Compañía de cable paga millones por violación a la ley anticorrupción
General Cable Corporation pagará al Departamento de Justicia de EE.UU. –DOJ— y a la Comisión de Bolsa y Valores –SEC— unos US$ 75 millones para resolver las violaciones de la ley anticorrupción de EE.UU.(FCPA) en Angola, Bangladesh, China, Egipto, Indonesia y Tailandia.
Entre 2002 y 2013, las subsidiarias de General Cable pagaron US$ 13 millones a terceros y distribuidores. Parte del dinero se utilizó para sobornar a funcionarios gubernamentales para obtener negocios, que llevaron a la compañía a obtener ganancias por US$ 51 millones.
La compañía estadounidense llegó a un acuerdo de no procesamiento el 22 de diciembre con el DOJ y deberá pagar una sanción penal de US$20 millones. En el acuerdo con la SEC, General Cable acordó pagar US$55 millones.
La SEC resolvió el caso mediante una orden administrativa interna, y evitó ir a juicio, donde se señala que la compañía incumplió las disposiciones antisoborno, de libros y registros, y de controles internos de la FCPA. La compañía fabrica cables de fibra óptica, aluminio y cobre para las industrias de la comunicación y energía.
La empresa admitió que algunos empleados de la matriz y de sus subsidiarias, incluyendo ejecutivos, sabían que las unidades en el extranjero estaban utilizando agentes y distribuidores terceros para sobornar a funcionarios extranjeros para obtener y retener negocios.
En alguna oportunidad los empleados de una filial de General Cable manifestaron sus preocupaciones a ejecutivos, pero “General Cable no implementó ni mantuvo un sistema de controles internos contables para detectar y prevenir tal corrupción y otros pagos ilegales”, dijo el DOJ.
Se mencionaban los sobornos en los correos electrónicos
En junio de 2012, un agente de ventas en Bangladesh envió un correo electrónico a un ejecutivo y otros empleados de la filial de General Cable en Tailandia y dijo que una parte del dinero que la filial de Tailandia pagó al agente de ventas sería «compartida por dirigentes del cliente, altos funcionarios [en el Ministerio] y algunos altos ejecutivos del licitador». En mayo de 2013, el ejecutivo aprobó un pago para el agente de ventas de Bangladesh.
En 2011, el mismo ejecutivo, que estaba en ese momento trabajando en la filial de General Cable en Tailandia, informó a un ejecutivo de General Cable que los pagos a un distribuidor en Tailandia estaban siendo utilizados con fines corruptos, pero la compañía no investigó los pagos, que continuaron.
La SEC señaló que General Cable tenía un código de ética que se aplicaba globalmente a sus subsidiarias y empleados y éste prohibía a los empleados «ofrecer o dar a cualquier persona cualquier pago que pudiera ser ilegal o deshonesto».
Pero la compañía no proveyó suficiente entrenamiento para asegurar el cumplimiento de la FCPA, según la SEC.
Como resultado, algunos empleados de General Cable no eran conscientes de la FCPA o que debían cumplirla. A pesar de que firmaron cuestionarios de cumplimiento donde decían conocer y entender el código de ética de la empresa, no realizaron debidas diligencias de terceros ni requirieron el cumplimiento de FCPA en contratos con terceros.
Sin embargo, el DOJ le extendió a la compañía un acuerdo de no procesamiento y un descuento del 50% debido a que la compañía “reveló voluntaria y oportunamente» las violaciones de la FCPA, dijo el DOJ. La empresa también cooperó plenamente.
Realizó una investigación interna exhaustiva y puso a disposición de las autoridades a los empleados extranjeros para entrevistas en los Estados Unidos. También entregó documentos del extranjero, incluyendo traducciones, «de manera que no violaran leyes extranjeras de privacidad de datos», dijo el DOJ.
Parte de la información que General Cable reveló al DOJ «excedía el alcance de su auto-denuncia voluntaria inicial» e incluyó información sobre individuos y terceros involucrados en las violaciones de la FCPA.
General Cable también tomó medidas correctivas contra 13 empleados que participaron en el acto indebido, que resultaron en la salida de la compañía. Y terminó las relaciones con 47 terceros y distribuidores que tuvieron un papel en el soborno.