El Informe sobre la Evaluación de la Estabilidad del Sistema Financiero (FSAP) de los Estados Unidos fue preparado por un equipo de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. El informe evalúa la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y no de las instituciones individuales. Este informe tiene la finalidad de ayudar a los países a identificar las principales fuentes de riesgo sistémico en el sector financiero y poner en práctica políticas para mejorar su resistencia a las crisis y el contagio.

Estados Unidos se encuentra sujeto a una completa evaluación mutua por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional desde el primero de junio de 2015, y los resultados finales estarán listos en 2016.

El Informe del FMI se produce como módulo o parte del programa general de evaluación del sector financiero que realiza cada cinco años. Entre algunas de las conclusiones y recomendaciones formuladas en el Programa de Evaluación del Sector Financiero en las áreas de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, tal vez uno de los puntos más importantes que resalta el informe es la vulnerabilidad que presenta el país norteamericano ante la falta de información completa sobre las personas físicas detrás de las personas jurídicas en algunos estados del país.

La última evaluación del GAFI en 2006 encontró que Estados Unidos había puesto en marcha un sistema ALD / CFT que estaba acorde con los estándares internacionales, aunque se identificó una importante deficiencia. En esa evaluación se señalaba el incumplimiento de EE.UU. en materia de transparencia societaria

Este nuevo informe del FMI pide que se adopten medidas para solucionar este problema. Una de las falencias es que al no haber ley federal de creación y registro de sociedades, se deja a cada estado la regulación de este tema con el resultado de que varios estados han pugnado por atraer empresas con requisitos mínimos para constituirse y pagar las tasas en su territorio.

Estados Unidos ha fortalecido significativamente su régimen ALD / CFT desde la evaluación mutua anterior, incluso a través de un nuevo y mejorado marco legal, sin embargo, hubo una deficiencia con respecto a la disponibilidad de información de propiedad de sociedades y fideicomisos.

También hubo otras deficiencias como por ejemplo con respecto a la recomendación relacionada con la debida diligencia del cliente, que es una de las recomendaciones principales del GAFI y los requisitos aplicables a determinadas actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).

El marco legal e institucional de Estados Unidos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo todavía tiene que hacer frente a las deficiencias detectadas en el más reciente informe de evaluación mutua del GAFI en relación con la información de propiedad de sociedades y fideicomisos estadounidenses; en especial, un progreso más rápido para mejorar la transparencia de las personas jurídicas para reforzar la integridad del sistema financiero.

Señala el informe que se han presentado en Estados Unidos proyectos de ley y normativas para fortalecer la obligación de las instituciones financieras de identificar y verificar la identidad de los dueños finales de las personas jurídicas y hay intensión de mejorar el acceso de las autoridades a la información sobre la propiedad efectiva o el beneficiario final y el control de las corporaciones estadounidenses, pero estas medidas para hacer frente a las deficiencias detectadas en la última evaluación del GAFI progresan lentamente.

En 2010 las autoridades fiscales estadounidenses comenzaron a requerir datos que incluye información del beneficiario final de las personas jurídicas y fideicomisos que solicitan un Número de Identificación de Empleador (EIN), lo que se requiere cuando tienen ingresos, empleados, o están obligados a presentar algún documento con la Servicio de Rentas Internas (IRS) para abrir una cuenta con una institución financiera. No obstante, continúan las deficiencias, e incluso una vez terminado, los cambios previstos pueden no terminar abordando por completo todas las deficiencias citadas en el último informe de evaluación mutua del GAFI.

El enfoque adoptado por las fuerzas del orden para acceder a la información del beneficiario final, que depende en gran medida de una amplia gama de facultades de investigación y técnicas, si bien muchas veces puede ser exitoso no siempre puede garantizar el acceso a tiempo a la información actualizada de todas las corporaciones estadounidenses.

Según el informe, la falta de transparencia puede afectar la eficacia de las autoridades en la identificación y el enjuiciamiento de las personas que lavan dinero a través de empresas y fideicomisos estadounidenses, incluido el lavado asociado con la evasión de impuestos en  Estados Unidos y en el extranjero, por parte de ciudadanos estadounidenses y extranjeros, respectivamente, y de cooperar eficazmente con sus homólogos extranjeros en este sentido.

Lea el FSAP haciendo clic aquí

Por Daniela Guzmán
10 de julio de 2015

Parecería que todos los días hay una nueva protesta en las calles de América Latina, desde México a Sao Paulo y Buenos Aires. Los ciudadanos de la región están cada vez más preocupados y enojados por algo que no es nuevo para ellos, pero que se está expandiendo  tanto en su alcance como consecuencias.

La corrupción en América Latina es un problema sistémico que se encuentra arraigado en la cultura empresarial y la estrategia política. A pesar de los importantes esfuerzos del sector público, entidades privadas y grupos de defensa, la corrupción sigue afectando a la región, lo que causa un obstáculo económico importante, reduce la confianza de los inversionistas, y empeora la desconfianza del público.

Escándalos recientes han confirmado que el soborno y el abuso de cargos públicos son endémicos y forman parte de los negocios en América Latina. En gran parte debido a los complejos procedimientos burocráticos y confusos sistemas jurídicos junto con la debilidad en la supervisión y fiscalización, la corrupción ha crecido fuera de control en la región.

La corrupción va de la mano con la violencia y el crimen organizado, se retroalimenta. A pesar de los esfuerzos legislativos que se van introduciendo o las reformas de las leyes anticorrupción que tipifican delitos como cohecho y extorsión, América Latina sigue luchando.

En este gráfico, hemos recopilado indicadores de corrupción en siete de las economías más grandes de la región, así como las iniciativas para poder frenar la corrupción. Por favor, consulte estas notas al pie de página para obtener más información acerca de los factores de corrupción.

Haga clic en el grafico para verlo en formato completo en PDF.

* Transparencia Internacional, grupo internacional dedicado a la publicación de informes sobre la corrupción en todo el mundo y a promover la transparencia a través de capítulos locales, ha clasificado a 175 países y territorios de todo el mundo basándose en qué tan corruptos el sector público en estos lugares es percibido. Ver los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción para 2014. La calificación de un país o un territorio indica el nivel de percepción de la corrupción en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

** El control de la corrupción se refiere a la percepción sobre el poder que puede ejercer el poder público para beneficio privado. Control de la Corrupción es una de las seis dimensiones de los Indicadores Mundiales de Buen Gobierno, realizado por el Banco Mundial.

*** El GAFI es un órgano normativo intergubernamental cuyo propósito es establecer normas internacionales, y desarrollar y promover políticas, tanto a nivel nacional como internacional, para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El GAFI ha emitido 40 recomendaciones para combatir el lavado de dinero y 9 recomendaciones especiales para luchar contra la financiación del terrorismo, aunque ahora solo hay 40 recomendaciones.

