Ejecutivo de una firma de corretaje de Wall Street es condenado a prisión por sobornar a funcionaria en Venezuela

Un ex ejecutivo de una casa de bolsa de Wall Street fue sentenciado la semana pasada a dos años de prisión por sobornar a una funcionaria de un banco estatal en Venezuela a cambio de obtener ventajas comerciales. Ernesto Luján, de 52 años, ex socio gerente de Direct Access Partners, a cargo de su oficina de Miami, se declaró culpable a mediados de 2013 de conspiración, lavado de dinero, y de violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE.UU, FCPA por sus siglas en inglés. La jueza federal Denise Costa de Manhattan también ordenó la confiscación de US$ 18,5 millones que Luján obtuvo como resultado del ardid.

En marzo de este año, el ex CEO y el ex Gerente General de Direct Access Parners fueron sentenciados a cuatro años de prisión cada uno.

Benito Chinea, de 48 años, de Nueva Jersey, y Joseph DeMeneses, de 45, de Connecticut, se declararon culpables en diciembre del año pasado de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y la Ley de Viajes, o Travel Act. A Chinea se le confiscaron US$3,6 millones y a DeMeneses casi US$2,7 millones, que fueron los montos de comisiones y bonificaciones que recibieron de los delitos, señala el Departamento de Justicia.

Otros dos empleados de Direct Access Parners, Tomás Alberto Clarke Bethancourt y José Alejandro Hurtado, se declararon culpables en 2013, y esta misma semana Clarke fue sentenciado también a dos años de prisión por los mismos cargos de corrupción por haber participado en el ardid de corrupción. Recibió la misma sentencia que Luján.

La jueza Cote desestimó el pedido de Clarke para que no sentencie tiempo de prisión. Clarke pidió clemencia debido a la calidad de la cooperación, ya que fue el primer acusado en este caso en trabajar con el gobierno. Se declaró culpable de seis cargos bajo la FCPA, que prohíbe el soborno de funcionarios extranjeros, y enfrentaba la posibilidad de una sentencia mayor.

Los cinco acusados pagaron al menos US$ 5 millones en sobornos a María de los Ángeles González de Hernández, vicepresidente del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES). El gobierno venezolano mantuvo una participación mayoritaria en Bandes.

A cambio del pago por los sobornos desde 2008 a 2012, González proveyó operaciones de negociación de bonos a Direct Access y aprobó negociaciones fraudulentas. Se declaró culpable a finales de 2013 de conspirar para violar la Ley de Viajes y cometer lavado de dinero. Fue arrestada en Miami.

Direct Access, una firma de corretaje registrada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., SEC por sus siglas en inglés, contaba con oficinas en Nueva York y Miami. Generó una facturación de más de US$ 60 millones en concepto de ingresos por negociación de bonos soberanos o patrocinados por el estado venezolano para BANDES. Algunas de las negociaciones fueron falsas operaciones de  ida y vuelta — round-trip trades—sin ningún propósito comercial, excepto generar comisiones de corretaje.

La matriz de Direct Access Partners LLC se declaró en quiebra en 2013. La casa de bolsa llegó a contar con 120 empleados. Clarke y Hurtado y otros dos corredores fueron acusados en 2013 a través de una demanda civil de la SEC de fraude y la manipulación.

En corte la semana pasada, el abogado de Luján pidió clemencia, señaló que la cooperación de su cliente ayudó al Departamento de Justicia a procesar a Chinea y DeMeneses, según agencias de noticias. El juez impuso una sentencia reducida pero dijo que el hecho de enviar a Luján a prisión enviaría un “claro mensaje sobre la enormidad de esta conducta y las consecuencias que conlleva”.