Por el Equipo de ACFCS
11 de septiembre de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: la Policía ecuatoriana desarticuló un grupo financiero internacional dedicado al lavado de dinero que movió alrededor de US$1.000 millones solo en transacciones, el Grupo Wolfsberg preparó un documento de orientación sobre los aspectos clave para una precisa evaluación de riesgo de delitos financieros, el emblemático casino de Las Vegas Caesars Palace acordó pagar una sanción total de US$9,5 millones por no haber podido implementar controles antilavado seguros, los casos de fraude dentro de las compañías en Argentina vienen en aumento, y más..

Lavado de Dinero

La Policía ecuatoriana desarticuló un grupo financiero internacional dedicado al lavado de dinero, y que tenía ramificaciones en Rusia, informó esta semana el ministerio del Interior de Ecuador. De acuerdo con un comunicado divulgado por la entidad, el grupo se radicó en Ecuador cinco años atrás, y provocaba una masiva estafa al sistema financiero de la Federación de Rusia. El modus operandi de esta organización criminal se basaba en que el grupo financiero inyectó al país US$159 millones producto del lavado de activos para dar el carácter de legalidad en empresas, haciendas y demás negocios, agregó el texto, que apunta además que desde 2005 hasta la fecha, se movieron en el país alrededor de US$1.000 millones solo en transacciones. Reveló también que la investigación inició en el 2014, cuando se identificó un contenedor de bananos exportado por la empresa Exbafrut, que contenía una tonelada de droga con destino a Kuwait. La mencionada compañía pertenecía al grupo Grafindustric, y tenía como accionista al ciudadano ruso Dmitry M, quien es además representante legal del grupo económico JFC en Ecuador, añade el comunicado. De acuerdo con la información de las autoridades ecuatorianas, la empresa del ciudadano ruso, quien es buscado por la Interpol, está siendo investigada también por el departamento de Investigación del Ministerio del Interior de la Federación Rusa por un presunto fraude de US$159 millones de dólares. (Con información de Prensa Latina)

Las autoridades de Estados Unidos acusaron a tres colombianos de ayudar a operar una red global de lavado de dinero que procesó miles de millones de dólares de ganancias provenientes del tráfico de drogas a través de cuentas bancarias en China y Hong Kong. La organización, con sede en Cantón en China, recibió al menos US$5.000 millones de ganancias de la droga de Estados Unidos, México, Colombia, Panamá, Guatemala y Canadá, así como partes de África y Europa, según la acusación revelada esta semana en una corte federal de Brooklyn en Nueva York.  Uno de los tres hombres, Henry Poveda, apareció brevemente en la corte el jueves. Los otros dos, Christian Duque-Aristizabal y John Jairo Hincapié-Ramírez, están bajo custodia en América del Sur esperando los procedimientos de extradición. Los tres se enfrentan a un único cargo de conspiración para lavar dinero. Según la acusación, la organización de Cantón uso casinos chinos, casas de cambio, empresas de exportación y fábricas para recibir miles de millones de dólares de ganancias de la droga en efectivo o transferencias. El dinero pasó por una red de cuentas en Hong Kong y China continental y eventualmente fue usado para comprar productos, a veces falsificados, que eran embarcados a Colombia y a otros países, dijeron los fiscales. (Con información de Reuters)

El emblemático Caesars Palace acordó pagar una sanción total de US$9,5 millones por no haber podido implementar controles antilavado seguros. La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN por sus siglas en inglés) anunció que el casino pagará US$8 millones por “repetidas y a sabiendas violaciones” de las leyes federales antilavado. A.G. Burnett, presidente de Nevada Gaming Control Board, señaló que el casino pagará al estado de Nevada una multa independiente de US$1,5 millones por las mismas falencias. FinCEN hace referencia a situaciones en las que Caesars Palace permitió que se desarrollaran “sistémicas y graves” lagunas en sus prácticas antilavado de dinero. Especialmente, FinCEN dijo que Caesars Palace toleró un “punto ciego” creado por los salones de juego privados donde los grandes apostadores tenían permitido apostar abiertamente en forma anónima. A pesar de que los salones privados se exponían a un mayor riesgo de ser utilizados por los delincuentes para intentar esconder el flujo de fondos ilícitos, Caesar Palace no aplicó el correcto escrutinio y “permitió que no se reportaran algunas de las transacciones financieras más lucrativas y riesgosas”, señala FinCEN. Además, FinCEN dijo que el casino promocionó los salones privados del casino en sucursales en EE.UU. y en extranjero, pero no monitoreó adecuadamente las transacciones tales como grandes transacciones financieras con un ojo puesto en la actividad sospechosa. (Con información de Las Vegas Sun)

Fraude

Los casos de fraude dentro de las compañías en Argentina vienen en aumento. Según una encuesta realizada por la consultora BDO Argentina, casi un 79,1% de las firmas detectó algún caso. En el estudio, que se realizó este año, pero teniendo en cuenta las denuncias de 2014, participaron 402 ejecutivos de empresas y organizaciones radicadas en Argentina, con cargos de dirección, CEO, directores de auditoría, oficiales de cumplimiento y gerentes de Recursos Humanos, entre otros. La encuesta abarcó todas las industrias, pero respondieron mayormente (42%) empresas grandes (el 38% cuenta con más de mil empleados). “En todas las empresas está ocurriendo un hecho de fraude en este momento, aunque tal vez no lo sepamos ahora o nunca lo sepamos”, sintetiza Carlos Rozen, socio de BDO Argentina, a cargo del área de Fraudes, Investigaciones y Disputas, que se ocupó del relevamiento. Y enumeró los principales delitos cometidos en las empresas: malversación de fondos –efectivo y cheques- (44%), conflicto de interés (20,2%) y sobornos (7,3%). Además, entre los fraudes electrónicos el desvío de fondos fue el que más afectó a las empresas (57.1%), seguido por suplantación de identidad (19%) y acceso a información confidencial y robo de contraseñas (9,5%). Un dato significativo es que un 33,9% de los encuestados registró hasta dos casos en el año y un 13,4% detectó más de diez anuales. En cuanto a la resolución de los conflictos, la mayoría de las organizaciones prefieren resolver los casos en forma interna, sin verse involucrada en los costos asociados a una instancia judicial o por temas reputacionales: en el 86,7% de los casos, las organizaciones decidieron no llevar el caso a la Justicia. (Con información de Clarín)

Corrupción

El ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, actualmente en prisión preventiva, acusó a Estados Unidos de presionar a una comisión investigadora respaldada por Naciones Unidas en la investigación de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de su país. Pérez Molina, un militar retirado de 64 años, fue enviado el martes a prisión preventiva mientras enfrenta un proceso judicial por un caso de defraudación aduanera que lo obligó a renunciar. El juez Miguel Angel Gálvez imputó a Pérez Molina por los cargos de asociación para delinquir, cohecho pasivo y defraudación aduanera y dio tres meses de plazo para que la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) terminen sus investigaciones. No obstante, Pérez Molina dijo que la CICIG, un ente respaldado por Naciones Unidas para realizar las indagatorias, es una imposición de Estados Unidos. “Hoy, realmente a la CICIG la vemos como una injerencia de Estados Unidos, que fueron los que más presionaron para eso”, dijo el ex mandatario a la cadena CNN en Español, en una entrevista difundida la noche del miércoles. “Pero responde entonces a la injerencia de Estados Unidos, que son los que prácticamente están mandando aquí al comisionado”, agregó. (Con información de Reuters)

