Las ‘Organizaciones No Gubernamentales’ surgen con ímpetu en los esfuerzos anticorrupción
[private]Por: El equipo de ACFCS
Fecha: 18 de abril de 2014
A medida que crece el ataque mundial contra la corrupción, los gobiernos están intensificando sus esfuerzos para combatirlo en todas sus formas.
En los últimos dos años, Rusia, China y otros países han promulgado leyes o iniciativas para combatir la corrupción de funcionarios dentro de sus fronteras. Al mismo tiempo, diversos países como Brasil, Polonia y el Reino Unido han centrado sus esfuerzos anticorrupción contra personas bajo sus jurisdicciones que hacen pagos corruptos a funcionarios de otros países. El modelo para este tipo de ley anticorrupción es la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de Estados Unidos, o FCPA, que fue promulgada en 1977.
Esta ley pionera, que yació moribunda durante muchos años, fue desempolvada en 2005 y comenzó a tomar fuerza durante el gobierno de George W. Bush. Ha mantenido su nuevo vigor durante la administración del presidente Barack Obama. Ahora parece ser un arma institucionalizada en el arsenal estadounidense contra la delincuencia financiera.
No todos los métodos transformadores en la lucha contra la corrupción han llegado de la mano de los gobiernos nacionales. Organizaciones llamadas «organizaciones no gubernamentales» (ONG), que se centran principalmente en los proyectos de desarrollo en los países menos avanzados, y en grupos de ayuda y promoción, están desempeñando un papel cada vez más visible en el ámbito mundial contra la corrupción.
Las ONG están yendo más allá de la investigación y la toma de conciencia para asumir funciones más precisas y directas en apoyo de los esfuerzos de cumplimiento y regulación anticorrupción por parte de los gobiernos. Las ONG con la capacidad de imponer sanciones, tales como el Banco Mundial, utilizan cada vez más la «inhabilitación» o sanciones pecuniarias para empresas y negocios que corrompen funcionarios públicos.
Para los defensores de lucha contra la corrupción y las agencias de aplicación de ley y los organismos reguladores, el enfoque más agresivo de las ONG es probablemente muy bienvenido. Para las empresas, sin embargo, significa un mayor riesgo y más costos en caso de que se detecten violaciones a las normativas y obligaciones anticorrupción.
Las ONGs aumentan las estrategias anticorrupción
Las ONG vienen en diferentes formas, desde aquellas respaldadas y financiadas por los gobiernos, como el Fondo Monetario Internacional, a los grupos sin fines de lucro, como Transparencia Internacional y Global Witness.
Las ONG que financian proyectos de infraestructura y de desarrollo, sobre todo en los países emergentes, han sido algunas de las más activas en la lucha contra la corrupción. De estas ONG centradas en el desarrollo, el Banco Mundial es uno de los más grandes y conocidos, con operaciones en más de 100 países y préstamos de más de US$ 30.000 millones anuales.
Miles de entidades empresariales pujan por contratos en proyectos financiados por el Banco Mundial, desde empresas locales a las corporaciones multinacionales. Para vigilar sus contratistas, el Banco Mundial puso en marcha un programa de sanciones en 1996, y en los últimos años ha desplegado con mayor frecuencia sanciones contra las compañías atrapadas en actividades corruptas.
Dentro de su unidad “Integrity Vice Presidency”, el BM cuenta con un equipo de investigación interna que indaga sobre acusaciones de ofensas “sancionables” por parte de contratistas, que incluye la corrupción de funcionarios públicos.
Si los investigadores descubren pruebas de que una empresa que trabaja en un proyecto financiado por el Banco Mundial está involucrado en un acto de corrupción, la junta de sanciones puede imponer una serie de penalidades a la empresa. Esto incluye exigir a las empresas que corrijan las operaciones de cumplimiento, y por ejemplo prohibirles temporalmente que participen en proyectos financiados por el Banco Mundial.
En la última década, el número de inhabilitaciones emitidas por el Banco Mundial ha aumentado rápidamente. En 2004, 16 empresas y particulares fueron inhabilitados. El año pasado, 378 personas recibieron inhabilitaciones, y este año ya van 29.
