El Caribe y el lavado de dinero: esperando el mundo post-COVID-19
Por Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris
Este artículo de Scott B. MacDonald y Bruce Zagaris fue publicado originalmente en theglobalamericans.org en inglés el 23 de diciembre de 2020. ACFCS lo publica en español con la autorización de sus autores.
El Caribe se asocia a menudo con el lavado de dinero y otras formas de fraude financiero. Esta asociación se mantiene a pesar de los considerables esfuerzos de los gobiernos caribeños y las organizaciones profesionales para establecer reglas y controles contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), así como la promulgación de regulaciones y la colaboración con organismos internacionales y regionales.
El año que pasó no fue una excepción a este problema, como puede verse en el hecho de la inclusión en la lista negra de la Unión Europea de un puñado de jurisdicciones caribeñas debido a prácticas inadecuadas ALD o transparencia fiscal.
Esta asociación negativa ha provocado un proceso de de-risking (el cierre de las relaciones corresponsales de los grandes bancos a sus contrapartes caribeños debido a las presiones regulatorias sobre el lavado de dinero) y una disminución significativa de los servicios financieros internacionales en el Caribe.
Además, COVID-19 ha traído consigo una serie de otros problemas que han presionado severamente los sistemas regulatorios y ALD gubernamentales. Incluso el estallido de la pandemia y los bloqueos resultantes no han provocado una disminución de la actividad delictiva. Es probable que muchos de los mismos problemas que enfrentaron las autoridades caribeñas en 2020 persistan en 2021.
Para gran parte del Caribe, 2020 ha estado marcado por crisis inducidas por la pandemia, una temporada récord de huracanes y una recesión económica brutal. Según la evaluación del Fondo Monetario Internacional –de octubre de 2020— se espera que la economía del Caribe—definida en gran medida como los países de habla inglesa, más Surinam, Aruba y Haití— pase de un crecimiento del PIB real del 0,7% en 2019 al -5,4% en 2020. Mientras que los países de la Unión Monetaria del Caribe Oriental que dependen en gran medida del turismo esperan una contracción económica de -15,1%.
La recesión económica masiva e inesperada relacionada con COVID-19 ha impactado la forma en la que los gobiernos del Caribe lidian con el lavado de dinero y otras formas de fraude financiero. En términos generales, la pandemia ha limitado los recursos ya que los gobierno han priorizado abordar el COVID-19; ha creado un desafío importante en la verificación de la identidad—clave para los programas Conozca a su cliente (KYC)—, debido al distanciamiento social y una mayor dependencia de la tecnología; ha llevado a un mayor uso de activos virtuales en ardides de lavado de dinero; ha promovido un mayor uso de esquemas piramidales; y ha ralentizado las acciones legales. COVID-19 también ha complicado el proceso de realización de Evaluaciones Nacionales de Riesgo, un requisito clave en el diseño de programas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La Unión Europea también asestó otro golpe al Caribe. Europa ha estado batallando con problemas de lavado de dinero y fraude financiero durante años, pero el tamaño y la escala de los recientes escándalos de lavado de dinero de dos estados miembros, Estonia y Letonia, además de los problemas en curso con Deutsche Bank, han llevado a Bruselas a presionar por legislaciones ALD/CFT y de transparencia fiscal más severas. En consecuencia, la UE ha comenzado a incluir en listas negras a los países que no logran llevar sus estándares de lavado de dinero y evasión de impuestos al umbral deseado por Bruselas.
En mayo de 2020, la UE anunció que tenía la intención de agregar a Bahamas, Barbados y Jamaica a su lista negra de lavado de dinero a menos que estos países demostraran un esfuerzo concertado para cumplir con los estándares de la UE. Después de no lograr esto, estos países se agregaron a la lista negra de la UE en octubre de 2020.
Lista negra de países de alto riesgo de la Unión Europea
| País | Fecha de entrada en vigor |
| Afganistán | Septiembre 20, 2016 |
| Bahamas | Octubre 1, 2020 |
| Barbados | Octubre 1, 2020 |
| Botsuana | Octubre 1, 2020 |
| Camboya | Octubre 1, 2020 |
| Corea del Norte | Septiembre 20, 2016 |
| Ghana | Octubre 1, 2020 |
| Irán | Septiembre 20, 2016 |
| Jamaica | Octubre 1, 2020 |
| Mauricio | Octubre 1, 2020 |
| Mongolia | Octubre 1, 2020 |
| Myanmar | Octubre 1, 2020 |
| Nicaragua | Octubre 1, 2020 |
| Paquistán | Octubre 2, 2018 |
| Panamá | Octubre 1, 2020 |
| Siria | Septiembre 20, 2018 |
| Trinidad y Tobago | Febrero 14, 2018 |
| Uganda | Septiembre 20, 2016 |
| Vanuatu | Septiembre 20, 2016 |
| Zimbabwe | Octubre 1, 2020 |
En el Caribe, el enfoque de línea dura de la UE fue considerado injustificado e hipócrita teniendo en cuenta los antecedentes de varios países europeos, incluidos Chipre, Estonia y los Países Bajos. Además, la lista negra de la UE se consideró más rigurosa que los estándares sostenidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una organización intergubernamental establecida en 1989 por iniciativa de los países del G7 para desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero. El mandato de la organización se amplió posteriormente para incluir la financiación del terrorismo.
