Por el Equipo de ACFCS
10 de abril de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además la posibilidad de que las entidades financieras de México puedan intercambiar información con sus pares internacionales; en Chile, presos obtuvieron € 11.000 mil euros a través de secuestros virtuales en España; Petrobras estimó pérdidas de entre US$ 1600 y US$1.9000 millones por el escándalo de corrupción, y más

Sanciones

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo el jueves que el Departamento de Estado había finalizado su revisión sobre si Cuba debiera salir de la lista de gobiernos que patrocinan el terrorismo, lo que sería un posible paso gigantesco hacia la normalización de las relaciones entre ambos países. Obama, quien habló durante una reunión en Kingston con la primera ministra de Jamaica, manifestó que el equipo de seguridad nacional de la Casa Blanca recibió el informe del Departamento de Estado y se prepara para hacer una recomendación. “La revisión se completó”, dijo el mandatario. La eliminación de Cuba de la lista resolvería uno de los mayores obstáculos entre los dos países de cara al primer encuentro entre Obama y el presidente cubano, Raúl Castro, desde que anunciaron el restablecimiento de las relaciones diplomáticos en diciembre. Sacar a Cuba de la lista de gobiernos que patrocinan el terrorismo, donde ha estado desde 1982, representaría un paso significativo hacia la meta de normalizar las relaciones entre Washington y La Habana. Las negociaciones entre EE.UU. y Cuba acerca de la apertura de embajadas en ambas capitales han avanzado con lentitud debido, en parte, a la exigencia cubana de que el país sea borrado de la lista. (Con información de The Wall Street Journal)

Fraude

El banco británico HSBC anunció esta semana que será enjuiciado en Francia por un caso de blanqueo de fraude fiscal, y precisó que se le impuso una fianza de € 1.000 millones. La decisión judicial llega semanas después de que se destapara el caso “SwissLeaks”, que desveló unas prácticas de evasión fiscal a gran escala a través de la filial suiza del banco, HSBC Private Bank Suisse (HSBC PB), con sede en Ginebra. “Lo que se le reprocha” a la matriz, “es una falta de vigilancia, de control de la filial suiza”, explicó una fuente cercana a la investigación. El HSBC PB ya había sido imputado por dos jueces franceses en noviembre de 2014. Ahora que ambos finalizaron sus investigaciones, la fiscalía decidió procesar a la filial suiza por búsqueda ilegal de clientes en Francia y blanqueo de fraude fiscal entre 2006 y 2007. Según el diario francés Le Monde, unos € 180.600 millones pertenecientes a más de 100.000 clientes y 20.000 personas jurídicas / morales transitaron, entre noviembre de 2006 y marzo de 2007, por cuentas del banco en Suiza, disimuladas tras sociedades offshore. El caso comenzó a finales de 2008 cuando el ex empleado de HSBC Hervé Falciani entregó ficheros informáticos de la filial suiza a las autoridades francesas. (Con información de Ámbito Financiero)

Lavado de dinero

Las entidades financieras de México podrán intercambiar información con sus pares internacionales sobre sus clientes y usuarios, así como de operaciones de los mismos, para detectar casos de lavado de dinero o delitos de financiamiento al terrorismo. El intercambio se realizará únicamente con aquellas entidades que sean determinadas por la Secretaría de Hacienda, indica la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) este jueves. La información se intercambiará mediante el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI) y para que las instituciones financieras puedan solicitar información deberán cumplir ciertos requisitos como no operar en los países incluidos en las listas del GAFI, deben estar reguladas y deben conocer la normatividad mexicana en materia de secreto bancario y protección de datos personales en posesión de particulares. El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito indica que Hacienda debe establecer las medidas para prevenir y detectar en las instituciones de crédito y sociedades financieras de objeto limitado actos u operaciones de procedencia ilícita. (Con información de CNNExpansión)

Senadores de diverso partidos de México presentaron una iniciativa para reforzar las acciones en contra del lavado de dinero. Se trata de inhibir las operaciones con recursos de procedencia ilícita con el uso de instrumentos institucionales y de inteligencia financiera para minimizar al máximo la capacidad de corromper por parte del crimen organizado y la delincuencia común. De acuerdo con la senadora del PRI Blanca Alcalá, la iniciativa busca generar información de más calidad relacionada con recursos de procedencia ilícita que utilizan las autoridades correspondientes y hacer más eficientes los instrumentos de la propia ley. También busca enfatizar el enfoque basado en la evaluación de riesgos y en la identificación de las operaciones más sensibles al lavado de dinero. La intención es que la autoridad se centre en información sensible e importante en cuanto al lavado de dinero pero al mismo tiempo que existan mecanismos que faciliten la operación de las personas físicas o morales cuyas actividades profesionales están relacionadas con las actividades vulnerables. (Con información de Azteca Noticias)

Corrupción

Petrobras estimó pérdidas de entre 5.000 y 6.000 millones de reales (US$ 1600 y US$1.9000 millones) por el escándalo de corrupción Operación Lavado de Autos, incluyendo pagos excesivos a empresas revelados por la investigación, dijo el viernes el diario Folha de S.Paulo, citando fuentes que actuaron en la revisión de los contratos. Los valores deberán aparecer en el balance financiero de la empresa del 2014, que sería difundido en las próximas semanas.  Petrobras dijo el jueves que aún no tiene una fecha para publicar los resultados auditados de su tercer y cuarto trimestre, retrasados por culpa del escándalo de corrupción. La petrolera estatal brasileña dijo a Reuters en un correo electrónico que continúa trabajando para divulgar los resultados financieros “lo antes posible”. (Con información de América Economía)

Ciberdelito

La Policía Nacional de España identificó una trama chilena que realizó centenares de llamadas en España desde una cárcel de Santiago de Chile comunicando falsos secuestros por los que exigía rescates de entre 350 y 5.000 euros. La policía ha identificado y localizado a los miembros de la trama de origen chileno autora de centenares de llamadas a ciudadanos españoles comunicando falsos secuestros. Los autores intelectuales de estas llamadas se encuentran en un centro penitenciario de Santiago de Chile, desde donde realizan estas comunicaciones, y familiares y personas conexas a ellos serían los responsables de hacer efectivos los ingresos realizados por las víctimas. En casi dos meses, la Policía ha recibido 162 denuncias en distintas provincias, la mayoría de ellas registradas en Madrid, con 75 casos, y Málaga, con 35, seguidas de Zaragoza y Sevilla. Tan sólo un 10% de ellas, es decir, 14 víctimas, hicieron efectivo el pago del supuesto rescate. En estas llamadas, los falsos secuestradores habrían obtenido así un total de 11.000 euros. Aunque sus objetivos eran elegidos de modo aleatorio, el perfil de la víctima que sí ha ingresado el rescate solicitado responde al de una persona de avanzada edad y no habituada a relacionarse en redes sociales ni entornos virtuales. (Con información de RTVE)