La oposición argentina, que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción durante toda la campaña electoral, se ha visto envuelta ahora en un escándalo por un supuesto caso de corrupción que afecta al Ayuntamiento de Buenos Aires, en manos del líder conservador Mauricio Macri, principal oponente del kirchnerismo en las elecciones del 25 de octubre. Tras una investigación publicada por un periódico próximo al oficialismo y una posterior denuncia interpuesta por un abogado, la justicia investiga si la administración de Macri realizó de forma irregular contratos millonarios con una empresa propiedad de Fernando Niembro, un célebre periodista deportivo y uno de los actuales referentes del PRO (Propuesta Republicana), el partido fundado por el líder conservador. Según el diario “Tiempo Argentino”, Niembro, accionista de la empresa La Usina, habría recibido desde 2012 y hasta 2014, cuando vendió la compañía, 23 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) por la concesión de licencias para realizar encuestas y gestionar contratos de publicidad. En su descargo, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires ha explicado que los convenios con su empresa se hicieron de forma legal. (Con información de El Mundo)

Sanciones

La Comisión Nacional de Valores de Argentina suspendió de manera preventiva la operatoria de dos agentes de bolsa—Alchemy Valores S.A y Bull Market Brokers—, por no cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley de Mercado de Capitales. En el caso de Alchemy Valores, luego de realizar el arqueo correspondiente se detectaron diferencias injustificadas en los libros contables y en el arqueo de caja tanto en pesos como en dólares. La firma tampoco presentó informe de auditoría durante el período 2014 en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, al tiempo que se encontraron incompletos y desactualizados los legajos de los comitentes seleccionados.  “De esta manera, no se pudo establecer el perfil de los clientes, lo que impide determinar la situación económica, patrimonial y financiera de los mismos, no pudiendo justificar el origen de los fondos”, señaló la CNV en un comunicado. En relación a Bull Market, se encontró el libro caja incompleto en el periodo junio-julio de 2015, la falta de actualización en los libros contables y una seria evidencia de problemas con la organización interna, técnica y administrativa. Por otro lado, Bull Market presentó incompletos los legajos de sus clientes seleccionados, No acreditó el origen de los fondos de algunas operaciones y evidenció diferencias injustificadas entre la información consignada en documentación contable y la tenencia de valores en moneda extranjera halladas en la entidad. (Con información de Ambito Financiero).

Evaluación de Riesgo

El Grupo Wolfsberg de Instituciones Financieras preparó un documento de Preguntas y Respuestas sobre los aspectos clave para una precisa evaluación de riesgo de delitos financieros, uno de los elementos para el correcto cumplimiento y para mostrar las áreas más vulnerables al riesgos, cómo se administran esos riesgos y determinar una correcto enfoque basado en riesgo para asignar los recursos a las áreas de mayor riesgo, así como la implementación de un plan de acción para gestionar ciertos riesgos. El grupo estima que esta guía puede contribuir a promover una efectiva administración del riesgo para ayudar a prevenir el abuso del sistema financiero para fines delictivos. Puede encontrar el documento aquí: www.wolfsberg-principles.com/pdf/home/Wolfsberg-Risk-Assessment-FAQs-2015.pdf

Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala renunció esta semana tras el escándalo de aduanas que destruyó su gobierno y movilizó a la ciudadanía a protestar contra la corrupción.

Pérez Molina, quien enfrentará diversos cargos, presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso en la noche del miércoles, anunció el vocero presidencial Jorge Ortega en un comunicado entregado a la prensa. El día anterior, el Congreso le había quitado la inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia

El vicepresidente, el jurista y político conservador Alejandro Maldonado presentó juramento ante el Congreso como el nuevo presidente. Maldonado tiene por delante más de cuatro meses en el poder, hasta que el presidente electo en las urnas, cuya primera ronda comienza este domingo, tome posesión.

Pocas horas antes de la dimisión de Pérez Molina, un juez guatemalteco, Miguel Ángel Gálvez, emitió una orden de captura contra el mandatario por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.

Pérez Molina fue acusado el 28 de agosto por la Fiscalía de Guatemala y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser el cabecilla de una red mafiosa que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos en el sistema nacional de aduanas. “La Línea”, como se conoció a este ardid, consistía de un grupo de importadores que, con la complicidad de funcionarios de aduanas, burlaba al fisco adulterando la papelería para que contenedores ingresaran al país pagando menos impuestos de lo que correspondía.

La investigación fue impulsada por esta comisión de la ONU –Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) — en conjunto con la Fiscalía que pidieron el antejuicio de Pérez Molina, el proceso legal en Guatemala para despojarlo de inmunidad.

Decenas de miles de guatemaltecos salieron a la calle para exigir la renuncia. El antejuicio siguió su curso y este martes los diputados, incluidos los del partido de Pérez Molina, le quitaron el fuero.

Durante varios meses, la Fiscalía y la CICIG grabaron decenas de miles de conversaciones telefónicas entre los involucrados en el ardid y recaudaron miles de correos electrónicos y otras pruebas y evidencias para apuntalar la acusación.

En la carta enviada al Congreso y divulgada por los medios locales, Pérez Molina sostiene que enfrentará “con la conciencia tranquila los procesos que correspondan”.

“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto”, subrayó.

En la madrugada del jueves, apenas conocida públicamente la dimisión, guatemaltecos celebraron frente a la Corte Suprema. “Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales”, dijo tras la dimisión la Premio Nobel de la Paz y líder indígena Rigoberta Menchú, en la Plaza de la Constitución, según medios periodísticos.

En entrevista con la agencia AFP, Menchú había señalado que la convulsión social que está viviendo el país es un renacer de la población, indignada por la corrupción estatal.

La renuncia de Pérez tiene lugar tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en unas elecciones marcadas por la crisis política desatada en abril pasado por varios casos de corrupción en el gobierno y que ha provocado protestas masivas de repudio.

El pasado 8 de mayo, la entonces vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, salpicada por el mismo escándalo, se vio forzada a renunciar y ahora se encuentra en prisión preventiva. Fue entonces cuando Alejandro Maldonado resultó la opción de consenso para asumir la vicepresidencia.

Para “prevenir posibles manifestaciones violentas”, la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció el miércoles que se mantendrá en vigilancia con equipos en varias regiones del país.

“Hay una persecución penal (contra Pérez) e iremos a debate. Luego a una sentencia, que de acuerdo a mi apreciación y lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria”, afirmó el miércoles temprano la fiscal general Thelma Aldana, en entrevista con la AFP.

Shaun Bridges, un ex agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos se acaba de declarar culpable de lavado de dinero y obstrucción a la justicia en relación con el robo de la moneda digital durante la investigación federal de Silk Road, el mercado en línea utilizado para facilitar la compra y venta de drogas ilegales y otros contrabandos. El ex agente utilizó su estatus para embolsar US$820.000 en Bitcoins.

Bridges, de 32 años, llevaba aproximadamente seis años como agente especial del Servicio Secreto de Estados Unidos en la Oficina de Baltimore y fue asignado a la Fuerza de Tarea de Delitos Electrónicos (Electronic Crimes Task Force). Se declaró culpable ante el juez federal de distrito Richard Seeborg del Distrito Norte de California, y está programada una audiencia de sentencia para el 7 de diciembre 2015.

Esta declaración de culpabilidad se produce luego de que en julio otro agente federal, Carl Force, se declarara culpable de lavado de dinero y de haber robado US$700.000 en Bitcoins.

Ambos, tanto Bridges como Force, fueron parte de una investigación de Ross Ulbrich, también conocido como Dread Pirate Roberts, quien creó el website clandestino Silk Road, que funcionó como un bazar en línea para la comercialización de cocaína, LSD, y otros productos. En mayo de este año, Ulbricht fue sentenciado a prisión de por vida.

