Mayor transparencia en la financiación de proyectos públicos para paliar la corrupción y el fraude

[private]Por: Daniela Guzman
30 de octubre de 2014

Un billón de dólares – esa es la cantidad que desaparece todos los años de los bolsillos de los países en vías de desarrollo – una pérdida que se debe a las fallas en el sistema internacional financiero que permiten malversación, lavado de dinero, evasión fiscal, soborno, y otros delitos financieros.

Esa cifra proviene de un reporte publicado en septiembre por una ONG internacional llamada “ONE”, que busca erradicar la pobreza global y que está tomando el tema de los delitos financieros como un enorme obstáculo para lograr una mayor igualdad. A través de un análisis de las economías de los países en desarrollo, se estima que los fondos extraídos ilícitamente, por ejemplo, podrían ayudar a prevenir 3,6 millones de muertes al año entre los años 2015 y 2025 en países con bajos ingresos si fueran invertidos en los sistemas de salud.

La cifra podría educar a unos 10 millones de estudiantes adicionales cada año, proporcionar casi 165 millones de vacunas y drogas antiretrovirales para más de 11 millones de personas afectadas por VIH/SIDA en la región Subsahariana de África. Si esas cifras no asombran, piense en esto: un billón de dólares, la cantidad que se roba de los presupuestos nacionales por el delito financiero cada año, es más grande que el conjunto de las ganancias de las 86 empresas más grandes en el mundo, según el reporte.

Distintos factores como la corrupción, empresas ficticias, fuga de capitales, explotación de contratos de recursos naturales, etc. han contribuido a esta suma insondable, según el reporte. Una causa principal es que distintas jurisdicciones permiten un muy estricto secreto bancario, dejando que criminales conduzcan sus prácticas parasíticas con inmunidad de la ley.

ONE, Transparencia Internacional y las Naciones Unidas han abogado por más transparencia como el antídoto a la red de corrupción y delitos que está robando fondos de importantes sectores públicos en naciones en desarrollo.

Los programas de ayuda internacional se han enfocado en eliminar prácticas abusivas y desarrollar políticas para proteger a denunciantes y entrenar a empleados en distintos campos clave, como por ejemplo la ética. Sin embargo, expertos en esta área creen que se puede hacer más para crear una cultura que mitigue el riesgo de fraude y corrupción antes de que empiece.

Un ejemplo es la estrategia empleada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta entidad líder en la financiación de proyectos de desarrollo para América Latina y el Caribe, sopesa la integridad, transparencia y responsabilidad en los proyectos que financia. Además de proporcionar préstamos, el BID ha otorgado donaciones, asistencia técnica, y estudios investigativos para empresas y organizaciones en la región desde 1959.

A menudo, el BID es la única razón por la cual un pueblo puede construir un nuevo puente, o por la cual un agricultor puede recibir un préstamo para incrementar producción. Sin embargo, el equilibrio entre facilitar el desarrollo y prevenir los delitos financieros es muy delicado.

Luis Lizarralde es un abogado internacional y trabaja con varias organizaciones de financiación de desarrollo, incluyendo el BID y su Oficina de Integridad Institucional con el objetivo de lograr mayor transparencia en los proyectos que financia a través de mayores disposiciones en los contratos que requieran una mayor divulgación de información financiera de todas las partes involucradas antes que se distribuyan los fondos.

ACFCS entrevistó al Sr. Lizarralde para entender por qué y cómo distintos proyectos de contratación pública y bancos y organizaciones que están financiando estos están promoviendo más transparencia.

Actualmente, la capacidad para combatir el fraude, la corrupción y otras prácticas prohibidas se apoya principalmente en la cooperación voluntaria, en la información ofrecida por denunciantes o reunida por investigaciones de la Oficina de Integridad Institucional, según el BID. Para saber más sobre las políticas de contratación de obra pública del BID, haga clic aquí.

Luis Lizarralde, sobre el tema de transparencia y mitigación de riesgo en la financiación para proyectos de desarrollo, comentó: He estado en contacto con la Oficina de Integridad –Banco Interamericano de Desarrollo. Pienso que es importante que se impongan ciertos requisitos a los solicitantes del préstamo de manera que estas obligaciones promuevan la transparencia y reduzcan el riesgo al fraude en todas las operaciones.