La cadena de televisión francesa TV5Monde trabajaba el jueves para reestablecer sus sistemas después de que un ciberataque “muy potente” de hackers aparentemente leales a Estado Islámico (conocido también como ISIS) sacara la señal de la compañía del aire a nivel mundial, una nueva indicación de la capacidad tecnológica del grupo militante. La cadena, que transmite sus contenidos en idioma francés a través de 11 canales en todo el mundo y es propiedad indirecta de los gobiernos de Francia y otros países de habla francesa, dijo que los hackers penetraron los sistemas informáticos en su sede en París el miércoles por la noche, desactivando todo, desde el correo electrónico y plantas de producción, hasta los servidores que TV5Monde utiliza para enviar sus señales de televisión. Al mismo tiempo, los piratas tomaron el control de las cuentas en redes sociales de la cadena en plataformas como Facebook y Twitter donde publicaron propaganda terrorista en apoyo a Estado islámico, incluyendo algunos detalles personales sobre presuntos militares franceses, dijo una portavoz para el canal. El ataque informático, que ahora está siendo investigado por la inteligencia francesa, ofrece evidencia del crecimiento de la capacidad del grupo militante para llevar a cabo una guerra tecnológica. (Con información de The Wall Street Journal)

Por Brian Monroe
1 de abril de 2015

La multa de casi US$ 1.500 millones contra el banco alemán Commerzbank por significativas falencias en el campo de la delincuencia financiera se destaca por algo más que el peso del acuerdo y plazos muy ajustados.

La acción legal también es significativa, ya que muestra la desconfianza en el liderazgo de la institución, y hace responsable al presidente ejecutivo por el progreso en el asunto.

Esta estrategia, que es una medida que no tiene precedentes por parte del gobierno de EE.UU., busca poner presión a un grupo bancario monolítico para que mejore su mensaje desde la cúpula ejecutiva y asegure que el mismo se haga sentir en toda la organización.

Esta acuerdo de procesamiento diferido –deferred prosecution agreement (DPA)—de US$1.450 millones entre reguladores estatales y federales, investigadores y Commerzbank, con sede en Francfort, es producto de la decisión de la organización financiera de hacer negocios con entidades y regímenes prohibidos y una gran compañía óptica japonesa, Olympus, que participó de un enorme fraude contable.

El banco optó por seguir haciendo negocios con esas entidades potencialmente ilícitas en muchos casos, incluso después de que miembros del personal señalaran que estas prácticas podrían ser ilegales y los investigadores externos afirmaran que el banco podría estar violando las reglas del Departamento del Tesoro estadounidense por “stripping” (manipular/alterar) información en los giros, transferencias vinculados a Irán y Sudán para que pudieran pasar a través de los filtros de sanciones en la sucursal de Nueva York.

Como parte del acuerdo, el gobierno instaló un monitor que informará sobre los avances en relación con el cumplimiento del DPA cada 90 días y requisitos adicionales. Funcionarios estadounidenses también están requiriendo que el presidente ejecutivo del banco rubrique que las medidas requeridas se están llevando a cabo.

La resolución es “una especie de esquizofrenia”, dijo Michael Volkov, un ex fiscal federal ahora jefe de una firma legal con sede en Washington que se especializa en el cumplimiento e investigaciones civiles y criminales.

Los diversos principios son “los más duros que he visto” en un DPA relacionado con sanciones y cumplimiento ALD, a pesar de que ha habido sanciones mayores en acuerdos anteriores, dijo. “El gobierno está claramente frustrado y molesto por la cultura de cumplimiento en el banco y hay una desconfianza” de que el banco no será capaz de cumplir con sus obligaciones para mejorar los controles y lograr mayores descubrimientos.

“El gobierno dice, sí, le daremos el DPA y usted no tiene que declararse culpable y nadie está acusando a individuos, pero cuando lo lees, algunos de los términos del contrato no tienen precedentes”, dijo Volkov, que apunta a que los funcionarios del gobierno no solo obligan a un monitor, sino que la persona debe informar sobre los avances cada 90 días durante tres años.

Ningún otro acuerdo en el pasado requiere que el presidente ejecutivo o CEO “rubrique con su firma”—no una copia ni sello de goma—“el hecho de que todas las mejoras y medidas de cumplimiento se han realizado”, señala Volkov. “El gobierno también requiere que el banco le informe si encuentra otra violación. No es discrecional”.

El acuerdo con Commerzbank es la más reciente sanción masiva contra un gran banco extranjero por violaciones relacionadas con “stripping” desde 2009, que suman ahora más de media docena y que incluye compañías reconocidas en los mayores centros financieros de todo el mundo.

En junio, el mayor banco de Francia, BNP Paribas, pagó una multa récord de casi US$ 9.000 millones y tuvo que declararse culpable, una medida extrema, por haber manipulado/eliminado información de giros interbancarios vinculados a regímenes como Irán y Sudán, incluso después de que los investigadores advirtieran que la institución estaba siendo investigada formalmente por tales prácticas.

La sanción contra banco fue tan significativa porque el mismo continuó sus actividades cuando los investigadores le pidieron que cesara, y no fue sincero en la respuesta a las solicitudes de información. Otros bancos que han sido sancionados por errores similares incluyen a ING Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered y Lloyds. Una pena de US$ 1.900 millones contra HSBC también incluyó este tipo de actividades.

Creatividad para evadir sanciones y evitar controles antilavado

Los investigadores federales afirman que desde 2002 hasta por lo menos finales de 2008, Commerzbank utilizó una gran cantidad de medidas para evadir los controles de sanciones en su sucursal de Nueva York, incluso manipulado información de más de 60.000 operaciones de compensación en dólares por un valor de aproximadamente US$ 250.000 millones para entidades de Irán y de Sudán.

Además, el banco, con operaciones en 50 países y activos de más de US$ 580.000 millones, saboteó deliberadamente sus propios sistemas de monitoreo de transacciones para facilitar “numerosos pagos” por valor de US$ 1.600 millones a través de la sucursal de Nueva York vinculados a un amplio fraude contable de Olympus, que fue utilizada para ocultar “cientos de millones de dólares en pérdidas” de los contadores y auditores.