Silk Road comercializaba sus productos con Bitcoin, una moneda electrónica que no está respaldada por ningún gobierno. Bitcoin, muchas veces, es una moneda elegida por los delincuentes debido a que algunos de sus usuarios estiman que es imposible de rastrear el origen y camino de los fondos a través de esta divisa digital. El valor de la moneda ha fluctuado significativamente desde su desembarco en 2008.

“Hay una línea clara entre hacer cumplir y violar la ley”, dijo Leslie R. Caldwell, fiscal general asistente. “Los funcionarios de ley que cruzan esta línea no solo dañan a sus víctimas inmediatas sino que también traicionan la confianza del público. Este caso muestra que vamos a actuar con rapidez para atrapar y responsabilizar a los delincuentes, sin importar quiénes son”.

“Bridges ha admitido que robó US$820.000 en moneda digital mientras trabajaba como agente especial del Servicio Secreto, una acción que violó por completo la confianza del público”, dijo el Fiscal Federal Haag. “Dependemos de agentes de ley con la más alta integridad y un honor inquebrantable, y. Bridges ha demostrado que carece totalmente de esas cualidades”.

A través de una serie de complejas transacciones, Brigdes robó cientos de miles de dólares. “Este es un perfecto ejemplo de la pericia financiera de nuestros agentes especiales. A través del análisis de la cadena de bloques y la información de los servidores de Silk Road, los investigadores pudieron seguir el rastro del flujo del dinero, que eventualmente llevó a descubrir a los acusados.

Entre 2012 y 2014, Bridges fue asignado a la Fuerza de Tarea de Silk Road de Baltimore (Baltimore Silk Road Task Force), con sede en Baltimore, un grupo de trabajo, donde participaban varias agencias, encargado de investigar actividad ilegal en Silk Road. Las obligaciones de Bridges incluían, entre otras cosas, investigaciones forenses informáticas en un esfuerzo por localizar, identificar y procesar los blancos de la investigación, entre ellos Ross Ulbricht, también conocido como Dread Pirate Roberts, el líder de Silk Road.

De acuerdo con su declaración de culpabilidad, Bridges admitió que en enero de 2013 utilizó una cuenta se utiliza una cuenta de administrador en el website de Silk Road que pertenecía a otra persona para fraudulentamente obtener el acceso a ese sitio web, restablecer contraseñas de diversas cuentas y pasar Bitcoins de esas cuentas a una “billetera” de Bitcoin que controlaba Bridges. Admitió que movió y robó aproximadamente 20.000 Bitcoins, que en ese momento valían unos US$ 350.000.

Bridges admitió que movió los Bitcoins robados a una cuenta en Mt. Gox, una compañía online de intercambio de moneda digital con sede en Japón que fue cerrada en 2014 luego de que cientos de millones de Bitcoins desaparecieran misteriosamente. De acuerdo a su declaración, convirtió los Bitcoins en US$ 820.000 entre marzo y mayo de 2013, y transfirió los fondos a cuentas privadas de inversión en EE.UU.

Según la declaración, Bridges también obstruyó las investigaciones del gran jurado federal de Baltimore sobre Silk Road y Ulbricht de varias manera. Bridges admitió que realizó varias declaraciones falsas y engañosas a los investigadores en el marco de la investigación del gran jurado de San Francisco gran jurado federal sobre sus propios actos ilegales, y que alentó a otros funcionarios gubernamentales para que mintieran a los investigadores.

Bridges es uno de los dos agentes federales que se declararon culpables en relación con la actividad ilegal durante la investigación de Silk Road. Carl Force, de 46 años, de Baltimore, se desempeñaba como agente especial de la agencia antinarcóticos de EE.UU, DEA, y fue asignado a la Baltimore Silk Road Task Force. El 1 de julio de 2015, Force se declaró culpable de tres cargos de lavado de dinero relacionado con el robo de más de US$ 700.000 en moneda digital mientras se desempeñaba como agente encubierto del grupo de trabajo. La sentencia de Force está programada para el 19 de octubre.

Este caso es investigado por el FBI, la agencia de rentas de EE.UU., IRS, el Departamento de Justicia y la oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, FinCEN, propuso esta semana que ciertos asesores de inversión establezcan programas antilavado de dinero y reporten actividad sospechosa según lo estipula la Ley de Secreto Bancario de EE.UU. FinCEN también propuso incluir a los asesores de inversión en la definición general de “instituciones financieras”, que, entre otros requisitos, los obligará a presentar Reportes de Operaciones en Efectivo (CTRs o Currency Transaction Reports) y mantener documentos y registros relacionados con la transmisión de fondos, aunque la iniciativa no alcanza a ciertas operaciones por debajo de cierto umbral de transacción.

La propuesta aplicaría a los asesores de inversiones que están obligados a registrarse ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés), incluyendo asesores a ciertos hedge funds o fondos de cobertura, fondos de capital privado, y otros fondos privados. FinCEN delegaría su autoridad para examinar por cumplimiento a estos asesores a la SEC. Comentarios escritos sobre esta reglamentación propuesta deberán ser presentados a más tardar 60 días después de su publicación en el Registro Federal.

Las obligaciones propuestas no incluyen obligaciones de debida diligencia, y no alcanzará a asesores que no están registrados con la SEC,  aquellos con menos de US$100 millones en activos bajo administración.

“Los asesores de inversión son una de las primeras líneas de un multibillonario sector de nuestro sistema financiero”, dijo Jennifer Shasky Calvery, Directora de FinCEN. “Si un cliente está tratando de mover o almacenar dinero sucio, necesitamos que los asesores de inversión estén atentos para proteger la integridad de su sector”.

Esta reglamentación propuesta busca abordar vulnerabilidades de lavado de dinero en el sistema financiero de Estados Unidos. Delincuentes financieros que tratan de acceder al sistema financiero pueden intentar obtener dicho acceso a través de un asesor de inversiones como medio para evitar la detección de su actividad que de otra forma la deberían probar acceder a través de instituciones financieras que tienen programas antilavado y están obligadas a presentar informes de actividad sospechosa.

Exigir a los asesores de inversión establecer programas ALD y presentar informes de actividades sospechosas los ubicará ante similares obligaciones que otras instituciones financieras, tales como fondos de inversión, agentes de bolsa en empresas de valores, bancos y aseguradoras. Exigir a los asesores de inversión presentar informes de actividad en efectivo y obligarlos a cumplir con los requisitos de mantenimiento de registros puede disuadir a los delincuentes de usar los asesores de inversión como canales para mover los fondos.

Es probable que FinCEN dé a conocer otras nuevas normativas en los próximos meses para llevar a otros sectores bajo las obligaciones ALD o reforzar los controles de la delincuencia financiera, incluyendo requisitos para los portales de financiación en línea y obligar a los bancos a recolectar información sobre los beneficiarios finales.

“Hay una gran brecha en la propuesta porque, a diferencia de los estándares internacionales, le da vía libre a empresas más pequeñas”, señala Ross Delston, un consultor de cumplimiento ALD con sede en Washington DC. Agrega que debido a que solo los asesores de inversión registrados ante la SEC están obligados a cumplir estos requisitos, eso deja la puerta abierta a los delincuentes financieros que buscan el eslabón más débil.

“El dinero, como el agua, busca su propio nivel”, señala Delston. “El tamaño de la empresa no debería importar porque de esta forma se le está dando a los delincuentes un plan para entrar en el sistema financiero. Todo lo que tienen que hacer es buscar los asesores de inversión más pequeños porque no aplicarán los controles requeridos en operaciones más grandes”.

