Por Brian Monroe
27 de octubre de 2015

En los últimos dos meses, el principal organismo de autorregulación del sector de los valores de Estados Unidos ha estado persiguiendo cada vez más a los individuos, en particular los encargados de la supervisión de los programas de cumplimiento, de acuerdo con un análisis de algunos documentos.

La Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), en sus dos últimos informes disciplinarios que abarcan septiembre y octubre, ha sancionado a cinco empresas y casi una docena de personas por lavado de dinero y otras fallas de supervisión. De estos individuos, seis se desempeñaban como jefe u oficial de cumplimiento.

Las recientes medidas tomadas por la FINRA siguen una tendencia que está ganando impulso en los últimos años de los reguladores federales y estatales encargados de examinar las instituciones financieras – incluyendo bancos, negocios de servicios monetarios, casinos y otras entidades sujetas a normativas ALD – perseguir con más agresividad a los individuos en el caso de fallas de cumplimiento importantes y aplicar las correspondientes sanciones monetarias.

En el caso de mayor resonancia en agosto, Finra multó a la firma Aegis Capital con US$950.000 por la venta de acciones de poco valor (penny stocks) e infracciones ALD, incluyendo a Charles Smulevitz y Kevin McKenna, quienes se desempeñaron sucesivamente como jefe de cumplimiento y oficial de cumplimiento al momento de las violaciones, y fueron suspendidos 30 y 60 días, y recibieron multas de US$5.000 y US$10.000, respectivamente.

«Todo el mundo está preocupado por la responsabilidad personal», dijo Chris Focacci, director de información, en TransparINT, una empresa de tecnología de cumplimiento, y ex oficial de cumplimiento de varios bancos nacionales e internacionales de gran tamaño.

En términos generales, en un banco de gran tamaño, la gran mayoría de los profesionales dentro del equipo de cumplimiento no «tiene nada de que preocuparse» si están haciendo sus mejores esfuerzos y si cometen errores relativamente menores, dijo, e indicó que los reguladores y los investigadores están detrás de individuos a un «nivel muy alto que están cometiendo actividades notoriamente desacertadas».

Pero esa dinámica puede cambiar para un jefe de cumplimiento en una casa de corretaje o banco más pequeño que está encargado de cumplimiento a la vez que debe cumplir otros deberes y responsabilidades, dijo Focacci.

«Cuanto más grande sea la institución, las funciones de cumplimiento se encontrarán más aisladas en sus mundos», dijo. «En un banco grande, hay, literalmente, tal división de trabajo que el vigilar si los nombres aparecen en alguna lista de sanciones puede la única tarea de un puesto. Pero mientras más pequeña sea la organización, más responsabilidad tendrá la persona de cumplimiento y más cosas tendrá que hacer», dificultando, por ejemplo, la mejora de los procedimientos de detección y prevención de la delincuencia financiera.

En el caso de Aegis, FINRA encontró que la firma, así como Smulevitz y McKenna, como oficiales de cumplimiento, “no implementaron adecuadamente los programas de cumplimiento de la firma, luego de fallar para detectar e investigar, en un criterio de razonabilidad, las señales de alerta indicativas de posibles actividades sospechosas”.

Específicamente, la firma no investigó los depósitos de títulos valores que no estaban registrados, seguido de la venta de los mismos.

Esto a veces sucedía a veces en el mismo momento en que ocurría actividad promocional sospechosa y que representaban un gran porcentaje del volumen de negociación diario, y las transferencias de los ingresos resultantes fuera de las cuentas, poco después de las liquidaciones, según FINRA.

«Estas fallas evidencian el sistema inadecuado de la firma para detectar, investigar y, de corresponder, presentar un informe de actividad sospechosa a FinCEN», señala el regulador.

«Las empresas que abren sus puertas a los liquidadores de acciones de poco valor (penny stock) deben contar con sistemas y procedimientos eficaces para garantizar el cumplimiento estricto de las normas de registro y obligaciones de cumplimiento, dado el riesgo importante de fraude de los inversores y manipulación del mercado», dijo Brad Bennett, vicepresidente ejecutivo de FINRA y jefe de cumplimiento.

«Los oficiales de cumplimiento sancionados en este caso eran responsables directos de supervisar la venta de valores restringidos, pero no llevaron a cabo una fiscalización significativa de señales que podrían haber indicado que las ventas podrían una distribución ilícita de acciones no registradas».

Otras acciones de FINRA contra oficiales de cumplimiento:

Dominick Anthony Del Duca: no podrá vincularse con ningún miembro de FINRA en ninguna capacidad como principal durante 75 días.

Sin admitir o negar las acusaciones, Del Duca aceptó la sanción y los hallazgos de que mientras se desempeñaba como oficial de cumplimiento, no se logró establecer y aplicar un sistema de control, incluyendo los procedimientos por escrito, armados a la medida de la línea de negocio principal de la empresa de extender el acceso al mercado directo (DMA) para los comerciantes activos nacionales y extranjeros, incluidas las instituciones financieras extranjeras.

Los resultados indicaron que las medidas de la firma no estaban diseñadas para identificar actividad sospechosa o manipulación en las transacciones. En particular, la dependencia de una revisión manual en tiempo real por parte del director para detectar actividad sospechosa era totalmente irrazonable dado el número y frecuencia de los pedidos de los clientes de DMA por día.

Robert Rabinowitz: recibió una multa de US$15.000 y no puede asociarse con ningún miembro de FINRA durante 30 días. Sin admitir ni negar las acusaciones, Rabinowitz aceptó las sanciones y reconoció que como oficial de cumplimiento de la firma no estableció ni implementó un programa ALD en la compañía.

Los resultados indicaron que Rabinowitz no pudo detectar, investigar ni responder adecuadamente a varias señales de alerta que sugerían potencial actividad sospechosa asociada con las liquidaciones de títulos valores de bajo precio que podría haber requerido la presentación de un informe de actividades sospechosas.

Puede haber momentos cuando “tú eres un profesional de cumplimiento y te estás ocupando de otras áreas”, señala Focacci, y añadió que esto puede suceder en operaciones más pequeñas como bancos regionales, cooperativas de crédito y otras entidades sujetas a obligaciones ALD, como corredores de bolsa y firmas de corretaje.

Las infraccione de cumplimiento que señalan los examinadores de FINRA son «cuestiones muy básicas», apunta Focacci, tales como identificar las señales de alerta más evidentes de fraude, incluyendo aquellas que involucran a las penny stock, la adecuada debida diligencia., o incluso la identificación y clasificación de los clientes de mayor riesgo.

“Estos son errores flagrantes que no se pueden cometer en estos tiempos” sin importar el tamaño de la firma, agrega.

Una nueva encuesta sobre sueldos y beneficios para profesionales de cumplimiento realizada por la Society of Corporate Compliance and Ethics (SCCE) muestra a los oficiales de cumplimiento como una profesión bien remunerada y donde la calificación profesional y las responsabilidades internacionales pueden aumentar los ingresos aún más para los profesionales.

El salario anual promedio de un director de cumplimiento que trabaja en un sector que no está relacionado con la salud y que administra al menos el 26% del riesgo legal y regulatorio de su organización es de US$150.000, y su compensación total fue de unos US$ 180.000.

La organización no realizó la encuesta en 2014, y la que realizó en 2013 utilizó diferentes categorías como por ejemplo director de cumplimiento y encargado del cumplimiento. El salario promedio de un director de cumplimiento de ese año fue de unos US$140.000.

«Lo que está pasando es que el mundo corporativo estadounidense está viendo que la posición que una vez pensaron podría ser más de un nivel medio está siendo de un nivel más alto», señaló Roy Snell, director ejecutivo de la SCCE al periódico The Wall Street Journal.