Para disimular transacciones vinculadas a Irán y Sudán, las sucursales extranjeras solían utilizar mensajes de pagos SWIFT amorfos y poco transparentes donde se ocultaban la identidad del remitente o beneficiario. Como resultado de esta práctica, las operaciones de cumplimiento en Nueva York se veían limitadas e ineficaces con “un menor número de alertas rojas de las que hubieran aparecido si toda la información hubiera sido compartida”.

El personal de Nueva York por lo tanto no tenía acceso a la información del cliente necesaria para investigar las alertas desatadas por los sistemas de monitoreo de transacciones o de filtrado, pero cuando pidieron más información a ejecutivos de bancos en el extranjero fueron rechazados o ignorados durante meses u obtuvieron “respuestas inadecuadas o insuficientes”, según documentos del acuerdo.

El personal de Nueva York intentó despejar alertas con búsquedas por Internet “superficiales”.

Una lucha entre cumplimiento y el departamento de negocios

El grado y el nivel de tensión entre el personal de cumplimiento y los altos ejecutivos es “muy común en los bancos multinacionales, incluso en los bancos de Estados Unidos”, dijo Ross Delston, un abogado con sede en Washington, y especialista de cumplimiento ALD.

Pero, tras un cambio en los últimos años, existe una “creciente tendencia para aceptar que el área comercial no va a salirse con la suya el 100 por ciento de las veces”, dijo. “Una de las lecciones de recientes medidas, y no solo Commerzbank, es que los bancos que están dejando que el área comercial opaque al área de cumplimiento están siendo castigados”.

Más aún, los altos ejecutivos que tomen esas decisiones de esquivar los controles de cumplimiento podrían verse despedidos, nombrados en las acciones de aplicación de ley y, posiblemente sancionados, dijo Delston, señalando un caso reciente de sanciones donde se vio involucrado un oficial de cumplimiento de MoneyGram.

“Nadie está a salvo”, dijo. “El siguiente paso obvio para los reguladores sería no solo perseguir solo a los algos ejecutivos de cumplimiento sino también a la alta dirección. Tuve la oportunidad de ver un regulador inspeccionar una situación atroz y decir que la alta dirección sabía o debería haber sabido lo que estaba pasando y por lo tanto era responsable”.

Manipular el sistema para que se generen menos alertas

En una entrevista con investigadores gubernamentales, un vicepresidente de cumplimiento que no fue identificado que trabaja con monitoreo y administración de umbrales de alerta dijo que el sistema estaba calibrado para no generar “muchas alertas”.

El acuerdo establece que tanto el jefe de cumplimiento regional de la filial de Commerzbank en Nueva York y el jefe de cumplimiento antilavado de dinero presionaron al personal para que manipule los sistemas de transacciones para generar menos alertas.

El personal de Nueva York tenía pocos recursos en el banco para obtener más información sobre entidades y transacciones imprecisas. Las opciones era tomar decisiones que pondrían en peligro sus carreras como ir directamente al presidente ejecutivo, consejo de administración, los reguladores estadounidenses o investigadores o en última instancia  “hablar con los pies e ir a otra empresa donde la cultura sea mejor”, dijo Volkov.

El banco “circuló instrucciones formales escritas y orientación informal a través de correo electrónico guiando al personal de menor jerarquía para que despoje la información que podría identificar a las partes sujetas de sanciones de los giros antes de enviar los mensajes de pago a bancos con operaciones en EE.UU.”, según los investigadores.

Mientras otros bancos se alejaban de Sudan, Commerzbank vio una oportunidad para generar negocios

Por lo menos desde 2002 a 2006, el banco “mantuvo cuentas en dólares de EE.UU. para por lo menos 17 bancos sudaneses, entre ellos cinco [que fueron nacionales especialmente designados], y procesó aproximadamente 1.800 transacciones en dólares estadounidenses por valor de más de US$ 224 millones a través de EE.UU. utilizando métodos no transparentes para estos clientes y otras entidades de Sudán”, dijo John Wood, presidente de la compañía Playfair Group.

“Esto es solo el comienzo de una nueva ronda de sanciones de varios miles de millones de dólares”, dijo, y agregó que posiblemente haya bancos en Asia, Medio Oriente y otras regiones dispuestos a hacer negocios con grupos designados en Irán, Irak y Siria y otras jurisdicciones. “La sanción de una persona es la oportunidad de otra persona”.

Todavía hay instituciones financieras que ayudan con petróleo ilícito y otros tipos de transacciones en nombre de Irán, incluyendo a China, Corea del Sur, Japón y otros países, como Chipre y Turquía, que podría “jugar para cualquier lado”, con el objetivo de obtener un beneficio, dijo.

Más novedades para altos ejecutivos

El acuerdo señala que si bien muchos de los empleados involucrados ya no están en el banco, entre ellos el jefe antilavado de dinero, fraude y sanciones en Nueva York, los funcionarios federales están exigiendo la terminación de relación laboral con por lo menos cuatro empleados que “jugaron un papel central”.

La medida exige el despido de un gerente de relaciones, un empleado en el área de interés, divisas y liquidez y dos miembros en los departamentos de gestión de fondos y de negocios internacionales.

Esos despidos no debe sorprender ya que el banco mostró una “actitud arrogante” en términos de cumplimiento del régimen de sanciones, en algunos casos “no solamente tenía una forma de evadir las sanciones”, dijo Wood. “Si un método no funcionaba, ellos promovían y utilizaban diferentes técnicas para poder continuar con el esquema de forma activa. Esta gente estaba fuera de control. Esta fue una ruptura sistémica”.

También es extraño que, en estos acuerdos, se nombren a las personas, o sus posiciones, y se exija que sean despedidos, dijo Volkov, una decisión que da una idea de lo que está por venir en futuros acuerdos.

“Va a haber más de estos acuerdos y los investigadores del gobierno está apuntando a los individuos”, dijo.

Por Brian Monroe
31 de marzo de 2015

La multa de casi US$ 5 millones del Departamento de Justicia contra un banco de California debido a la laxa supervisión de un procesador de pago destaca un área cada vez más riesgosa y desafiante en el cumplimiento de los delitos financieros: las acciones del cliente de un cliente.

