G-5 acuerda intercambiar información sobre el beneficiario final y el G-20 exige a la OCDE que establezca criterios para identificar países no cooperantes
Este artículo fue publicado originalmente en la edición de abril de 2016 de International Enforcement Law Reporter, www.ielr.com, una respetada publicación estadounidense que abarca cuestiones de derecho penal, delincuencia financiera y más. Se publica con el permiso del abogado, experto en delitos financieros, y miembro del Consejo Asesor de ACFCS Bruce Zagaris.
Por Bruce Zagaris
4 de mayo de 2016
El 14 de abril de 2016, cinco países de la Unión Europea anunciaron una iniciativa piloto para el intercambio automático de información sobre beneficiarios finales con el fin de proporcionar a sus autoridades fiscales y otras autoridades pertinentes pleno conocimiento de un gran caudal de información y ayudar en el seguimiento de las complejas rutas offshore utilizadas por los criminales.1 El 15 de abril de 2016, tras la reunión de los Ministros de Finanzas y Gobernadores de los Bancos Centrales del G-20 se emitió un comunicado requiriendo que para julio de 2016 la OCDE publique criterios objetivos para identificar las jurisdicciones no cooperativas con respecto a la transparencia fiscal. 2
1– Proyecto piloto sobre intercambio automático de información del Beneficiario Final
La carta de los países del G-5 explica que la iniciativa responde a las filtraciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre los Panama Papers. Según la carta, la comunidad internacional debe tomar una firme medida colectiva para incrementar la transparencia en el tema de la propiedad efectiva, sobre todo porque los criminales continúan encontrando maneras de explotar las lagunas en el sistema actual que les permite establecer complejas estructuras en múltiples lugares para esconder sus actividades. Por lo tanto, se requiere una respuesta global.
En el tema de propiedad efectiva, todas las jurisdicciones deben aplicar un mayor nivel de transparencia. Los cinco firmantes se comprometen a establecer lo antes posible registros u otros mecanismos que requieran que se identifiquen a los propietarios reales de las empresas, fideicomisos, fundaciones, empresas fantasmas y otras entidades pertinentes y que esta información esté a disposición de las autoridades de la administración tributaria y de cumplimiento de ley. Estas autoridades piden a todas las jurisdicciones que tomen el mismo camino.
Como primer paso, los países firmantes anuncian una iniciativa piloto para el intercambio automático de información sobre el beneficiario final. El objetivo es que esta iniciativa sea un reflejo de las medidas innovadoras que han tomado para la evasión de impuestos en virtud de las Common Reporting Standards (CRS) o Normas de Información Común (SRC). El intercambio automático de información sobre el beneficiario estará, al igual que con el CRS, sujeto a las protecciones de datos y confidencialidad habituales y a cualquier excepción propia. Los firmantes buscan garantizar que esta información «se encuentre en un formato que se pueda buscar y que también contenga información sobre las entidades y estructuras cerradas durante el año correspondiente».
Para que sea plenamente eficaz, al igual que con el CRS, el intercambio debe ser sobre una base global. Por lo tanto, la carta que fue enviada a los ministros del G-20, solicita el apoyo a esta iniciativa de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20. La carta pide a la OCDE, en cooperación con el GAFI, que prepare un nuevo estándar global para el intercambio de información sobre la propiedad efectiva. Debe cubrir «la sólida identificación de la propiedad efectiva, la gama de entidades e instrumentos que deben ser cubiertos por este tipo de intercambio, el tiempo del intercambio y una amplia escala de procedimientos de intercambio».
La carta solicita, como paso siguiente, el desarrollo de un sistema de registros relacionados que contengan completa información sobre la propiedad y requiere que la OCDE, en cooperación con el GAFI, desarrolle estándares internacionales comunes de estos registros y su interconexión.3
Al 22 de abril de 2016, más de 20 estados miembro de la UE y jurisdicciones relacionadas firmaron con el G-5 un comunicado conjunto sobre la iniciativa mundial para desarrollar un sistema multilateral de intercambio automático de información sobre propiedad efectiva.4
2—Comunicado de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20
El comunicado del G-20 reafirma enérgicamente la importancia de la aplicación efectiva y generalizada de las normas acordadas a nivel internacional en materia de transparencia. Se pide a todos los países relevantes, incluyendo todos los centros y jurisdicciones financieras, que no se han comprometido a implementar el estándar de intercambio automático de información para el año 2017 o 2018 que lo hagan sin demora y que firmen el Convenio Multilateral. Según el comunicado, para la Cumbre del G-20 en 2017 se espera que todos los países y jurisdicciones mejoren su calificación de Global Forum o Foro Mundial a un nivel satisfactorio.