**** La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo intergubernamental que promueve políticas para mejorar el bienestar económico y social de las regiones de todo el mundo. La convención anti-soborno de la OCDE estableció normas jurídicamente vinculantes para tipificar como delito el soborno de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales y prevé una serie de medidas conexas para hacer esto efectivo. Los 34 países miembros de la OCDE y siete países no miembros han adoptado esta convención. (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México de Latinoamérica).

Por el Equipo de ACFCS
10 de julio de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros un experto en delitos financieros dice que Londres es un centro de lavado de dinero del narcotráfico, un oficial que supervisó la polémica elección de las sedes para los mundiales de la Copa del Mundo en 2018 y 2022 fue suspendido por la FIFA, la firma de seguridad cibernética de Hacking Team fue una víctima de un ataque cibernético, y más.

Corrupción

De acuerdo con una acusación, un representante de un banco del Caribe facilitó una transacción presuntamente ilegal al volar a Nueva York para recoger personalmente un cheque y luego depositarlo en una cuenta en las Bahamas. El servicio de mensajería inusual fue proporcionado por un oficial no identificado del CIBC FirstCaribbean International Bank con sede en Barbados, según la acusación. CIBC First Caribbean es una subsidiaria de Canadian Imperial Bank of Commerce, el quinto banco más grande de Canadá. Los fiscales estadounidenses alegan el cheque fue parte de un soborno de US$ 10 millones a cambio de los votos del entonces vicepresidente de la FIFA Jack Warner, Blazer y otro oficial de la FIFA para que Sudáfrica se convierta en la sede de la Copa del Mundo de 2010.

Harold Mayne-Nicholls, el chileno que advirtió al comité ejecutivo de la FIFA sobre el calor del verano en Qatar, ha sido suspendido de las actividades relacionadas con la FIFA durante siete años. Mayne-Nicholls, el ex presidente de la federación chilena, había considerado postularse como candidato para competir contra el suizo Joseph Blatter por el liderazgo de la FIFA en la elección del pasado mes de mayo. Mayne-Nicholls encabezó la comisión técnica encargada de evaluar todas las ofertas en la polémica campaña de 2018-2022. (Con información de World Soccer).

La corrupción sigue siendo endémica en cinco países europeos, según la organización anticorrupción Transparencia Internacional. Las elites políticas y empresariales en cinco países vecinos de la UE y Rusia ejercen una influencia indebida sobre el poder judicial y el poder legislativo, lo que permite la corrupción, señaló la organización. La falta de progreso en Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania está obstaculizando el progreso democrático y socavando una mayor cooperación económica y política con la UE. (Con información de Reuters).

Ciberdelito

La firma de seguridad cibernética de Hacking Team parece haber sido la víctima de un hackeo, luego de que documentos mostrando que vendió software a regímenes represivos se publicaran en la cuenta de Twitter de la compañía. La compañía con sede en Italia ofrece servicios de seguridad a la policía y los organismos de seguridad nacionales, así como los servicios de seguridad legales, usando malware y vulnerabilidades para obtener acceso a las redes de destino. Según los documentos, 400 GB de los cuales han sido publicados, Hacking Team ha estado trabajando con numerosos gobiernos represivos, algo que previamente había negado. (Con información de The Guardian).

Lavado de dinero

Un ex líder del notorio cartel del Golfo de México ha sido condenado a 30 años en una prisión de Estados Unidos y una multa de US$ 100 millones. Juan Francisco Sáenz-Tamez fue sentenciado el martes por un juez en Beaumont, Texas, por narcotráfico y lavado de dinero. El delincuente, de 23 años de edad, fue arrestado en octubre pasado durante un viaje de compras a Texas. Los fiscales dicen que Sáenz-Tamez fue responsable de enviar al menos media tonelada de cocaína y 90 toneladas de marihuana a EE.UU. Los investigadores creen que el cartel de la droga lavó US$100 millones. (Con información de Associated Press).

Londres es el centro de lavado de dinero del narcotráfico mundial, según un experto de renombre internacional, Robert Saviano. Los bancos y servicios financieros de Gran Bretaña han ignorado las obligaciones y reglas “conozca a su cliente” diseñadas para obstaculizar el accionar de los criminales para el blanqueo de los productos del delito, advirtió Saviano. El mes pasado, la Agencia Nacional de la Delincuencia del Reino Unido advirtió que a pesar del papel del Reino Unido en la elaboración de normas internacionales para enfrentar el lavado de dinero, equivale a una “amenaza estratégica para la economía y la reputación del Reino Unido”. (Con información de The Independent).

Algunos de los aliados más cercanos de Vladimir, entre ellos el presidente de OAO Gazprom ayudó a uno de los grupos criminales más grandes de Rusia a operar desde España durante más de una década, señalan fiscales en Madrid. Los miembros de la organización criminal Tambov de San Petersburgo se trasladaron a España cuando Putin era vice alcalde de la antigua capital zarista, para el lavado de las ganancias de sus actividades ilícitas, señalan los fiscales. El único funcionario ruso que enfrenta posibles cargos es Vladislav Reznik, miembro del gobernante partido de Putin Rusia Unida y jefe adjunto del comité de finanzas en la cámara baja del parlamento. (Con información de Bloomberg).

Un monitor independiente que escudriña los esfuerzos de HSBC Holdings PLC para mejorar sus programas de cumplimiento ALD y de sanciones ha comenzado una nueva revisión que se centrará en el progreso general de la entidad hasta la fecha. También comenzará a operar en 11 países diferentes y ciertas líneas de negocio, según un informe. El documento de dos páginas no indica qué países donde opera HSBC o cuáles líneas de negocio serán examinados por el monitor de cumplimiento corporativo. (Con información de via Regulatory Intelligence).

El GAFI está impulsando un enfoque basado en el riesgo para las divisas y servicios virtuales. Productos y servicios de pago de divisas virtuales exponen al sistema financiero mundial al lavado de dinero y al riesgo de la financiación del terrorismo, según los expertos. El GAFI proporciona sugerencias, ideas y mejores prácticas en un documento de 48 páginas para ayudar al sector privado a identificar el lavado de dinero y los riesgos de financiamiento del terrorismo en el área de la moneda virtual, y para ayudar a las autoridades nacionales a desarrollar marcos jurídicos y normativos para abordar ese riesgo. La guía del GAFI sugiere posiblemente desarrollar o utilizar “sistemas de identidad digital de terceros” para que sea más fácil cumplir con los requisitos de cumplimiento antilavado de dinero. (Con información de Wall Street Journal).

Por Brian Monroe
8 de Julio

La organización internacional encargada de establecer los estándares globales para combatir la delincuencia financiera está presionando a los países para que rediseñen sus leyes contra el lavado de dinero con el objetivo de controlar los cambistas, operadores e intermediarios de divisas virtuales y para que presten más atención a los servicios y las regiones donde operan organizaciones sin fines de lucro.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en su sesión plenaria hace algunos días dio a conocer una serie de actualizaciones e informes sobre algunas vulnerabilidades, conocidas y emergentes, que podrían dar a criminales o terroristas una entrada más fácil en el sistema financiero internacional, poniendo más presión sobre los bancos para que descubran vínculos con estas entidades y revisen los riesgos y protocolos de monitoreo.