Fiscales federales en EE.UU. multaron con US$ 4,9 millones al banco CommerceWest. La institución tuvo que admitir “deliberadamente no haber presentado” un reporte de operación sospechosas (ROS).

La severa medida deja varias enseñanzas para los profesionales en el campo de la delincuencia financiera: cuando aparecen vociferantes señales de alerta de otros clientes y bancos, hay que tomarlas muy en serio; mantener las cuerdas de cumplimiento bien aferradas para las entidades consideradas intrínsecamente de alto riesgo y ese control debe ser aún más sólido cuando un cliente puede ser un canal para otras sub-entidades que el banco no puede ver.

En términos más generales, la acción también tiene relación con una tendencia en donde grandes bancos están reduciendo sus exposiciones al riesgo cortando relaciones con entidades riesgosas.

Varios oficiales de cumplimiento en los últimos años se han dado cuenta de que a medida que las grandes instituciones eliminan sus relaciones con terceros, éstos buscan introducirse en instituciones más pequeñas, muchas veces mintiendo acerca de los clientes con los que van a operar para obtener la cuenta.

La medida es también una continuación de un esfuerzo iniciado por el Departamento de Justicia a principios de 2013 (“Operation Chokepoint”) para penalizar a los bancos que permitían que delincuentes en línea tuvieran acceso a los sistemas de pago online para defraudar a los clientes, en muchos casos mediante el acceso ilegal a tarjetas de crédito y de débito a través de terceros procesadores de pagos.

El banco CommerceWest, que fue fundado en 2001 y que cuenta con un capital de US$ 422 millones, ignoró “una serie de señales de alerta evidentes,” de V Internet Corp. LLC, durante más de un año, incluyendo las tasas de rentabilidad de más del 50%, miles de reclamos de clientes e “incluso múltiples quejas por parte de otros bancos cuyos clientes habían sido víctimas de estos esquemas de fraude”, según documentos de la corte.

CommerceWest “ignoró las señales de alerta y numerosas quejas por retiros de dinero no autorizados, y ahora tiene que pagar el precio por permitir que consumidores inocentes caigan víctimas de estafadores”, dijo la Fiscal Federal del Distrito Central de California Stephanie Yonekura, en una declaración preparada.

Incluso con tantas banderas rojas el banco no condujo una investigación más profunda, no cerró la cuenta y ni siquiera presentó un ROS, según los investigadores, y agregaron que cuando contactaron a CommerceWest, el banco había “permitido miles de cargos no autorizados de cuentas bancarias”, a la vez que acumulaba millones de dólares en ingresos por comisiones, mientras defraudaba a los clientes de decenas de millones de dólares.

En el ardid, el banco “facilitó fraude al consumidor a sabiendas” al permitir a V Internet basada en Las Vegas a realizar retiros no autorizados por millones de dólares de las cuentas bancarias de clientes en nombre de los comerciantes fraudulentos, dicen los investigadores.

Los investigadores descubrieron que en mayo de 2013, al menos un ejecutivo de CommerceWest había “determinado que las transacciones de V Internet parecían fraudulentas y no autorizadas”.

Pero el banco no tomó la decisión de cerrar la cuenta hasta principios de julio y, aun así, le dio a la empresa un período adicional de 30 días para relajar su actividad de procesamiento. El banco finalmente tomó la decisión de bloquear la compañía del acceso a las cuentas de las víctimas cuando fue contactado por el Departamento de Justicia.

Es crítico para que las entidades no se metan en problemas con el gobierno que al momento de abrir la cuenta pregunten a los procesadores de terceros en qué tipo de negocios participan y más específicamente cuáles son los nombres e información de contacto de los comerciantes para los que realizarán transacciones.

Esas simples preguntas podrían eliminar varios negocios riesgosos que no están dispuestos a proveer esa información.

Además de esa información, los bancos deben pedir al procesador información sobre el tiempo en que han estado en funcionamiento, con qué regiones realizarán transacciones, qué productos, y en qué otros bancos tienen cuentas, en caso de que haya. Si el procesador no tiene cuentas en otros bancos, o si las relaciones fueron de corta duración, esta será una señal de alerta ya que podría evidenciar que la operación cuenta con prácticas potencialmente ilícitas.

Si el banco le abre la cuenta al procesador, la operación podría seguir el camino tomado por algunas instituciones, que requieren que los propios procesadores adopten prácticas ALD, incluyendo la debida diligencia del cliente, monitoreo de transacciones y el envío de informes sobre operaciones sospechosas al banco.

Si el procesador muestra una falta de voluntad para adoptar tales prácticas, que podría ser debido a que están planeando participar en prácticas dudosas o trabajar con entidades criminales, como los portales de juego en línea extranjeros ilegales que están prohibidos de tener conexiones directas con los bancos estadounidenses.

Si el procesador muestra una falta de voluntad para adoptar tales prácticas, podría ser debido a que están planeando participar en prácticas inciertas o trabajar con entidades delictivas, como los portales de juego en línea ilegales que tienen prohibidos tener conexiones directas con bancos en muchos países.

El fiscal general suizo emitió una orden para congelar US$400 millones supuestamente vinculados a la trama de corrupción en la petrolera estatal brasileña Petrobras y ha iniciado nueve investigaciones sobre posible lavado de dinero vinculado con la estatal brasileña desde abril de 2014, que involucran a ocho ciudadanos de Brasil y otra persona que falta identificar.

La Oficina del Fiscal General de Suiza (OAG) señaló que liberó US$120 millones de los activos congelados para que sean repatriados luego de haber llegado a un acuerdo con dos titulares de cuentas. En una visita de dos días a Brasilia, el fiscal general suizo Michael Lauber mantuvo contactos con el procurador general brasileño Rodrigo Janot sobre las perspectivas del trabajo conjunto en el escándalo de corrupción que involucra a la petrolera.

“La liberación de los US$120 millones refleja la clara intención de Suiza de tomar una posición contra el mal uso de su sistema financiero con fines delictivos y de devolver los fondos de origen criminal a sus legítimos propietarios”, dijo la Procuraduría General.

En lo que van de las investigaciones hasta el momento, la Procuraduría General de Suiza ha descubierto más de 300 cuentas en más de 30 instituciones bancarias en Suiza, que al parecer fueron utilizadas para procesar los pagos de soborno que se encuentran bajo investigación en Brasil. Los beneficiarios finales de estas cuentas corporativas, la mayoría de las cuales están a nombre de las empresas domiciliadas, son altos ejecutivos de Petrobras y proveedores, intermediarios financieros y compañías brasileñas y extranjeras que han pagado sobornos en forma directa o indirecta, dijo el fiscal general.