El Comunicado pide a la OCDE que trabaje con países del G-20 para establecer criterios objetivos para la identificación de jurisdicciones no cooperativas con respecto a la transparencia fiscal para la reunión de julio. Los miembros del G-20 considerarán medidas defensivas contra las jurisdicciones no cooperativas, si no se concreta el progreso según los evalúa el Global Forum.5
Se espera con interés el informe del Foro Global sobre transparencia e intercambio de información a efectos fiscales antes de que finalice el año. Elogia los esfuerzos colectivos y continuos de los países y las organizaciones internacionales para el desarrollo de capacidades en materia fiscal para las economías en desarrollo. Alienta a los miembros del G-20 a comprometerse con los principios de Addis Tax Initiative.6
El comunicado reitera que es esencial que todos los países y jurisdicciones cumplan plenamente las normas del GAFI sobre la transparencia y la propiedad efectiva de las personas jurídicas. En particular, destaca la importancia de que los países y jurisdicciones mejoren la disponibilidad de información sobre el beneficiario para las autoridades competentes a los efectos de la lucha contra el fraude fiscal, la financiación del terrorismo y el lavado de dinero. Se solicitó al GAFI y al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales — Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes –que hagan propuestas iniciales para la reunión de octubre sobre distintas formas para mejorar la aplicación de las normas internacionales en materia de transparencia, incluyendo la disponibilidad de información sobre el beneficiario, y su intercambio internacional exchange.7
El Comunicado reafirma la determinación del G-20 para combatir con decisión y hacer frente a todas las fuentes, técnicas y canales de financiación del terrorismo. Todos los países y jurisdicciones fueron llamados a unirse en estos esfuerzos, en particular mediante una aplicación rápida y efectiva de las normas del GAFI, la nueva estrategia consolidada sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, y las disposiciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Resolución 2253
El G-20 pide al GAFI que fortalezca su labor para identificar y abordar las lagunas y deficiencias que permanecen en el sistema financiero y asegurar que las normas del GAFI son eficaces y completas, y que se implementan plenamente. Los órganos regionales tipo-GAFI fueron llamados a ser socios vigorosos. El comunicado pide al FMI, OCDE, FSB, y el Banco Mundial que apoyen al GAFI para hacer frente a los retos que vayan apareciendo aportando sus propios análisis, dentro de sus respectivas áreas de especialización, fuentes, técnicas y canales de flujo de financiación ilícita. 8
Uno de los problemas como resultado del aumento de las sanciones contra los bancos ha sido el de-risking o la búsqueda de la eliminación del riesgo: que se traduce en el cierre de relaciones bancarias de corresponsalía con bancos locales y jurisdicciones que se perciben como riesgosos. El Comunicado apoya el trabajo de FSB, GAFI, Banco Mundial, OCDE y FMI para evaluar y abordar, según el caso, la disminución de los servicios de banca corresponsal, y pedir un informe sobre los progresos para ser enviado a la Cumbre. El trabajo de la GPFI en la mejora de la financiación de las PYME, la promoción de la inclusión financiera digital y la mejora de la recopilación de datos e indicadores fue reafirmada por G-20.9
3—OCDE pide que se implementen medidas sobre el beneficiario final y transparencia fiscal
El 14 de abril de 2016, la OCDE recomendó que el G-20 pida a la comunidad que se trabaje en todos los reductos que tienen que aplicar estándares internacionales sobre transparencia fiscal. El informe de la OCDE dice que es necesario seguir avanzando en la aplicación de las normas de identificación de propiedad beneficiaria. La OCDE pide a la comunidad internacional para que el Diálogo Oslo – un esfuerzo inter-gubernamental para combatir el delito fiscal y los flujos financieros ilícitos – conciba nuevas recomendaciones para reforzar la eficacia de la cooperación interinstitucional y transfronteriza.10
4—Análisis
La carta del G-5, la declaración conjunta de veinte países, y el Comunicado del G-20 muestran los continuos esfuerzos de los gobiernos para tratar de alterar el derecho internacional mediante la formación de alianzas y el establecimiento de normas de «derecho blando», junto con revisiones de pares para desarrollar listas negras y medidas defensivas con el fin de incentivar a la comunidad internacional a cumplir con las nuevas normas. Las nuevas alianzas reflejan las estrategias multilaterales de actores internacionales para establecer contactos y desarrollar nuevos regímenes internacionales de aplicación. Un problema es que mientras estos clubes de élite tratan de imponer las normas en todo el mundo, las dificultades de contar con condiciones equitativas limitan la legitimidad de estas nuevas normas, sobre todo en la medida en que el G-5, G-20, GAFI, y la OCDE son grupos pequeños que no representan un gran número dentro de la comunidad internacional. Curiosamente, EE.UU. no es uno de los veinte países que está de acuerdo en intercambiar información sobre el beneficiario final. Sin embargo, dado el poder de los miembros y la falta de una resistencia organizada, es probable que se siga impongan exitosamente los nuevos estándares en la comunidad internacional.
1 Carta de los Ministros de Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y España, 14 de abril, 2016 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/516868/G5_letter_DOC140416-14042016124229.pdf
2 Fondo Monetario Internacional, Comunicado: Reunión de los ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G-20 en Washington D.C., 14-15 de abril de 2016, párrafo. 7 http://www.imf.org/external/np/cm/2016/041616.htm
3 Id.
4 European Nations Issue Joint Statement on Automatic Beneficial Ownership Information Exchange, 2016 WORLDWIDE TAX DAILY 79-20, 22 de abril de 2016. Los países que participant de la declaración conjunta son Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, España, Países Bajos, Rumania, Suecia, Finlandia, Croacia, Bélgica, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Irlanda, Eslovenia, Dinamarca, Malta, Chipre, Gibraltar, Isla de Man, Montserrat, Bulgaria, Estonia, Portugal, Grecia, República Checa, Luxemburgo, Austria y Hungría.
5 Fondo Monetario Internacional, Comunicado, supra.
6 Id., parag. 7.
7 Id., parag. 8.
8 Id., parag. 9.
9 Id., parag. 6.
10 OCDE, Se necesitan medidas concretas para progresar globalmente en transparencia fiscal, señala OCDE, 14 de abril de 2016