Dos informes del grupo supranacional se centran en las estrategias para adoptar un enfoque basado en el riesgo para luchar contra la delincuencia financiera en el área de las monedas virtuales, tales como Bitcoin, y las mejores prácticas para contrarrestar el abuso de las organizaciones sin fines de lucro, en particular los que tienen un nexo con lugares de entrenamiento de terroristas o campos de batalla.

En cuanto a organizaciones de caridad, el GAFI está instando a los países y las instituciones financieras a tomar un enfoque más detallado sobre las leyes vigentes en los países vinculados a estas organizaciones, pero, más importante aún, insta a un mayor escrutinio de las prácticas comerciales de las propias operaciones, sobre todo si están vinculadas con “actividades de servicios”, incluyendo vivienda, servicios sociales, educación y salud, y la intersección con las zonas de conflicto.

El GAFI exhortó a los países a evaluar el riesgo de las operaciones de divisas virtuales que funcionan en sus fronteras y que sea una “prioridad” para actualizar las leyes y normativas relacionadas para poner al sector bajo los controles ALD.

Una lección clave del informe del GAFI, Guía para un Enfoque Basado en el Riesgo para las Monedas Virtuales, es que “los países deben prestar mucha más atención a los riesgos no solo de los cambistas de Bitcoin, sino también de las instituciones financieras que tienen relación con ellos” dijo Ross Delston, un abogado con sede en Washington, y consultor de cumplimiento ALD.

“Si se extiende el concepto de riesgo un paso más allá, la siguiente pregunta es ¿qué deberían estar haciendo los bancos con respecto a sus clientes que son los comerciantes que aceptan Bitcoin?”, dijo.

Los bancos podrían tener que elevar el nivel de riesgo o dar un mayor escrutinio a estos comerciantes debido a la naturaleza riesgosa de la divisa, señala Delston.

El anonimato es un imán para la ilicitud

“Los bancos tienen que preguntarse qué tipo de comerciante acepta una moneda con un valor fluctuante, donde el margen de beneficio del comerciante no puede determinarse en el momento de la venta”, dijo.

Del mismo modo, el “comerciante está vendiendo algo a alguien de forma anónima”, dijo Delston. “El comerciante no tendrá la información normal sobre un cliente que tendría si estuvieran usando una tarjeta de crédito, tarjeta de débito o transacción ACH”.

Eso significa que las transacciones de los clientes del comerciante, si son ilícitas, también serían “totalmente anónimas”, dijo Delston. Añade que los comerciantes en línea que sería especialmente atractivos para los delincuentes estarían vinculados a productos de alta gama, tales como metales y piedras preciosas.

La guía se centra principalmente en los cambistas de Bitcoin – entidades que cambian dólares por bitcoins y viceversa – ya que normalmente deben tener un nexo con el sistema bancario para poder aceptar débito ACH, giros y depósitos en efectivo para acreditar correspondiente valor de bitcoins a las personas, empresas u otras entidades.

La guía sobre monedas virtuales también insta a los bancos y operaciones no bancarias a “considerar los riesgos asociados con la fuente de financiación” para los productos y servicios de pago de moneda virtual, que permiten fuentes anónimas de financiación, incluyendo peer-to-peer (P2P) transferencias de capital de riesgo y la financiación de otros nuevos productos y servicios “que son a su vez anónimos y aumentan los riesgos de LD / FT”.

La guía requiere que los cambistas de Bitcoin adopten el arco completo de un programa ALD, incluyendo controles para conocer la identidad del cliente, el monitoreo de transacciones y la presentación de informes de actividad sospechosa, una tendencia que ya ha comenzado en algunos países como por ejemplo Estados Unidos.

El GAFI señala que algunas operaciones de divisas virtuales deben incluso ir más allá de las obligaciones antilavado estándares como poder realizar “operaciones ocasionales por encima de un determinado umbral, limitar la fuente de financiación a una cuenta bancaria, tarjeta de crédito o débito, o al menos la aplicación de tales limitaciones a la carga inicial, o por un período determinado hasta que se pueda determinar un patrón de transacciones , o para la carga por encima de un determinado umbral”.

Para cambistas virtuales conocidos, revisar el historial ALD

Los bancos deben establecer medidas más fuertes de diligencia debida para los comerciantes y preguntarles si aceptan Bitcoin o preguntar qué volumen de sus negocios está ligado a pagos de Bitcoin, señala Delston.

Si un banco de EE.UU. se entera que tiene cambistas de Bitcoin como clientes, la institución debe preguntar si la compañía está registrada en FinCEN como un negocio de servicios monetarios y pedir una copia de su programa formal ALD y hasta una copia de su más reciente auditoría independiente, lo que ayudaría a medir el riesgo de la entidad o ver si puede necesitar que la cuenta sea cerrada, dijo Delston.

Debido a que muchos jugadores están simplemente rechazando una amplia gama de negocios que consideran riesgosos, las instituciones financieras pueden verse reacias a abrir cuentas para cambistas de dinero virtual o comerciantes que operan con ellas.

Algunas de las señales de alerta de que una cuenta puede estar atada a un cambista de moneda virtual incluyen depósitos en efectivo y giros más altos de los esperados y una salida de dinero hacia jurisdicciones de alto riesgo que no guardan relación con la naturaleza del cliente o el negocio.

Otra señal de alerta sería ver cuentas personales participando en lo que serían actividades comerciales, tales como aceptar o retirar dinero en efectivo y realizar el control, sobre todo si las transacciones rara vez terminen en números enteros.

Diecisiete supuestos jefes y asociados del Clan Úsuga fueron acusados formalmente como parte de un golpe coordinado  en Brooklyn y Miami contra el grupo de narcotraficantes de Colombia.

La fiscalía de Nueva York y la DEA anunciaron esta semana la apertura de cinco acusaciones formales en los tribunales federales en Brooklyn y en Miami imputando cargos a 17 supuestos jefes y asociados de una de las bandas criminales emergentes (bacrim) más grande y con mayor influencia, el Clan Úsuga (antes conocido como los Urabeños). A los supuestos jefes y otros miembros de alto rango dentro del Clan Úsuga se les imputa el manejo de empresas criminales, participación en conspiraciones internacionales de tráfico de cocaína, y de utilizar armas de fuego para llevar a cabo sus delitos de narcotráfico. El Clan Úsuga y muchos de sus principales jefes ya antes habían sido designados por el presidente de Estados Unidos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros como narcotraficantes específicamente designados.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de US$5 millones por información que lleve al arresto y/o condena del supuesto jefe principal del Clan Úsuga, Dairo Antonio Úsuga David, también conocido como Otoniel.

“Las acusaciones formales que se anuncian son el resultado de un esfuerzo nacional e internacional para parar el movimiento de drogas por todo el mundo y dentro de nuestras comunidades”, dijo Kelly T. Currie, Fiscal Federal Interina para el Distrito Este de Nueva York.  “Estamos unidos junto con nuestros socios en Colombia con el firme compromiso de erradicar a los jefes de las empresas narcotraficantes criminales dondequiera que se encuentren”.

