Panamá sigue sin implementar el Registro de Beneficiarios Finales
El capítulo en Panamá de Transparencia Internacional (Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana) realizó un estudio comparativo sobre la historia, necesidad y mejores prácticas para la implementación en el país de esta estructura promotora de transparencia.
El estudio, que cuenta con la autoría de Carlos Barsallo e Ivy Solís Valdés, alerta que Panamá sigue sin implementar esta norma que está dirigida a luchar contra la corrupción en diferentes aspectos.
La Ley 129, que fue promulgada en marzo de 2020, establece un marco regulatorio para la creación de un sistema privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas en Panamá, y que de esta manera el país busca superar las deficiencias encontradas en las evaluaciones internacionales en materia de cumplimiento de las recomendaciones para la prevención del lavado de dinero y delitos financieros.
Sin embargo, a más de un año después de aprobada la Ley 129 el registro sigue sin implementación.
El Registro de Beneficiarios Finales es un sistema que aspira a facilitar que los reguladores accedan a ciertos datos sobre los accionistas y beneficiarios efectivos de las personas jurídicas, datos cuya responsabilidad de mantener al día será de los agentes residentes, para ayudar a prevenir el lavado de dinero, los flujos ilícitos, corrupción, crimen organizado, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas, entre otros.
En este trabajo del capítulo panameño de Transparencia Internacional se realizó un estudio sobre los resultados históricos de las evaluaciones internacionales, que se han comparado con los resultados de otros países cuyos casos particulares han sido considerado relevantes por tener similitudes con la experiencia panameña, además de países que ya cuentan con registros de beneficiarios finales que han resultado exitosos, tanto para la consecución de sus fines como para mejorar la imagen de estos ante la comunidad internacional.
También se analizaron algunas de las preocupaciones de la implementación de registros de beneficiarios finales como la privacidad y derechos societarios; ventajas de este sistema como mejorar y reducir los costos de debida diligencia y gestión de riesgo en el sector privado, mayor cooperación internacional, aumentar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y reducir la corrupción en las contrataciones públicas y críticas al mismo, como la falta de verificación de la información y la comisión de estructuras jurídicas vulnerables.
¿Quién es el Beneficiario Final?
Panamá ha sido evaluada con frecuencia como un país no cooperador en el combate contra el lavado de dinero y ha sido colocada, y a la fecha se mantiene, en el listado de países, elaborado por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que requieren especial atención y revisión por la comunidad internacional por no combatir adecuadamente el LD. Una de las herramientas en este combate son los registros de beneficiarios que buscan transparentar quienes son los verdaderos dueños que se esconden detrás de las sociedades fantasmas para gozar del beneficio de sus actos ilícitos.
¿Qué es el registro de Beneficiarios Finales (RBF)?
El registro busca atender a una de las deficiencias específicas identificadas por las evaluaciones internacionales, siempre y cuando la regulación de la Ley, la naturaleza técnica del registro y otros detalles generen acciones y cambios para prevenir que se utilicen personas jurídicas panameñas para actos ilícitos de cualquier naturaleza.
Señala el capítulo que los casos Odebrecht, Blue Apple y New Business son grandes entramados de corrupción y flujos ilícitos donde los verdaderos beneficiarios, personas sin escrúpulos, se escondieron detrás personas jurídicas.
En el estudio se analizan otras preocupaciones de la implementación de registros de beneficiarios finales como la privacidad y derechos societarios; ventajas de este sistema como mejorar y reducir los costos de debida diligencia y gestión de riesgo en el sector privado, mayor cooperación internacional, aumentar la competitividad de pequeñas y medianas empresas y reducir la corrupción en las contrataciones públicas.
Otras de las conclusiones publicadas en el estudio es que se recomienda aumentar el tiempo en que los sujetos obligados deben resguardar la información luego de la terminación de las relaciones comerciales, la prohibición de directores nominales, prohibición de acciones al portador, sanciones directas a empresas y promover recursos oficiales de información acerca de los tipos de personas jurídicas.
¿Para qué sirve el registro de Beneficiarios Finales?
Libertad ciudadana solicitó su opinión a expertos acerca de los beneficios de implementar un Registro de Beneficarios Finales RBF.
Anton Moinseinko / Investigador /Centro de Estudios sobre Crimen y Seguridad / Royal United Services Institute (RUSI).