NGOs van más allá de las inhabilitaciones, imponen sanciones monetarias
El Banco Mundial también intercambia información con otras organizaciones no gubernamentales que financian proyectos de desarrollo, como el Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Si una empresa es inhabilitada por una de estas organizaciones no gubernamentales, puede ser excluida de las otras cinco, según el Informe de Estrategia de Lucha contra la Corrupción del Banco Interamericano de Desarrollo.
Más allá de la inhabilitación, algunas ONG también imponen sanciones pecuniarias a sus contratistas. A finales de marzo, el Banco Africano de Desarrollo anunció que tres grandes compañías energéticas multinacionales, Kellogg Brown & Root, Technic SA, y JCG Corp, habían acordado pagar US$ 17 millones en multas por el pago de sobornos a funcionarios nigerianos en relación con un proyecto de gas natural financiado por el banco. El banco dijo que utilizará los fondos de las sanciones para financiar las iniciativas de lucha contra la corrupción en otras naciones africanas.
Kellogg Brown & Root acordó pagar en marzo de 2009 US$402 millones al Departamento de Justicia de EEUU con relación a acusaciones de violación de la ley FCPA por las mismas actividades. El caso indica la «imitación» de sanciones que las empresas enfrentan ahora cuando un país o una organización no gubernamental imita un caso de corrupción presentado por otra jurisdicción.
Recomendaciones de la ONG llevan a juicios y embargos de bienes
Las ONG no pueden presentar casos penales de forma independiente, pero cada vez más se están asociando con agencias gubernamentales para referir las empresas a las autoridades nacionales para su investigación y enjuiciamiento.
Desde que comenzó su programa de referencia en la década de 2000, el Banco Mundial ha referido más de 100 casos a gobiernos nacionales. Con estas referencias, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tienen acceso a la información recopilada por las organizaciones no gubernamentales, lo que podría desencadenar una investigación o ayudar a los fiscales para armar un caso.
En 2012, el Banco Mundial comenzó a dar a conocer las acciones que los gobiernos habían tomado en respuesta a las referencias. Posiblemente como resultado de esto, en 2013, diez referencias dieron lugar a investigaciones por parte de los gobiernos. En un caso reciente, una referencia del Banco Mundial al gobierno de Canadá llevó a cargos penales contra ejecutivos de SNC-Lavalin por haber sobornado a ministros en relación con un proyecto de construcción de un puente en Bangladesh. Un ex ejecutivo de la empresa fue acusado de haber violado la Ley de Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros, la ley canadiense anticorrupción.
En otro caso en Francia en 2012, la policía francesa incautó un estimado de US$300 millones en propiedades en París pertenecientes al hijo del dictador corrupto de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Mangue. En un giro muy particular, el caso comenzó con una demanda civil en un tribunal francés por parte de dos organizaciones sin fines de lucro que participan en la defensa contra la corrupción, Sherpa y Survie.
ONGs buscan equilibrio en programas de cumplimiento
Con la corrupción pública en el centro de atención de los medios de comunicación, y un creciente número de gobiernos que están haciendo cumplir activamente las leyes, normativas y obligaciones anticorrupción, es muy probable que el papel de las ONG en el cumplimiento anticorrupción crezca significativamente. En un discurso en Washington DC en diciembre de 2013, el presidente del Banco Mundial declaró que la corrupción es «el enemigo público número uno en el mundo en desarrollo», y dijo que la lucha contra la corrupción sería una prioridad en los esfuerzos de la institución.
Kenneth Barden, asesor senior de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, que ha trabajado en estrecha colaboración con organizaciones como el Banco Mundial, dijo que las organizaciones no gubernamentales están cada vez más activas en la administración de los riesgos de corrupción.
Barden dijo que las instituciones encargadas de asistir en el desarrollo utilizan el intercambio de información entre ellos para reducir los riesgos mediante la identificación de los contratistas con un patrón de violaciones. Sin embargo, las agencias quieren encontrar el equilibrio adecuado para los programas de sanciones y cumplimiento, explicó Barden.
«A veces los programas no son lo suficientemente estrictos, a veces son demasiado estrictos. Si hay un trabajador deshonesto en un proyecto, ¿debe ser inhabilitada toda la empresa? Ese ha sido el mensaje en los últimos años, ¿cuál es realmente la medida apropiada?», dijo Barden.[/private]