Llamó la atención el hecho de que la UE no incluyera a Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia en la lista, los cuales tienen sus propios problemas de lavado de dinero. Esto dio la apariencia de que la UE no deseaba gastar el capital político para perseguir países más grandes y poderosos.
Una economista caribeña, Marla Dukharan, argumentó que la UE estaba «utilizando» reglas para combatir la elusión fiscal y el lavado de dinero, impulsada por una defensa de «su forma de gobierno de altos impuestos y de alto gasto público frente a la competencia de países que buscan menos impuestos y gasto público». Dukharan también señaló que el uso de obligaciones fiscales y contra el lavado de dinero «discrimina efectivamente a los países más pequeños y en su mayoría de una población no caucásica para hacerles más difícil competir económicamente».
Llamó la atención el hecho de que la UE no incluyera a Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia en la lista, los cuales tienen sus propios problemas de lavado de dinero. Esto dio la apariencia de que la UE no deseaba gastar el capital político para perseguir países más grandes y poderosos.
La UE avanzó en octubre de 2020 e incluyó en la lista negra a Anguila y Barbados por no cumplir con los estándares de transparencia fiscal de la UE. Sin embargo, las Islas Caimán fueron excluidas de la lista negra. Una vez más, la UE ha seguido estándares diferentes de los patrones de transparencia fiscal ampliamente aceptados y ha demostrado un trato desigual según el país en cuestión. En particular, la UE ha demostrado más indulgencia para los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo con las 37 economías más avanzadas—incluidos Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, el Reino Unido, Canadá, Italia y Corea del Sur— que funciona como un grupo que proporciona estándares para el lavado de dinero y que trabaja con el GAFI.
La lista negra de jurisdicciones no cooperante en materia fiscal adoptada por la Unión Europea el 6 de octubre de 2020:
- Samoa Americana
- Anguila
- Barbados
- Fiyi
- Guam
- Palau
- Panamá
- Samoa
- Trinidad y Tobago
- Islas Vírgenes de EE.UU
- Vanuatu
- Seychelles
La respuesta del Caribe a esta lista se resumió en un artículo de opinión de The Barbados Advocate: “Todavía desconcierta la razón por la que la Unión Europea decidió incluir a Barbados en la lista negra cuando el historial muestra que este país cumple con las reglas. Al igual que el Gobierno de Barbados y las demás partes interesadas, nosotros también estamos desconcertados por el rumbo de los acontecimientos que amenaza la viabilidad del sector comercial y de servicios financieros internacionales de la isla».
De cara al 2021, es probable que tres tendencias den forma al panorama del lavado de dinero y la evasión fiscal. En primer lugar, es probable que la presión de fuerzas externas sobre el Caribe para que haga frente al lavado de dinero y la elusión fiscal siga siendo un factor central, y que el tema de la ciudadanía por inversión (CBI) probablemente sea un tema clave. COVID-19 también ha impulsado una mayor digitalización de las finanzas y el uso de activos virtuales, lo que plantea nuevos desafíos regulatorios y de aplicación, y el de-risking, o la pérdida de relaciones/cuentas financieras, seguirá siendo un problema para el Caribe.
Cada una de las tendencias mencionadas anteriormente representa riesgos para la recuperación económica del Caribe. Si bien 2020 ha estado marcado por el colapso del turismo debido a la pandemia, se espera que 2021 experimente una recuperación gradual. El FMI pronostica una expansión del PIB real del 3,9% en 2021, y los países de la Unión Monetaria del Caribe Oriental con una recuperación del 5,8%. Sin embargo, es probable que una presión regulatoria más estricta para los bancos multinacionales, principalmente de América del Norte y Europa, lleve a que el Caribe deba enfrentar desafíos y problemas de de-risking.
Teniendo en cuenta el difícil entorno de negocios actual para los bancos en las economías avanzadas –tasas de interés en sus niveles históricos más bajos, fuertes contracciones en la actividad económica en 2020 y posibilidades de un crecimiento de bancarrotas y defaults a principios de 2021—, mantener los vínculos comerciales en los mercados más pequeños del Caribe funciona en contra de una reversión de la tendencia de de-risking.