Estas acusaciones formales son el resultado de años de trabajo que contó con la ayuda por parte de la Policía Nacional Colombiana y la Oficina de la Fiscalía General de Colombia dijo el Director Regional de la DEA Jay Bergman.  “Estas acusaciones formales representan el compromiso inalterable bilateral de Estados Unidos para definitivamente desmantelar lo que se puede considerar la última de las grandes bandas criminales estructuradas a nivel nacional en Colombia”.

Los jefes del Clan Úsuga fueron acusados tanto en Brooklyn como en Miami como supuestos comandantes del grupo criminal responsables de cobrar impuestos por las drogas, coordinar los envíos de drogas, manejar a los combatientes armados, y mantener control sobre áreas territoriales específicas dentro de Colombia.

Una acusación formal abierta esta semana en Miami acusa a Dairo Antonio Úsuga-David, Jairo De Jesús Durango Restrepo, Roberto Vargas Gutiérrez, a Arístides Manuel Mesa Páez, Alverio Feo Alvarado, Oscar David Pulgarín Ganan, Ramiro Caro- Pineda, César Daniel Anaya Martínez, y Eduardo Luis Vargas Gutiérrez, de conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a Estados Unidos. Específicamente, se les imputa a los acusados la distribución, remontándose desde 2002 e incluyendo hasta junio de 2015 en Colombia, Venezuela, Ecuador, Guatemala, Panamá, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, México y en otros lugares.

Según una acusación formal suplente abierta previamente en Miami a los acusados Henry De Jesús López Londono, también conocido como “Mi Sangre”, Jhon Fernando Giraldo Úsuga, Arley Úsuga Torres,  José Carlos Londono Robledo, Carlos Antonio Moreno Tuberquia, Edison Gómez Molina, y Juan Diego Giraldo Úsuga,  se les acusa de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína sabiendo que sería importada a los Estados Unidos. Gómez Molina, Giraldo Úsuga y Fernando Úsuga se declararon culpables de una acusación formal suplente el 26 de noviembre de 2013, el 20 de marzo de 2014 y el 8 de mayo de 2014, respetivamente. Según sus presentaciones fácticas, remontándose por lo menos a octubre de 2006 y hasta finales de febrero de 2012, Gómez Molina, Giraldo Úsuga y Fernando Úsuga, juntos con otros, utilizaron aviones y otros medios de transporte para enviar múltiples cargamentos de cocaína de Colombia a Centroamérica. Los cargamentos variaban entre 300 y 600 kilogramos cada uno. Desde allí se entregaba la cocaína a representantes de otras organizaciones, que se encargaban de la cocaína y al final la importaban a Estados Unidos.

Cada acusado admitió que era responsable de enviar o de intentar enviar por lo menos 150 kilogramos de cocaína y que sabían que la cocaína al final se importaría a Estados Unidos. Gómez Molina fue sentenciado a 63 meses de cárcel el 4 de febrero de 2014, Giraldo Úsuga a 63 meses el 9 de junio de 2014 y Fernando Úsuga a 168 meses el 29 de agosto de 2014.

En otra acusación formal en Miami, a Víctor Alfonso Mosquera Pérez, también conocido como “Negro”, se le acusa de conspiración para distribuir 5 kilogramos o más de cocaína, sabiendo que sería importada a Estados Unidos. Específicamente, la distribución supuestamente ocurrió desde el 2008 hasta aproximadamente el 9 de mayo de 2014, en Colombia, Honduras, Nicaragua y otros lugares.

Como se detalla en una de las acusaciones formales de Brooklyn, Úsuga-David, Vargas Gutiérrez, Moreno Turberquia, y otros, como jefes del Clan Úsuga , conspiraron para importar más de 73 toneladas de cocaína a Estados Unidos.  El Clan Úsuga coordinó la producción, compra y traslado de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína, así también como la recepción de los cargamentos de cocaína en México y Centroamérica, para la importación final a Estados Unidos. El Clan Úsuga también controlaba territorios en varias áreas de Colombia e imponía un impuesto a cualquier narcotraficante que trabajase en esos territorios, una tarifa establecida por cada kilogramo de cocaína fabricado, almacenado o transportado a través de las áreas bajo su control.  La acusación formal alega además que los acusados empleaban a sicarios, quienes llevaban a cabo actos de violencia incluyendo homicidios, agresiones, secuestros y asesinatos para cobrar deudas de drogas, mantener la disciplina, controlar y ampliar el territorio de drogas y para promover y mejorar la posición de la organización.

En la segunda de las acusaciones abiertas en Brooklyn a Orlando Gutiérrez-Rendón, se le acusa de encabezar la organización de narcotráfico Gutiérrez-Rendón, dicha  organización de tráfico de cocaína y de cobros de deudas de cocaína basada en Cali, Colombia, que estaba alineada con el Clan Úsuga.  Según la acusación, la organización de Gutiérrez-Rendón estaba involucrada en el envío de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína desde Colombia a México, El Salvador y Panamá para su importación final dentro de Estados Unidos.  Se alega además que la organización actuaba también como agencia de cobros, usando violencia y asesinatos para cobrar pagos y deudas pendientes relacionados con los envíos de cocaína, de parte del Clan Úsuga. A cambio de su papel en el cobro de fondos, la organización recibía un porcentaje de participación como dueños en los cargamentos de cocaína. A Gutiérrez-Rendón se le acusa también de conspirar para asesinar a narcotraficantes rivales, incluyendo el asesinato de Samir García.  Entre enero de 2006 y mayo de 2013, Gutiérrez-Rendón supuestamente importó más de 30.000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos.

En la tercera acusación se atribuye a Gustavo Palomino Araujo de encabezar la organización Palomino Araujo, organización responsable de tráfico de cocaína, cobros de deudas de cocaína y una organización paramilitar basada en Cali que estaba alineada con el Clan Úsuga. Se alega que la organización facilitó el traslado de envíos de múltiples toneladas de cocaína desde Colombia a México y Centroamérica para su importación a Estados Unidos, que controlaba territorio en varias áreas de Colombia, que imponía un impuesto a cualquier narcotraficante operando en las regiones bajo su control, y que empleaba a sicarios para cobrar deudas. A Palomino Araujo también se le acusa de conspirar para asesinar a numerosos narcotraficantes rivales.

En total, se imputan cargos a 25 individuos en las investigaciones coordinadas entre las Oficinas de las Fiscalías Federales de Estados Unidos en Brooklyn y Miami. Todos los acusados contemplan una sentencia máxima de cadena perpetua si se les condena por todos los cargos en su contra. Ciertos individuos nombrados en las acusaciones formales abiertas hoy también tienen cargos en otras Oficinas de Fiscalías Federales de los Estados Unidos. Estos casos son el resultado de esfuerzos continuos por parte del Grupo Conjunto de Trabajo Contra el Crimen Organizado de Narcotráfico  (OCDETF), una asociación entre agencias de orden público a nivel federal, estatal y local. La misión de OCDETF es identificar, investigar y procesar a miembros de alto nivel de las organizaciones de narcotraficantes, uniendo y vinculando las pericias y capacidades únicas de las fuerzas de orden público federales, estatales y locales.

