Renuncia el presidente de Guatemala tras ser implicado en ardides de corrupción
Otto Pérez Molina, el presidente de Guatemala renunció esta semana tras el escándalo de aduanas que destruyó su gobierno y movilizó a la ciudadanía a protestar contra la corrupción.
Pérez Molina, quien enfrentará diversos cargos, presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso en la noche del miércoles, anunció el vocero presidencial Jorge Ortega en un comunicado entregado a la prensa. El día anterior, el Congreso le había quitado la inmunidad para que pueda enfrentar a la justicia
El vicepresidente, el jurista y político conservador Alejandro Maldonado presentó juramento ante el Congreso como el nuevo presidente. Maldonado tiene por delante más de cuatro meses en el poder, hasta que el presidente electo en las urnas, cuya primera ronda comienza este domingo, tome posesión.
Pocas horas antes de la dimisión de Pérez Molina, un juez guatemalteco, Miguel Ángel Gálvez, emitió una orden de captura contra el mandatario por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho.
Pérez Molina fue acusado el 28 de agosto por la Fiscalía de Guatemala y una comisión de la ONU contra la impunidad en Guatemala de ser el cabecilla de una red mafiosa que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos en el sistema nacional de aduanas. “La Línea”, como se conoció a este ardid, consistía de un grupo de importadores que, con la complicidad de funcionarios de aduanas, burlaba al fisco adulterando la papelería para que contenedores ingresaran al país pagando menos impuestos de lo que correspondía.
La investigación fue impulsada por esta comisión de la ONU –Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) — en conjunto con la Fiscalía que pidieron el antejuicio de Pérez Molina, el proceso legal en Guatemala para despojarlo de inmunidad.
Decenas de miles de guatemaltecos salieron a la calle para exigir la renuncia. El antejuicio siguió su curso y este martes los diputados, incluidos los del partido de Pérez Molina, le quitaron el fuero.
Durante varios meses, la Fiscalía y la CICIG grabaron decenas de miles de conversaciones telefónicas entre los involucrados en el ardid y recaudaron miles de correos electrónicos y otras pruebas y evidencias para apuntalar la acusación.
En la carta enviada al Congreso y divulgada por los medios locales, Pérez Molina sostiene que enfrentará “con la conciencia tranquila los procesos que correspondan”.
“En la situación actual y teniendo en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto”, subrayó.
En la madrugada del jueves, apenas conocida públicamente la dimisión, guatemaltecos celebraron frente a la Corte Suprema. “Es bueno que la ciudadanía continúe con coraje y madurez estos movimientos sociales”, dijo tras la dimisión la Premio Nobel de la Paz y líder indígena Rigoberta Menchú, en la Plaza de la Constitución, según medios periodísticos.
En entrevista con la agencia AFP, Menchú había señalado que la convulsión social que está viviendo el país es un renacer de la población, indignada por la corrupción estatal.
La renuncia de Pérez tiene lugar tres días antes de que los guatemaltecos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente, vicepresidente, 338 alcaldes, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano, en unas elecciones marcadas por la crisis política desatada en abril pasado por varios casos de corrupción en el gobierno y que ha provocado protestas masivas de repudio.
El pasado 8 de mayo, la entonces vicepresidenta de Guatemala Roxana Baldetti, salpicada por el mismo escándalo, se vio forzada a renunciar y ahora se encuentra en prisión preventiva. Fue entonces cuando Alejandro Maldonado resultó la opción de consenso para asumir la vicepresidencia.
Para “prevenir posibles manifestaciones violentas”, la oficina en Guatemala del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos anunció el miércoles que se mantendrá en vigilancia con equipos en varias regiones del país.
“Hay una persecución penal (contra Pérez) e iremos a debate. Luego a una sentencia, que de acuerdo a mi apreciación y lo que conozco del caso, tendrá que ser condenatoria”, afirmó el miércoles temprano la fiscal general Thelma Aldana, en entrevista con la AFP.