El crimen organizado y la corrupción detrás de los partidos políticos en Guatemala, señala un informe
El dinero del crimen organizado y la corrupción son fuentes de financiamiento de los partidos políticos en Guatemala, señala un informe recientemente publicado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupo independiente respaldado por las Naciones Unidas y comandado por el colombiano Iván Velásquez Gómez que trabaja con autoridades de Guatemala para combatir la corrupción en el país centroamericano.
La corrupción es la principal fuente de financiación de los partidos políticos, señaló el comisionado Velásquez en una conferencia, y remarcó que existe una alta impunidad por los delitos electorales.
A su juicio, la debilidad en los controles, con limitaciones institucionales de la autoridad electoral, y el modo de gasto, abren la puerta al financiamiento ilícito. “Los partidos con éxito son los que no explican el origen de sus fondos”, señala el comisionado, que también ha dicho que los partidos grandes invierten cientos de millones sin explicar el origen de sus fondos. “Cualquier fondo que se haga de manera anónima constituye un delito”.
Para financiar campañas, se han constituido y creado redes político-económicas ilícitas que han constituido empresas, ONGs, que a través de prácticas políticas ilícitas ocupan transacciones para su propio beneficio.
Según el informe, en Guatemala los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados; la manera como los partidos y candidatos recaudan y gastan los recursos abre la puerta al financiamiento ilícito. “Los controles, regulaciones y sanciones establecidos en la legislación son muy débiles y completamente insuficientes. Los mecanismos de financiamiento de la política han moldeado el sistema de partidos, incentivan la corrupción, y han socavado a la democracia guatemalteca”.
Los delincuentes se han infiltrado en la política mediante la financiación de las campañas, la colocación de los candidatos y la creación de empresas para ganar contratos del gobierno, según el informe.
A menos de dos meses de las elecciones presidenciales, Velásquez resalta que el 75% del financiamiento proviene de contratistas del Estado —en un 50%— y del crimen organizado —en un 25%—, es decir, de dinero fraudulento que se consigue vía obras sobrevaloradas e innecesarias, o del encubrimiento de negocios del grupos de la delincuencia organizada que se dedica al narcotráfico, tráfico de armas o trata de personas, por citar algunos.
La CICIG señala que el anonimato del colaborador político está facilitando vínculos con el crimen organizado. Según el informe, al dinero proveniente de la corrupción debe agregarse el que aportan grupos criminales propiamente dichos que, por esta vía, logran adquirir una peligrosa influencia y, en ciertas localidades, control sobre las autoridades.
El informe señala que el narcotráfico se ha infiltrado en la política mediante la financiación de las campañas, colocando sus propios miembros como candidatos, o creando empresas que luego obtienen contratos gubernamentales.
“Como se indicó, muchos de los mecanismos empleados para financiar la política operan al margen de la ley y, en sí mismos, constituyen delitos. Además, debe tomarse en cuenta que en las últimas tres décadas han irrumpido en la escena política fondos y actores del crimen organizado (sobre todo, estructuras dedicadas a la narcoactividad y al contrabando)”, señala el informe.
Si bien según el propio informes son “muchas las voces que han señalado que estructuras criminales dedicadas al narcotráfico han penetrado la política y la institucionalidad pública a través del financiamiento de campañas electorales”, son relativamente pocos los casos que han sido documentados.
Desde que Guatemala decidió en abril renovar el mandato de la CICIG —alentado por Estados Unidos—los escándalos de corrupción han llevado a varios políticos importantes a renunciar o abandonar sus puestos, incluyendo la vicepresidenta Roxana Baldetti.
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