Estoy tratando de conectar la oficina de integridad con una ONG que tiene el ABA, se llama el Rule of Law Initiative, ABAROLI, y la idea era conectarlo con esta oficina porque parte de las cosas que promueve la ABA es la transparencia. Tenemos pendientes una reunión para conversar más en detalle como pienso yo que se pueden manejar los contratos tanto en entidades públicas como privadas, para reducir, o por lo menos mitigar, la posibilidad de fraude. Se puede tratar de mitigar lo que puede pasar, que en sí mismo es todo un universo.

Sobre los riesgos en la contracción pública y proyectos de prestación:

Hay algunos riesgos que debido al tipo de actividad deben ser mitigados; algunos participantes no quieren mitigarlos, otros quieren transferir este riesgo, y otros deciden vivir con ellos y mitigarlos hasta donde pueden. Otros no tienen más elección que vivir con esos riesgos.

Pienso que depende del tamaño y tipo de préstamos. Trabajé en la Corporación Interamericana de Inversiones (CII por sus siglas en inglés) que presta servicios a pequeñas y medianas empresas en América Latina. Pienso que los contratos deben contar con cláusulas que obliguen a una evaluación de riesgo de cada compañía antes de desembolsar los fondos. Esto depende del tipo de proyecto y préstamo. No se pueden puede cubrir todas las áreas pero por lo menos se puede prestar más atención a las áreas que representan mayores problemas.

Lo que una empresa puede hacer para aumentar transparencia y reducir riesgo:

Una empresa pequeña no puede incurrir en una serie de costos muy elevados para poder tener acceso a esos préstamos. Tienen que haber unas medidas mínimas y básicas que se deberían incluir dentro de los contratos que les permita a estas compañías contribuir a la transparencia y reducir el fraude, creando una cultura de mejores prácticas para las pequeñas y medianas compañías de América Latina.

Si uno habla del Grupo Santo Domingo en Colombia, obviamente los parámetros serán distintos de aquellos para una pequeña empresa porque ellos tienen mucho dinero. Allí tendremos que hacer evaluaciones de riesgo de fraude, con unos parámetros mucho más elevados porque pueden  hacer ese tipo de estudio. Por eso es importante el tamaño del proyecto y el préstamo, porque si son pequeñas, no les puedes decir que hagan lo mismo porque le estás limitando el acceso al crédito.

Puedes ir ajustando los requisitos para cada prestatario a medida que crece en tamaño y capacidad, pero deben existir medidas básicas que todos deben cumplir. A medida que la compañía crece y se vuelve más sofisticada, puedes agregar ciertos niveles de cumplimiento para ciertos aspectos.

Cuando trabajé en la CII y tenía que hacer algún estudio que fuera poco costoso, esto generaba cierta incomodidad para la compañía. El préstamo es para ayudar a una pequeña empresa que necesita dinero y ahora la voy a poner a gastar una cantidad de dinero en un estudio para evaluar el riesgo no parece lógico.

No hay que discriminar si se trata de una entidad financiera privada, pública, grande o pequeña. Cada entidad tienen que estar consciente de una responsabilidad frente a la comunidad y el mundo de negocios donde se mueve para promover ese tipo de prácticas. Una forma en la que los negocios pueden ser obligados a ser más transparentes es una cláusula que obligue a establecer como mínimo tener un código de ética y tener por lo menos una evaluación de riesgo de fraude en las áreas donde sean el centro neurálgico del negocio.

La importancia del tema:

Por eso es mi intención es ayudar al desarrollo de estas disposiciones. La transparencia está ganando más fuerza día a día y las empresas se están dando cuenta que tienen que cubrirse y garantizarse un plan de financiación. También puede ayudar a su reputación, ayudando a crear una cultura de anti fraude y mayor transparencia que a su vez permita que la gente tenga más confianza en estas compañías. Incluso más, puede ser de interés para las compañías en el sentido  crear un ambiente de desarrollo y responsabilidad social corporativa.

Luis Lizarralde es un abogado internacional y asesor radicado en Washington, D.C. con experiencia en consultoría en el sector privado, enfocándose en financiación corporativa y de desarrollo en América Latina y el Caribe. Ha asesorado la estructuración, negociación y realización de proyectos y tiene experiencia en análisis de asuntos legales.  Ha trabajado en el desarrollo de negocios en Colombia y Estados Unidos, identificando proyectos y recursos. Desde el 2003, ha trabajado con la firma de abogados Lasa, Monroig & Veve LLP.[/private]