“Los casos señalados demuestran que el gobierno de Estados Unidos, en colaboración con nuestros socios internacionales para el cumplimiento de la ley, sigue combatiendo con éxito a los jefes y asociados de las empresas criminales que quieren suministrar estupefacientes dentro de los Estados Unidos”, dijo Wifredo A. Ferrer, Fiscal Federal de Estados Unidos para el Distrito Sur de la Florida. “Juntos, las Oficinas de las Fiscalías Federales de Estados Unidos y las autoridades de Colombia nos dedicamos a desmantelar sistemáticamente una estructura de bandas criminales tras otra, y a eliminar la amenaza que presentan para nuestras comunidades”.

Por Brian Monroe
18 de Junio, 2015

En los próximos meses, la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos y el principal árbitro del marco legal contra el lavado de dinero del país norteamericano estará presentando un grupo de nuevas normativas (propuestas, resucitadas y finalizadas) para proteger mejor al país contra las amenazas de criminales y terroristas.

La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) está finalizando su propuesta para exigir a las entidades financieras capturar información sobre el beneficiario final, está relanzando una iniciativa para exigir a los bancos y los remitentes de dinero obtener más información sobre los giros transfronterizos, y está bosquejando obligaciones antilavado para varios sectores de la industria de inversión, entre otras medidas.

El momento también coincide con la presentación el viernes pasado de dos informes clave interinstitucionales sobre delitos financieros que ponen de relieve los riesgos y vulnerabilidades del país para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo: La Evaluación de Riesgo de Lavado de Dinero Nacional y su publicación hermana, la Evaluación Nacional de Riesgos Financiamiento del Terrorismo.

Los próximos cambios en las normativas por parte de FinCENson probablemente informados en los documentos de evaluación de riesgo y pueden ser en parte impulsados por el hecho de que el predecesor de la actual directora Jennifer Shasky de Calvery, Jim Freis, fue criticado por “demorar demasiado para publicar algunas de las regulaciones,” señala Alma Angotti, directora gerente en la oficina de Washington, DC de Navigant, una firma de consultoría.

“Me parece que la nueva directora quiere dejar el tema claro” para mostrar a la plana mayor en el Tesoro y el Congreso que está tomando esta parte de su trabajo en serio, dijo Angotti, quien tiene más de 25 años de práctica regulatoria a través de posiciones de alto rango en la Comisión de Bolsa y Valores, FinCEN y la Autoridad reguladora de la Industria Financiera, principal órgano de autorregulación del sector de los valores.

“Muchas de estas reglas han estado dando vueltas durante mucho tiempo”, dijo, agregando que ella escribió la primera propuesta para los asesores de inversiones en el año 2002. “No tener una regulación antilavado de dinero para los asesores de inversión es un enorme boquete”.

Calvery asumió en septiembre de 2012 después de dirigir el Departamento de Confiscación de Bienes y Lavado de Dinero Sección de Justicia.

Aquí está una lista de las normas propuestas y finalizadas que FinCEN estará presentando en los próximos meses:

Regla: requisitos de debida diligencia del cliente para las instituciones financieras, comúnmente conocida como la regla del beneficiario final o de la propiedad efectiva.

Qué hace: FinCEN obliga a las requisitos de debida diligencia del cliente para las entidades sujetas al régimen ALD, incluyendo bancos, agentes de bolsa, fondos mutuos, comisionistas de futuros, entre otros, a que identifiquen los beneficiarios finales de entidades legales, sujeto a ciertas excepciones.

El esfuerzo ha sido desgarrador para FinCEN, que vio una importante resistencia por parte de la industria cuando se propusieron ideas sobre cuales son las mejores formas de recopilar información sobre beneficiario final, con estados como Delaware, Nevada y otros, haciendo lobby para prevenir esta normativa, o que los proveedores de servicios de empresa recopilaran esta información y la hicieran pública.

La solución actual: exigir a los bancos que obtengan la información de los clientes como parte del proceso de diligencia debida, y que la compañía auto-certifique que la información es correcta, aunque el banco con tenga una verdadera manera de verificar la información.

Plazo: FinCEN publicó un aviso previo de la reglamentación propuesta en 2012 y un aviso de propuesta de reglamentación en agosto de 2014. La regla final está prevista para agosto de este año, según el sitio de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios.

Regla: transmisión electrónica transfronteriza de fondos

Qué hace: La regla obligará a los bancos a obtener información sobre cualquier persona que envíe un giro transfronterizo, mientras que los remitentes de dinero, como las empresas de servicios de dinero, tendrían que hacer lo mismo para cualquier persona que envía sumas por encima de US$ 1.000. En la actualidad, esto es así para montos por más de US$ 10.000 para los bancos y US$ 3,000 para los negocios de servicios monetarios (MSB).

Plazo: la agencia emitió un aviso de reglamentación propuesta en septiembre de 2010 y ahora señala que emitirá una segunda propuesta en agosto, con un período de comentarios que termina en octubre.

Regla: programa ALD y obligación de presentar informes de actividad sospechosa para asesores de inversión

Qué hace: La regla obligaría a que ciertos asesores de inversión adopten el programa ALD de cuatro aristas (designar un oficial de cumplimiento; políticas, procedimientos, controles internos; capacitación y entrenamiento constante de los empleados; evaluación independiente), un actual bache en la cobertura del sector de inversión. Corredores de valores y comisionistas de futuros están cubiertos por las reglas.

Plazo: FinCEN emitió normas propuestas para los asesores de inversión en 2003, pero las retiró en 2008, y señaló que, en ese momento, estos asesores por lo general realizaban transacciones a través de otras instituciones financieras, como bancos o agentes de bolsa, sujetos a las obligaciones ALD. FinCEN está planeando lanzar la nueva norma propuesta en agosto.

Regla: modificar la definición de la casa de bolsa de valores para incluir portales de financiación

Qué significa: FinCEN quiere cambiar la definición de casa de bolsa para “ampliar el alcance actual de las definiciones e incluir portales de financiación”, y les obligan a cumplir con las mismas reglas ALD a las que están obligados los corredores. La propuesta “busca ayudar a prevenir el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros”, según la agencia.

Plazo: El aviso de reglamentación propuesto está programado para ser lanzado en agosto.

Regla: Modificación de los reglamentos que definen “instrumentos monetarios”, tales como monedas, cheques de viajero, títulos al portador e inversiones, y el transporte internacional de divisas y requisitos de información relacionada, para incluir “los dispositivos de acceso de prepago tangibles”.

Qué hace: Actualmente, si alguien tiene, en conjunto o de forma agregada, más de US$ 10,000, tiene que llenar un formulario y declarar el dinero en un cruce fronterizo. Pero la definición “no incluye específicamente cualquier tipo de dispositivos de acceso de prepago”, según FinCEN. La reforma busca capturar estas tarjetas de prepago y requerir a la gente a que declare si tienen más de US$ 10.000 en dichas tarjetas.