En EE. UU., es probable que la publicación de «The FinCen Files» por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) mantenga la presión sobre los bancos estadounidenses. De acuerdo con los documentos que se filtraron, los bancos internacionales en Estados Unidos procesaron más de US$ 2 billones en pagos que el ICIJ identificó como «sospechosos» entre 1999 y 2017. Los documentos apuntan a clientes bancarios en más de 170 países que los bancos sospechaban estaban participando en transacciones potencialmente ilegales.
La preocupación del Caribe es que los estándares de la UE para el lavado de dinero y la transparencia fiscal cambian constantemente y esto dificulta el cumplimiento. La región también ha creado sus propias iniciativas, como el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que está trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y otras organizaciones para mejorar la gobernabilidad. El Banco de Desarrollo del Caribe también está desempeñando un papel activo al ofrecer asistencia, patrocinar conferencias e implementar una amplia gama de reglas y regulaciones para satisfacer las demandas externas. La frustración por los cambiantes estándares también aplica a EE.UU., especialmente en lo que respecta a las leyes de divulgación relativas a los beneficiarios finales de las transacciones.
Una respuesta a este problema fue sugerida por el Dr. Jan Yves Remy y Alicia Nicholls del Centro Shridath Ramphal del Centre for International Trade Law, Policy & Services en la University of the West Indies: la medida «arbitraria» de la UE debe presentarse ante la Organización de Comercio Mundial donde debería ser tratada como una cuestión comercial para que se busque una solución de controversias entre CARICOM y la UE. Alternativamente, podría encausarse el tema a través de los mecanismos de resolución de disputas bajo el acuerdo de libre comercio firmado entre CARICOM y la República Dominicana (CARIFORUM), por un lado, y la UE, por otro lado, en el marco de la Asociación Económica CARIFORUM-UE (CARIFORUM -EU EPA).
Una señal positiva, y quizás como una respuesta a las críticas caribeñas, ocurrió el 10 de diciembre, cuando el Parlamento Europeo aprobó una resolución para revisar el proceso de inclusión o exclusión de una jurisdicción, haciendo que el proceso sea más transparente, coherente e imparcial.
La resolución reconoce implícitamente algunos de los elementos discriminatorios del proceso y también sumaría criterios para asegurar que más países sean considerados paraísos fiscales, al tiempo que implementaría salvaguardas para evitar que los países sean eliminados de la lista negra demasiado rápido. Además, la resolución requeriría que los estados miembros de la UE también sean examinados y sujetos al mismo proceso que las jurisdicciones no pertenecientes a la UE.
Otra novedad potencialmente positiva podría provenir de Estados Unidos. La sección 5213—que aborda el tema de de-risking de los servicios financieros de la Ley U.S. Anti-Money Laundering Act of 2020—es parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (National Defense Authorization Act, NDAA)— que aborda el tema del beneficiario final de las transacciones en busca de una mayor transparencia. Se espera que ese proyecto de ley se convierta en ley a pesar de la oposición del presidente Donald Trump.
Las disposiciones requieren que las agencias federales “trabajen para abordar el tema de de-risking a través de la elaboración de guías y orientaciones que permitan a las instituciones financieras prestar servicios bancarios a organizaciones sin fines de lucro y promover medidas enfocadas y proporcionadas consistentes con un enfoque basado en el riesgo”.
De cara al futuro, el Caribe enfrenta una serie de desafíos en los frentes ALD/CFT y de evasión fiscal. Al mismo tiempo, el campo de juego entre los países del Caribe y las economías avanzadas no está nivelado; los países y bloques regionales más grandes y poderosos suelen tener más peso e influencia en el establecimiento y la implementación de la agenda regulatoria financiera. Sin embargo, el Caribe sigue siendo una región importante en el mapa geopolítico mundial, una carta que los países caribeños deberían jugar con más destreza en Washington y Bruselas. De lo contrario, el camino hacia un mundo post-COVID podría ser más complicado, especialmente si las fuerzas externas alteran aún más los sectores financieros de la región, la diversificación del comercio (en servicios) y los ingresos.
Scott B. MacDonald es Economista Jefe de Smith’s Research & Gradings, Senior Associate en el Center for Strategic & International Studies e investigador en el Global Americans. También es miembro del Caribbean Policy Consortium y ha realizado muchos trabajos en temas de gobernabilidad, lavado de dinero y política electoral en el Caribe, América Latina y Europa. Actualmente está trabajando en un libro sobre la nueva Guerra Fría en el Caribe.
Bruce Zagaris es socio del bufete de abogados Berliner, Corcoran & Rowe LLP en Washington, D.C., es fundador y editor de International Enforcement Law Reporter, fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de West Indies, Cave Hill, en Barbados. Tiene numerosas publicaciones, y su libro más reciente, International Criminal Law: Cases and Materials (co-autor con Jordan J. Paust et al, Carolina Academic Press, 4ª edición, 2013).