Víctimas de carteles mexicanos demandan a HSBC por complicidad con los narcotraficantes
Familiares de estadunidenses asesinados por carteles del narcotráfico en México presentaron una demanda contra el banco británico HSBC, al que acusan de lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales.
Los demandantes acusan a HSBC de violar la Ley contra el Terrorismo de Estados Unidos (U.S. Anti-Terrorism Act), una legislación que acarrea una responsabilidad civil para quienes apoyan el terrorismo. Según la acusación, HSBC fue cómplice en el lavado de miles de millones de dólares durante más de una década que llevó a ataques terrorista contra las víctimas.
La demanda fue establecida ante la Corte Federal en Brownsville, en Texas, por familiares de Jaime Zapata, agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) asesinado en México en 2011, y por Víctor Avilés, compañero de Zapata que sobrevivió al ataque. También por familiares de Lesley Redelfs, empleada del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, y de su esposo Arthur Redelfs, asesinados en esa ciudad fronteriza en marzo de 2010. Se sumaron parientes de los hermanos Rafael y Jaime Morales Valencia, y de su tío Guadalupe Morales Arreola, asesinados en Ciudad Juárez en mayo de 2010.
La demanda sostiene que HSBC lavó miles de millones de dólares para el Cártel de Sinaloa, el de Juárez y el de Los Zetas, “a sabiendas o ignorando deliberadamente que dichos fondos se utilizarían para apoyar actos terroristas de los cárteles mexicanos”.
HSBC, “impulsado por su deseo de ampliar su negocio y aumentar sus ingresos, intencionalmente implementó programas, procesos, y controles antilavado de dinero deficientes, que fueron designados para garantizar que miles de millones de dólares de ganancias ilícitas” pasaran por sus sistemas sin ser detectados, destaca la acusación.
Agrega que “[s]in la capacidad de colocar, estratificar e integrar sus ganancias ilícitas dentro de la red financiera global, la capacidad de los carteles de corromper a la policía y funcionarios públicos, y adquirir personal, armas, municiones, vehículos, aviones, dispositivos de comunicación, materia primas para la elaboración de drogas, y todos los demás instrumentos esenciales para sus operaciones, [las organizaciones delictivas] se verían perjudicadas considerablemente. Por lo tanto, al facilitar el lavado de miles de millones de dólares de los carteles de la droga a través de sus bancos, HSBC apoyó materialmente los actos terroristas de los carteles, incluidos los actos terroristas cometidos contra las víctimas”.
La Ley contra el Terrorismo de Estados Unidos, que fue promulgada en 1996, y modificada luego de los atentados del 11 de septiembre, permite a las víctimas reclamar una compensación a las organizaciones que proporcionan apoyo material a grupos que cometen actos terroristas.
A pesar de que otros grupos de narcotraficantes, como las FARC de Colombia, han sido designados organizaciones terroristas por el gobierno de EE.UU., los carteles de la droga de México todavía no fueron oficialmente incluidos en la listas de estas designaciones. Esta demanda sería la primera en basarse en la teoría de que los carteles de la droga son organizaciones terroristas.
La demanda utiliza los documentos que se hicieron públicos como parte de la investigación de un comité del Senado de EE.UU. que resultó en una sanción de US$1.900 millones para el banco para resolver la investigación criminal que lo acusaba de haber lavado casi US$900 millones para organizaciones de narcotráfico de México y de violar el régimen de sanciones de EE.UU.
El banco rechaza las acusaciones y las disputará en la corte, señaló la institución a la prensa, y de acuerdo con declaraciones de Robert Sherman vocero del banco, el banco está “comprometido en combatir los delitos financieros y ha tomado pasos certeros para ayudar a mantener a los delincuentes fuera del sistema financiero global”.
Publicación de informe de Monitor
Otra información actual y relevante para HSBC, un juez federal de EE.UU. determinó que se haga público un informe que detalla los esfuerzos del banco para reforzar los débiles controles de lavado de dinero.
El juez neoyorkino John Gleeson dictaminó la semana pasada que el informe, escrito por un profesional que fue instalado como monitor para supervisar los trabajos de limpieza del banco, calificaba como un «documento judicial» que debe ser público. «Ustedes me pusieron en esta posición», dijo Gleeson a los fiscales y abogados del banco durante una audiencia el 15 de enero pasado.
HSBC había acordado someterse a la supervisión del monitor a finales de 2012, como parte del acuerdo de US$ 1.900 millones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El gobierno obligó al banco a mejorar sus controles internos luego de que investigadores descubrieron que la institución permitió la transferencia de miles de millones de dólares en violación de las leyes de sanciones de Estados Unidos y los estatutos contra el lavado de dinero. El monitor, Michael Cherkasky, presentó su informe de 1.000 páginas al Departamento de Justicia hace un año, y una copia fue presentada ante el tribunal en forma confidencial.
Bloomberg habló con personas familiarizadas con el informe que señalaron que los esfuerzos de reforma habían encontrado resistencia de los líderes de la unidad de banca de inversión de EE.UU. El gobierno trató de mantener el informe confidencial, con el argumento de que éste podía representar una «hoja de ruta» para los criminales que podrían querer aprovechar las vulnerabilidades bancarias, o que el hecho de hacerlo público podría interferir con el trabajo del monitor.