Plazo: FinCEN emitió una regla propuesta en octubre de 2011 y tiene previsto emitir una propuesta complementaria en septiembre.

Durante los próximos meses, FinCEN también está planeando en publicar regulaciones finales relacionadas con las designaciones bajo la sección 311, o nombrar a entidades como de una “preocupación primaria de lavado de dinero”, en contra de ocho bancos, instituciones financieras y de Irán, incluyendo Banca Privada d’Andorra, Lebanese Canadian Bank, Liberty Reserve y otros.

Los desafíos transfronterizos podrían obstaculizar las revelaciones de tarjetas prepagadas

No es ninguna sorpresa que FinCEN está centrando su objetivo en las tarjetas de valor almacenado en la frontera, donde las personas pueden tener más de US$ 10,000 en tarjetas y no ser obligados a divulgar esa información al salir o entrar en el país, dijo Angotti.

“Esto es algo que tiene preocupado al Departamento de Seguridad Nacional”, dijo, y agregó que los investigadores quieren ser capaces de detener los lavadores que ponen dólares ilícitos en las tarjetas de prepago, en particular las tarjetas extranjeras con límites de carga más grandes.

Pero podría haber desafíos, tales como la creación de los lectores de tarjetas que puede ver que hay en las tarjetas de forma rápida, para no frenar el comercio y flujo de personas.

Los cambios en las regulaciones de los corredores de bolsa están claramente dirigidas a la captura de financiación público y portales de crowdsourcing, que actúan de forma similar a las empresas que buscan y obtienen inversiones, pero no están sujetos a las mismas reglas y protecciones.

Como resultado, “obviamente, hay grandes problemas de fraude en este espacio”, debido a la falta de cumplimiento y obligaciones de cumplimiento de delitos financieros, dijo Angotti.

El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció que dos bancos, Bank Linth y Bank Sparhafen Zurich, llegaron a acuerdos para evitar acusaciones penales por haber ayudado a contribuyentes estadounidenses evadir impuestos.

Bank Linth pagará US$4,15 millones mientras que Bank Sparhafen pagará US$1,81 millones.

Hasta el momento 13 bancos han evitado cargos bajo el programa voluntario del Departamento de Justicia de EE.UU. Programa de Bancos Suizos que comenzó en 2013.

“Con cada acuerdo firmado en el marco del Programa de Bancos Suizos, estamos aprendiendo más y más sobre las estrategias y ardides que utilizan los individuos para ocultar sus activos en el extranjero”, dijo Caroline D. Ciraolo de la división de impuestos del Departamento de Justicia.

El programa ofrece una alternativa para que los bancos suizos puedan llegar a acuerdos con EE.UU. para evitar potenciales acciones penales. Los bancos tenían la posibilidad de acceder al programa hasta el 2013 advirtiendo al Departamento de Justicia de que podrían haber cometido delitos fiscales en relación con cuentas no declaradas de contribuyentes.

Los bancos  que ya se encuentran bajo investigación penal por sus actividades bancarias en Suiza no tienen permitido participar del programa.

Los bancos que cumplan los requisitos son elegibles para un acuerdo de no acusación. El acuerdo exige que los bancos cooperen en cualquier procedimiento penal o civil relacionados, demuestren los controles para detener el uso de las cuentas no declaradas por parte de contribuyentes estadounidenses, y paguen las multas.

Bank Linth, uno de los bancos regionales más grande en el este de Suiza, fue fundado en 1848 y tiene sede en Uznach, unos 50 kilómetros al sur de Zúrich.

Las operaciones bancarias transfronterizas de Linth ayudaron y asistieron a clientes para abrir y mantener cuentas, sin declarar en EE.UU., en Suiza y esconder los activos y ganancias que mantenían en estas cuentas. Bank Linth proveyó esta ayuda a clientes de EE.UU. de varias formas, incluyendo:

• Abrir y mantener cuentas a nombre de entidades ficticias
• Proveer a contribuyentes estadounidenses con cuentas numeradas que escondían la identidad de los contribuyentes
• Permitir que los contribuyentes estadounidenses retiren efectivo desde cuentas no declaradas
• Retener extractos bancarios y otra correspondencia relacionada con las cuentas en lugar de enviarla a los contribuyentes en EE.UU.

En varias ocasiones, el Linth abrió cuentas para los contribuyentes de Estados Unidos a través de un gestor de activos externos, y una de estas cuentas fue abierta a nombre de una fundación ficticia. En esa instancia, Linth conscientemente aceptó e incluyó en los documentos de la cuenta los formularios proporcionados por los directores de la fundación ficticia donde falsamente representaban la  propiedad de los activos en la cuenta para efectos de la declaración federal sobre la renta de EE.UU.

El banco “abrió, proveyó servicios y obtuvo ganancias de cuentas de clientes de EE.UU. sabiendo que muchas de estas cuentas no estaban cumpliendo con sus obligaciones impositivas”, señala el Departamento de Justicia. Desde agosto de 2008, Bank Linth mantuvo 126 cuentas para estadounidenses con más de US$102 millones en activos.

De acuerdo con los términos del programa, Linth describió en detalle la estructura de su negocio bancario, incluyendo su estructura de gestión y supervisión, y proporcionó los nombres de la gerencia y los ejecutivos legales y de cumplimiento. El banco proporcionó más información detallada y específica relacionada con su negocio transfronterizo, incluyendo la mala conducta del banco, las políticas que contribuyeron a esta conducta indebida y los nombres de los gerentes de relaciones encargados de supervisar los negocios relacionados con Estados Unidos. Bank Linth también obtuvo declaraciones juradas de los empleados del banco respecto a la conducta del banco y los asuntos relacionados.

Bank Sparhafen fue fundado en 1850 y tiene su única oficina en Zúrich. También desde 2008 contaba con 91 cuentas para estadounidense  por un total de US$25 millones. El banco “sabía o tenía razones para saber que [las cuentas] no estaban declaradas ante el IRS o el Departamento de Justicia, como lo exige la ley”, señala el Departamento de Justicia.

Dos gerentes de relaciones en Sparhafen fueron los responsables de la gestión de la mayoría de sus cuentas relacionadas con Estados Unidos en el período transcurrido desde agosto de 2008, y uno de esos gerentes reportaba directamente al presidente ejecutivo del banco. Los gerentes de relaciones del banco asistieron a los contribuyentes de Estados Unidos en la ejecución de los formularios de exención de responsabilidad que llevaban al banco a no adquirir valores estadounidenses en sus cuentas. El banco sabía que el propósito y el efecto de estos formularios eran para evitar la divulgación de la identidad de las personas de Estados Unidos al IRS.

A comienzos de este mes, la unidad de banca privada de SocGen en Suiza acordó pagar US$17,8 millones para llegar a un acuerdo bajo el Programa de Bancos Suizos.