Esto será aún más evidente a medida que crecen los riesgos de que la Justicia estadounidense haga penalmente responsable a los líderes corporativos por las fallas de cumplimiento de sus compañías, señaló Snell. A medida que tomen conciencia de los riesgos, es muy probable que las compañías consideren a los oficiales de cumplimiento un importante activo para poder mantenerse fuera de peligro.

«Pero la única forma de que el oficial de cumplimiento puede ayudar a hacer eso es si tiene un lugar en la mesa. Todo el mundo está contratando oficiales de cumplimiento por primera vez y se están dando cuenta que el desafío de su trabajo es tan grande que van a comenzar a contratar individuos en altos cargos y eso se verá reflejado en estos salarios”, señala  Snell.

Los directores de cumplimiento –o CCO por chief compliance officers— que también son contadores públicos certificados tienen un salario promedio de unos US$ 189.000 o US$30.000 más que otros sin esa certificación, según la encuesta, que se realizó en junio.

Los jefes de cumplimiento que tenían a su cargo 30 o más empleados obtuvieron ingresos promedio por US$202.000, aquellos responsables de un presupuesto de US$2 millones o más obtuvieron US$223.000 y los oficiales de cumplimiento que debían supervisar 11 o más países ingresaron US$228.000, mientras que los que debían supervisar entre dos y 10 países obtuvieron un promedio de US$156.000.

Snell señala al periódico estadounidense que no sorprende que los contadores públicos certificados reciban un mayor beneficio económico ya las compañías están buscando personas que hayan demostrado su experiencia y habilidad para ayudarles a prevenir, detectar y solucionar problemas y personas con conocimientos y antecedente de contabilidad y auditoría traen consigo las metodologías y sistemas de control para ayudar a lograr esos objetivos. «Las empresas están dando mucha credibilidad a personas que han demostrado un alto nivel de experiencia», dijo. «Vamos a ver en los próximos 10 años que las cúpulas de las empresas tomarán al cumplimiento más en serio y contratarán individuos con más experiencia, calidad educación, entrenamiento y certificación”.

La encuesta excluye los oficiales de cumplimiento en el área de salud porque hay más oficiales de cumplimiento en la atención de la salud que son miembros de la SCCE que cualquier otra industria, y sus respuestas sesgar los números, dijo Snell.

Haga clic aquí para acceder a la encuesta

El banco francés Crédit Agricole pagará US$787 millones y contratará a un monitor independiente después de violar el régimen de sanciones de EE.UU. contra Sudán, Irán, Myanmar y Cuba entre 2003 y 2008. El banco también despedirá al director ejecutivo involucrado en la violación de la ley federal y la ley estatal de Nueva York.

La mayoría de los otros empleados comprometidos en los delitos ya han dejado el banco, señaló esta semana el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York.

Los US$ 787 millones que Crédit Agricole pagará en total incluye US$ 385 millones para el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, US$ 90,3 millones para la Reserva Federal, US$ 156 millones a la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan, y US$ 156 millones a la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia.

Una multa de US$330 millones impuesta por OFAC, Oficina de Control de Activos Extranjeros, se considerará compensada por los montos que Crédit Agricole está pagando a otras agencias.

El banco, que emplea unas 7.000 personas y tiene presencia en unos 30 países, aceptó tomar ciertos pasos de remediación para asegurar su cumplimiento con la ley de EE.UU. en adelante, entre otras medidas contratar un consultor de cumplimiento durante un período de un año.

Por lo menos entre 2003 y 2008 Crédit Agricole procesó más de US$ 32.000 millones en transacciones en dólares de Estados Unidos a través de su sucursal de Nueva York desde sus sucursales en París, Londres, Singapur, Ginebra, Hong Kong, y el Golfo Pérsico, en nombre de entidades en Sudán, Irán, Birmania y Cuba. El banco escondió las identidades de los clientes involucrados en las transacciones que pasaron por Nueva York y que violaban el régimen de sanciones de EE.UU.

De los US$32.000 millones, más de 4.000—valuadas en aproximadamente US$442 millones—eran ilegales según varios programas de sanciones de EE.UU. y el banco procesó 280 transacciones, por un total de US$50 millones, que involucraban SDN o nacionales especialmente designados.

Cerca del 90% de las transacciones ilegales del banco, que representaron cerca del 80% del valor total de las transacciones ilegales del banco, fueron procesadas a través de la filial de Ginebra, “de una manera que muchas veces escondía al equipo de cumplimiento de la sucursal de Nueva York la participación de partes sancionadas en las transacciones”, según la orden de consentimiento del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York contra Crédit Agricole. “Al hacer esto, el equipo de Ginebra del banco impidió que los profesionales de cumplimiento de la sucursal de Nueva York obtuviera la suficiente información para detectar a las partes sancionadas en las transacciones”.

Un cliente describió la crisis de la región de Sudán conocida como Darfur como “una exageración de los medios de comunicación”. El banco procesó más de 4.000 transacciones que violaron las sanciones económicas contra Sudán.

Empleados de Crédit Agricole en Ginebra eran alentados para completar transacciones (ilegales) en dólares utilizando un método creado por el comité antilavado de dinero del banco conocido internamente como “Sudanese U-turn exception”. El banco también se aseguró de que las transacciones iraníes que pasaban por Nueva York no mencionaran Irán en las instrucciones.

El regulador de Nueva York señaló que el equipo de cumplimiento en la oficina de Ginebra publicó y diseminó una política en 2006 titulada Compliance Embargos (cumplimiento de embargos), que describía para los empleados los pasos poco transparentes que se debían tomar en relación con transacciones en dólares relacionadas con Irán donde no se mencionara a Irán en MT 202.

Instrucciones similares para que no se mencionara a Irán en las transacciones que pasaban por Nueva York fueron a la sede del banco en París, la sucursal en Londres y la filial en Ginebra.

En su resolución de este martes, Crédit Agricole llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia por violaciones de la International Emergency Economic Powers Act, Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, y de la Trading With the Enemy Act, Ley de Comercio con el Enemigo.

En mayo de este año, otro banco Francés, BNP Paribas S.A., pagó US$9.000 millones luego de declararse culpable de violar el régimen estadounidense de sanciones contra Sudán, Irán, y Cuba.

—Haga clic aquí para leer la orden de consentimiento del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York contra Crédit Agricole

—Haga clic aquí para leer el acuerdo con OFAC

—Haga clic aquí para leer la orden de la Reserva Federal contra Crédit Agricole

Por Kim Manchester
ManchesterCF Analytics

Tratar de convencer a los corredores y agentes de bolsa de que existe un considerable riesgo de lavado de dinero en las salas de negociación por lo general genera risas e incredulidad. Como no hay dinero físico involucrado en los productos de los mercados de capitales, va la pregunta de siempre, ¿cómo puede haber lavado de dinero?

En los centros financieros del mundo, esta ignorancia o ceguera voluntaria expone a grandes riesgos a los grandes bancos internacionales, gestores de activos y corredores/agentes.

Desde que se quemaron debido a una supervisión displicente durante la Gran Recesión en 2008/09 [ii], los supervisores del sector financiero y los reguladores bancarios ya no van a tolerar incumplimientos graves en las salas de transacciones. Para una empresa mercados de capital o la división de una institución financiera internacional, una débil función de cumplimiento podría terminar costando cientos de millones de dólares, e incluso miles de millones.

