Tendencias en Delitos Financieros: Acusación de lavado contra Menem y Bolocco, detienen secretaria de CTI en aeropuerto de Colombia con US$ 1 millón sin declarar, y más

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Por el Equipo de ACFCS
31 de julio de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: Fiscal argentino investiga a Carlos Menem y a su ex esposa chilena Cecilia Bolocco por lavado de dinero; desarticulan en Guatemala una supuesta trama millonaria de lavado de dinero del narcotráfico a cargo supuestamente de un alcalde municipal; productores de Nicaragua niegan lavado de dinero dentro del mercado ganadero; las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 23 personas de nacionalidad española y colombiana integrantes de una banda latinoamericana de narcotráfico y a los que se incautó más 2 millones de euros, y más…

Lavado de dinero

Fiscal investiga a Carlos Menem y Cecilia Bolocco por lavado de dinero– Un fiscal investiga al ex presidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999) y a su ex mujer Cecilia Bolocco, con quien estuvo casado entre 2001 y 2007, por presuntamente no haber declarado la propiedad de un inmueble. El fiscal federal argentino Jorge Di Lello considera probado desde “distintas instancias” que el ex mandatario entregó a Bolocco un apartamento ubicado en Buenos Aires, durante su proceso de divorcio, que no figuraba en las declaraciones patrimoniales. La investigación se inició a raíz de una denuncia contra Menem presentada por el diputado argentino Manuel Garrido, de la Unión Cívica Radical (UCR), por presunto “enriquecimiento ilícito, lavado de activos y omisión maliciosa en su declaración jurada”, de acuerdo al texto de la presentación judicial. La querella acusa también a Bolocco de lavado y encubrimiento, así como a otras personas involucradas presuntamente en la venta posterior del inmueble. Menem, quien goza de fueros como senador, fue investigado por actos de corrupción en su gobierno y ya fue condenado a siete años de prisión por venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. El ex mandatario, de 85 años, enfrentará desde la próxima semana un juicio por presuntas irregularidades en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA. (Con información de La República)

Guatemala desarticula supuesta trama de lavado de dinero de alcalde municipal—El Ministerio Público de Guatemala (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) desarticularon una supuesta trama millonaria de lavado de dinero del narcotráfico a cargo supuestamente de un alcalde municipal del país centroamericano. Representantes del MP y la Cicig detallaron en rueda de prensa que el escándalo de corrupción involucra al alcalde Jorge Alberto Rizzo Morán, de la municipalidad del Puerto San José, unos 60 kilómetros al sur de la Ciudad de Guatemala. El abogado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Cicig, explicó que Rizzo Morán “pudo facilitar el trasiego de mercancías ilegales”, como químicos utilizados para la fabricación de anfetaminas, a cambio de beneficios económicos en el poblado a su cargo, localizado en la costa del Pacífico guatemalteco. El jurista precisó que “el núcleo familiar” de Rizzo Morán estaba implicado en la estructura criminal, pues su esposa “recibía dinero, vehículos e inmuebles” y sus cuñados poseían 40 millones de quetzales (US$ 5,1 millones) en sus cuentas bancarias. Velásquez, acompañado por la fiscal general, Thelma Aldana, aseveró que Rizzo Morán y sus presuntos cómplices movieron entre 2008 y 2014 “más de 23 millones de quetzales (US$ 2,9 millones)” sin justificar. (Con información de Terra)

Productores de Nicaragua niegan lavado de dinero dentro del mercado ganadero–Los productores de Nicaragua desconocieron la práctica del lavado de dinero dentro del mercado del ganado, que ha sido denunciada por el sector industrial y exportador de la carne en el país centroamericano. “Usualmente se nos paga en los bancos, entonces, no vemos lavado de dólares”, señaló a la agencia Acan-Efe el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy. La reacción de Healy surge tras denuncias sobre contrabando de ganado bovino y el uso de éste para lavado de dinero e incluso tráfico de drogas hacia Honduras, según han publicado algunos medios. El que se utilicen transacciones bancarias para pagar por ganado en Nicaragua, significa que dicho mercado está regulado por instituciones que detectan el lavado de dinero, como la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (Siboif), así como por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), indicó el representante gremial. Los ilícitos relacionados con el ganado han sido denunciados por la Cámara Nicaragüense de Plantas Exportadoras de Carne Bovina (Canicarne), que sostiene que el contrabando afecta a un 50 % de la industria cárnica y causa la pérdida de 150.000 reses por año. (Con información de El Economista)

