Por Brian Monroe
4 de febrero de 2015
Dos comités clave de la Unión Europea aprobaron emblemáticas medidas sobre la verdadera titularidad o propiedad beneficiaria con la intención de erradicar la opacidad corporativa, un bastión del secretismo que ha sido explotado durante mucho tiempo por corruptos políticos y grupos del crimen organizado y un constante obstáculo para los investigadores de todo el mundo.
La aprobación la semana pasada de las medidas en la Cuarta Directiva Europea – una amplia actualización de las principales contramedidas del bloque para combatir los lavadores de dinero y grupos terroristas- no se ha logrado sin conflicto. Sin embargo la directiva obtuvo un gran apoyo por parte de los legisladores.
El principal obstáculo al tema de la propiedad efectiva no provino desde el interior de la UE, sino desde afuera, ya que el Reino Unido (UK) –un refugio para una industria de trust y fideicomisos alimentados por el capital extranjero – se resiste enérgicamente a la propuesta de crear una base de datos en el país con los trust/fideicomisos que detallen información clave sobre la verdadera titularidad, una disputa que la isla finalmente ganó.
Como parte de las negociaciones, el Reino Unido pudo elaborar una exclusión para los fideicomisos, donde solo deberán cumplir con las obligaciones las estructuras con “consecuencias fiscales”, que son una minoría del sector. Incluso éstas sólo estarán disponible para las autoridades y “sujetos obligados”, tales como los bancos, pero no para las entidades con un” interés legítimo “, un término indefinido para sectores como grupos de la sociedad civil y periodistas.
La falta de claridad en torno al tema de interés legítimo dará lugar a una falta de uniformidad en toda la UE, un “mosaico de diferentes configuraciones que no propician el intercambio de información para hacer que los datos lleguen a las personas que los necesitan”, dijo Nienke Palstra, oficial de política de la UE para Transparencia Internacional en Bruselas.
Los delincuentes explotarán cualquier brecha y tomarán “el camino de menor resistencia” señaló, y aclaró que deben existir similares niveles de acceso en toda la UE, aunque está claro que algunos miembros “quieren una definición muy estrecha y restrictiva”.
El último cambio en la directiva, tomando en cuenta los recientes ataques terroristas en Francia contra el periódico satírico Charlie Hebdo y varios civiles, también obligan a los Estados miembro a no solo crear programas contra el lavado de dinero sino también para descubrir y mitigar ataques terrroristas y sus financistas.
La Directiva también establece disposiciones para aquellos que crean y operan fideicomisos, compañías, fundaciones o estructuras similares, proveedores de servicios corporativos, casinos y empresas comerciales que reciben € 10.000 en efectivo en un momento dado o a través de varias transacciones vinculadas.
Además, la directiva exigiría a los países a construir bases de datos para identificar quiénes son las personas naturales que poseen el 25% o más de las acciones de las corporaciones y requeriría que los casinos, auditores, abogados y operaciones inmobiliarias creen programas contra el lavado de dinero y hagan disponibles sus correspondientes evaluaciones de riesgo y reporte de actividades sospechosas para las unidades de inteligencia financier y autoridades.
El texto define beneficiario final como la persona que posee o controla una compañía y sus actividades y en última instancia, autoriza las transacciones. La información que debe ser recolectada incluye: el nombre del beneficiario final, mes y año de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y detalles de propiedad, con algunas excepciones solo en “caso por caso, en circunstancias excepcionales”.
La interpretación de “interés legítimo” no está muy claro
La directiva “por primera vez requerirá que los estados miembro de la UE mantengan en los registros centrales información sobre el propietario final de entidades corporativas y legales, así como de fideicomisos”, según un anuncio de la semana pasada de la UE, destacando que el texto fue aprobado por los comités de Asuntos Económicos y Monetarios y de Libertades Civieles del Parlamento.
Los comités también aprobaron una regulación que reforzará la transferencia de fondos donde los bancos deben identificar los originadores y beneficiarios de giros internacionales.
