La guía del GAFI va de la mano con otras iniciativas internacionales que buscan mayor transparencia de las corporaciones
[private]Por Brian Monroe
4 de Noviembre de 2014
La semana pasada publicamos que el GAFI abordó con un interesante documento muchos aspectos del complicado tema del beneficiario final, uno de los principales desafíos en el campo de la investigación de delitos financieros y prácticas de debida diligencia.
El documento emitido por el GAFI “Guidance on Transparency and Beneficial Ownership” (algo así como Guía sobre Transparencia y Beneficiario Final) será muy bienvenido por un creciente número de grupos de profesionales y agencias de ley que buscan mayor transparencia corporativa.
Si bien la guía en gran parte aclara y recopila las recomendaciones existentes del GAFI, algunos expertos dicen puede resultar demasiado difícil para muchos países implementar estas pautas, y puede impactar en la actual ronda de evaluaciones de países en lo que respecta a los esfuerzos por eliminar la opacidad corporativa.
El documento se presenta en un momento de mayor conocimiento e información sobre cómo los vehículos corporativos mal utilizados, y un grupo muy heterogéneo y disperso de normas internacionales relacionadas con la recopilación de datos sobre el propietario final, pueden ayudar a los delincuentes a acceder al sistema financiero mundial y obstaculizar los esfuerzos de investigación. El GAFI establece tres estrategias para que los países puedan obtener información sobre los propietarios “finales” detrás de las personas jurídicas: crear una base de datos de los registros de compañías, requerir que las compañías mantengan su propia información, o utilizar información disponible.
Los nuevos acuerdos de intercambio de datos financieros añaden impulso a la reforma por una mayor transparencia
El documento del GAFI se basa en recomendaciones previas publicadas en 2012, y es un reconocimiento adicional de que en el campo de los delitos financieros, «casi todos los caminos conducen a una estructura de propiedad que oculta el verdadero beneficiario de los fondos», dijo Kelvin Dickenson, Vicepresidente de soluciones de cumplimiento para Alacra con sede en Nueva York.
También llega en un momento en que los sistemas tributarios globales están poniendo cada vez más presión sobre las instituciones para que identifiquen a las personas físicas detrás de sus clientes que son personas jurídicas. La semana pasada, funcionarios de 51 jurisdicciones firmaron un acuerdo para el intercambio automático de información fiscal en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formalizando su compromiso de compartir los datos a partir del 2017 y 2018 con la intención de atacar mejor la evasión fiscal. La OCDE también por primera vez, declaró que la información sobre el propietario final también se debe compartir.
En su guía el GAFI señala que los datos recopilados sobre el propietario final de las personas jurídicas no sólo deben estar disponibles para las autoridades en forma y tiempo, el grupo también instó a que la información sea pública, lo que podría ofrecer un recurso clave para las funciones de diligencia debida de los clientes.
A pesar de que los acuerdos de intercambio de datos de la OCDE son un gran paso adelante, es crucial que las autoridades de estas regiones no se pierda una «gran oportunidad para aprovechar la información para una gama más amplia de investigaciones financieras,» dijo Heather Lowe, asesora legal y directora de los asuntos de gobierno para Global Financial Integrity, en Washington, añadió que, en muchos países, los datos que se obtienen en investigaciones por delitos tributaros son «prácticamente amurallados» de los investigadores que indagan sobre otros delitos financieros.
La más reciente ronda de evaluaciones mutuas del GAFI, o revisiones de los regímenes ALD de un país, se han centrado no solo en el hecho de si los países cuentan con el marco jurídico y normativo adecuado, pero qué tan eficaces estas leyes y regulaciones han sido para la prevención de la delincuencia financiera.
En análisis e informes anteriores, la OCDE y el GAFI han señalado que, incluso en evaluaciones que no se centran en la eficacia, la mayoría de los países «no cumplieron adecuadamente con las recomendaciones», dijo Robert Palmer, profesional que trabaja para la organización Global Witness.
«Los países han estado haciendo un mal trabajo incluso para aprobar las leyes, por no hablar de asegurarse de que se apliquen adecuadamente» en términos de recoger y comprobar la información sobre propietarios finales, dijo. «Casi todos los países de la OCDE y del GAFI cuentan con una mala calificación en el tema de beneficiario final. Es un umbral muy bajo».
En Estados Unidos, la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN), a principios de este año propuso su propia regulación sobre beneficiario final para requerir a los bancos que identifiquen los dueños de las entidades legales al momento de abrir una cuenta utilizando un sistema de dos puntas.
El banco debe recopilar datos sobre cualquier persona que posea el 25% o más de la empresa, y debe obtener información sobre un individuo que cuente con «significativa responsabilidad » para el control de la entidad. La propuesta, sin embargo, tiene una importante falencia en el hecho de que el banco no tiene otra manera de verificar la información que proporcionan las compañías, tales como una base de datos nacional con información sobre dueños y propietarios finales.
Sin Excusas
En muchos casos, las jurisdicciones han pegado el grito en el cielo, y les han avisado a los funcionarios del GAFI que sus leyes les impedirían dar con un marco que permita recopilar, almacenar o verificar información sobre el propietario final, dijo Lowe. «Con la guía, el GAFI está eliminando esa excusa argumentando que ahora hay muchas opciones para algo que se ajuste al ordenamiento jurídico» de cada país.
La guía también reitera que los nominees (testaferros o autorizados) no pueden ser utilizados para ocultar la propiedad final y requiere que profesionales, tales como abogados y contadores que también son proveedores de servicios corporativos, participen en un proceso profundo de debida diligencia para descubrir la necesaria información sobre el beneficiario final.
El Reino Unido está preparando actualmente legislación que establecería una base de datos pública sobre información de beneficiarios finales, incluyendo información como nombres, direcciones y el porcentaje de participación de las personas, aunque algunos de esos detalles no estarán disponibles para todo el mundo en la versión final de la regulación.
La Unión Europea está considerando la posibilidad de un registro mercantil similar para toda la UE que incluiría información sobre el beneficiario final de las personas jurídicas como parte de la 4ta Directiva. Aún no está claro si la información se podrá hacer pública, ya que podría entrar en conflicto con las normas de privacidad de datos.
Los detalles del GAFI sobre cómo la transparencia en torno al tema de la propiedad efectiva puede ser legislado e implementado «empuja la agenda hacia adelante», dijo Dickenson. Agregó que la meta es «tirar de la cortina y exponer las estructuras de propiedad de una manera más eficiente. Eso es bienvenido y muy constructivo».
«Mi sensación es que esto podría ser un punto delicado para los países durante el proceso de evaluación, para demostrar que las fuerzas del orden, y posiblemente otros, tiene acceso a tiempo de esta información», continuó.
Aun así, aunque los países en términos generales están tratando de abordar el tema de la transparencia de las empresas, habrá «conflicto y tensión con las leyes de privacidad de datos», dijo Dickenson.
«Ese es un problema bastante complejo», señaló. «Tiene que haber un equilibrio entre la transparencia y los derechos razonables de privacidad. Pero también hay que tener en cuenta que el hecho de mantener ciertas cosas demasiado privado puede ayudar al lavador de dinero».[/private]