Las fuerzas de seguridad españolas detuvieron a 23 personas de nacionalidad española y colombiana integrantes de una banda latinoamericana de narcotráfico y a los que se incautó más 2 millones de euros. Según informó la delegada del Gobierno central en Madrid, Concepción Dancausa, la organización tenía como misión proporcionar infraestructura para distribuir cocaína en España y posteriormente remitir el dinero proveniente de su venta a otros países. Los detenidos fueron imputados por delitos de lavado de activos. Además, los agentes relacionan a la banda con la intervención de 4.000 kilos de cocaína recuperados en los últimos meses, entre los que destaca una partida de 2,25 toneladas que fue recuperada en el interior de un velero que navegaba en aguas francesas. Durante la investigación se analizaron más de 20.000 giros de dinero remitidos desde los locutorios de dos de los detenidos, y que la organización empleaba para enviar los beneficios económicos obtenidos con la venta de los estupefacientes. El núcleo principal de la organización en España estaba formado por una familia que no desempeñaba ninguna actividad laboral reconocida y que, sin embargo, adquirió, a través de abogados que actuaban como testaferros, inmuebles por valor de más de 600.000 euros. Responsables de la operación han señalado que esas propiedades eran después “donadas” a miembros de la familia que eran menores de edad, con el objetivo de dificultar las pesquisas de los agentes. (Con información de El Colombiano)

La secretaria privada del director del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de Colombia, CTI, Julián Quintana, fue detenida junto a otras cuatro personas en el aeropuerto internacional El Dorado, de Bogotá, cuando intentaban ingresar al país un millón de dólares sin ser declarado. “Fue capturada una funcionaria de la Dirección Nacional, se llama Sofía Carreño Daza, quien venía del DAS. Fue capturada junto con un funcionario de la Policía, de la Dijín y 3 personas más, una de ellas era su hija (de 20 años)”, así lo confirmó el miércoles el propio Director del CTI, Quintana. Desde el búnker de la Fiscalía en la capital del país, el Director calificó los hechos de “lamentables, muy graves” y fue enfático en afirmar que es un hecho aislado a la función de la Fiscalía General de la Nación. El dinero (un millón 80 mil dólares), proveniente de República Dominicana y que le fue incautado a Sofía Carreño, estaba envuelto en cinta transparente y estaba siendo transportado en seis maletas diferentes con doble fondo. Quintana explicó que la Fiscalía ya dispuso todo lo pertinente para hacer una investigación muy rigurosa. “Teniendo en cuenta que fueron capturados en flagrancia vamos a ser muy estrictos, ya tenemos un fiscal destacado para hacer investigación con la Policía”, sostuvo el funcionario. (Con información de La Tarde)

Fraude

A través de cinco convenios firmados en 2013 con las universidades autónomas del Estado de México y de Morelos (UAEM y Uaemor, respectivamente), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que encabeza Rosario Robles, encubrió un fraude masivo en el marco de la entonces recién creada Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), que costó al erario no menos de 845 millones de pesos (unos US$52 millones actuales), concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de acuerdo con información que revela el semanario “Proceso”. La auditoría demuestra que, a través de “esquemas de subcontrataciones en forma de pirámide invertida”, las universidades encargadas de los proyectos de las CNCH pagaron cantidades millonarias para que se realizaran los proyectos pero, aunque mal realizados o no hechos, los recursos terminaron en las cuentas bancarias de una empresa ajena a la que referían los contratos. Lo anterior fue posible gracias al pago por adelantado por parte de la Sedesol y a la falta de control, supervisión y seguimiento en la ejecución de las acciones convenidas de la dependencia. Desde 2013 la Sedesol realizó dos convenios con la UAEM y uno con la Uaemor en los que llegó a invertir más de 150 millones de pesos, y por los cuales la mano de obra que las universidades utilizaron era menor que el pago total por parte de la Sedesol para promover las actividades de la CNCH. (Con información de El Diario de Yucatán)

