Un juez estadounidense desecha la demanda de los accionistas de Banca Privada d’Andorra contra el Departamento del Tesoro de EE.UU.
La semana pasada, un juez federal desechó una demanda presentada por los principales accionistas de un banco de Andorra, al dictaminar que la demanda era irrelevante porque ellos ya recibieron el alivio que buscaban cuando el Departamento del Tesoro de EE.UU. retiró las conclusiones de que el banco era utilizado para el lavado de dinero.
Los accionistas mayoritarios de Banca Privada d’Andorra (BPA), los hermanos Higini y Ramón Cierco, demandaron al Departamento del Tesoro de Estados Unidos el año pasado luego de que éste señalara que el banco durante años facilitó transacciones para lavadores de dinero que trabajaron a favor de grupos del crimen organizado en todo el mundo. El Departamento del Tesoro retiró los hallazgos en febrero, pero los accionistas continuaron su demanda, argumentando que querían sus activos de vuelta.
La semana pasada, el juez James Boasberg dictaminó que la retirada de las conclusiones contra el banco era el único remedio que una orden judicial podría haber proporcionado.
«Ahora confirmamos lo que venimos diciendo desde el principio. BPA no era un banco de ‘principal preocupación de lavado de dinero’ y no debería haber sido cerrado», dijo Ramón Cierco, uno de los accionistas mayoritarios, en un comunicado de prensa. «Queríamos llamar la atención sobre la injusticia cometida contra nosotros y un patrón de conducta que ha sucedido antes y puede volver a ocurrir».
«Si bien FinCEN retiró sus avisos, vindicando a los Cierco, estamos decepcionados de que el tribunal no haya exigido completa responsabilidad por parte de FinCEN, y que no haya determinado que FinCEN actuó de forma ilegal cuando llevó a cabo acciones en marzo de 2015 que fueron designadas para amenazar al sistema financiero andorrano al individualizar a BPA para su cierre», señaló Eric Lewis, de Lewis Baach, principal abogado de los Cierco. «FinCEN sabía que estaba ‘utilizando el martillo’ contra BPA para amenazar a Andorra, según confirmó un responsable de la Embajada de Estados Unidos, y ciertamente fue eficaz la maniobra», añadió Lewis en un comunicado de prensa. «Pero el uso de estas medidas draconianas contra un pequeño banco que no presentaba riesgos de seguridad, sin ninguna advertencia o proceso debido, va contra la ley. Fue entonces que FinCEN intentó barrer sus acciones ilegales debajo de la alfombra retirando los avisos. Salimos victoriosos, pero también queremos que FinCEN sea responsable por su conducta. Desgraciadamente, el juez no quiso hacerlo».
«Dado que el gobierno descartó sus propias conclusiones y esta medida lleva al mismo resultado que una vacatur [orden de anulación del fallo] ordenado por este tribunal, los demandantes han obtenido lo que pedían, y no queda ninguna controversia», dice el fallo.
Los Cierco se encuentran considerando apelar el decreto, pero están centrando sus esfuerzos de compensación en Andorra, donde han interpuesto una demanda y donde el tribunal constitucional decretó la semana pasada que el gobierno de Andorra vulneró sus derechos al no proporcionarles un informe crítico.
Los abogados de los accionistas, señalaron en un comunicado que planean apelar el dictamen, y en una entrevista posterior dijeron que están luchando tanto en EE.UU. como en Andorra.
«Creemos que tenemos una apelación válida aquí, y el cliente siente que ha sido tratado injustamente», dijo Lewis.
«Queremos una decisión sobre si FinCEN cumplió con la ley cuando emitió el aviso. El aviso es lo que puso todo en movimiento … no creemos que sea correcto que FinCEN pueda simplemente retirar la notificación y decir que nuestra conducta es inmune a ser examinada «, dijo Lewis.
Al retirar los hallazgos en febrero, FinCEN señaló que las medidas adoptadas por las autoridades andorranas «protegen lo suficiente el sistema financiero de Estados Unidos» de los riesgos de lavado de dinero relacionados con BPA, citando medidas que incluyen el arresto del presidente ejecutivo con cargos de lavado de dinero, la toma de control de la administración del banco, y llegar a las etapas finales de la implementación de un plan de resolución.
«Ahora se nos ha confirmado todo lo que anteriormente habíamos señalado. BPA no era un banco de ‘preocupación primaria de lavado de dinero’, y no debería haberse cerrado», indicó Ramón Cierco. «Deseábamos llamar la atención acerca de la injusticia realizada frente a nosotros y de una muestra de conducta que con anterioridad había sucedido y puede pasar de nuevo».
Los Ciercos señalaron el año pasado a medios de prensa que no fueron advertidos de los problemas en el banco hasta una hora antes de que FinCEN emitiera la conclusión y los resultados fueran publicados.
Las autoridades andorranas confiscaron los activos del banco y en abril aceptaron la oferta de la firma de inversión en Nueva York J.C. Flowers & Co. para asumir los activos legítimos del banco.
«Este es un caso sobre transparencia, responsabilidad y la seguridad de que instituciones valiosas no pueden ser expropiadas por una acción arbitraria del gobierno», destacó Higini Cierco en el comunicado. «El Gobierno de Estados Unidos ha hecho de BPA una víctima para asustar a los andorranos… Vamos a luchar hasta lograr conseguir la reinvidicación».