Europa adopta medidas estrictas contra el lavado de dinero con especial énfasis en el “beneficiario final”

[private](Este artículo de ACFCS.org es una adaptación de un artículo de edición de Mayo 2014 de la publicación International Law Reporter, editada y publicada por Bruce Zagaris. Socio de Berliner, Corcoran & Rowe, en Washington DC. Zagaris es miembro de la Junta de Asesores de ACFCS y un líder mundial en tributación internacional, tratados y asuntos de aplicación de la ley).

Por Bruce Zagaris

El Parlamento Europeo (PE) votó el primero de marzo una nueva legislación contra el lavado de dinero que aumentará considerablemente la transparencia corporativa y reforzará los controles contra el lavado de dinero de los estados miembro de la UE. En particular, la legislación exige que los distintos países establezcan un registro público donde figuren los «beneficiarios finales» de empresas fantasmas y fideicomisos como una forma para reducir la evasión fiscal y el lavado de dinero.

La 4ta Directiva sobre el Blanqueo de Capitales fue aprobada por un amplio margen, en una votación de 643 a favor y 30 en contra con 12 abstenciones. El Parlamento Europeo introdujo varias modificaciones a la propuesta inicial de la directiva por parte de la Comisión Europea, tales como el registro de “beneficiarios finales”. El registro facilitaría a las autoridades policiales y fiscales determinar quién es en realidad el verdadero beneficiario de cualquier entidad jurídica dentro de la UE. La nueva directiva todavía requiere mayor revisión por parte de los países antes de ser adoptada plenamente.

La cuarta directiva busca limitar el alcance de la actividad criminal y terrorista en Europa. Las estimaciones indican que el lavado de dinero representó hasta el 2,7% de la actividad económica mundial o US$ 1,6 billones en 2009.

Los cambios propuestos incluyen: la introducción de una «lista blanca» de las jurisdicciones con altos estándares antilavado; la inclusion de una lista de «personas políticamente expuestas», una lista de los funcionarios gubernamentales de alto rango, miembros del parlamento, y otras personas en puestos similares; exenciones para ciertas operaciones de juegos de azar (por ejemplo, las loterías estatales), sujeto a la aprobación por la Comisión Europea; y ciertas exenciones para productos de dinero electrónico o e-money.

Registros públicos

La directiva modificada requerirá un registro central público en cada país de la UE donde se incluya la información sobre los beneficiarios finales de todo tipo de “arreglos legales” (entidades, instrumentos y personas jurídicas), incluyendo empresas, fundaciones, holdings y fideicomisos. Los registros se conectarán en toda la UE y su acceso estará «a disposición del público previa identificación de la persona que desea tener acceso a la información a través de una inscripción en línea básica». La directiva modificada cuenta con varias disposiciones para proteger la privacidad de los datos y para asegurar que solo la información mínima necesaria será incluida en el registro.

Las compañías deberán proporcionar información sobre el beneficiario final, como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, información de contacto, y la jurisdicción de constitución. Los fideicomisos se verían en la obligación de tener que proveer similar información .

Los países liderados por Austria se han negado a aprobar la legislación propuesta sobre “ahorro fiscal transfronterizo de la UE” a menos que la UE refuerce las normas de propiedad para evitar que los evasores de impuestos se escondan detrás de las complejas estructuras que permiten el anonimato.

Reportes de Actividad Sospechosa

La directiva requerirá que bancos, instituciones financieras, auditores, abogados, contadores, asesores fiscales, casinos y agentes de bienes raíces, entre otros, estén más atentos sobre las operaciones sospechosas realizadas por sus clientes.

Personas Expuestas Políticamente

Las normas relativas a las personas expuestas políticamente, es decir, las reglas para las personas que presentan un mayor riesgo de corrupción debido a los cargos políticos que poseen, se extienden a los PEPs «domésticos». Estas personas son las que tienen funciones públicas importantes o han sido “confiados por parte del estado miembro de funciones públicas importantes», como por ejemplo jefes de estado, miembros del gobierno, jueces de la Corte Suprema, y los miembros de los parlamentos.

Cuando se entabla una relación comercial de alto riesgo con este tipo de personas, se deben tomar medidas adicionales, por ejemplo, establecer el origen del patrimonio y de los fondos involucrados.

Regulaciones para la transferencia de fondos y un enfoque basado en el riesgo

La directiva modificada solicita un enfoque basado en el riego para la diligencia debida ALD, y de esta forma facilitar a los estados miembro la identificación, entendimiento y mitigación de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo.

El PE también votó para adoptar la Regulación de Transferencia de Fondos, cuyo propósito es mejorar el rastreo de los pagadores y beneficiarios de los pagos y sus activos. La resolución legislativa para la transferencia de fondos fue adoptada por 627 votos a favor y 33 en contra, con 18 abstenciones.

Futuro y Análisis

Se espera que los estados miembro de la UE consideren la legislación en los próximos meses en el Consejo de Ministros. Por lo menos cuatro de los 28 Estados Miembro de la UE, como el Reino Unido, se oponen al registro público de los dueños de compañías, fideicomisos y fundaciones. El Reino Unido ha expresado su oposición a la inclusión de fideicomisos en la legislación.

La directiva modificada, especialmente el requisito sobre el registro público de beneficiarios finales, ha sido un éxito de los grupos de la sociedad civil que han hecho grandes esfuerzos para que exista un registro a escala comunitaria.

A pesar de la abrumadora votación a favor, se presentaron 413 modificaciones

Los profesionales fiduciarios han criticado la inclusión de los fideicomisos en la propuesta del registro público. La Comisión Europea había incluido inicialmente una disposición basada en la recomendación 25 del GAFI relacionada con la transparencia y propiedad efectiva de las entidades e instrumentos jurídicos. La disposición no requería la divulgación pública de la información sobre los beneficiarios finales de los fideicomisos, sin embargo, grupos de la sociedad civil han intervenido y han presionado para incluir a los fideicomisos. El Parlamento Europeo ha prestado atención a sus recomendaciones.

Como señaló George Hodgson, director ejecutivo adjunto de Society of Trust and Estate Practitioners, los profesionales están preocupados de que los registros se entrometerán en asuntos familiares, serán muy costosos para poder implementar, y en última instancia, ineficaces para un correcto seguimiento de los fondos ilícitos. Hodgson ha observado que el Consejo de Ministros está evaluando su posición sobre el asunto. Finalmente, el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo tendrán que asumir una posición de compromiso.[/private]