“El escándalo de sobornos en Brasil afecta el sistema financiero suizo y a su estrategia antilavado de dinero, y como resultado la OAG tiene un particular interés en ayudar en forma absoluta para que el escándalo se resuelva a través de su propia investigación”, señaló la OAG.

Proceso penal en curso

El proceso penal suizo continuará con el objetivo de responsabilizar a los autores de los actos de corrupción y establecer el origen del resto de los bienes congelados. Con este fin, la Procuraduría General ha solicitado asistencia legal mutua a Brasil y a Holanda. Estos países también han presentado solicitudes de asistencia judicial recíproca a Suiza, que la Procuraduría General está procesando actualmente

La semana pasada el periódico inglés Financial Times publicó que el ejecutivo de Petrobras Pedro Barusco admitió haber utilizado cuentas en banco suizo en el marco del ardid de corrupción. Barusco les dijo a funcionarios brasileños que había abierto una serie de cuentas en varios bancos incluyendo una cuenta en HSBC que compartía con su mujer.

La investigación suiza es parte de una pesquisa internacional sobre los supuestos actos de corrupción en Petrobras que ya han llevado a tres ex ejecutivos a la cárcel.

Paulo Roberto Costa, el ex director de abastecimiento de Petrobras fue arrestado el año pasado por supuestamente haber participado en el ardid de lavado de dinero valuado en unos US$4.000 millones. Señaló que oficiales de la compañía sacaban hasta un 3% de los contratos de Petrobras.

Costa luego admitió que aceptó US$636.000 en sobornos en relación con la compra en 2006 de una refinería en Texas.

La UIF de EE.UU., FinCEN, incluyó esta semana a Banca Privada d’Andorra (BPA) en la lista de instituciones financieras extranjeras que son de principal preocupación en relación con actividades de lavado de dinero—conforme a la Sección 311 de la Ley USA Patriot de EE.UU.—y publicó un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM). Estas medidas se basan en información que indica que, desde hace varios años, directivos de alto nivel en BPA han facilitado a sabiendas transacciones para lavadores de dinero que actuaban en nombre de organizaciones criminales transnacionales.

Las autoridades norteamericanas acusan a tres altos ejecutivos de BPA de haber facilitado, a cambio de sobornos y comisiones, operaciones vinculadas a la actividad de grupos criminales, en especial de Rusia y China, y el banco no tendrá acceso al sistema financiero de EE.UU.

Lavadores de dinero específicos, también llamados third-party money launderers, participan en el negocio de la transferencia de fondos en nombre de un tercero, sabiendo que los fondos están involucrados en actividades ilícitas. Estos lavadores de dinero utilizan sus relaciones con las instituciones financieras para proporcionar a las organizaciones criminales acceso al sistema financiero internacional y dan un aura de legitimidad a los actores criminales que utilizan sus servicios. Algunos lavadores comercializan explícitamente sus servicios como un método para que las redes criminales obtengan una mayor transparencia y eludan los controles ALD/CFT de las instituciones financieras.

“Ejecutivos corruptos de BPA y débiles controles contra el lavado de dinero han hecho de BPA un vehículo fácil para que lavadores de dinero canalicen los ingresos del crimen organizado, la corrupción y la trata de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos”, señaló la directora de FinCEN Jennifer Shasky Calvery. “El anuncio […] es una medida fundamental para hacer frente a la conducta atroz de esta entidad financiera y enviar un mensaje de que Estados Unidos tomará medidas enérgicas para proteger la integridad de su sistema financiero frente a los delincuentes”.

La medida también pone de relieve la amenaza que presentan individuos que se dedican a lavarle el dinero mal habido a la delincuencia organizada. Las organizaciones delictivas transnacionales a menudo encuentran obstáculos para obtener un acceso directo a las instituciones financieras a nivel internacional y para lograr ingresar en el sistema financiero global organizaciones criminales utilizan los servicios de los lavadores de dinero específicos, incluyendo profesionales “gatekeepers” como ciertos abogados y contadores.

La actividad indebida de BPA –que es uno de los cinco bancos de Andorra—ocurrió en gran parte a través de su sede central en Andorra. La actividad involucró fondos de grupos del crimen organizado en Rusia y China, dinero relacionado con la corrupción en el extranjero, y otras actividades criminales. BPA accede al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuentas corresponsales directas con cuatro bancos de Estados Unidos, por medio de las cuales procesó cientos de millones de dólares. Altos ejecutivos de BPA armaron servicios financieros especiales para estos lavadores de dinero con la intención de ocultar el origen de los fondos. A cambio de algunos de estos servicios, estos altos gerentes de BPA aceptaron pagos y otros beneficios por parte de estos clientes delincuentes.

FinCEN describe que un gerente de alto nivel en el BPA en Andorra proporcionó una ayuda sustancial a Andrei Petrov, un lavador de dinero que trabajaba para organizaciones criminales rusas involucrada en actos de corrupción. En febrero de 2013, la policía española detuvo a Petrov por lavado de dinero. También se sospecha que Petrov tiene vínculos con Semion Mogilevich, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI en EE.UU.

La medida también describe la actividad de otro alto ejecutivo de BPA en Andorra que aceptó grandes pagos para procesar transacciones de lavadores venezolanos. Esta actividad incluía la creación de compañías fantasmas y complejos productos financieros para desviar fondos de la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). BPA procesó aproximadamente US$2.000 millones en transacciones relacionadas con este esquema de lavado de dinero.

Un tercer alto ejecutivo aceptó sobornos a cambio de procesar dinero en efectivo que era enviado por otro lavador, Gao Ping, quien operaba para una organización del crimen internacional que participaba de operaciones de lavado a través del comercio internacional y estableció una relación con BPA para lavar dinero para esta organización y varios empresarios españoles. A través de su asociado, Ping pagó enormes comisiones a ejecutivos de BPA para que acepten depósitos en efectivo en cuentas menos fiscalizadas o con menores controles para luego transferir los fondos a presuntas compañías fantasmas en China. Las autoridades españolas arrestaron en el año 2012 a Ping.