Los problemas en las áreas de cumplimiento en las operaciones bursátiles han acaparado los titulares desde el inicio de la Gran Recesión. Una gran cantidad de bancos de inversión pagaron miles de millones en multas por una práctica conocida como “banging the close” en los mercados mundiales de divisas [iii], un ardid para manipular el precio de cierre de ciertos instrumentos financieros. La manipulación de cimientos fundamentales para las tasas de interés a nivel mundial, London Interbank Offered Rate (LIBOR), en los escritorios de derivados de tipos de interés en un puñado de bancos de inversión provocó la indignación de prestatarios de todo el planeta [iv].

Los esquemas de Ponzi, como Madoff [v], «Sir» Allen Stanford [vi] y Scott Rothstein [vii] (también conocido como mini-Madoff), causaron estragos en las carteras de inversión de jubilados e inocentes inversores. El fraude en los mercados de títulos respaldados por hipotecas causó un colapso del mercado de bonos que precipitó la Gran Recesión, la mayor contracción económica desde la Gran Depresión.

La mayoría de estos delitos financieros involucraron fraude, manipulación del mercado y conspiración. La figura directa y llana de lavado de dinero en los mercados de capitales no es algo muy común, sin embargo cuando se expone por lo general es espectacular. El lavado del producto del delito en las etapas de estratificación e integración requiere una cuidadosa planificación, y cuando resulta exitoso puede crear mecanismos financieros para lavar miles de millones de dólares sin interrupción.

En Londres, Nueva York y Moscú, los reguladores del sector financiero están examinando las operaciones con títulos valores que causaron la fuga de US$ 6.000 millones de Rusia a Londres. Las operaciones subyacentes que lavaron este dinero ruso y provocaron estas enormes salidas de capital hacia Londres fueron identificados como transacciones «espejo».

Según el Financial Times [viii], el Deutsche Bank enfrenta una investigación por estas operaciones espejo por parte de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (Financial Conduct Authority), el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York y BaFin, el regulador financiero alemán. Deutsche Bank informó a los reguladores que había identificado las operaciones espejo y estaba implementando medidas para remediar la situación, detener la práctica y mejorar su régimen de cumplimiento.

Las transacciones de valores, que tuvieron lugar durante un período de cuatro años que terminó en 2015, involucraban la compra de las acciones rusas en la Bolsa de Moscú por parte de rusos que buscaban transferir el valor de Rusia hacia un refugio financiero seguro, fuera de los peligros de la economía rusa y también muy probablemente fuera de las miradas indiscretas de los funcionarios fiscales rusos.

Al mismo tiempo que las acciones eran compradas en Moscú, el Deutsche Bank supuestamente compraba las mismas acciones en Londres, pero con monedas fuertes, dólares o euros, no con rublos. Como Euroclear y Clearstream tienen acceso directo a la cámara de compensación nacional de Rusia –National Settlement Depository—, los bancos extranjeros pueden comprar acciones de empresas rusas directamente de la Bolsa de Moscú.

Con un poco de manipulación en la liquidación de la operación, un banco en Londres puede comprar acciones rusas en Moscú de inversores locales y luego pagarles con monedas fuertes en las cuentas bancarias en el extranjero en poder de esos mismos inversores en Londres.

En otras palabras, lo que parece ser una inversión patriótica en empresas que cotizan en la bolsa de Rusia por parte de inversores en Moscú se convierte en una operación de lavado de dinero donde compras de acciones locales en rublos son re compradas por divisas fuertes por parte de Deutsche Bank en Londres.

Una vez que el banco en Londres ha adquirido las acciones de la compañía rusa de los inversores en Moscú a cambio de divisas, las acciones son luego re-vendidas a través de Euroclear o Clearstream en la Bolsa de Moscú. Deutsche Bank absorbería los costos de la compra/venta de las acciones muy posiblemente a cambio de comisiones especiales por ofrecer el servicio de lavado a los inversores rusos.

Con estas operaciones espejo, los inversores Moscú son capaces de enviar miles de millones de Moscú a Londres sin alertar a los funcionarios ALD rusos. Estos miles de millones no salieron del país a través de los pagos SWIFT MT103 persona a persona, la ruta menos costosa pero la más susceptible de ser detectada por la unidad de inteligencia financiera de Rusia, el Servicio Federal de Supervisión Financiera [ix] (Rosfinmonitoring).

La cuenta del corredor de bolsa local en Moscú puede ser financiada con mucha facilidad antes de la compra de acciones. Como se trata de una transferencia doméstica de fondos (suponiendo que no hay dinero en efectivo), no desata señales de alerta de fuga de capitales. La compra de las acciones por parte de la sucursal en Londres de la sucursal en Moscú del mismo banco podría conciliarse como una transferencia interna de los activos, un registro contable interno que solo requeriría la notificación a la National Settlement Depository  de la Bolsa de Moscú, dejando a los mecanismos antilavado de dinero de Rusia completamente ajenos a la transacción.

La organización de este tipo de transacciones para ayudar en la fuga de capitales y la evasión de las salvaguardias de lavado de dinero requiere una cuidadosa coordinación por parte de corredores, vendedores, el back office y funciones de cumplimiento ALD en Moscú y Londres.

Para construir tal conducto para fugar dinero de Moscú hacia Londres, cualquier institución financiera sin dudas cobraría elevadas comisiones y honorarios. Cuando se consideran US$ 6000 millones en juego durante un período de cuatro años, es probable que los ingresos asociados a tal conducto hayan sido sustanciales, por decir lo menos. Este podría convertirse en otro caso donde la función de cumplimiento ALD se rindió ante las abrumadoras exigencias del área comercial.

Los profesionales de cumplimiento que buscan erigir defensas contra el lavado de dinero dentro de una división de títulos valores enfrentan una tarea de enormes proporciones. Prevenir la creación de este tipo de conducto de lavado de dinero de Moscú a Londres requiere de una cuidadosa gestión y preparación por parte de la división de cumplimiento, y, probablemente, debe incorporar los siguientes:

1. Conocimiento del Producto

La función de cumplimiento solo puede establecer sólidas defensas ALD/CFT si entiende los verdaderos fundamentos de la empresa, incluyendo el conocimiento de productos, presencia geográfica y base de clientes. Productos del mercado de capitales, especialmente sus derivados, pueden ser bastante complejos, sin embargo esa misma complejidad se utiliza a menudo para ocultar actividades de lavado de dinero a los oficiales de cumplimiento y los investigadores. Entender más cabalmente los productos del mercado de capitales ayudará a los profesionales de cumplimiento a estar mejor preparados para identificar sus debilidades frente al lavado de dinero.

A pesar del entorno un tanto intimidante de una sala de negociación, la función de cumplimiento tendrá que pasar horas en las trincheras, observando y aprendiendo cómo funciona un moderno mercado de capitales. La capacitación a través de diapositivas de PowerPoint es inútil. No hay sustituto para la experiencia.

Una sólida red de expertos internos dentro de la empresa puede asesorar a la función de cumplimiento sobre las cambiantes circunstancias en el mercado y eventos especiales que pueden afectar las defensas ALD/CFT de la empresa. Estos expertos internos deben ser informados por la función de cumplimiento sobre los últimos acontecimientos ALD/CFT en el sector de títulos valores, junto con otros negocios, tales como la banca privada y la banca corresponsal.

1. Señales de alerta de altos márgenes

Para la supervisión de las transacciones, la función de cumplimiento contará con un sistema de monitoreo de transacciones. Una de las alertas más importantes dentro de este sistema debe ser una forma que notifique a los analistas cuando existan márgenes inusualmente altos en las declaraciones de pérdidas o ganancias de productos o negocios.

