La responsabilidad civil de los oficiales de cumplimiento se ha convertido en un riesgo laboral permanente
[private]Por: Equipo de ACFCS
Fecha: 20 de Mayo de 2014
Se está acelerando una tendencia que pone a los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras y otras empresas en una situación de gran riesgo personal. Este nuevo riesgo laboral se tradujo en acciones adversas contra los profesionales de cumplimiento por parte de las agencias reguladoras y de aplicación de ley, incluyendo sanciones monetarias, despidos y acciones penales.
Los oficiales de cumplimiento están cada vez más expuestos a la responsabilidad civil legal por errores y fallas institucionales. Esta situación trae aparejada una nueva dinámica a una de las ocupaciones de mayor crecimiento en muchos países.
En los últimos años, los oficiales de cumplimiento en los distintos campos de los delitos financieros han sido elevados a una posición de mayor distinción – y visibilidad – en las instituciones financieras y otras empresas vulnerables a la delincuencia financiera. Al mismo tiempo, también crecieron los salarios y compensación que se pagan a los oficiales de cumplimiento. Hoy en día no es raro que un oficial de cumplimiento senior de una importante institución tenga ingresos superiores al US$1 millón por año.
El valor de los oficiales de cumplimiento en las instituciones medianas y grandes aumentó considerablemente. Mucho de esto fue impulsado por profundos esfuerzos del gobierno contra la evasión fiscal, el lavado de dinero, violación de los regímenes de sanciones, la corrupción pública, y el daño reputacional para las instituciones y otros negocios atrapados en estos delitos de mucha exposición.
Si bien la categoría de los oficiales de cumplimiento ha aumentado, también lo ha hecho la exposición de éstos a la responsabilidad civil por fallas programáticas. Cada vez más, el cumplimiento se ha convertido en una profesión de «alto riesgo, alta recompensa».
Este incremento de los riesgos es en gran parte el resultado de la «demanda de los reguladores y de del Congreso para que haya responsabilidad legal individual cuando se identifiquen problemas sistémicos [en las instituciones financieras],» dice Nick Hartofilis, Director de Servicios de Asesoría de Riesgos en la firma de contabilidad y consultoría, Kaufman, Rossin & Co., en Miami. Dice que hay razones pragmáticas para que los reguladores apunten a los oficiales de cumplimiento en lugar de presentar acciones contra una institución.
“La responsabilidad legal individual eleva los estándares en todo el escenario de cumplimiento”, señala Hartofilis.
El caso de Brown Brothers Harriman destaca el mayor riesgo a la responsabilidad civil
«En el actual ambiente regulatorio definitivamente hay un mayor riesgo de que los oficiales de cumplimiento se vean legalmente responsables, especialmente los profesionales en los niveles superiores», dice Christian Focacci, director de la firma de colocación en el área de cumplimiento de delitos financieros, AMLSource, en Nueva York.
«La tendencia está siendo impulsada por una combinación de un mayor escrutinio a los individuos por parte de las agencias gubernamentales, que se vio incrementada por mayor atención de los medios de comunicación a los casos contra las principales instituciones», señaló Focacci.
Un ejemplo muy preciso sobre los mayores riesgos que enfrentan los oficiales se vio en la medida de cumplimiento por parte de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA, Autoridad Reguladora de la Industria Financiera) contra la firma de inversión de EEUU Brown Brothers Harriman el mes pasado. Gran parte de la publicidad en torno a este caso se centró en el la multa de US$8 millones por parte de FINRA por una serie de falencias en los programas antilavado de dinero en la enorme institución financiera de EEUU.
Al igual de significativas fueron las sanciones impuestas por FINRA contra el director del programa ALD de Brown Brothers Harriman. La «organización de autorregulación» para la industria de valores impuso una sanción monetaria de US$25.000 al oficial global antilavado de dinero y lo suspendió por un mes, que dio lugar a su despido de la institución.
Si bien las multas y suspensiones por parte de FINRA no son infrecuentes, tales sanciones por lo general se aplican a defraudadores de valores o jefes de boiler-rooms, y no a oficiales de cumplimiento en los principales bancos. Sin embargo, el caso Brown Brothers Harriman no es un incidente aislado, y FINRA no es la única agencia que apunta a los oficiales de cumplimiento.
En distintas industrias y lugares, los reguladores apuntan a los oficiales de cumplimiento
En el pasado año, un número creciente de casos se han presentado contra los oficiales de cumplimiento por parte de agencias de autorregulación y de aplicación de ley. Los casos se han extendido a una serie de instituciones financieras que va más allá de los bancos y agentes de bolsa.
En enero de 2013, el Departamento de Justicia de EEUU logró una pena de prisión de ocho meses para Humberto Sánchez, el oficial de cumplimiento de un negocio de servicios monetarios en Los Ángeles. Sánchez se declaró culpable de no contar con un programa ALD efectivo, en clara contravención de la Ley de Secreto Bancario (BSA).