Las autoridades y las unidades de inteligencia financiera tendrán acceso irrestricto a la información sobre el beneficiario final que deberá guardarse en los nuevos registros así como también deberán conservar los “sujetos obligados”, tales como bancos.
Otras entidades, como las organizaciones no gubernamentales, grupos de la sociedad civil, periodistas y el público en general deben demostrar un “interés legítimo” en sospechas por delitos relacionados con el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos subyacentes como la corrupción, el delito fiscal o fraude antes de obtener permiso para accede a la información, y pueden tener que pagar una comisión para accede a esta información.
El término no está definido y queda a criterio de los países miembro la definición
El tema de qué entidad calificaría como “interés legítimo ha sido un tema complicado porque no ha sido definido”, señaló Tamira Gunzburg, directora en Bruselas de ONE, una organización que busca combatir la pobreza, enfermedades y opacidad financiera. “La definición definitiva queda a criterio de los países miembro. Eso claramente no significa que estará abierta a todo el público. Pero nosotros vamos a plantear que todos tenemos un interés legítimo para acceder a esta información”.
La opacidad corporativa es un imán para los delincuentes y corruptos
Algunos de los principales países detrás de la idea de restringir el acceso a la información sobre el beneficiario final al público en general, y posiblemente a ciertas organizaciones civiles, son algunos de los paíes más poderosos de la UE.
Alemania, España, los Países Bajos, Suecia y Luxemburgo expresaron preocupación de que la información sobre los beneficiarios finales esté disponible para todo el mundo, según un informe en noviembre pasado titulado “Hidden Profits” (ganancias ocultas), publicado por European Network on Debt and Development, or Eurodad (Red Europea sobre Deuda y Desarrollo), una organización no gubernamental que se enfoca en la administración de la financiación, reducir la pobreza y la justicia fiscal.
“Casi todos los delitos económicos incluyen el uso de entidades corporativas”, según el grupo
En una revisión de 200 casos de corrupción en países en vías de desarrollo, las compañías en las que no se conocen los verdaderos titulares finales fueron utilizadas en más de 70% de los casos, según Eurodad citando información de documentos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Mundial. Se estima que la evasion fiscal general en Europa alcanza US$ 1 billón al año.
Algunos países, como los que presionaron para que los registros no sean de acceso para todo el público, entre ellos Alemania y Luxemburgo, es probable que definan “interés legítimo” de una forma muy restringida, dificultando o encareciendo para los grupos civiles o público en general el acceso a esta información, señala Gunzburg.
Según los actuales requisitos, los registros de los distintos países no tienen que estar conectados entre elllos, a pesar de que eso sería beneficioso en el futuro ya que prevendría que una compañía insolvente en una región opere y obtenga préstamos en otra, junto con la posibilidad de compartir información sobre posible actividad sospechosa, dijo Gunzburg.
La falta de confianza en fideicomisos apuntala el secretismo
En el tema de los fideicomisos, las bases de datos no capturarán a la mayoría del sector porque solo las estructuras con “implicancias fiscales” deben proveer los datos, según el más reciente informe, y si bien las autoridades y bancos podrán utilizar la información, otros, incluso con “interés legítimo” no podrán.
Esto es principalmente una consesión al Reino Unido, que cabildeó para que los fideicomisos no deban recopilar la información o que esta información no sea accessible al público en general.
La lógica detrás de la presión del Reino Unido es que los fideicomisos allí se utilizan principalmente para mover sin problemas herencias de una generación a otra y que la información de personas vulnerables, en particular niños o personas de mayor edad, podrían ser explotada por delincuentes, para cometer fraude o secuestros, según declaraciones públicas.
Por el contrario, ciertas exenciones vigentes en algunos países ha llevado a que mansiones vinculadas con ponderosas personas expuestas políticamente estén, por ejemplo en un caso, a nombre de un niño de 11 años de edad, dijo Gunzburg.