Con el fin de convencer a los corredores y vendedores para que sean «flexibles» en la identificación de actividades sospechosas, los lavadores de dinero atraerán a sus cómplices, si es necesario, con márgenes muy suculentos y diferenciales de oferta / demanda ridículamente amplios. En las instancias donde se registren márgenes muy altos sin razón aparente se debe consultar a la función de cumplimiento por posibles vínculos con actividades de lavado de dinero. Si el investigador tiene dudas, se deben profundizar las investigaciones.

1. Apoyo

Los que pasan sus carreras en las salas de transacciones entienden que la lealtad de los empleados a la empresa puede ser fugaz, sin embargo la lealtad a un líder puede tomar dimensiones míticas. Los líderes carismáticos en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y mercados de materias primas inspiran a sus compañeros y personal subalterno para trabajen una excesiva cantidad de horas y soporten muchas presiones.

Un carismático líder de corredores, vendedores y personal del back-office personal colocará los intereses de su grupo por delante de los accionistas. La lealtad puede motivar a algunos a participar en artilugios extraños, tal vez incluso en la estructuración o la aprobación de una transacción que no tiene mucho sentido comercial para un observador, pero tiene perfecto sentido para un lavador de dinero. Para romper lazos tribales, la función de cumplimiento requerirá el apoyo inequívoco de la junta directiva y director de la división de mercados de capital. Sin este apoyo –o si menosprecia el papel de cumplimiento—se socavarán las defensas ALD/CFT y se crearán huecos dentro de la estructura regulatoria y legal de la empresa.

1. Vacaciones

Cuando los conspiradores se ven obligados a tomar un mínimo de dos semanas de vacaciones dentro del año calendario, se corre el riesgo de que la conspiración sea descubierta por aquellos que los sustituyen. Hacer cumplir la regla de dos semanas producirá grandes resultados para la función de cumplimiento. Los ardides internos son difíciles de manejar de por sí, mucho más cuando el personal clave en la conspiración es sustituido por otros durante un período ininterrumpido de dos semanas o más.

Al combinar el conocimiento del producto, señales de alerta y el apoyo de la alta dirección, un profesional que supervisa el cumplimiento de la empresa en los mercados de capitales puede tener una oportunidad contra los lobos de Wall Street, y otros enormes peligros. Sin cualquiera de estos cuatro componentes, los oficiales de cumplimiento deben considerar carreras más seguras y tranquilas, como vaquero de rodeo, paramédico urbano o peluquero de cierto candidato para Presidente de Estados Unidos.

[ii] http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8242825.stm

[iii] http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1505201.htm

[iv] http://www.dfs.ny.gov/about/ea/ea150423.pdf

[v] http://www.justice.gov/usao-sdny/programs/victim-witness-services/united-states-v-bernard-l-madoff-and-related-cases

[vi] http://www.justice.gov/criminal-vns/case/stanfordr

[vii] https://www.fbi.gov/miami/press-releases/2009/mm120109a.htm

[viii] http://www.ft.com/cms/s/0/c7c5e19c-2b0f-11e5-8613-e7aedbb7bdb7.html#axzz3mCqL6zbC

[ix] http://www.fedsfm.ru/en

Este artículo se publicó originalmente en la edición de septiembre del boletín ManchesterCF Analytics. Para más información sobre la compañía, por favor visite: http://manchestercf.com/

Grandes cantidades de dinero se pierden debido a las actividades financieras ilícitas, entre ellas la evasión fiscal, el lavado de dinero, y la corrupción. Estos delitos amenazan los intereses estratégicos, políticos y económicos tanto de países en vías de desarrollo como de países desarrollados. En un mundo de recursos limitados y creciente complejidad, es esencial para las autoridades gubernamentales trabajar en estrecha colaboración en un enfoque de «integral u holístico de gobierno» para abordar mejor estos retos.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–publicó recientemente el informe Improving Co-operation between Tax and Anti-Money Laundering Authorities: Access by tax administrations to information held by financial intelligence units for criminal and civil purposes en el que resalta la necesidad de que los gobiernos maximicen su efectividad en la lucha contra el delito financiero y en la eficacia del cumplimiento fiscal y muestra los beneficios de una mayor cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y las agencias tributarias. Recomienda que, respetando las debidas garantías, las agencias de rentas deberían tener el mayor acceso posible a los Reportes de Actividad Sospechosa que reciben las UIF en cada jurisdicción.

Este informe fue publicado en el IV Foro de la OCDE sobre Impuestos y el Delito que se realizó en Amsterdam, un evento que reunió a más de 200 altos funcionarios y especialistas de más de 70 países y organizaciones internacionales, que en conjunto comparten la responsabilidad de la lucha contra los delitos financieros y el financiamiento del terrorismo.

El fortalecimiento de los vínculos entre las investigaciones penal tributarias y otros delitos financieros tales como la corrupción, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo fue un tema clave de la agenda. Los participantes también destacaron la necesidad de fortalecer la capacidad para ayudar a los países en desarrollo a combatir mejor los delitos financieros. El debate sobre el uso de la web profunda y de la analítica para detectar y prevenir delitos financieros ilustran la importancia del crecimiento de la tecnología tanto como un riesgo como parte de la solución para combatir los delitos fiscales y otros delitos financieros.

El contenido de este informe se basa en los resultados obtenidos de encuestas realizadas en 28 países sobre el acceso de las agencias tributarias a los ROS tanto para asuntos penales como civiles y proporciona un panorama de la situación actual.

Como los presenta el informe, hay varias formas o modelos para que las agencias de rentas tengan acceso a los ROS – cada uno con fortalezas y desafíos particulares – que en forma generalizada se pueden categorizar como:

–acceso completo e irrestricto a los ROS para las agencia tributaria;

–decisión conjunta sobre el uso de los ROS por la administración tributaria y la UIF; y

–modelos que dependen de la UIF para tomar la decisión sobre lo que debe ser compartido con la autoridad fiscal.

El informe explora las formas de superar los desafíos relacionados con cada uno de ellos.

El informe también explica los tipos de requisitos de confidencialidad que deberán ser consideradas e indaga sobre formas para eliminar las barreras que impiden una cooperación más estrecha, siempre cumpliendo con las obligaciones de confidencialidad. También establece recomendaciones específicas para mejorar los niveles de cooperación y de esta manera aumentar la eficacia general de los gobiernos en la lucha contra la evasión fiscal y los delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero.

Haga clic aquí para leer el informe completo

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. señaló esta semana que Bristol-Myers Squibb, una de las mayores farmacéuticas del mundo, llegó a un acuerdo para desestimar acusaciones de que su empresa conjunta en China realizó pagos en efectivo y proporcionó otros beneficios para proveedores de servicios de salud en hospitales estatales a cambio de ventas de medicamentos con recetas.

La compañía farmacéutica, con sede en Nueva York, pagará más de US$14 millones para resolver los cargos de la SEC de que violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) y obtuvo ganancias de US$11 millones producto de estas conductas indebidas. La SEC resolvió la medida legal a través de una orden administrativa interna y no presentó cargos en tribunales.

«Bristol-Myers Squibb carecía de controles internos efectivos en las interacciones con los proveedores de atención médica en BMS China, su empresa conjunta con participación mayoritaria», señaló la SEC.

Entre 2009 y 2014, los representantes de ventas BMS China trataron de obtener y aumentar los negocios facilitando a los proveedores de salud efectivo, joyas y otros regalos, comidas, viajes, entretenimiento y patrocinios para conferencias y reuniones.

«BMS China registró erróneamente los gastos como legítimos gastos de negocios en sus libros y registros contables, que luego se consolidaron en los libros y registros de Bristol-Myers Squibb,» dijo la SEC. Según la agencia estadounidense, BMS violó las disposiciones de controles internos y conservación de documentos de la FCPA.