12 años en la elaboración

FinCEN presentó las propuestas para los asesores de inversión en 2003, pero las retiró en 2008, y señaló que, en ese momento, estos asesores por lo general operaban a través de otras instituciones financieras, como bancos o agentes de bolsa, que estaban sujetos a requisitos ALD.

FinCEN ha dado vuelta en torno al tema de requisitos ALD para los asesores de inversión durante más de una década, por lo que no es ninguna sorpresa que la norma propuesta tenga algunas “omisiones curiosas” que las hacen más débil de lo que se requiere para otras entidades y organizaciones que son consideradas instituciones financieras, dijo Delston.

La propuesta es similar a permitir que negocios de servicios monetarios, casinos y bancos más pequeños, con activos por US$100 millones o menos, reduzcan sus obligaciones ALD, algo impensable en el actual clima de gran presión regulatoria, agrega.

FinCEN apunta a la necesidad de que los asesores de inversión cumplan requisitos ALD, destacando que a junio del año pasado, había 11.235 asesores de inversión registrados en la SEC, que reportaban aproximadamente US$62 billones en activos de sus clientes.

Los asesores de inversión ofrecen servicios de asesoramiento a diferentes tipos de clientes, incluyendo individuos, instituciones, planes de pensiones, sociedades, fideicomisos, fundaciones, fondos de inversión, fondos privados y otros vehículos de inversión colectiva. Algunos de los servicios que los asesores de inversión ofrecen incluye la gestión de carteras, la planificación financiera y consultoría de pensiones, según FinCEN.

A pesar de que los asesores trabajan con bancos y agentes de bolsa que están sujetos a normas ALD, estas entidades pueden “no tener información suficiente para evaluar la actividad sospechosa o riesgo de lavado de dinero”, señala FinCEN en la propuesta.

Cuando un asesor le solicita a un agente de bolsa que ejecute una operación en nombre de un cliente, el corredor de bolsa puede no conocer la identidad del cliente. Cuando un banco custodio posee activos de un fondo privado administrado por un asesor, el banco custodio puede no conocer la identidad de los inversionistas en el fondo.

“Este tipo de lagunas en el conocimiento hace posible que los lavadores de dinero puedan evadir mejor el escrutinio operando a través de los asesores de inversión en lugar de a través de los agentes de bolsa o bancos directamente,” según la regulación propuesta.

La falta de requisitos de DDC es un mal presagio para el sector

A pesar de que FinCEN argumenta que está tratando de solucionar esas falencias, la propuesta en sí está un tanto deshilachada, señala Delston.

Sorprende que FinCEN omitiera requerir a los asesores de inversión registrados realizar tareas de debida diligencia del cliente – un componente central de un cabal programa ALD y la base de una evaluación de riesgos de clientes, un tema clave para los examinadores – porque eso es “algo realmente básico”, señala Delston.

Los asesores de inversión no son parte de una red segmentada de corredores de bolsa, con introducing brokers (agentes de introducción), corredores ejecutores, que pueden añadir complejidad a las obligaciones de debida diligencia. En cambio, los asesores de inversión por lo general tratan directamente con el cliente, así que están en una posición privilegiada para obtener información de ellos, dijo Delston.

“Se pudiera pensar que habría los mismos requisitos para obedecer las reglas que los bancos y otras instituciones financieras”, dijo, y agregó que es posible que FinCEN tuvo que sopesar las nuevas reglas frente a consideraciones políticas, económicas y de otro tipo.

Sobre cómo la industria podrá adoptar y cumplir con las nuevas regulaciones, podrían aparecer algunos desafíos, incluso cuando algunas operaciones han creado en forma voluntaria programas ALD.

Haga clic aquí para acceder a la propuesta de FinCEN

Por: Brian Monroe
26 de agosto de 2015

En la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS), es vital que nos mantengamos muy actualizados de las inquietudes, movimientos, desafíos y soluciones en la industria. Lo que los delincuentes, y los reguladores, están haciendo afecta a todos los componentes del programa, desde la debida diligencia de los clientes a los sistemas de detección de actividad sospechosa y de presentación de informes.

Por ello hablamos de una amplia gama de miembros y profesionales certificados de ACFCS en las instituciones financieras grandes y pequeños para tener una mejor idea de si hay temas transversales clave afectados por los constantes cambios y novedades en el escenario de los delitos financieros, desde nuevas presiones regulatorias a crecientes métodos utilizados por los delincuentes.

En una consulta de la asociación a profesionales de cumplimiento para comprender mejor los puntos que dificultan sus trabajos, nos encontramos con que un mayor intercambio de las estructuras del programa de cumplimiento entre un universo más amplio de instituciones, dudas e incertidumbres por mayores presiones en las fiscalizaciones y controles de las autoridades, y entrenamiento basado en casos y señales de alerta reales se encuentran en la lista de deseos de los empleados, pero presentan desafíos en la implementación.

También estamos escuchando que además de las enormes multas contra grandes bancos internacionales —que van de los millones a los miles de millones de dólares— escrutinio de los programas de cumplimiento por parte de los reguladores en la mayoría de las instituciones, independientemente de su tamaño, ha llegado a niveles sin precedentes.

En un intento por ayudar a los profesionales de cumplimiento para que se adapten mejor y puedan superar estos desafíos –algunos son producto de menores presupuestos además de las crecientes expectativas de los examinadores– preguntamos a varios oficiales de cumplimiento en instituciones grandes y medianas sobre sus desafíos.

A continuación algunos comentarios editados de lo que dijeron:

De un oficial de cumplimiento en un banco grande con operaciones en EE.UU. y Canadá

La sorprendente falta de flexibilidad del enfoque basado en el riesgo:

El enfoque basado en el riesgo se está convirtiendo en una herramienta para argumentar por qué usted debe hacer más. Sabemos que el riesgo está en todas partes y necesitamos mitigarlo, pero los examinadores nos están señalando siempre que subestimamos el riesgo.

Pero la falta de claridad sobre parámetros y guía regulatoria sobre lo que están buscando, se reduce a la arbitrariedad del examinador individual para decidir sobre lo que has hecho.

Compartir información sobre lo que parece estar funcionando en las estructuras de los programas de cumplimiento:

Una cuestión clave para la comunidad de cumplimiento es cómo varias instituciones pueden compartir mejor la información sobre adecuados programas de cumplimiento en estos momentos que, de alguna manera, están cumpliendo con las cambiantes expectativas. Parece que de alguna manera no hay ningún incentivo para que los reguladores cuenten con expectativas razonables.

También me gustaría que hubiera algo que me indique lo que los reguladores van a hacer antes de que lo hagan. Me gustaría que hubiera una cosa que los examinadores digan cuando analizamos estas acciones legales y acuerdos formales, queremos saber lo que el regulador realmente quiere que hagas.

Es muy difícil deducir esto, incluso cuando uno analiza estas medidas de cumplimiento con otras medidas, palabra por palabra, no puedes concluir lo que las autoridades quieren.

Un problema, muchas deficiencias:

Los exámenes también son frustrantes porque los reguladores encuentran un problema y dicen que el resto del programa es malo. Por ejemplo, si encuentran un problema, señalan que los controles no son buenos, y por lo tanto, su evaluación del riesgo no es buena, entonces su gobierno corporativo no es bueno, entonces sus políticas no son buenas.

Nos estamos acercando al punto en que es muy difícil contratar profesionales de cumplimiento porque nadie va a querer ese trabajo. Las mentes más brillantes se alejarán.