En marzo, una de las mayores instituciones de banca privada de Suiza BSI, con sede en Lugano, pagó una multa de US$211 millones bajo este programa.

Por el Equipo de ACFCS
26 de junio de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre que un grupo de trabajo de la policía del Sur de Florida que se suponía iba a hacer frente a los cárteles de la droga en realidad lavó millones y aceptó sobornos de los grupos del crimen organizado, Italia está tratando de acusar al Banco de China y cerca de 300 ciudadanos en una investigación de lavado de dinero, una nueva normativa permite a EE.UU. sancionar a bancos extranjeros si ayudan a individuos rusos en la lista negra, y más.

Lavado de Dinero

Un grupo de trabajo compuesto por profesionales de tres condados del sur de Florida que planeaba investigar y hacer frente a algunas de las organizaciones narcotraficantes más peligrosas de EE.UU. no hizo ningún arresto ni grandes incautaciones de drogas, pero en realidad lavó dinero a través de cientos de cuentas bancarias. Este task force terminó aceptando por lo menos US$ 1,7 millones por haber hecho posibles los negociados y regresó el resto a los mismos grupos criminales que venden drogas en las ciudades estadounidenses. Tres años después de que el grupo de trabajo se disolviera, registros confidenciales muestran que los oficiales retiraron cientos de miles en efectivo sin registros para mostrar dónde fue el dinero. En el proceso, la policía gastó miles de dólares en viajes a Las Vegas y San Juan, así como otras compras costosas. (Con información de Miami Herald).

Italia está tratando de imputar a cerca de 300 personas y al Banco de China en relación con una investigación de lavado de dinero. Los sospechosos incluyen cuatro altos directivos de la sucursal del banco estatal chino en Milán, según informes de prensa italianos. Según Associated Press, la policía en Florencia descubrió que más de US$ 6.300 millones producto del contrabando, prostitución, explotación laboral y evasión fiscal había sido enviado a China en menos de cuatro años mediante un servicio de transferencia de dinero. De acuerdo con documentos de investigación italianos, casi la mitad del dinero fue canalizado a través del Banco de China. El caso se refiere a las operaciones llevadas a cabo durante el período comprendido entre 2007-2010. (Con información de Associated Press).

Según la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., la UIF del país norteamericano, los casinos estadounidenses han aumentado el número de los reportes de operaciones sospechosas enviados a la agencia en un 69% el año pasado. Varios casinos de renombre han pagado grandes multas por permitir el lavado de dinero en los últimos tiempos. Durante varios años FinCEN ha tomado una actitud cada vez más dura contra los casinos que no presentan correctamente informes de actividades sospechosas. La Ley de Secreto Bancario aplica a todos los casinos en jurisdicciones de Estados Unidos. (Con información de World Casino News).

Fraude

El más alto tribunal de EE.UU. dejó intacta una sentencia de primera instancia que tiene el potencial de prevenir que las víctimas de la mayor estafa piramidal o esquema Ponzi de la historia de Estados Unidos de recuperar más de US$ 4.000 millones de inversionistas que retiraron el dinero antes de que el esquema explotara. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó sin cambios una sentencia de diciembre de 2014 por parte del segundo Tribunal de Circuito de Apelaciones de Nueva York que declaró que la ley federal de bancarrota no permitía al fideicomisario Irving Picard recuperar una serie de pagos relacionados con Bernard Madoff y su compañía realizados a clientes más de dos años antes de que la firma se derrumbara en diciembre de 2008. El tribunal no permitió a Picard a demandar por reclamos “clawback”, perseguir individuos que retiraron más dinero del que aportaron. (Con información de Reuters en Yahoo News).

Cuatro políticos y miembros del Congreso de Chile fueron acusados de fraude fiscal en un caso de corrupción de alto perfil relacionado con la financiación ilegal de campañas políticas. La firma financiera Penta y la gigante de minería SQM habrían canalizado ilegalmente fondos de campaña para decenas de candidatos en todo el arco político en la última década. La investigación comenzó con una denuncia anónima a las autoridades fiscales chilenas en agosto pasado que llevó a los fiscales a concluir que Penta financiaba ilegalmente candidatos políticos. (Con información de The New York Times).

Corrupción

Los fiscales brasileños que investigan el escándalo de sobornos en la petrolera estatal Petrobras dijeron que están pidiendo ayuda a las autoridades estadounidenses para preparar el caso. La oficina del fiscal federal dijo en un correo electrónico que fueron “inspirados por el caso de la FIFA”, en el que EE.UU. presentó cargos contra algunas de las principales figuras de la organización mundial de fútbol. El caso de Petrobras implica cientos de millones en sobornos pagados a ex ejecutivos de Petrobras nombrados políticamente a cambio de lucrativos contratos. Los directores ejecutivos de las dos empresas de construcción más grandes de Brasil, Odebrecht y Andrade Gutierrez, fueron encarcelados la semana pasada. (Con información de Associated Press).

Ciberdelito

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. está investigando a un grupo de piratas informáticos sospechosos de irrumpir en cuentas de correo electrónico corporativas para robar información comercial, incluyendo información confidencial sobre fusiones. La SEC ha pedido al menos a ocho sociedades que proporcionen información sobre las filtraciones de datos. La decisión de la agencia refleja la creciente preocupación por los ataques cibernéticos en el sector privado y público EE.UU. La investigación de la SEC va en paralelo con una pesquisa por parte del Servicio Secreto de Estados Unidos, que también investiga los delitos cibernéticos y el fraude financiero. Las investigaciones fueron estimuladas por un informe de diciembre presentado por la firma de seguridad cibernética FireEye Inc. (Con información de Reuters).

Sanciones

EE.UU. podrá castigar a bancos fuera de EE.UU. si ayudan a financiar a empresas o ciudadanos rusos que se encuentren prohibidos o en listas negras de EE.UU. La nueva expansión de las sanciones a los bancos extranjeros muestra un nuevo riesgo corporativo. La disposición, a veces llamada una sanción secundaria, se incluyó en la Ukraine Freedom Support Act de 2014, pero entró en vigor la semana pasada. La cláusula autoriza al presidente a aplicar sanciones a un banco extranjero si “facilita a sabiendas una transacción financiera significativa a favor de cualquier persona rusa incluida en la lista de Nacionales Especialmente Designados”, designado por la Oficina del Departamento del Tesoro de Activos Extranjeros control. (Con información de Wall Street Journal).

La Unidad de Análisis Financiero de Chile (UAF) publicó hace algunos días una orden sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo y también presentó una nueva Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaborada por la División de Inteligencia Financiera de esta agencia.

La Circular N°54 instruye a todos los sujetos obligados de acuerdo a la Ley 19.913 acerca de la necesidad de implementar sistemas preventivos y el deber de informar a la UAF sobre todas aquellas operaciones sospechosas del delito de financiamiento del terrorismo que detecten en el ejercicio de sus actividades.