Corrupción

La justicia brasileña aceptó esta semana la denuncia por corrupción, lavado de dinero y organización criminal contra el presidente de la constructora Andrade Gutierrez, Otavio Azevedo, derivada de su implicación en el multimillonario fraude en la estatal Petrobras. El juez Sergio Moro, responsable del caso en el estado de Paraná, emitió su decisión un día después de aceptar la acusación contra el jefe del gigante Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por los mismos cargos. Los presidentes de dos de las constructoras más importantes de Brasil están detenidos desde junio en Paraná, donde se tramitan las causas de la esfera privada ligadas a la confabulación. La fiscalía había acusado el viernes a 22 personas, entre ellas a Odebrecht y Azevedo, en el marco del escándalo de corrupción económico y político destapado en 2014, que se estima podría haberle costado US$2.000 millones a Petrobras. De acuerdo con la investigación del llamado “Petrolao” las principales constructoras de Brasil formaron un cartel para manipular licitaciones de Petrobras mediante el pago de sobornos a directivos de la estatal vinculados a partidos políticos, que luego eran distribuidos entre los confabuladores. La tasa media fue estimada entre 1 y 3%, según los textos del juez. Andrade Gutierrez es una firma de infraestructura y logística que opera en 40 países y trabaja en el parque olímpico de los juegos de Rio de Janeiro 2016, al que se refiere en su página de Internet como “la principal obra de los juegos”. Junto a Azevedo, fueron aceptadas las denuncias contra 12 personas más, incluidos ejecutivos de su constructora. (Con Información de La Nueva Provincia)

Tras las declaraciones del presidenciable del Partido Libertad Democrática Renovada (Líder) de Guatemala, Manuel Baldizón, a la cadena de noticias CNN, en las que hace referencia a que si gana la presidencia, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) continuará en el país, pero sin Iván Velásquez, varios sectores en Guatemala mostraron su apoyo al ente internacional y le pidieron que continúe las investigaciones contra la corrupción. Uno de los sectores a favor del trabajo de la Cicig es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), que expresó su respaldo al trabajo que la entidad y el Ministerio Público (MP) han efectuado, así como a Velásquez y a la fiscal general, Thelma Aldana. El trabajo del Ministerio Público y de la Cicig recibe el soporte moral y político de diversas instituciones, medios de comunicación y diferentes sectores de la población, al que se suma el cuerpo diplomático, manifestado, en especial, por Alemania, Estados Unidos y España, cuyos embajadores abiertamente han declarado su apoyo a lo que se podría llamar la cruzada contra la corrupción. (Con Información Siglo 21)

Acuerdos Internacionales

Ecuador y Brasil firman memorando para luchar contra el crimen organizado–Representantes de los Ministerios Públicos de Brasil y Ecuador firmaron esta semana en Brasilia un memorando para enfrentar el crimen organizado, en particular el tráfico ilegal de personas, de drogas, el lavado de activos y los ciberdelitos, informó la Fiscalía General de Ecuador. La Fiscalía ecuatoriana y la Procuraduría General de Brasil ratificaron también con este acuerdo su responsabilidad a la hora de luchar para evitar la impunidad en graves violaciones a los derechos humanos. El fiscal general ecuatoriano y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), Galo Chiriboga, agradeció la apertura de su homólogo brasileño para colaborar y fortalecer las investigaciones de los delitos trasnacionales y de casos en los que se requiera una asistencia internacional directa. El procurador general brasileño, Rodrigo Janot, ratificó por su parte su colaboración con Ecuador a través del intercambio de experiencias positivas. El memorando se basa en el Acuerdo para Incentivar la Cooperación y Asistencia Legal Mutua entre los Integrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, suscrito en diciembre del 2003, según un comunicado de la Fiscalía General de Ecuador. (Con Información de El Universal)

Ciberdelito

México recibió en los últimos cuatro años 30 mil reportes telefónicos ligados a delitos cibernéticos, de los cuales 53% fueron contra dependencias de los tres niveles de gobierno, 26% contra ámbitos académicos y 21% contra el sector privado o empresarios. Estas cifras colocan a México en el tercer lugar mundial con víctimas por crímenes cibernéticos, sólo por debajo de China y Sudáfrica con 85% y 84% de usuarios, respectivamente. La suplantación y robo de identidad representan 68% de los delitos cibernéticos y 17% son por fraude, mientras que los hackeos son el 15%, denunció Lizbeth Eugenia Rosas Montero, vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Además, refirió Rosas Montero, es una de las naciones con mayor cantidad de crímenes cibernéticos cometidos a través de virus informáticos, siete de cada 10 usuarios. México es la segunda nación de América Latina y el Caribe más afectada y vulnerable por los ciberdelitos, sólo en 2013 las pérdidas económicas ascendieron a US$3.000 millones. Dijo la legisladora que ante este escenario, presentó un punto de acuerdo en la Comisión Permanente en donde exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal informen los resultados en materia de seguridad cibernética. Pidió a esas dependencias federales, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dar a conocer su posición respecto a la adhesión al convenio de Cibercriminalidad de Budapest (The Convention on Cybercrime -ETS-185). (Con información de Aristegui Noticias)