De un oficial de cumplimiento en un banco al sur de EE.UU

Los examinadores apuntan más a la intensidad de los entrenamientos:

Los examinadores están dedicando mucho tiempo en asegurarse de que las personas estén entrenadas y están viendo lo que estamos utilizando. En cuanto a lo que hace mi trabajo más difícil, lo más importante es que el escrutinio que estamos experimentando por parte de los reguladores es tremendo.

Es muy duro el control debido a que nuestra ubicación geográfica es cerca de la frontera con México. Esa es mi prioridad número uno todos los años, mantener a nuestro equipo capacitado y actualizado, que es un gran desafío mantenerse actualizado sin salirse del presupuesto.

También hemos encontrado la necesidad de incrementar la capacitación ALD hacia divisiones fuera de cumplimiento, tales como préstamos, porque hemos visto como examinadores le han hecho preguntas relacionadas con la prevención del lavado de dinero a oficiales de crédito para asegurar que entienden y están haciendo la cantidad adecuada de debida diligencia y documentan adecuadamente.

De un oficial de cumplimiento en Europa

La importancia de ser un diplomático en cumplimiento, preguntar sin decir nada:

Como oficial de cumplimiento, tú no puedes entrar a la institución y  ordenar a la gente que te provea información y no explicar por qué. No van a proveer información ni escucharán. Al explicar los riesgos, ahora tengo gente en el área comercial que se me acerca con preguntas sobre riesgos y los clientes. Es necesario establecer una base de confianza para construir programas.

Uno de los principales retos es cuando hay una persona en el área comercial que no tiene conocimiento sobre el cumplimiento. Tú quieres ahondar sobre clientes o transacciones, pero no entiende tus explicaciones acerca de por qué las preguntas son importantes. Me miran como si fuera la policía.

La capacitación sobre cumplimiento debe incluir otras funciones del banco:

Además, una falencia es que los oficiales de cumplimiento deben tener más formación en otras áreas del banco, para que puedan saber cómo la gente en esas áreas puede ocultar cosas o hacer parecer que proveen información, sin realmente dar al oficial de cumplimiento lo que él o ella realmente necesitan.

Eso ayudará al oficial de cumplimiento a mirar más en detalle, hacer mejores preguntas y obtener más información sobre clientes y transacciones. Eso es lo que hice, así sé las preguntas correctas para que ningún departamento puede ocultar nada.

Creo que tener más casos de la vida real le daría más importancia y contexto al trabajo del oficial de cumplimiento y conseguir que más gente fuera del sector de cumplimiento se comprometa y entienda más. De esa manera pueden entender los problemas más grandes, incluyendo lo que sucede fuera del banco y nuestros límites.

Oficial de cumplimiento de un banco de Canadá

Se espera capacitación en todo el arco de los delitos financieros:

Los reguladores se están enfocando mucho más en capacitación. El entrenamiento ALD normal no es suficiente. Hay una gran tendencia por parte de los examinadores canadienses para capacitar a los trabajadores fuera de los confines ALD.

El equipo de cumplimiento de delitos financieros es en realidad la segunda línea de defensa. La primera línea está en las sucursales, con los cajeros, gerentes de ventas, etc.

Por ejemplo, si no entrenas sobre las personas políticamente expuestas el personal del banco no conocerá los indicadores de riesgo.

Mejorar el campo no debería enfocarse tanto en la recuperación de las pérdidas, sino en prevenir que ocurra el delito financiero. Eso funcionaría mejor que pagar grandes multas y contratar personal. Usted debe priorizar la calidad sobre la cantidad.

Cumplimiento es más que llenar un formulario, debería enfocarse en calidad:

En general, una cuestión importante es que el negocio y el cumplimiento se han convertido en sólo un énfasis en resultados y productos. Y dado el volumen y cantidad de transacciones que las instituciones financieras deben manejar, se priorizan los resultados por sobre la calidad.

Esos errores de cumplimiento tienen una correlación directa con lo que sucedió con los bancos más grandes. Se ponía mucho más en la cantidad de dinero que el banco podía generar También hacían una rápida revisión de los clientes así no se gastaba mucho dinero en debida diligencia y procedimientos Conozca a su Cliente.

Si no se hace bien la primera vez, se tiene que hacer de nuevo:

Una de las dificultades en algunos bancos es cambiar la mentalidad de los altos ejecutivos y gerentes de línea de negocios. Si tenemos que corregir la mitad de las cosas que hicimos en el comienzo, porque no se había hecho correctamente o porque no nos dimos cuenta de una transacción a tiempo, entonces no estamos atrapando nada.

Eso convierte a los departamentos de cumplimiento en “call centers”. Tratan de resolver problemas todo el tiempo con un enfoque de lista de acción. Si ese es el caso, allí es donde suceden cosas malas.

Por el Equipo de ACFCS
28 de agosto de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: Juez argentino daría lugar a la declaración indagatoria a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana del fiscal argentino Alberto Nisman, acusadas de haber lavado dinero proveniente de “actividades delictivas”; Grupo Financiero Interacciones de México rechazó que esté siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos; Costa Rica contará con una Comisión Técnica Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo; Los gobiernos de todo el mundo no deben depender de grupos de piratería cibernética para que descubran y pongan fin a los portales de financiación de los grupos terroristas; y más…

Lavado de Dinero

Un fiscal argentino pidió citar a declaración indagatoria a Sara Garfunkel y Sandra Nisman, mamá y hermana del fiscal argentino Alberto Nisman –que investigaba un atentado terrorista ocurrido en Buenos Aires en la década del 90 y que en enero de este año apareció muerto en su departamento en las víspera de una presentación ante el Congreso de Argentina—, en el marco de una causa por lavado de dinero y sobornos. El representante del Ministerio Público Fiscal entiende que las familiares del titular de la UFI-AMIA fallecido deben ejercer su derecho de defensa en una causa que instruye el magistrado federal Rodolfo Canicoba Corral. El pedido alcanza además al especialista en informática Diego Lagomarsino, quien compartía una cuenta bancaria con Nisman en los Estados Unidos, y a Claudio Picón, un empresario que le habría prestado un auto de alta gama al fiscal fallecido. La medida surge luego de que Estados Unidos remitieran a la Argentina información clasificada en torno a la cuenta que tenía Nisman en una sucursal del banco Merrill Lynch en Nueva York. También se realizaron escuchas telefónicas sobre todos los acusados. El dato sobre la existencia de la cuenta lo aportó la ex de Nisman, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, tras la muerte del fiscal. Luego se sumó la presunta existencia de otra cuenta en Uruguay. A ambos países ya se enviaron exhortos con varios pedidos de información y las autoridades esperan la respuesta. (Con información de Infobae)

El Grupo Financiero Interacciones de México rechazó que esté siendo investigado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos asuntos de lavado de dinero. Con relación a la nota de Bloomberg News, señaló que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni en contra de Carlos Hank Rhon. Tampoco ha existido ningún citatorio o comunicación al respecto. En un comunicado señaló que, según se desprende de la información de la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia de EE.UU. solicitó a Citigroup “información sobre operaciones que involucran a cientos de clientes” entre los cuales se encuentran Interacciones Casa de Bolsa y Aseguradora Interacciones. Esta semana, Bloomberg publicó que en una citación emitida a principios de este año, las autoridades estadounidenses pidieron a Citigroup proporcionar información sobre las cuentas vinculadas a cuatro empresas afiliadas a Hank Rhon. Estas incluyen dos unidades de Grupo Financiero Interacciones y dos de Grupo Hermes, que son controlados por Hank Rhon y su familia. El Departamento de Justicia también pidió al banco proporcionar documentación similar para una quinta empresa, Banco Monex, que no está vinculado a Hank Rhon; sobre una serie de empresas de transferencia de dinero e información menos detallada de más de una docena de otras empresas. (Con información de El Financiero)