FinCEN ha presentado al Registro Federal (Federal Register) un aviso que explica los motivos para esta acción. Además ha entregado al Registro Federal una NPRM que, si se aprueba como norma definitiva, prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales o cuentas de pagos garantizas para BPA, y para otros bancos extranjeros que se utilizan para procesar transacciones donde participa BPA. El NPRM también propone exigir a las instituciones financieras aplicar una debida diligencia especial a sus cuentas de corresponsalía para bancos extranjeros para que eviten realizar transacciones relacionadas con BPA.

“Estamos viendo una tendencia creciente donde empresas y profesionales son incorporados por las organizaciones criminales transnacionales para facilitar prácticas corruptas, tales como la creación de sociedades fantasmas y pantalla y otras actividades ilegales”, señaló Peter Edge, director ejecutivo asociado de Homeland Security investigation. “Estos individuos e instituciones corruptas actúan como conexión entre los mundos lícito e ilícito”.

“Las instituciones financieras internacionales están invitadas a proporcionar un canal para que sus clientes utilicen los bancos estadounidenses, siempre y cuando cumplan con nuestras leyes”, dijo Richard Weber, Jefe de Investigación Criminal de la agencia de rentas de EE.UU., IRS. “Sin embargo, cuando los altos directivos de estas instituciones recurren a la corrupción y al soborno para enriquecerse, no deben sorprenderse cuando agentes especiales del IRS golpean sus puertas. El departamento de Investigación Criminal del IRS continuará trabajando con las autoridades y socios financieros para investigar estas instituciones y altos funcionarios que abusan de sus cargos de confianza para facilitar los lavadores de dinero que actúan en nombre de las organizaciones criminales transnacionales”.

Cavelry agradeció la ayuda de las autoridades de Andorra en esta investigación y el aporte del gobierno mexicano en los esfuerzos por parte de EE.UU. para combatir el lavado. Las instituciones financieras que facilitan la actividad de lavado de dinero de terceros permiten a los delincuentes eludir los controles contra el lavado de dinero tanto en Estados Unidos como a nivel internacional y por lo tanto proporciona un canal que socava la integridad del sistema financiero internacional, apunta FinCEN en su comunicado de prensa.

Las distintas organizaciones están experimentando un creciente número de desafíos y obstáculos en el campo de la ciberseguridad y los auditores internos juegan un papel clave para proveer seguridad a las organizaciones asegurando que el tema de la seguridad informática esté incluida en los procesos comerciales.

Una encuesta a unos 800 profesionales en el área de auditoría realizada por la firma Protiviti encontró que el 70% de estos auditores que trabajan en organizaciones que incluyen la ciberseguridad en sus planes de auditoría cuentan con una estrategia de riesgo de ciberseguridad, en comparación con el 42% de las compañías que no auditan su programa de ciberseguridad.

Los resultados de la encuesta Internal Audit Capabilities and Needs muestra que la ciberseguridad representan un factor muy importante en los programas de auditoría interna, a pesar de que no es el único tema importante entre las obligaciones de la función de la auditoría interna.

Entre algunos de los resultados luego de la encuesta se puede desprender que existe una creciente necesidad de mejorar la administración de riesgo de la ciberseguridad. Solo una de cada tres organizaciones se considera “muy eficiente” en la administración de riesgos de ciberseguridad.

Las compañías que obtuvieron un mejor rendimiento son las organizaciones que incluyen el tema del riesgo de ciberseguridad en sus planes de auditoría y aquellas cuyas juntas directivas se involucran en el tema de la seguridad informática. Los principales riesgos en ciberseguridad son la seguridad de datos corporativos, el daño reputacional y de la marca, el cumplimiento regulatorio, y la pérdida de información personal de los empleados

Compañías de todos los sectores y tamaños están experimentando un creciente número de desafíos en relación con el tema de la ciberseguridad y los departamentos de tecnología de la información tienen una muy importante responsabilidad para dar solución a esta problemática, sin embargo los auditores internos también juegan un papel clave para proteger a las organizaciones.

Entre los hallazgos de la encuesta a más de 800 profesionales se llega a la conclusión que cuando se trata de ciberseguridad, las compañías con mejores resultados son aquellas donde la alta gerencia y el directorio se involucran y participan en el tema y existen medidas definidas de ciberseguridad en los planes anuales de auditoría.

De acuerdo con los resultados de la encuesta continúan creciendo las prioridades de la auditoría interna, por ejemplo aparecen los riesgos de seguridad informática relacionados con tecnologías emergentes—como redes sociales, nubes informática y aplicaciones móviles—y también mayores presiones de cumplimiento regulatorio que llevan a los auditores internos a adaptarse y ser creativos para ayudar a sus organizaciones a hacer frente a nuevas demandas.

Las crecientes obligaciones, tareas y prioridades están llevando a las divisiones y profesionales de auditoría a invertir y utilizar cada vez más tecnología y otras herramientas que faciliten el trabajo del auditor.

Hay una clara necesidad entre la mayoría de las organizaciones para fortalecer sus capacidades para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de ciberseguridad, se desprende de la encuesta.

En general más de la mitad de las organizaciones cuentan con una estrategia de riesgo en relación con la ciberseguridad. La mayoría de las organizaciones lidian con el tema del riesgo de ciberseguridad a través de la evaluación del riesgo. Entre estas compañías, las áreas de tecnología de la información, auditores externos, comité de auditoría y la gerencia son las que tienen la participación más importante en esta evaluación del riesgo.

Un 30% de las organizaciones encuestadas señalaron que no pueden solucionar áreas específicas de riesgos de ciberseguridad en forma cabal debido a la falta de recursos, mientras que un 20% de las organizaciones no lo han podido hacer debido a la falta de herramientas tecnológicas.

La ciberseguridad crece entre las prioridades de las funciones de auditoría interna

Diez medidas en relación con la ciberseguridad para los auditores:

1. Trabajar con la gerencia y junta para desarrollar estrategias y políticas de ciberseguridad
2. Tratar de que la organización sea “muy eficiente” para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de la ciberseguridad, hasta un nivel aceptable
3. Reconocer el alcance y perjuicio de una filtración de ciberseguridad por parte de un empleado o socio comercial
4. Involucrar a la junta para que esté consciente de los riesgos de la ciberseguridad y asegurar que se involucre en asuntos de ciberseguridad
5. Asegurar que el riesgo de ciberseguridad esté formalmente integrado en el plan de auditoría
6. Entender y mantenerse actualizado sobre cómo las tecnologías emergentes y tendencias tecnológicas afectan la compañía y su perfil de riesgo frente a la ciberseguridad
7. Reconocer que frente a la ciberseguridad, las medidas preventivas requieren una combinación de seguridad tecnológica con un importante factor humano–un mezcla de educación, consciencia, vigilancia y herramientas tecnológicas
8. Hacer que el monitoreo de la ciberseguridad y una respuesta a un incidente cibernético sea una prioridad de la alta gerencia.
9. Solucionar cualquier falta de recursos o personal en TI/auditoría, que representa un claro desafío en muchas organizaciones y puede dañar los esfuerzos para solucionar los temas de ciberseguridad.

