Stiglitz y Pieth salen de la comisión panameña para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero

Tras el escándalo de los papeles de Panamá, el gobierno panameño conformó en abril la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales Financieros (Candsif), con el objetivo de proponer medidas que fortalezcan la transparencia y la lucha contra el fraude fiscal y el lavado de dinero. Ese comité, cuyo informe final se espera para septiembre, incluyó al Premio Nobel de Economía estadounidense Joseph Stiglitz y al experto suizo Mark Pieth, junto a otros expertos que incluyen una profesional costarricense y cuatro panameños.

Sin embargo, Stiglitz y Pieth renunciaron el viernes alegando interferencia por parte del gobierno y falta de transparencia y de interés del gobierno panameño en realizar cambios en el sistema financiero del país.

El profesor Pieth, quien dirige el Basel Institute on Governance en Suiza, señaló a la BBC que renunció a la comisión luego de que el gobierno señalara que debía aprobar de antemano todos sus hallazgos.

En el programa Newshour de la cadena británica, Pieth señaló que recibió una carta de las autoridades panameñas señalando que ellos tendrían la decisión final sobre si publicarían o no el informe final. “Creo que los funcionarios panameños estaban en un estado de negación. Básicamente estaban diciendo ‘bueno, lo que hemos estado viendo en los documentos de Panamá es algo que se observa en todo el mundo'».

Stiglitz, profesor de la Universidad Columbia y premio Nobel de Economía, también señaló a la agencia de noticias Reuters que estaba preocupado de que el resultado final del reporte no fuera dado a conocer. “Solo podemos inferir que el gobierno está recibiendo presión de aquellos que están obteniendo ganancias del actual sistema de escasa transparencia en Panamá”, dijo. “Creía que el gobierno estaba más comprometido, pero obviamente no lo está. Llama la atención cómo trataron de desautorizarnos”.

El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela estableció el panel de siete miembros en abril y señaló que funcionaría como una comisión independiente para revisar las leyes y regulaciones financieras en Panamá.

El presidente Varela, pidió esta semana a la comisión que acelere sus trabajos para evitar especulaciones tras la renuncia de ambos expertos. Varela minimizó su salida y afirmó que la comisión es «totalmente independiente» y tiene «panameños muy calificados» que «pueden seguir adelante con el trabajo. Según Varela, la renuncia de Stiglitz y Pieth se produjo por «diferencias de criterio», aunque no dio más detalles.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Panamá también dijo a la BBC que tenían un «compromiso firme y real para la transparencia y la cooperación internacional» y que las renuncias se produjeron por “diferencias internas”.

A principios de abril, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con sede en Washington (ICIJ, por sus siglas en inglés) comenzó a publicar los denominados Panamá Papers o documentos de Panamá – más de 10 millones de registros filtrados del bufete de abogados de Panamá Mossack Fonseca.

En mayo, el ICIJ lanzó una base de datos que utiliza los documentos de Panamá para indexar 320.000 empresas offshore y las personas detrás de éstas. Los documentos nombran por lo menos una docena de líderes mundiales y más de 120 políticos y funcionarios.

No es necesariamente ilegal poseer o controlar compañías anónimas, pero estas compañías muchas veces son utilizadas para evadir impuestos y lavar dinero.

Mossack Fonseca señaló en un comunicado de prensa que en casi 40 años de operaciones nunca fueron acusados de actividad criminal. “No participamos en la administración de las compañías de nuestros clientes”, señaló en el comunicado.

El sistema financiero panameño recibió fuertes críticas tras el escándalo de los Panamá Papers.

Y se produjeron ciertas repercusiones tras la divulgación de esos documentos, como por ejemplo Francia incluyó nuevamente a Panamá en una lista de paraísos fiscales, y las mayores economías del mundo, agrupadas en el G20, llamaron a sancionar a aquellos países que no cooperen en la lucha contra la evasión fiscal.

Desde entonces, Panamá se comprometió a acelerar reformas internas y solicitó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el ingreso a una convención de este organismo para el intercambio de información fiscal.