Costa Rica contará con una Comisión Técnica Interinstitucional contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo, la cual estará conformada por 7 instituciones públicas en coordinación con el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD), según un decreto del Gobierno. Dicha comisión estará integrada por el ICD, la UIF del ICD, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, el de Seguridad Pública y el de Hacienda. Mariano Figures, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), indicó en una entrevista que en Costa Rica se lavan alrededor de US$4.200 millones al año. Una cifra que preocupa a las autoridades, ya que se estaría ante esquemas de legitimación de capitales similares al de Liberty Reserve, con epicentro en Costa Rica y considerado como uno de los casos más importantes del mundo, según Estados Unidos. (Con información de Diario Extra)

Uno de los casinos más conocidos de EE.UU., Caesars Palace, inconfundible en la escenografía de Las Vegas, con sus columnas romanas y su arquitectura, pagará US$20 millones y aceptará un acuerdo de enjuiciamiento diferido para desestimar los cargos federales que tenía en su contra por un laxo programa antilavado de dinero, según una fuente anónima al tanto de la situación. En la sanción, que se anunciaría en los próximos días, participan el Departamento de Justicia y la Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN), y apunta a la supervisión de las actividades de apuestas deportivas y vínculos con grupos de apuestas ilegales del Caesars, entre otras fallas. (Con información de Reuters)

El Vaticano, que se encuentra bajo presión para mejorar sus controles antilavado y el uso de cuentas secretas, debe ser transparente y honesto en las auditorías financieras, o podría ser investigado formalmente por “irregularidades financieras”, según el zar de las finanzas de la Santa Sede. Esa es la única manera para que la institución religiosa mejore sus finanzas y a la vez arremete contra la corrupción y elimine la percepción de que el Vaticano está repleto de funcionarios incompetentes y extravagantes que pueden ser blancos fáciles para ladrones y oportunistas. (Con información de Bloomberg)

Financiación del Terrorismo

Los gobiernos de todo el mundo no deben depender de grupos de piratería cibernética para que descubran y pongan fin a los portales de financiación de los grupos terroristas, tales como ISIS, y los bancos deberían estar nervioso de que estos hackers estén declarando públicamente que van a atacar a instituciones y entidades que creen que están apoyando operaciones terroristas,  según un abogado. La iniciativa, bautizada #OpCharlieHebdo, ya ha cerrado sitios web gubernamentales en Medio Oriente y docenas de otros sitios a favor de ISIS. (Con información de American Banker)

Corrupción

El Ministerio Público de Nicaragua informó la semana pasada que investiga por lavado de dinero e enriquecimiento ilícito al expresidente de la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) Julio Rocha, detenido en Suiza junto con altos mandos de la FIFA por un caso de supuesta corrupción. La fiscal general, Ana Julio Guido, dijo a periodistas que investigan a Rocha como sospechoso de esos delitos por un monto de US$100.000 en perjuicio del Estado de Nicaragua. La Cancillería de Nicaragua pidió la semana pasada a las autoridades del Departamento Federal de Justicia y a la Policía de Suiza tramitar la extradición de Rocha, “a fin de que sea juzgado en base a las leyes nacionales”. También “en aras de garantizar el respeto a sus derechos humanos fundamentales y el debido proceso”, según la Cancillería. Siete altos dirigentes del máximo organismo del fútbol mundial, entre los que se encuentran Rocha y dos vicepresidentes del organismo, fueron detenidos a mediados de año en Zúrich, antes de participar en el congreso anual de la FIFA, por cargos de corrupción. Todos los detenidos fueron arrestados por la Policía suiza a petición de la Justicia estadounidense, que les acusa de organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros. (Con información de La Prensa)

El capítulo argentino de Transparencia Internacional (TI)– Poder Ciudadano— presentó esta semana un informe sobre corrupción y transparencia. Se trata de un libro de más de 300 páginas con información y análisis sobre la situación del país y cómo mejorarla, que fue escrito entre más de veinte profesionales especialistas. El libro es un llamado de atención a los habitantes sobre su rol de ciudadanos. En su comienzo plantea la necesidad de “correr los márgenes de la democracia” para que no sea simplemente delegativa y “que los que ganen las elecciones puedan hacer lo que quieran” sino que el pueblo también controle y le exija a sus gobernantes una buena gestión. Por otra parte, analiza cuatro casos puntuales que fueron noticia y dejaron en evidencia la corrupción: el “Caso Ciccone” (que involucra al vice presidente Amado Boudou), el intento de destitución por parte del Gobierno del fiscal José María Campagnoli, la tragedia de Once y el triple crimen de General Rodríguez, donde se descubrió el aporte de dinero proveniente del narcotráfico para campañas. (Con información de Clarín)

Autoridades rusas, en represalia por las sanciones occidentales vinculadas a su papel en la crisis de Ucrania, están tratando de enmendar las leyes del país para tipificar penalmente el contrabando de alimentos occidentales, para ponerlos a la par de comercialización de explosivos o materiales radiactivos mortales. Luego de que EE.UU., la Unión Europea y varios otros países sancionaron a ciertos funcionarios e industrias rusas, el país prohibió ciertas importaciones de alimentos de ciertas regiones. Con la nueva propuesta se etiquetaría ciertos alimentos prohibidos, como el queso, frutas y otros artículos, como de “importancia estratégica, similar a los venenos o armas, aumentando las penas de US$ 4,500 hasta siete años de prisión”. (Con información de Associated Press)

Un ex director para América Latina de SAP International Inc. se declaró culpable la semana pasada de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) tras haber sobornando a funcionarios panameños para obtener contratos gubernamentales en el área de la tecnología.

Vicente Eduardo García, de 65 años, de Miami, se declaró culpable de un cargo de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la FCPA. La sentencia, por parte del juez en California, está prevista para el 16 de diciembre.

García y los otros delincuentes utilizaron contratos y facturas falsas para ocultar los sobornos, señaló el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

García también llegó a un acuerdo por una acción legal de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que lo acusaba de haber organizado un esquema de corrupción para el pago de sobornos. El Departamento de Justicia de EE.UU. señala que a finales de 2009, SAP buscó obtener un contrato con una agencia gubernamental de Panamá para proveerle un paquete actualizado de tecnología.

Una investigación de la SEC encontró que García orquestó un plan para pagar sobornos por US$ 145.000  a un funcionario del gobierno y se comprometió a pagar a otros dos para obtener cuatro contratos para vender software de SAP al gobierno panameño. Esencialmente llevó a que SAP, que tiene su sede en Alemania y ejecuta la mayor parte de sus ventas a través de una red de socios corporativos de todo el mundo, vendiera software a un socio en Panamá con descuentos de hasta un 82%.

“Estos excesivos descuentos permitieron a los socios crear una “caja negra” financiada con las ganancias excesivas producto de las ventas para utilizar ese dinero para pagar los sobornos a funcionarios del gobierno panameño así SAP podía  vender el software”, señala la SEC. García también recibió dinero de este fondo secreto.

García conspiró con asesores y consultores SAP para sobornar a dos funcionarios del Gobierno de Panamá, y el agente de un tercer oficial.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, García dijo que creía que los sobornos eran “necesarios para asegurar tanto el contrato inicial como contratos gubernamentales adicionales”.

La SEC llegó a un acuerdo con García a través de una medida administrativa y no llevó el caso a tribunales. García violó las disposiciones anticorrupción y de controles internos de la FCPA, según la orden de la SEC.

Para resolver con la SEC, García accedió a pagar US$ 92.395, que es la suma de US$ 85.965 – la cantidad total de sobornos que recibió – más los intereses anteriores a la sentencia de US$ 6.430.