Por el Equipo de ACFCS
13 de marzo de 2015

Esta semana Tendencias en Delitos Financieros cubre además el hecho de que la UIF de Argentina actualiza los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, la Fiscalía General de Jalisco en México señala que en los últimos tres años las denuncias por diversos delitos en los que se utilizaron páginas electrónicas aumentaron ocho veces, ¿Vicente Fernández bajo la lupa de la DEA?, y más…

Lavado de Dinero

El gobierno de Panamá impulsará un proyecto de ley contra el lavado de dinero que incluirá como “sujetos obligados” a sectores no financieros, como empresas de transporte de valores, juegos de azar, zonas francas, empresas dedicadas a la compra de automóviles nuevos y usados, empresas de bienes raíces y Lotería Nacional de Beneficencia. Igualmente lo deberán hacer las fundaciones, financieras, empresas de arrendamiento financiero o “leasing”; empresas de “factoring”, remesas de dinero, organización de sistemas de apuestas, casas de empeño, constructoras, compañías de servicios de encomiendas internacionales, casas de cambio, Correos y Telégrafos Nacionales, asociaciones de ahorros y préstamos; abogados, contadores públicos autorizados, auditores externos y notarios. El proyecto de ley fue aprobado esta semana por el Consejo de Gabinete denominado “contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. Se informó que en los próximos días, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará este proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Según reza el comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, “este anteproyecto es el resultado de un diálogo entre el sector público y el privado que se viene realizando desde el último trimestre del año 2014 y que forma parte de la iniciativa ‘Panamá Unido contra el Blanqueo de Capitales’, cuyo fin es conseguir que el país sea excluido de la llamada lista gris del GAFI. (Con información de Crítica)

La gira del cantante mexicano Vicente Fernández está bajo la lupa de la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), ya que investiga si ésta sirvió para lavar dinero del narcotráfico, especialmente del cártel de Los Valencia, en Michoacán. Medios internacionales señalan que la DEA cree que los organizadores de los conciertos del intérprete estaban vinculados con el narcotráfico, al menos esa es la pista que investigan en Estados Unidos, ya que el cártel podría haber contactado con los empresarios dedicados a montar eventos de tal magnitud. El dinero pudo haber sido lavado en supuestos pagos ficticios durante la gira de despedida de El Charro de Huentitán en 2013, según el diario El País, por lo que autoridades españolas también están investigando ya que hubo un supuesto lavado de dinero de US$6.8 millones. De acuerdo al periódico El Mundo, entre los empresarios figura el nombre de Andrés Barco, quien presuntamente era el que lavaba dinero por medio de pagos ficticios en la gira, aparentemente los participantes no tenían por qué saber nada, pero los empresarios sí podrían haber colaborado, según sospecha la DEA. Algunos representantes del cantante han señalado que este problema lo tenían desde 2012, pero que el intérprete terminó su gira por respeto al público. (Con información de Televisa)

La UIF de Argentina elevó los montos a partir de los cuales los escribanos deben requerir documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, a fin de “incrementar la eficacia del sistema preventivo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Tal documentación se demandará cuando las transacciones superen los 2,2 millones de pesos (aprox. US$220.000). El organismo antilavado justificó la modificación con el objetivo de “concentrar aún más los esfuerzos en aquellos supuestos en los que existe mayor riesgo de comisión de los citados delitos y en aquellos clientes cuyas actividades denoten un mayor volumen económico relativo”. Se podrá exigir documentación bancaria de donde surja la existencia de los fondos o que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores, por importes suficientes; o bien, cualquier otra documentación que respalde la tenencia de fondos suficientes para realizar la operación. Los requisitos de identificación resultarán asimismo de aplicación cuando, a juicio del escribano, se realicen operaciones vinculadas entre sí que individualmente no hayan alcanzado el nivel mínimo establecido, pero que en su conjunto alcancen o excedan dichos importes. (Con información de El Cronista)

Un banco de California acordó esta semana pagar casi US$ 5 millones y admitió haber incumplido la ley para desestimar acusaciones de que había violado las normas contra el lavado de dinero y otras leyes por no haber identificado y reportado actividades sospechosas por parte un procesador de pago que retiró indebidamente millones de dólares de cuentas en otros bancos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos alcanzó el acuerdo con CommerceWest Bank of California como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido que requiere que la institución acepte un cargo criminal por “no presentar” un informe de actividades sospechosas. Los fiscales federales en documentos de la corte afirmaron que el banco ignoró las señales de alerta, incluyendo cartas y llamadas de varios bancos en 2012 y 2013, quejándose de retiros fraudulentos de cuentas de los clientes por parte del procesador de pago, V Internet Corp LLC. A pesar de estas protestas, el banco no investigó con más detenimiento la cuenta, no la cerró ni presentó un informe de actividades sospechosas (Con información de Wall Street Journal).

Ciberdelito

La Fiscalía General de Jalisco en México señala que en los últimos tres años las denuncias por diversos delitos en los que se utilizaron páginas electrónicas aumentaron ocho veces. Esto se demuestra en las 48 averiguaciones previas iniciadas en 2012, las 205 presentadas en 2013 y las 370 acumuladas en 2014. El fraude es el delito con mayor incidencia: en 2014 acumuló 302 averiguaciones previas iniciadas. Le sigue la amenaza (54), ultrajes a la moral (4), suplantación de identidad (3), extorsión (3), corrupción de menores (2) y abuso sexual (2). “Muy poca gente ha sido sancionada, nos falta mucho por hacer ante un tipo de delincuencia que ha ganado muchísimo terreno”, reconoce Alejandro Téllez Valdés, investigador de la UNAM, “los delincuentes han optado por esta modalidad, que se caracteriza por ser sumamente lucrativa, casi nunca deja huella y, por lo tanto, el factor de impunidad es muy acentuado. Es el crimen perfecto”. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM calcula que 45 millones de mexicanos han sido víctimas de algún tipo de ciberataque. (Con información de Informador)