Sin admitir ni negar las acusaciones, la empresa accedió a la orden. Acordó devolver a la SEC US$ 11,4 millones de los beneficios más intereses por US$ 500.000, y pagar una multa civil de US$ 2,75 millones.

Entre las acusaciones de la orden:

Bristol-Myers Squibb no respondió en forma y tiempo a las señales de alerta que indicaban que el personal de ventas ofrecía sobornos y otros beneficios para generar ventas por parte de proveedores de atención de la salud en China.

Bristol-Myers Squibb no investigó las acusaciones de ciertos empleados de BMS China que fueron despedidos, de que facturas, recibos y órdenes de compra falsos, eran utilizados para financiar pagos indebidos a proveedores de atención médica.

Bristol-Myers Squibb se mostró muy lenta para remediar deficiencias en los controles internos para la interacción con los proveedores de salud y controlar posibles pagos inapropiados que fueron identificados en varias ocasiones en las auditorías internas anuales de BMS China entre 2009 y 2013.

Bristol-Myers Squibb acordó informar a la SEC durante dos años el estado de su recuperación y de la implementación de las medidas FCPA y de cumplimiento anticorrupción.

Kara Brockmeyer, jefa de la unidad de aplicación de la ley FCPA para la SEC, dijo que «el fracaso de Bristol-Myers Squibb en la implementación de un sistema eficaz de control interno y la falta de una pronta respuesta a los indicios de importantes brechas en el cumplimiento en su empresa conjunta china permitió que la práctica generalizada de proporcionar incentivos corruptos a cambio de la venta con receta continuara durante años».

Acceda aquí al acuerdo

Por Brian Monroe
1 de octubre, 2015

Luego de recientes medidas por parte de investigadores internacionales para perseguir más agresivamente actos de corrupción, utilizando técnicas normalmente reservadas para ir detrás de narcotraficantes, los bancos tienen que evaluar si colocan a la lucha contra corrupción en el mismo lugar que el combate contra el lavado de dinero y el terrorismo, dicen los analistas.

En forma simultánea con esta tendencia para atacar la corrupción, que ha producido algunos acuerdos memorables bajo ciertas leyes –como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA)–, e históricas confiscaciones de activos en casos de corrupción, el tema en cuestión es si los bancos deben dedicar los mismos recursos que utilizan para cumplir con obligaciones antilavado para descubrir y atacar la corrupción.

Para algunos expertos, la respuesta es un claro sí, incluso cuando los bancos ya están en capacidad de cumplimiento y dedican parte de sus escasos recursos a los esfuerzos anticorrupción. Otros, sin embargo, no están de acuerdo, afirmando que los esfuerzos antilavado demandan mayor atención por parte de los reguladores y presentan una mayor exposición a una potencial sanción y que el alboroto y el miedo por sanciones relacionadas con incumplimiento anticorrupción en realidad es infundado.

«Ciertamente, la corrupción es vista como una de las tres principales prioridades para el Departamento de Justicia y el FBI y seguirán apuntando a ello», dijo Thomas Fox, fundador de la firma boutique tomfoxlaw.com con sede en Houston, y colaborador del fcpablog .com.

A de los casos FCPA rectas, las investigaciones estadounidenses y acusaciones contra organismo mundial que rige el fútbol de la FIFA, anunciado en mayo, fueron «enorme», dijo, y señaló que no es ilegal bajo la FCPA para recibir los sobornos, pero puede ser una violación de fraude y las disposiciones de lavado de dinero.

Además de casos específicos de violación de la FCPA, la investigación y acusaciones contra el organismo mundial que rige el fútbol, FIFA, que fue anunciado en mayo, fue «enorme», dijo, y señaló que no es ilegal bajo la FCPA recibir los sobornos, pero puede ser una violación de las disposiciones de fraude y de lavado de dinero.

El mes pasado, la Agencia de Crimen Nacional del Reino Unido (NCA), declaró que se había formado una nueva unidad para hacer frente al «al soborno, corrupción y lavado de dinero severo en todo el mundo», llamada la Unidad de Corrupción Internacional. La unidad buscaría perseguir y castigar a más de los 20 los políticos más corruptos del mundo involucrados en corrupción a gran escala, saqueo y lavado de dinero.

La nueva unidad adoptará técnicas históricamente utilizadas para atacar bancas de contrabando de drogas – incluyendo operaciones encubiertas y vigilancia encubierta – para descubrir actos de corrupción y lavado de dinero, en conjunto con aliados clave, incluyendo EE.UU. y Suiza, señaló el jefe de la unidad Joe Benton a The Independiente el mes pasado.

La unidad se está expandiendo para examinar otros países por temor a que fondos ilícitos procedentes de Rusia, China y Europa del Este inunden el mercado inmobiliario del Reino Unido.

Desde el año 2006, 150 casos de soborno en el extranjero han sido investigados y más de £180  millones han sido congelados, recuperados o devueltos a través del trabajo de los predecesores de la UCI, y el gobierno enjuició a casi 30 personas y una empresa en forma exitosa.

Se arman nuevos equipos

El FBI, en conjunto con la sección de fraudes del Departamento de Justicia de EE.UU., anunció recientemente la creación de equipos especiales enfocados en atacar la corrupción en el extranjero y actividad criminal relacionada con la cleptocracia: tres escuadrones internacionales anticorrupción, con sede en la ciudad de Nueva York, Los Ángeles y Washington, DC.

El agente especial George McEachern, que dirige la Unidad Internacional de la Corrupción en la sede del FBI, explicó en un comunicado que los escuadrones fueron creados para hacer frente a las consecuencias nacionales e internacionales de la corrupción.

«La FCPA nos permite apuntar a la parte del ardid de la corrupción que provee, es decir las entidades que dan los sobornos», dijo. «Los casos de cleptocracia nos permiten abordar el lado de la demanda – los funcionarios corruptos y sus activos financieros ilícitos. Al colocar ambas amenazas bajo un mismo escuadrón, anticipamos que una investigación sobre una de estas actividades delictivas podría generar potencialmente una investigación sobre la otra».

Recientes medidas por parte del gobierno evidencias la seriedad de la misión

Las últimas acciones de EE.UU. contra la corrupción incluyen una variedad de sectores en riesgo, incluyendo:

Agosto: El Bank of New York Mellon pagó casi US$ 15 millones para desestimar cargos por parte de la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. de que violó las leyes federales de soborno por la adjudicación selectiva de pasantías para familiares de los funcionarios vinculados a un fondo soberano de Oriente Medio con más de US$ 50 mil millones en activos. El regulador dijo que el banco no evaluó adecuadamente los miembros de la familia para su programa de prácticas, por lo general un proceso altamente competitivo y exigente.

Mayo: El FBI y el IRS acusaron a más de una decena de individuos vinculados con el órgano de gobierno del fútbol, FIFA, con cargos de fraude electrónico, crimen organizado y lavado de dinero vinculados a la colusión con ejecutivos de marketing deportivo.

Marzo: El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acuerdos y decomiso civil de US$ 1,2 millones en activos vinculados a los ingresos de corrupción del ex presidente coreano Chun Doo Hwan.

2014: la compañía eléctrica y de transporte francesa Alstom se declaró culpable en una corte federal de haber participado de un esquema de soborno generalizado que involucra a decenas de millones de dólares y pagó un récord de US$ 772 millones por violar la FCPA.

2014: El Departamento de Justicia de Estados Unidos confiscó más de US$ 480 millones producto de la corrupción ocultos en cuentas bancarias en todo el mundo por parte del ex dictador nigeriano Sani Abacha y sus colaboradores, el mayor decomiso en la historia relacionado con una medida de cleptocracia.