Los sobornos ayudaron a socio de Panamá de SAP obtener un contrato para actualizar tecnología valorado en US$14,5 millones, incluyendo US$ 2,1 millones en licencias de software para SAP.

El gobierno de Panamá luego otorgó al socio en el canal más contratos que incluían adicionales productos SAP por un valor de US$1,2 millones.

Según la orden de la SEC:

• El ardid duró entre 2009 y 2013.
• García, para esquivar los controles internos de SAP, presentó varios documentos para ser aprobados por SAP donde mentía sobre las razones para otorgar los excesivos descuentos al socio local.
• García utilizó su cuenta de correo electrónico de SAP y su cuenta de correo electrónico personal para comunicar los detalles de la trama de sobornos e incluso identificar a los funcionarios del gobierno y los montos de sobornos.
• En un correo electrónico a un funcionario del gobierno, García adjuntó una carta con el membrete de SAP detallando reuniones ficticias en México conforme a lo solicitado por el funcionario para justificar un viaje allí con falsas excusas. Al día siguiente, García envió un correo electrónico preguntando: “¿Alguna noticia…? ¿Estaba bien el documento para él? ¿Puedes pedirle que finalice el acuerdo para nosotros en febrero-marzo, necesito entre US$ 5 y US$ 10 millones?”.

SAP, con sede en Alemania y que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York, provee servicios en más de 180 países y cuenta con más de 68.000 empleados.

Lea aquí la acción penal del Departamento de Justicia

Lea aquí el acuerdo con la SEC

La última versión sobre las vulnerabilidades frente a los delitos financieros de un influyente documento que clasifica distintos países, que puede utilizar información más precisa sobre la aplicación de las leyes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), muestra un interesante panorama con el ascenso y descenso de varios países.

Las actuales 10 regiones de mayor riesgo en el índice “2015 Basel AML” permanecen casi sin cambios frente al año anterior, y países como Irán, Afganistán, Malí, Mozambique y Myanmar continúan en la cima de los países con mayores riesgos frente a los delitos financieros. Finlandia y Estonia siguen siendo las jurisdicciones de menor riesgo en el año 2015. Esta es la cuarta edición desde la creación del índice en 2012.

La clasificación final del índice es un promedio ponderado de 14 indicadores de diversas fuentes disponibles al público, tales como el GAFI, Transparencia Internacional, Banco Mundial y el Foro Económico Mundial , otros grupos y análisis internos. Aquí se puede acceder al informe (https://index2015.baselgovernance.org/start_index)

Los recuentos finales para los países en el índice de Basilea ALD 2015 – y si se percibe que las regiones están mejorando o no en su lucha contra la delincuencia financiera – han tomado una importancia aún mayor en los últimos años a medida que los grandes bancos internacionales se han embarcado en una tendencia para deshacerse de clientes, productos y regiones considerados de alto riesgo, una tendencia conocida como “de-risking”.

Al mismo tiempo, los países están más presionados que nunca para rediseñar sus leyes y reforzar la mecánica de ejecución e implementación después de que el GAFI actualizara sus 40 recomendaciones sobre los delitos financieros.

Como parte de un amplio fortalecimiento de los estándares, el grupo supranacional se embarcó en un cambio radical en el foco en sus evaluaciones, pasó de enfocarse en el cumplimiento técnico, tal como apuntar a la “letra” de las leyes, para apuntar a la verdadera eficacia de las mismas, que podría llevar a escudriñar elementos como por ejemplo si el país está desacelerando el movimiento de fondos ilícitos, congelando y confiscando una mayor cantidad de dinero sucio o desmantelando importantes redes criminales.

El índice ALD es desarrollado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza — Basel Institute on Governance—, a través de su Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés). El instituto está afiliado a la Universidad de Basilea, con otras divisiones centradas en el gobierno corporativo y público. El índice no está asociado con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.

La edición actual del índice cubre 152 países y asigna a cada país una puntuación en una escala de 0, el riesgo más bajo, a 10. Los puntajes de alto riesgo en el índice “generalmente indican normas ALD / CFT débiles, bajas capacidades institucionales y falta de transparencia en el sector financiero y público”, según el grupo.

Estándares más altos y nueva información lleva a los países a mejorar sus esfuerzos ALD

Desde el inicio del proyecto hace tres años – y coincidiendo con los nuevos estándares del GAFI que ponen un mayor énfasis en la eficacia – ha habido un creciente impulso para que los países adopten normas más estrictas contra la delincuencia financiera y se aseguren que estas mejoras no sean solo en papel, señala Selvan Lehmann, director del proyecto.

“Hay tendencia general que muestra que muchos países han mejorado las puntuaciones debido a la adopción y ejecución de nuevas legislaciones en línea con las normas internacionales”, y los requisitos actualizados, dijo, y señaló que los países no quieren ser juzgados con demasiada dureza cuando los evaluadores del GAFI comiencen la nueva ronda de evaluaciones.

Curiosamente, los cinco países que han sido evaluados por el GAFI en virtud de los nuevos estándares y cuyos resultados han sido publicados – Australia, Bélgica, España, Etiopía y Noruega- experimentaron una caída en su clasificación en el índice, principalmente debido a que ahora hay más información sobre la verdadera eficacia de las leyes contra una amplia gama de delitos financieros, dijo Lehmann.

Para los países en el futuro, cuando GAFI haga disponible la clasificación de la eficacia, el grupo va a actualizar el índice ALD, que toma muy en consideración esos resultados. Lehmann señaló que los estándares de eficacia y de aplicación de ley representan hasta un tercio o más de la clasificación final.

Una buena fuente riesgo regional, pero se necesita más información

Desde un punto de vista más regional, el índice clasifica a Tayikistán, Ucrania y Rusia como algunos de los países de mayor riesgo en Europa y Asia Central, mientras que Luxemburgo, Grecia y Alemania tienen los riesgos más altos entre los estados miembros de la Unión Europea. Irán, Yemen y Líbano son los países de mayor riesgo en el Medio Oriente y África del Norte. Paraguay, Bolivia, Panamá y República Dominicana son los países de mayor riesgo en América Latina.

El índice, a pesar de ser exhaustivo y riguroso, “no es la respuesta para cualquier banco en cualquier actividad, pero es parte de la composición de cálculo de riesgo de un banco para hacer negocios en un país”, dijo Alma Angotti, directora gerente en Washington DC de la oficina de Navigant, una firma de consultoría.

Además del riesgo país, las instituciones financieras también van a incluir otros factores de riesgo para formar una figura compuesta de variables agravantes y atenuantes, tales como el tipo de negocio, productos, servicios, socios y contrapartes y transacciones reales y estimadas que pasarán por la cuenta, dijo.

El índice puede ser un punto de datos críticos para las instituciones financieras que buscan ahorrar gastos extras para mitigar el riesgo, o reguladores que preguntan por qué protocolos de vigilancia en una región determinada fueron modificados, señala.

No sorprende que las puntuaciones de efectividad del GAFI puedan bajar la calificación de un país en el índice. Esos datos son un referente clave del verdadero compromiso de un país en la lucha contra la delincuencia financiera y para hacer responsable a los bancos por fallas en los programas y controles, dijo.

El índice revela que los mayores riesgos están vinculados con ingresos y leyes fiscales anémicos

El índice muestra algunas posiciones interesantes, como por ejemplo que México está mejor que Canadá y Perú mejor que EE.UU. y el Reino Unido, dijo Angotti, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la práctica el cumplimiento normativo a través de altos cargos en la Comisión del Mercado de Valores, FinCEN y Financial Industry Regulatory Authority, el organismo autorregulador del sector de valores.