La falta de acceso a los fideicomisos, y el hecho de que la información de muchos no estarán de ninguna forma disponible en las bases de datos porque no generan facturación, “presenta un problema especial porque en su propia naturaleza son muy difíciles de hacer un seguimiento y se benefician de su gran secretismo porque las familias quieren mantener en reserva los detalles de sus activos y patrimonios. Eso los hace perfectos para los lavadores de dinero. Pueden establecer uno y no tener registro del mismo”, dijo Palstra.
No es ninguna sorpresa que el Reino Unido haya realizado un lobby tan feroz contra una mayor transparencia porque la industria de fideicomisos bajo la common law ha experimentado un “crecimiento exponencial” debido a que muchas personas y empresas extranjeras y domésticas han optado por guardar sus activos en tales estructuras, o en fundaciones, señaló, agregando que algunos países, con la intención de esquivar este obstáculo, están cambiando los nombres de los fideicomisos a otros términos para no quedar técnicamente enredado en la nueva normativa.
“En las negociaciones de la UE por la directiva ALD quedó evidente qué poco sabemos sobre este tipo de estructuras y cómo pueden ser utilizadas para lavar dinero”, dijo Palstra. “Nuestro temor es que estas nuevas obligaciones están a la retaguardia de fideicomisos y estructuras legales que presentan un peligro real” de ser utilizados para los delitos financieros.
Más información podría ayudar en investigaciones globales
En recientes años, los países del G-20-han determinado que el secreto corporativo, las compañías pantalla y turbias estructuras de propiedad se encuentran en el centro de una amplia gama de delitos, incluidos el fraude, la corrupción, la evasión fiscal y lavado de dinero.
Bajo las últimas recomendaciones del GAFI y la correspondiente directiva ALD de la UE, algunas entidades, incluidas las personas políticamente expuestas, PEPs domésticos, requieren un mayor escrutinio ya que conllevan un mayor riesgo inherente de estar vinculados con ciertos delitos, como por ejemplo recibir y mover fondos de la corrupción.
En general, y cuando estén operativos, los registros “serán un gran avance en comparación con uno o dos años atrás”, y se estará más en línea con lo que se considera en cumplimiento por parte de las recomendaciones del GAFI, señala Gunzburg.
El poder de estas nuevas normativas, aunque no sean perfectas, posiblemente se extienda más allá de la UE, y es probable que impulsen a conocidas jurisdicciones de secretismo, como las dependencias británicas Jersey y Guernsey, a crear bases de datos similares, dijo Robert Palmer, un oficial del grupo de defense Global Witness.
“Esto es realmente un gran paso y es una herramienta muy poderosa”, para que los bancos obtengan más información sobre los negocios e individuos, lo que les permitirá hacer una evaluación del riesgo más precisa y detallada y un mejor monitoreo de los delitos financieros, señaló Palmer.
No todos están de acuerdo con la idea de una base de datos abierta sobre información corporativa
“Es una invasión a la privacidad corporativa y personal porque permitirá que el público tenga acceso a la información personal de los accionistas”, dijo Christine Duhaime, de la oficina Duhaime Law, con oficinas en Toronto y Vancouver.
“A menos que se sospeche que existe terrorismo, no hay justificación para no proteger esa información”, dijo. “Y en el caso de que se sospeche terrorismo, las autoridades tendría acceso. No hay evidencia de que esto llevará a una reduccion del lavado de dinero, y mientras tanto estamos recorriendo el camino de la erosion de la privacidad corporativa basándonos en ningún beneficio identificado hasta el momento por parte de los abogados contra el lavado de dinero”.
No es así, señala un ex investigador federal de EEUU quien todavía trabaja bajo contrato con varias agencias
“Han existido investigaciones enteras que se vieron frenadas porque no pudimos obtener información sobre los beneficiarios finales para perseguir a los sospechosos que estaban al mando de las operaciones y verdaderamente manejaban los hilos Si conocemos la empresa pero no podemos encontrar a la persona física para vincular las presuntas transacciones ilícitas, dificulta enormemente nuestro trabajo”.