Abundan los desafíos para descubrir actos de corrupción, grandes y pequeños

Uno de los problemas para muchos gobiernos, incluyendo EE.UU., sin embargo, es que el soborno puede ser muy extenso y una vez que las investigaciones cruzan las fronteras, pueden ser bloqueadas.

Para hacer frente a esto, el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia durante al menos los últimos cinco años han estado visitando diferentes países de riesgo de corrupción para capacitar a fiscales e investigadores sobre cómo identificar y llevar casos exitosos contra actores y empresas corruptas, dijo Fox.

En los últimos años, «estamos viendo los frutos de esos trabajos», dijo, y señaló que la multa de US$ 500 millones contra el fabricante farmacéutico GlaxoSmithKline fue posiblemente el primer caso en que China acusa a una empresa extranjera con las leyes anticorrupción nacionales.

Bélgica también utilizó poderes similares para perseguir a una firma de ingeniería sospechosa, donde el Departamento de Justicia dejó en sus manos la mayoría de la investigación.

Los casos de corrupción en general son difíciles de investigar porque gran parte de la actividad criminal no es evidente y participan estructuras financieras complejas y enrevesadas y empresas fantasmas en jurisdicciones secretas extranjera, donde la propiedad real de los activos está oscurecida por muchas capas de testaferros o falsos propietarios.

Sin embargo, «los miembros de estos tres escuadrones—agentes, analistas y otro profesionales— tienen mucha experiencia en investigaciones de cuello blanco y, en particular, en seguir el rastro del dinero en de estos delitos», dijo el FBI en un comunicado sobre los nuevos escuadrones de la lucha contra la corrupción.

«Y tendrán a su disposición una serie de herramientas de investigación que el FBI utiliza con éxito en otras áreas como análisis financiero, escuchas telefónicas judiciales autorizadas, operaciones encubiertas, informantes y fuentes», según el comunicado.

Brasil también ha estado en los titulares al apuntar al  gigante petrolero estatal Petrobras el año pasado después de descubrir que un ex ejecutivo aceptó el pago en la forma de un Range Rover de un cambista condenado, según informes publicados.

Por el lado de los servicios financieros, los bancos han sido advertidos desde hace más de una década que deben prestar mucha más atención a los draconianos poderes de la FCPA, pero no han tenido mucho para temer en este plazo y no existe un marco claro de cómo la corrupción podría infiltrarse en su institución.

Eso cambió con la pena de casi US$ 15 millones del mes pasado contra BNY Mellon, que es solo el comienzo de una incursión mucho más significativa en la relación de la banca con la corrupción, a medida que otras  instituciones, como JPMorgan, junto con una media docena de otros bancos, están siendo investigados por acciones similares, dijo Fox.

El éxito contra cleptócratas se produce luego de varias derrotas

Los éxitos recientes del gobierno de Estados Unidos contra la corrupción, en particular en los casos relacionados con la FCPA, sin embargo, son tomados con calma luego de fracasos del pasado y reveses legales.

En un caso conocido como el «África Sting», agentes federales se infiltraron como funcionarios corruptos de Gabón que buscaban sobornos para cerrar acuerdos vinculados a equipos militares, para luego grabar las conversaciones y presentar acciones judiciales contra casi dos docenas de ejecutivos defensa.

Pero los problemas ligados al manejo de las evidencias, resultó en la absolución de acusados y dos anulaciones de juicios, y el Departamento de Justicia desestimó los cargos restantes en 2012. Un juez federal comentó sobre la desestimación como un capítulo particularmente oscuro y triste en la lucha del gobierno contra la delincuencia de cuello blanco, de acuerdo con informes y declaraciones publicados.

En general, sin embargo, aunque se ha hablado acerca de la creciente agresividad de EE.UU., Reino Unido y muchos otros gobiernos de tomar medidas enérgicas contra la corrupción – tanto de perseguir a las empresas que toman y dan sobornos como arrestando a los que participan en la gran corrupción y atrapando los activos relacionados— se han producido muy pocos resultados, señala Mike Koehler, profesor en la Facultad de derecho de la Southern Illinois que bloguea acerca de la corrupción en www.fcpaprofessor.com.

«Hay una gran cantidad de actores políticos que declaran nuevos objetivos políticos», señala. «Están anunciando nuevas unidades de gobierno, pero todavía no veo que vayan a tener un gran impacto sobre la corrupción. La gran mayoría de los casos FCPA todavía se basan en revelaciones voluntarias».

Además, el anuncio de que determinados organismos están utilizando tácticas de investigación de corrupción de otras áreas, como el uso operativos encubiertos, escuchas telefónicas e informantes, «no es nuevo, lo están haciendo desde hace cinco años. La corrupción es un delito, al igual que administrar una red de narcotráficos. ¿Por qué has de esperar que las fuerzas del orden utilicen todas las herramientas a su disposición para perseguir un crimen, y no en otro».

La medida contra el BNY Mellon es una de las pocas veces que el gobierno de Estados Unidos mostró por qué las grandes instituciones financieras internacionales tienen que preocuparse por elementos de corrupción vinculados a sus operaciones y cómo pueden convertirse en un objetivo concreto para una acción FCPA, dijo Koehler.

(Esta es la segunda y última parte de un artículo escrito por la economista y consultora especialista en ISO 31000 Leslie Hemelberg, y René Castro, vicepresidente y socio de RICS Management en Colombia explicando el avance normativo de Colombia en la lucha contra la corrupción y el escenario internacional frente al flagelo del soborno de funcionarios extranjeros y los enormes retos y riesgos que se presentan para los distintos actores, como por ejemplo los graves riesgos y las pesadas cargas que constituyen para los programas de cumplimiento las relaciones con terceros, entre otros importantes puntos, haga clic aquí para leer la primera parte).

El estudio de 2014 de la OECD titulado “Foreign Bribery Report. An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials” presenta un análisis de todas las acciones de cumplimiento de la ley de soborno extranjero que se han completado desde la entrada en vigor de la Convención Anti-Soborno de la OCDE. Está basado en los datos obtenidos de las autoridades policiales en los 17 países que han concluido con éxito un caso de juzgamiento de soborno extranjero en su jurisdicción hasta la fecha y trata de mostrar una imagen más clara del delito de soborno transnacional. Esto demuestra que la aplicación de leyes contra el soborno ha aumentado drásticamente desde la entrada en vigor de la Convención de la OCDE.

Este informe insta a que los corruptos deben ser llevados ante la justicia; la prevención de la delincuencia de negocios debe estar en el centro de las políticas de gobierno corporativo; y la contratación pública tiene que ser sinónimo de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

El informe contiene las estadísticas que se basan en el análisis de la información incluida en las acciones coercitivas contra 263 personas y 164 entidades de 17 países del mundo por el delito de soborno en el extranjero (un total de 427 casos) presentados entre la entrada en vigor de la Convención de la OCDE contra el Soborno (15 de febrero 1999) y el 1 de junio de 2014.

Dentro de los resultados del informe, se destacan los siguientes:

Dos terceras partes de los casos de soborno extranjero se produjeron en cuatro sectores: extractivo (19%); construcción (15%); transporte y almacenamiento (15%); y la información y la comunicación (10%). Eso no quiere decir que en otros sectores no –haya ocurrido nada ni que estén exentos de que suceda un caso de corrupción; lo que pasa es que el informe sólo recoge las estadísticas de esos 427 casos que ya han sido fallados.

Casi la mitad de los casos implicó el soborno de funcionarios públicos procedentes de países con alto (22%) a muy altos (21%) niveles de desarrollo humano. Esto desvirtúa totalmente la tesis de que sólo en países pobres se presentan actos de soborno y corrupción.

