momento, Hewlett Packard, BAE Systems, Siemens, son algunas de las empresas que enfrentan sanciones en Canadá por delitos cometidos en el extranjero.

De hecho, hay un gran movimiento buscando que el gobierno de Canadá cambie la ley. Muchas multinacionales que se consideran responsables en el escándalo de Petrobras tendrán consecuencias adversas cuando traten de hacer negocios en el extranjero y van a enfrentar en algunos países estas restricciones e inhabilitaciones.

Muchas empresas están implicadas en este caso, incluyendo las empresas de ingeniería y construcción. ¿Cuál es su punto de vista en todo esto?

MA: Lo bueno de toda esta tragedia es que la gente está yendo a la cárcel, la policía federal puso al presidente de Odebrecht, la empresa constructora más grande del país, en la cárcel y también a Andrade Gutiérrez.

Presidentes de las empresas van a la cárcel. Agencias policiales parecen estar funcionando a pesar de los problemas de coordinación. Una de las preocupaciones que tiene la gente en Brasil es que están molestos con la forma en la que el Ministerio Público se ha conducido, porque por mandato constitucional el ministerio público no tiene la potestad de hacer investigaciones.

Su mandato es de observar que la ley se esté aplicando y pedir investigaciones, pero que no pueden hacer investigaciones penales. La policía federal tiene el derecho exclusivo, pero el ministerio público está haciendo estas investigaciones.

BZ: Muchos países en Latinoamérica, entre ellos Brasil, se están replanteando la forma en que se hacen responsables a las compañías.

Por ejemplo, cuando visité Sao Paulo hace unas semanas, me di una charla sobre el uso de monitores corporativos, que es un mecanismo que se ha utilizado mucho en EE.UU. para hacer responsables a las compañías que han sido acusadas y admitieron haber cometido irregularidades.

Es una forma para asegurarse de que en los próximos dos o tres años la compañía no repita su mala conducta y para asegurar que la compañía empiece a establecer mejores mecanismos de debida diligencia así no vuelven a ocurrir actividades corruptas nuevamente.