A principios de este año, fiscales federales de Estados Unidos apuntaron a oficiales de cumplimiento en la industria de las monedas virtuales. En enero, la Oficina del Fiscal de EEUU en Nueva York acusó a Charlie Shrem, Director de Cumplimiento del proveedor de Bitcoin Bitlnstant, de conspirar para lavar dinero. Los fiscales alegan que Shrem, a sabiendas, ayudó a canalizar dinero a través del sitio Silk Road y no presentó los informes de actividades sospechosas.
En julio de 2013, la National Futures Association (Asociación Nacional de Futuros, NFA), la agencia de autorregulación para la industria de futuros en EEUU, impuso una sanción pecuniaria de US$75.000 contra James Green, el principal oficial de cumplimiento de la firma de cambio de divisas FX Direct Dealer. La NFA encontró que Green fue personalmente responsable de no supervisar el programa ALD de la empresa. Se lo suspendió por un año como director de cumplimiento.
Los ejemplos no se limitan a EEUU. En agosto del año pasado, la Financial Conduct Authority (Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, FCA) impuso una multa a un oficial de cumplimiento de una firma de corretaje de unos US$115.000 por «no actuar con suficiente cuidado y diligencia» para prevenir que un cliente cometiera fraude de valores.
No habrá disuasión sin sanciones individuales
La iniciativa para imponer sanciones regulatorias, civiles e incluso penales contra los oficiales de cumplimiento no sorprende a quienes han seguido los recientes comentarios realizados por los reguladores en EEUU. Frente a la creciente presión política y mediática, las agencias reguladoras y de aplicación de ley están tratando de aparecer firmes contra el delito financiero.
«Si estamos concluyendo casos sin hacer responsables a los individuos no estamos realmente disuadiendo mucho», dijo Benjamin Lawsky, superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (New York Department of Financial Services), en un discurso en la conferencia de la Securities Industry and Financial Markets Association (Asociación de Industria de Valores y de Mercados Financieros) el mes pasado.
Algunos funcionarios electos de EEUU claramente comparten su punto de vista. En octubre de 2013, el congresista Maxine Waters, demócrata de California, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Representantes de EEUU que contiene una serie de cambios regulatorios diseñados para aumentar las penas contra las personas.
El proyecto de ley llamado “Holding Individuals Accountable and Deterring Money Laundering Act,” («hacer responsables a las personas e impedir el lavado de dinero») permitiría a los reguladores estadounidenses imponer multas civiles a los individuos por violaciones de la Ley de Secreto Bancario, y «eliminar y prohibir los malos actores de [la industria de servicios financieros]». El proyecto de ley también aumentaría las penas por infracciones de la Ley de Secreto Bancario a 20 años, frente al límite actual de cinco años, y autorizaría a la UIF de EEUU (FinCEN) a litigar casos por su cuenta. El proyecto de ley cuenta con varios copatrocinadores, pero aún no ha salido del Subcomité de Crimen, Terrorismo, Seguridad Interna e Investigaciones.
La mayoría de los profesionales de cumplimiento prevén un incremento en la responsabilidad civil
Sobre la base de encuestas en la industria, los oficiales de cumplimiento ya son conscientes de la creciente responsabilidad que enfrentan. Una reciente encuesta de Thomson Reuters que contactó a más de 600 profesionales de cumplimiento en todo el mundo en bancos, agencias de bolsa, aseguradoras y empresas de gestión de activos encontró que el 53% consideró que su responsabilidad civil había aumentado con respecto al año anterior.
Sin embargo, los riesgos no han caído por igual en todas las funciones de cumplimiento. «Hasta la fecha, la responsabilidad adicional ha caído por lo general en los profesionales de niveles más altos, que representan solo un porcentaje muy pequeño de los profesionales de cumplimiento de los delitos financieros», dijo Focacci.
A pesar del limitado número de profesionales que se vieron afectados hasta el momento, algunos expertos se preguntan si al apuntar a la responsabilidad individual se dañará el campo de cumplimiento de delitos financieros ahuyentando los profesionales talentosos.
«La preocupación de la industria es que los profesionales calificados no quieran asumir los roles de oficial de cumplimiento debido al aumento en el riesgo de la responsabilidad civil y a severas medidas de aplicación de ley», dice Hartofilis. «Las agencias reguladoras han hecho hincapié en que no quieren sacar a los profesionales calificado de los roles de oficial de cumplimiento.»
Los oficiales de cumplimiento deben construir sólidos programas, pero también deben buscar protecciones
Además de contar con programas de cumplimiento sólidos, los oficiales de cumplimiento deberían buscar activamente formas para mitigar los riesgos a la responsabilidad civil, sugieren los expertos entrevistados por ACFCS.
Focacci destacó la necesidad de un personal calificado y altamente entrenado como medida de protección clave contra la responsabilidad legal para los profesionales de cumplimiento. Hartofilis subrayó la importancia del enfoque basado en el riesgo y un programa robusto de auditoría contra la delincuencia financiera, incluida la auditoría ALD. Dijo que los oficiales de cumplimiento deben implementar programas de capacitación continua para los gerentes de relaciones y asegurar que estos gerentes cuenten con canales claros para informar actividad sospechosa de los clientes.
Los nuevos riesgos que enfrentan los oficiales de cumplimiento también pueden llevar a una revisión de la cobertura del seguro.[/private]