En el 41% de los casos, los empleados de nivel gerencial pagaron o autorizaron el soborno, mientras que el presidente de la compañía participó en el 12% de los casos. En un caso, un congresista fue declarado culpable de conspiración para sobornar a funcionarios públicos extranjeros.

Los intermediarios se involucraron en 3 de cada 4 casos de soborno. Estos intermediarios eran agentes, como agentes locales de ventas y comercialización y distribuidores en el 41% de los casos. Otro 35% de los intermediarios eran vehículos corporativos, tales como compañías subsidiarias, empresas consultoras locales, empresas ubicadas en paraísos fiscales financieros o paraísos fiscales o empresas establecidas bajo la propiedad efectiva del funcionario público que recibió los sobornos. Este hallazgo hace necesario que los programas de cumplimiento abarquen a todos los terceros relacionados con la compañía y a todos los proveedores y subcontratistas que desarrollen procesos de outsourcing para la compañía.

Los sobornos fueron prometidos, ofrecidos o dados con más frecuencia a los empleados de las empresas públicas (empresas estatales o empresas controladas por el estado) (27%), seguidos por los funcionarios de aduanas (11%), los funcionarios de salud (7%) y los funcionarios del sector defensa (6%). En la mayoría de los casos, se pagaron sobornos para obtener contratos públicos (57%), seguido por acreditar los procedimientos aduaneros (sin haberlos cumplido) (12%).

Uno de cada tres casos fue conocido por las autoridades a través de informes de las empresas o individuos demandados. Las siguientes fuentes más comunes fueron las investigaciones iniciadas directamente por los servicios de seguridad (13%) y los casos de soborno en el extranjero que salieron a la luz pública en el contexto de la asistencia formal o informal jurídica mutua entre los países (13%). Los informes por denunciantes anónimos y la cobertura mediática muy raramente produjeron una investigación de soborno en el extranjero (2% y 5%, respectivamente).

Las empresas que internamente se dieron cuenta del soborno en el extranjero en sus operaciones internacionales principalmente lo hicieron a través de auditorías internas (31%) y a procedimientos de debida diligencia en las fusiones y adquisiciones (28%).

Se impusieron penas de prisión a 80 personas que fueron encontrados culpables de soborno en el extranjero. La pena de prisión más larga combinada impuesta hasta la fecha en un caso relacionado con una condena por conspiración para cometer soborno en el extranjero es de 13 años para un individuo. Otras 38 personas fueron condenadas a penas de prisión condicionales.

En total, hubo 261 multas impuestas a personas y empresas con la multa más alta combinada contra una sola empresa por un total de 1,8 mil millones de euros. La mayor sanción pecuniaria impuesta contra un individuo en un caso de soborno en el extranjero fue una orden de decomiso por valor de USD149 millones.

Los Estados Unidos han sancionado a individuos y entidades por el delito de soborno en el extranjero en relación con 128 esquemas de soborno en el extranjero desde la entrada en vigor de la Convención contra el Soborno de la OCDE. Alemania ha sancionado a individuos y entidades por el delito de soborno en el extranjero en relación con 26 esquemas; Corea en relación con 11 esquemas; e Italia, Suiza y el Reino Unido en relación con 6 esquemas.

En un evento realizado en Agosto de 2015 en el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), organizado por el Banco Mundial, el CESA y la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, llamado “Soborno Internacional y Responsabilidad de las Personas Jurídicas”, donde se discutió el proyecto de ley No. 159 sobre soborno transnacional y los retos para el sector privado en su implementación y la función del Gobierno Corporativo y las Juntas Directivas en la prevención del soborno, los conferencistas estuvieron de acuerdo en la importancia de aprobar lo más pronto este proyecto de ley e implementarla, para prevenir el soborno transnacional y generar en la sociedad en general, el mensaje de que todos los actos de corrupción y de soborno serán investigados y castigados y que aquellas compañías que permitan este tipo de delitos serán sancionadas ejemplarmente y no podrán tener nuevos contratos con el Estado.

De acuerdo con una encuesta hecha en 2015 por KPMG llamada “Anti-Soborno y Corrupción: Aceptando el desafío en la era de la globalización”, a pesar de la aplicación de las regulaciones más duras para combatir el soborno y la corrupción, los pagos ilícitos a las contrapartes siguen siendo una gran carga para las economías. En 2013 el Banco Mundial estimó que la cantidad de sobornos en todo el mundo asciende a $1 billón de dólares al año.

Las empresas pueden considerar que se encuentran entre unas contrapartes pidiendo sobornos y unas regulaciones gubernamentales que tratan de frenar esta práctica, pero esto puede ser un error. En lugar de considerarse víctima, cada empresa tiene que hacerse algunas preguntas fundamentales acerca de porqué están en el negocio y lo que van a hacer para llevar a cabo negocios de manera ética en todas partes donde operen.

Los principales hallazgos de esta encuesta fueron los siguientes:

• A medida que las empresas se globalizan, la gestión de terceros plantea el mayor desafío en la ejecución de los programas de anti soborno y anticorrupción (ABC).
• A pesar de la dificultad de controlar sus relaciones comerciales con terceros, más de un tercio de los encuestados no identificaron formalmente los terceros de alto riesgo. Más de la mitad de los encuestados con cláusulas con derecho a efectuar auditorias sobre los terceros, no han ejercido ese derecho.
• Las empresas que se preparan para adquirir o fusionarse con otras corporaciones en el exterior le otorgan una baja prioridad a las consideraciones anti soborno y anticorrupción.
• Los encuestados se quejan de que carecen de los recursos para gestionar el riesgo anti soborno y anticorrupción.
• Una evaluación de los riesgos podría ayudar a las empresas a establecer prioridades, pero los ejecutivos admiten que una evaluación de riesgos anti soborno y anticorrupción es uno de los principales retos de sus empresas.
• El análisis de datos es una herramienta cada vez más importante y rentable para evaluar los controles anti soborno y anticorrupción. Sin embargo, sólo una cuarta parte de los encuestados utiliza el análisis de datos para identificar violaciones y aquellos que lo hacen, menos de la mitad monitorea continuamente los datos para detectar violaciones potenciales.

Las empresas con operaciones internacionales están ajustando sus controles y procedimientos anti soborno y anticorrupción.

Hay pruebas claras de que están tratando de hacer frente a los riesgos de terceros por un lado y con el creciente número de regulaciones nacionales anti soborno y anticorrupción por el otro.

Sin embargo, a pesar de mejores controles y de las políticas más fuertes anti soborno y anticorrupción, las empresas siguen sin cumplir con las regulaciones más estrictas, y como resultado son multadas. ¿Por qué? ¿Es que en última instancia, los ejecutivos de las empresas no se centran lo suficiente en una conducta comercial ética? Mucho se ha hablado acerca del «tono desde la cúpula», (Tone at the Top) pero continuamente se ven fallas a nivel de mandos medios y bajos, que lleva a concluir que no hay suficiente énfasis en «el tono en la mitad». Un excelente programa anti soborno y anticorrupción incluso puede calmar a los altos ejecutivos generando una falsa sensación de seguridad.

En los últimos cinco años, el enfoque en la lucha contra la corrupción se ha intensificado, con las empresas que buscan un entorno regulatorio mundial más armonizado que reconoce y promueve prácticas empresariales responsables, así como desalentando el comportamiento poco ético al interior de las organizaciones.

Conclusiones y recomendaciones

El soborno en el extranjero es un delito complejo. La mayoría de los casos de soborno en el extranjero se llevan a cabo a través de un agente o un intermediario. Es claro que se trata de un delito que tiene lugar en los países de todos los niveles de desarrollo.