La nueva normativa pone especial énfasis en que los sujetos obligados a reportar deben controlar permanentemente los listados de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que individualizan a las personas naturales y jurídicas relacionadas con el terrorismo, su financiamiento y la proliferación de armas de destrucción masiva, con el fin de remitir a la UAF todo acto, operación o transacción que éstas realicen.

En el mismo orden y para poder orientar a todas las entidades supervisadas acerca de las situaciones que se deben considerar como indiciarias de operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo, la UAF actualizó su Guía de Señales de Alerta.

“Existen innumerables hipótesis de operaciones y transacciones que posibilitan el proceso de blanqueo de activos o de financiamiento del terrorismo; sin embargo, es posible sostener, como parámetro general, que el carácter sospechoso de una transacción proviene de su propia naturaleza y características, o bien, de la forma inusual en que se realiza, teniendo en consideración un comportamiento habitual o esperable de un cliente, usuario o funcionario de una institución”, señala la UAF en la guía.

La nueva guía contiene señales de alerta relacionadas con:

• el comportamiento del cliente
• transacciones realizadas en cuentas bancarias
• operaciones por cambios de divisas
• operaciones de remesas de dinero
• compañías aseguradoras
• el funcionamiento del mercado de capitales (en particular las operaciones realizadas a través de corredoras de bolsa, agentes de valores, administradoras de fondos de inversión y administradoras generales de fondos)
• otros servicios financieros
• las operaciones realizadas a través de las AFP
• notarios, conservadores, corredores de propiedades o gestores inmobiliarios
• casinos e hipódromos
• zonas francas
• personas expuestas políticamente (PEP) nacionales o extranjeras
• funcionarios de la administración pública
• el financiamiento del terrorismo, y
• el comportamiento de empleados dependientes

La guía precisa que la enumeración y descripción de las diversas situaciones no tienen carácter exclusivo, por lo que “es responsabilidad de los sujetos obligados reportar operaciones que, por el propio conocimiento de su respectiva actividad, consideren como sospechosas”.

Según la UAF es importante que en el proceso de detección de operaciones sospechosas, las entidades involucradas cuenten con una adecuada política para “Conocer al Cliente” para poder determinar un marco de comportamiento normal que servirá de referencia en la detección de elementos, movimientos, transacciones, etc., que se consideren sospechosos.

La ley chilena define como operación sospechosa “todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8º de la ley Nº 18.314 (de conductas terroristas), o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada”.

–Lea la circular sobre Prevención del Delito de Financiamiento del Terrorismo

–Lea la Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, elaborada

Debido al trabajo de inteligencia llevado a cabo por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, a los resultados del sistema antilavado en Colombia y a la colaboración con autoridades nacionales e internacionales, la unidad de inteligencia financiera de Colombia ha sido recientemente seleccionada como finalista para obtener el Premio Beca 2015, al mejor caso de inteligencia financiera en el mundo, informa la agencia.

El galardón, premio BECA (Best Egmont Case Award) otorgado por el Grupo Egmont, organismo multilateral global que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del mundo, lleva reconociendo durante cinco años consecutivos, los mejores casos  analizados por las 147 UIFs que forman parte de la organización. Estos premios fueron creados y dirigidos por el grupo de trabajo de Egmont (Training Working Group). TWG identifica las necesidades y oportunidades de entrenamiento para las UIFs y su personal y proporciona un foro para que las Unidades de Inteligencia Financiera, y organizaciones internacionales, incrementen la eficiencia –de sus miembros y otras UIFs—ofreciendo oportunidades para reforzar habilidades, conocimiento y pericia a través de una amplia base de iniciativas de entrenamiento, y un importante instrumento para ello es el premio BECA que se otorga como parte del programa del Plenario Egmont.

Al igual que en años anteriores, el Grupo Egmont recibió los principales casos de inteligencia desarrollados por las diferentes unidades de inteligencia financiera en el mundo, seleccionando los más importantes en cuanto al impacto generado y a las estrategias de análisis empleadas. Entre los postulados, los informes de Colombia y Filipinas han sido seleccionados para obtener uno de los premios más relevantes de su tipo en el ámbito internacional, informa la UIAF.

El caso presentado por Colombia

La UIAF, utilizando fuentes de información de sectores sujetos a los requisitos de reporte, fuentes abiertas de información y con la cooperación interinstitucional a través de mesas de trabajo con autoridades colombianas y agencias de inteligencia nacionales y extranjeras, logró identificar una red internacional presuntamente implicada en el delito de lavado de dinero a través de la comercialización de metales preciosos.

Esta es la primera vez que Colombia presenta un caso que involucra al sector minero. Informa la UIAF que se lleva a cabo de manera simultánea el proceso penal y el de extinción de dominio por parte de la UIAF y la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación.

El éxito de este caso demuestra que la implementación de nuevos métodos de obtención de información, tales como la inteligencia de fuentes abiertas, cada día adquiere más relevancia en los análisis efectuados por la UIAF. Señala la agencia de análisis financiero que se realizó un importante trabajo en las áreas de minería de datos y análisis de redes complejas, que permitieron identificar las operaciones de la estructura.

Utilidad de BECA

Los casos presentados en el concurso BECA han sido útiles para determinar una evaluación del papel que el análisis financiero juega dentro de una UIF.

La oportunidad de compartir esta información tan valiosa entre las UIFs también puede ser útil para medir con más precisión el análisis que realizan las distintas agencias.

Si bien no hay un conjunto categórico de productos que se pueden utilizar para llevar a cabo el análisis financiero, es importante entender cabalmente el proceso, los productos analíticos que se utilizan y las razones de por qué se utilizan éstos. Esto proporcionará un mayor grado de precisión para determinar la agudeza del análisis.

El hecho de dar a conocer el trabajo de análisis que realizan las UIFs sirve para identificar no solo los casos que se estiman son buenos ejemplos de análisis financiero, sino también mostrar el “cómo” y el “por qué”.

Un modelo a seguir

La agencia colombiana resalta que este logro ratifica el liderazgo de la UIAF en la identificación de redes criminales de lavado de dinero, e indica que la maduración del modelo SAB (Sistémico, Amplio y Bidireccional), implementado en el año 2011, ha derivado en una mayor articulación interinstitucional con todos los actores del sistema en el país y con otras agencias de inteligencia en el mundo.

“El veredicto final se conocerá el próximo 12 de junio cuando el Grupo Egmont determine si Filipinas o Colombia se llevan el premio”, según un comunicado de UIAF que agrega que más allá de la obtención del premio, ya es un orgullo para la UIAF ser parte de los finalistas, ya que significa un reconocimiento internacional al trabajo realizado por la unidad de inteligencia colombiana—entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público—, y a todos los actores involucrados en el sistema ALD/CFT del país.

Colombia ya obtuvo este importante premio en el año 2013, gracias al trabajo desarrollado por la UIAF y a la coordinación con autoridades nacionales y extranjeras, quienes en conjunto lograron la extinción del derecho de dominio sobre bienes que superaban el billón de pesos, una cifra sin precedentes, según indicó en el momento la Fiscalía General de la Nación.