Corrupción

Un ex gerente de Petrobras dijo en una audiencia esta semana que acumuló casi US$100 millones en sobornos como parte de una presunta red de corrupción en la empresa y que el partido de gobierno habría recibido hasta el doble de esa cifra. Pedro Barusco, ex gerente en la unidad de ingeniería y servicios, dijo que empezó a recibir sobornos “en 1997, 1998”, pero que la práctica se volvió más generalizada e “institucionalizada” en 2003 o 2004. El ex ejecutivo ya había hecho las revelaciones el año pasado en un acuerdo con los fiscales que investigan un creciente escándalo de corrupción en Petrobras. Pero la audiencia del martes fue la primera vez que lo confesó de forma pública. Barusco les dijo a los legisladores que se reunía con João Vaccari Netto, tesorero del Partido de los Trabajadores (PT), en hoteles o restaurantes de lujo para hablar del esquema y de cuánto compartirían de los sobornos. Los pagos ilegales provenían de las mayores empresas de construcción del país, agregó Barusco. “Eso me lleva a estimar que entre US$150 millones y US$200 millones fueron al PT”, dijo Barusco. Vaccari del PT y el partido han negado previamente cualquier comportamiento ilegal. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de Brasil autorizó que el tesorero sea investigado en conexión con la presunta red de corrupción. La audiencia de esta semana marcó la apertura de la investigación del congreso sobre las presuntas ilegalidades en Petrobras, la segunda pesquisa de ese tipo en dos años. (Con información de The Wall Street Journal)

Fraude

La Agencia Tributaria de España ha publicado este miércoles las prioridades de sus actuaciones para combatir el fraude fiscal durante 2015. Las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2015 busca combatir el fraude fiscal en distintas áreas entre las que se incluyen: 1. La economía sumergida, 2. Investigación de patrimonios en el exterior, 3. Planificación fiscal internacional, 4. Economía digital y redes sociales, 5. Prestación de servicios de alto valor, 6. Fraude organizado en tramas de IVA, 7. Control sobre operaciones, regímenes jurídico-tributarios, obligados tributarios y sectores de actividad específica, 8. Control de productos objeto de Impuestos Especiales, 9. Control de los impuestos medioambientales, 10. Control aduanero, y 11. Prevención y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales. (Con información de El País)

Sanciones

La tensión entre los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos se incrementó esta semana luego de que el presidente estadounidense, Barack Obama, firmara una orden ejecutiva que trajo como consecuencia la aplicación de sanciones a siete funcionarios del gobierno venezolano. El presidente Obama firmó una orden ejecutiva para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos involucrados en violaciones a los derechos humanos, la libertad de expresión y corrupción. El mandatario tomó la decisión en base a los poderes que le otorga el  Acta para la defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela y otros instrumentos legales de EE.UU. Se sanciona a los funcionarios de dos formas: impidiéndoles la entrada a Estados Unidos, de esto se encarga el Departamento de Estado a través de la restricción en las visas, y con sanciones económicas a cargo del Departamento del Tesoro. Las sanciones económicas tienen a su vez dos implicaciones: la congelación de bienes en EEUU y la imposibilidad para negociar con personas y empresas estadounidenses. (Con información de El Universal).

La conferencia proveerá entrenamiento y conocimiento en una gran variedad de amenazas en el campo de los delitos financieros, la III Conferencia Anual Latinoamericana sobre Delitos Financieros se realizará del 10 al 12 de junio en la ciudad de Panamá y presentará más de 30 oradores expertos en paneles dedicados al nuevos escenario de cumplimiento ALD/CFT, el delito financiero en el comercio internacional de bienes y servicios, la complejidad de las obligaciones en el tema del beneficiario real, las amenazas del contagio de los riesgos de terceros, y mucho más.

La conferencia, que fue destacada por varios medios de comunicación de América Latina como La Gente o Dominicanos Hoy, busca mucho más que ofrecer información útil, es un foro práctico y participativo donde los asistentes pueden debatir sobre sus principales desafíos en el mundo real y obtener las respuestas para poder enfrentarlos y solucionarlos.

Como señala Prensa Latina en un artículo sobre la conferencia de la ACFCS, en estos momentos Panamá se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está tomando medidas para salir de esta situación y devolver confiabilidad al sistema panameño.

Si bien el GAFI destacó los pasos tomados por Panamá para combatir la delincuencia financiera, incluyendo la presentación de mayores guías para la preparación y presentación de informes de actividades sospechosas, el fortalecimiento de los órganos supervisores y fiscalizadores de la inteligencia financiera, entre otras, también señaló que el país debe actualizar la ley para penalizar adecuadamente el lavado de dinero, establecer protocolos de debida diligencia de los clientes y exigir a los sujetos obligados a presentar informes de transacciones sospechosas.

Las autoridades panameñas han señalado que están trabajando para salir de la lista ya que es una situación que presenta un gran escollo para la economía del país. Los bancos en Panamá enfrentarían problemas con sus corresponsales en otros países impidiendo que operen en el mercado internacional, como uno de los problemas.

Los expertos de diversos países de América Latina que participarán en el evento de la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros compartirán sus conocimientos, experiencias y mejores prácticas en 18 paneles sobre los temas de delitos financieros más importantes y preocupantes que enfrentan los profesionales, instituciones financieras y otras organizaciones en todo el hemisferio. Haga clic aquí para ver el programa completo, los oradores y los eventos sociales.

Además de proporcionar un conocimiento y una capacitación vital, el evento ofrecerá muchas oportunidades para establecer contactos con los cientos de asistentes y oradores expertos que vendrán de distintos países del continente y que trabajan en las más diversas áreas dentro del campo del delito financiero. La conferencia incluye muchos eventos sociales, entre los que se cuentan dos cocteles, dos desayunos, dos almuerzos y muchos refrigerios.

Las personas que participen en la conferencia tendrán acceso gratuito al Seminario de Preparación para tomar el Examen de Especialista Certificado en Delito Financiero, que se realizará el 10 de junio, el día previo al inicio de la conferencia. El seminario prepara a los asistentes para rendir el riguroso examen de certificación CFCS (Especialista Certificado en Delitos Financieros) e informarles sobre todos los detalles acerca de la certificación. Desde el lanzamiento de la certificación CFCS en mayo de 2013, profesionales de 73 países han obtenido la certificación CFCS o se han inscrito para tomar el examen, que está disponible en inglés y español.