Existe una presión sobre los gobiernos para intensificar el cumplimiento de las leyes contra el soborno y para garantizar que las sanciones por este delito son eficaces, proporcionadas y disuasorias y están bien establecidas.

De hecho, se ha avanzado en la lucha contra el soborno en el extranjero, pero claramente, falta mucho más por hacer para tener éxito en esta lucha. Se necesita una acción colectiva para ganar la guerra contra la corrupción y ahora existen mejores condiciones que nunca para prevenir, detectar y sancionar este delito y dar a la lucha contra el soborno en el extranjero la prioridad que merece.

La información sobre los casos de soborno en el extranjero debería ponerse a disposición del público en la mayoría de los casos, lo que le daría mayor transparencia a los procesos de investigación y juzgamiento.

Se deben fortalecer la detección y los mecanismos de reporte del soborno en el extranjero así como obtener una mayor cooperación entre las diferentes agencias de investigación.

Debe ser una prioridad incluir, fortalecer e implementar mecanismos de protección de los denunciantes en los sectores público y privado.

Se deben ampliar los plazos de prescripción de los delitos, para evitar las prácticas dilatorias de la defensa. Por otra parte, es esencial que las autoridades policiales realicen investigaciones eficientes y eficaces para evitar retrasos innecesarios.

Se debe confiscar de manera efectiva los instrumentos y productos del soborno con el fin de cumplir con la norma de la Convención contra el Soborno de la OCDE con sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias».

Los procedimientos de acuerdos de la justicia con los acusados deben respetar los principios del debido proceso, la transparencia y la coherencia. De lo contrario, generará en la ciudadanía un sentimiento de injusticia y de falta de credibilidad en el sistema judicial.

Las empresas de todos los tamaños que participan en el comercio internacional deben implementar medidas para combatir el riesgo de soborno en el extranjero.

El uso abrumador de intermediarios en casos de soborno en el extranjero demuestra la necesidad de una mayor y efectiva debida diligencia, la supervisión y la aplicación del programa de cumplimiento de la empresa a terceros (ya sean particulares o empresas) en las transacciones comerciales internacionales.

Se deben incentivar más los programas de cumplimiento preventivo contra el soborno, incluyendo el reconocimiento de la existencia y la eficacia de este tipo de programas en la mitigación de las sanciones en casos de soborno en el extranjero.

Se deben efectuar evaluaciones de riesgo y cumplimiento que incluyan los riesgos y consecuencias del soborno.

Los Códigos de Buen Gobierno deben dejar de ser un listado de buenas intenciones y se deben convertir en la forma práctica de hacer negocios éticos y responsables en todas las jurisdicciones donde operen las compañías, donde la ética y los valores de los empleados de esas compañías sean el común denominador del día a día de las actividades comerciales locales e internacionales.

Por último y no menos importante es inculcar en los ciudadanos de todos los países la cultura de la legalidad, la cultura ética y el rescate y enseñanza de los valores empezando por los niños que serán los ciudadanos del futuro.

*Leslie Hemelberg
Economista. Consultora profesional. Especialista en ISO 31000
leshemelberg@yahoo.com

**René M Castro V.
Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University.
Vice-Presidente & Socio RICS Management
rcastro@ricsmanagement.com

Brian Monroe
30 de septiembre, 2015

Los reguladores federales deben reforzar las habilidades virtuales de algunos examinadores, en particular aquellos encargados de revisar los protocolos de seguridad cibernética de las pequeñas y medianas instituciones, que, en algunos casos, tienen de «ninguna a muy poca formación en TI»,  de acuerdo con un grupo de vigilancia del gobierno. TI significa tecnología de la información o lo que en inglés se conoce como “information technology”.

Los resultados, publicados en julio por la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EE.UU. (GAO), también se discutirá la próxima semana, en la cumbre sobre Crimen Cibernético que organiza la Asociación de Especialistas Certificados Financieros Crimen Cibernético Cumbre. Para obtener más información, por favor visite www.acfcssummit.com.

Las conclusiones del informe de la GAO adquieren una importancia mayor cuando se ponen en contexto de un importante aumento de ataques de hackers contra bancos, empresas y el propio gobierno de Estados Unidos. En los últimos años, estos grupos han hackeado a JPMorgan Chase, Target, Home Depot e incluso la Oficina de Administración de Personal, y se apoderaron de los datos personales de decenas de millones de personas, con un costo para las instituciones de miles de millones de dólares en pérdidas reales y de reputación.

A continuación una breve muestra de información muy útil que deja el informe, que puede ser visto haciendo clic aquí:

Formación del examinador: después de analizar más de una docena de exámenes en el área de TI por parte de los reguladores federales, incluyendo la Oficina del Contralor de la Moneda que depende a la Oficina del Tesoro, la National Credit Union Administration (NCUA) y otros, GAO concluyó que mientras que algunos examinadores cuentan con amplia experiencia en programas de seguridad cibernética, otros examinadores de bancos más pequeños tenían muy poca, o incluso inexistente, la capacitación formal de TI.

Como resultado, la GAO recomienda a los examinadores bancarios en general que obtengan una mayor capacitación, que es algo que los reguladores dijeron que estaban en el proceso de mejora.

Tendencias cibernéticas: La GAO encontró que en algunos casos, los examinadores bancarios estaban mirando programas informáticos de la institución de una manera muy individual, y no buscaban detectar tendencias más generales o huecos de seguridad cibernética a través de múltiples instituciones que podrían representar riesgos más grandes en el sistema financiero de Estados Unidos.

«A pesar de las normas federales de control interno exigen que las organizaciones cuenten con información relevante, confiable y oportuna sobre las actividades, los reguladores no estaban recolectando rutinariamente informes de TI sobre incidentes de seguridad ni deficiencias en los exámenes ni los estaban clasificando por categorías de la deficiencia», según el informe. «Contar con  estos datos prepararía mejor a los reguladores para identificar y analizar las tendencias a través de las instituciones y utilizar este análisis para apuntar mejor a áreas de las instituciones que deban ser revisadas».

Brecha en las cooperativas de crédito: Los reguladores bancarios tienen autoridad para abordar directamente los riesgos que presentan terceros proveedores de servicios de tecnología para los bancos que supervisan, pero la NCUA «carece de esta autoridad».

Riesgos cibernéticos que afectan a las instituciones pueden surgir de «las debilidades en las prácticas de seguridad de terceros que procesan la información o prestan otros servicios de TI para la institución», según la GAO, que está recomendando al Congreso que otorgue tal autoridad a la NCUA.

Detección de amenazas: Representantes de más de 50 instituciones financieras dijeron a la GAO que la obtención de «información adecuada sobre las amenazas informáticas de fuentes federales era difícil», según el informe, que incluiría los bancos que puedan obtener información clave por parte de agencias de investigación del gobierno sobre cómo evaluar las amenazas y proteger a los sistemas, como por ejemplo cómo los hackers están atacando bancos y cuáles son las vulnerabilidades.

Para presentar mejor información a los bancos, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo a los funcionarios de la GAO que había «formado un grupo especial que trabaja con otras agencias policiales y de inteligencia para obtener información desclasificada y compartirla con las instituciones financieras en una serie de circulares».

El personal del Tesoro también participa en grupos del Departamento de Seguridad Nacional que monitorean los incidentes cibernéticos y trabajan con un centro que proporciona información sobre la amenaza cibernética a miles de instituciones financieras e intentará mejorar en conseguir esa información a un universo más amplio de los bancos, según el informe.

GAO_Cybersecurity