Un proyecto de ley afectará a bancos extranjeros con relaciones de corresponsalía en EE.UU.

Las autoridades de EE.UU. pronto podrían obligar a los bancos nacionales a rescindir las relaciones de corresponsalía con bancos extranjeros que se nieguen a proporcionar pruebas para los investigadores de EE.UU. según un proyecto de ley que se encuentra en estos momentos en el Congreso de EE.UU.

La legislación en el Senado de EE. UU. cuyo objetivo es modernizar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero –proyecto de Ley 1241, conocido como “Combating Money Laundering, Terrorist Financing, and Counterfeiting Act of 2017”— incluye una disposición que presiona a los bancos estadounidenses para que garanticen que sus corresponsales extranjeros cumplirán con las citaciones de comparendo de EE.UU.

La disposición es parte de un proyecto de ley propuesto a finales del año pasado por el senador Chuck Grassley, en medio de una evaluación más generalizada por parte del Congreso del régimen legal antilavado de dinero de Estados Unidos. Los esfuerzos para cambiar el marco de EE.UU. se están fortaleciendo a medida que los grandes bancos, grupos anticorrupción y las autoridades de aplicación de ley se unen para abordar algunos agujeros en el sistema financiero de EE.UU., que lo exponen al abuso por parte de los delincuentes.

Los bancos extranjeros –no estadounidenses—deben prestar especial atención a la Sección 15, titulada “Obtaining Foreign Bank Records from Banks with United States Correspondent Accounts”, obtención de registros bancarios extranjeros de bancos con cuentas corresponsales de Estados Unidos. Como su nombre lo indica, estas disposiciones están destinadas a hacer rutinario la adquisición de registros de bancos no estadounidenses por parte de las fuerzas del orden de EE.UU. Conforme a la nueva legislación, las fuerzas del orden público pueden presentar una citación ante un gran jurado (investigador) o una citación judicial de prueba contra «cualquier banco extranjero que tenga una cuenta corresponsal en Estados Unidos y solicitar cualquier registro relacionado con la cuenta corresponsal o cualquier cuenta en el banco extranjero», incluidos los registros mantenidos fuera de Estados Unidos».

El proyecto de ley Grassley incrementa la posibilidad para que los bancos estadounidenses eliminen relaciones con instituciones en determinadas jurisdicciones.

El proyecto de ley permitiría a las autoridades estadounidenses, en el proceso de una investigación, citar judicialmente a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta de corresponsalía en EE.UU. y solicitar registros sobre la cuenta corresponsal o cualquier cuenta en el banco extranjero. El banco extranjero tendría que presentar los registros solicitados por las autoridades de EE.UU. sin informar al sujeto blanco de la investigación.

El proyecto de ley proporciona dos medios por los cuales las autoridades de EE.UU. podrán hacer cumplir las obligaciones por parte de bancos extranjeros. En primer lugar, el proyecto de ley establece que un banco que no cumpla con los requisitos puede ser considerado en desacato al tribunal y puede ser sancionado en consecuencia. Aún más grave es la disposición de que el banco que no cumpla debe ser bloqueado de la banca corresponsal de EE. UU. Un banco corresponsal en Estados Unidos debe «finalizar cualquier relación de corresponsalía con un banco extranjero a más tardar 10 días hábiles después de la fecha en que la institución financiera cubierta reciba notificación por escrito del Secretario del Tesoro o el Fiscal General».

El banco extranjero debe cumplir dentro de los 10 días hábiles, o el banco de EE.UU. se verá obligado a rescindir la relación de corresponsalía. Si el banco extranjero no presenta la evidencia y el banco de EE.UU. no rescinde la relación después de los10 días hábiles, la institución de EE.UU. se enfrenta a la posibilidad de una multa civil de US$ 10.000 por día hasta que lo haga.

Los bancos extranjeros deberán certificar los registros que producen para que las autoridades puedan presentarlos como evidencia en los tribunales de EE.UU. Finalmente, el estatuto excluye expresamente la dependencia de cualquier «ley de confidencialidad o secreto extranjero» para evitar el cumplimiento de una citación. Esto significa que el proyecto de ley no permite que los bancos extranjeros se amparen en normativas extranjeras sobre privacidad de datos para ignorar la citación judicial.

La disposición «agilizará la recolección de pruebas» dijo el Senador Grassley en noviembre, porque la obtención de registros bancarios extranjeros es «vital para probar casos penales internacionales».

Esta nueva legislación requerirá que muchas instituciones financieras extranjeras destinen recursos para cumplir con las citaciones de Estados Unidos y expondrá las relaciones de las instituciones financieras con sus clientes a un mayor escrutinio por parte de las autoridades de EE. UU.

La medida incrementa la probabilidad de que los bancos de EE.UU. reduzcan aún más las relaciones de corresponsalía bancaria como parte de sus esfuerzos por reducir la exposición al riesgo en medio de reglas más estrictas contra el lavado de dinero.

Esa tendencia, conocida como «de-risking», ya está causando problemas bancarios internacionales, según un informe de julio de 2017 del Financial Stability Board. El declive de las relaciones de corresponsalía bancaria con los grandes bancos ha afectado a negocios y empresas internacionales, que no pueden realizar pagos y cerrar acuerdos comerciales internacionales. También dejó ciertas jurisdicciones aisladas financieramente y puede llevar algunas transacciones a un sistema de banca paralela, según el informe.

Por lo general, los bancos de EE.UU. están obligados a conservar ciertos registros de sus corresponsales extranjeros.

Los reguladores y los legisladores de EE.UU. llevan años intentando actualizar el régimen antilavado de dinero de EE.UU. A partir de mayo, los bancos deberán seguir las normas del Departamento del Tesoro de EE.UU. Para identificar a los beneficiarios finales de las empresas cuando abren cuentas, una regulación que se debatió por primera vez en 2012.