Las mejoras más importantes en comparación con la edición de 2014 fueron realizadas por Azerbaiyán, Camboya, España, Túnez, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Los países que empeoraron significativamente sus puntajes en la última clasificación son Guinea, Guatemala, Jamaica y Montenegro.

La información en el último índice muestra que el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo es “particularmente alto en los países de bajos ingresos con la legislación contra el lavado de dinero insuficiente y vulnerabilidades estructurales y funcionales tales como los altos índices de corrupción percibida, falta de fuerza judicial, y falta de transparencia pública y financiera”.

La nueva lista tiente algunos cambios en comparación con años anteriores

Algunas jurisdicciones han sido retiradas de la lista debido a la falta de información: Bahamas, Bielorrusia, Brunei, Comoras, Djibouti, Kosovo, Maldivas, Siria, Sudán, Togo, Irak y Omán. Dos países fueron añadidos, Etiopía y Ruanda.

Casi 80 entidades, incluyendo grandes compañías, instituciones financieras y bancos centrales, se han suscrito a la versión paga, que es más rigurosa, demostrando su confianza en el índice, señala Lehmann.

Riesgo atado a la percepción de corrupción, libertades y transparencia

Calibrar con precisión el riesgo para una entidad financiera es “muy complicado”, señala Lehmann. Esos resultados le informarán a las entidades dónde necesitan procedimientos de debida diligencia mejorada, que a su vez demandará más recursos de cumplimiento.

“Algunas instituciones financieras tienen que evaluar el riesgo de la transacción, el riesgo corporativo y el riesgo del producto y hacer esta medición para todos los países, lo que puede ser una tarea muy pesada y engorrosa, especialmente para instituciones más pequeñas y medianas”, que pueden no contar con sofisticados sistemas automatizados o informáticos, dijo Lehmann. El índice ha sido una bendición para este tipo de operaciones, dijo.

Sabiendo la presión que experimentan las instituciones financieras para lograr una adecuada evaluación del riesgo, es fundamental que el grupo adopte un “enfoque holístico de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”, como la inclusión de la percepción de la corrupción y la transparencia general del sector financiero de un país e incluso la libertad de prensa y las libertades de sus grupos de la sociedad civil de la región, dijo Lehmann.

“Hemos tratado de crear una clasificación equilibrada que no se base en un solo ítem, sino que esté relacionada con las vulnerabilidades generales del país frente al lavado de dinero. Eso es importante porque por lo general no hay datos concretos disponibles sobre la cantidad de lavado de dinero que ocurre en un país por parte de grupos del crimen organizado”.

Una encuesta realizada a cerca de 180 profesionales encargados del área de cumplimiento en la industria de servicios financieros por la firma de Cipperman Compliance Services de EE.UU. encontró que el 70% de los encuestados señaló que potenciales clientes han solicitado que se revisen las políticas de cumplimiento de su organización o que entrevisten al personal de cumplimiento.

Los resultados en muestran que el cumplimiento se está convirtiendo en una parte integral de las operaciones de una empresa.

La encuesta también encontró que el 63% de los encuestados señaló que tiene un comité de cumplimiento en su empresa, por encima del 48% en 2014, mientras que el 88% dijo que han llevado a cabo una revisión de cumplimiento en el año pasado, frente a un 67% en la encuesta del año anterior. La nueva encuesta revela que los administradores de activos, agentes de bolsa y otras empresas están adoptando el cumplimiento como una función básica de su negocio.

La segunda edición anual de la encuesta muestra que a pesar de que un mayor número de empresas ha formado comités de cumplimiento y ha llevado a cabo una revisión de sus programas de cumplimiento en el último año, solo el 18% asigna más del 5% de su facturación a tales actividades (el valor de referencia de la industria).

A medida que continúa el escrutinio regulatorio sobre la industria, las presiones de los clientes han impulsado un camino de toda la industria hacia la adopción de procedimientos formales de cumplimiento.

El 81% de los encuestados está “preocupado” o “muy preocupado” por la práctica de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de nombrar y procesar a individuos. Por otra parte, el 70% de los encuestados también informa que potenciales clientes han pedido que se revisen las políticas de cumplimiento o que se entreviste al personal de cumplimiento, lo que sugiere que el cumplimiento se ve ahora como una parte integral de una firma financiera deseable.

“Obtener la confianza de los clientes es esencial en la administración o gestión de activos”, señaló Todd Cipperman, Gerente Principal de CCS. “La capacidad de un gerente para demostrar que un programa de cumplimiento es sólido se transforma en un factor importante para obtener negocios de gestión de activos de los inversores institucionales e individuales”.

Como consecuencia, las empresas han tomado medidas concretas para formalizar sus procedimientos de cumplimiento. El 63% de los gestores de activos indican que tienen un comité de cumplimiento en su empresa, en comparación con el 48% de 2014. Por otra parte, el 88% de todos los encuestados informan que han llevado a cabo una revisión de cumplimiento en el último año, en comparación con el 67 % que respondió de igual manera en 2014.

“Las empresas están optando por delegar estos deberes a los comités e individuos cuya única responsabilidad sea el cumplimiento—a diferencia de ocuparse de múltiples tareas—, lo que ha demostrado ser el medio más eficaz de mantener una cultura de cumplimiento”, señala Cipperman. “Personal de cumplimiento dedicado enteramente a reducir los conflictos de interés, estar al tanto del cambiante panorama regulatorio, y garantizar que el cumplimiento no pase a un segundo plano dentro de la empresa.”

Los recursos no están a la altura del compromiso

A pesar de que las empresas indican que destinan personal para el cumplimiento, todavía tienen que dedicar la cantidad adecuada de recursos a sus programas. Apenas más de la mitad de los encuestados, el 53%, señaló que dedicó entre el 0% y el 5% de sus ingresos totales en el cumplimiento.

Es una muestra alarmante que un número significativo de los encuestados (que están a cargo de las actividades de cumplimiento en sus empresas) no tenían conocimiento de cuánto gastan en cumplimiento. El 29% de los administradores de activos (asset managers), el 35% de los agentes de bolsa, 14% de los gestores alternativos (alternative managers), y el 31% de los administradores de riqueza (wealth managers), no pudo identificar lo que gastan en el cumplimiento.

“Estas cifras muestran, como lo hicieron el año pasado, que es mucho más fácil hablar de cumplimiento cuando hacen lo que tienen que hacer o pasan a la acción”, señala el director gerente de CCS Jason Ewasko. “Las empresas deben destinar un mínimo de 5% de los ingresos o dos puntos básicos de activos bajo gestión al cumplimiento con el fin de tener un programa efectivo. Menos que eso coloca a sus negocios, y en casos extremos de sus finanzas personales, en situación de riesgo”.

La tercerización de la función de cumplimiento es cada vez más atractiva

Luego de los más recientes reconocimientos por parte de la SEC sobre la tercerización de actividades de cumplimiento y resoluciones judiciales que validan la práctica, la encuesta encuentra que la industria ha adoptado rápidamente la práctica. El 57% de los encuestados dice que subcontrata parte o la totalidad de su función de cumplimiento, un aumento del 24% en comparación con la encuesta de 2014. Liderando la tendencia de las empresas que tercerizan estas funciones se encuentran los agentes de bolsa en 65% y los gestores alternativos en 68%.

El 53% de los encuestados describieron sus firmas como administradores de activos (asset managers), el 15% como gestores alternativos (alternative managers), el 13% como agentes de bolsa, el 8% como administradores de riqueza (wealth managers) y en la categoría de “otros”, el 11%.

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