Importantes empresarios hondureños acusados de lavado de dinero y corrupción utilizando cuentas de EE.UU.
La semana pasada el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos contra cuatro banqueros hondureños por utilizar un esquema para lavar dinero de la droga y sobornar a funcionarios extranjeros utilizando cuentas en EE.UU.
Los banqueros hondureños, Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Rosenthal Hidalgo, Yankel Rosenthal Coello, y Andrés Acosta García fueron acusados en conexión con el este esquema que duró varios años según el gobierno estadounidense. Uno de los acusados, Yankel Rosenthal Coello, fue arrestado la semana pasada en Miami mientas que los otro tres se encuentran prófugos según el comunicado del Departamento de Justicia. En un comunicado que emitió Yani Rosenthal esta semana, señaló que los acusados se encuentran en Honduras y que no han huido, por la simple razón de que son inocentes.
EE.UU. los acusa de violar las secciones 1956 y 1957 del Título 18, del Código de Estados Unidos: «conspirar para llevar a cabo transacciones financieras en su totalidad o en parte, en Estados Unidos que incluyen el producto de (i) de delitos de narcóticos y (ii) delitos contra un nación extranjera que involucra el soborno de funcionarios públicos y la apropiación indebida, robo o malversación de fondos públicos».
Según EE.UU. estos empresarios habrían utilizado dinero producto de la droga, que fue lavada en EE.UU., para sobornar a funcionarios extranjeros, que constituye para la legislación de EE.UU. un delito subyacente a los efectos de que se pueda aplicar la figura del lavado de dinero.
En otra medida, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro incluyó a Rosenthal Oliva, Rosenthal Hidalgo y Rosenthal Coello en su lista de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act) por haber jugado un papel importante en el tráfico internacional de estupefacientes.
OFAC también incluyó a varias de las empresas asociadas a los acusados en la lista, incluyendo Inversiones Continental (Panamá), conocida como Grupo Continental, la compañía matriz de un conglomerado de empresas en Honduras involucradas en actividades bancarias, de servicios financieros, bienes raíces, agricultura, construcción, turismo y medios de comunicación; el brazo agrícola de Grupo Continental, Empacadora Continental (conocido como Alimentos Continental); Inversiones Continental (también conocida como Grupo Financiero Continental); y el banco hondureño Banco Continental.
En Honduras, el Ministerio Público a través de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO), la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN), la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), con el apoyo de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) y la Policía Militar del Orden Publico (PMOP), procedieron esta semana al aseguramiento de varios bienes propiedad de Jaime Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y Yankel Antonio Rosenthal Coello, informó la fiscalía en un comunicado.
Las acciones del gobierno hondureño, se basan en parte, en lo consignado en la Ley de Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que establece la aplicación sobre bienes sin justificación económica o legal de su procedencia y que procedan de actividades ilícitas cometidas en Honduras o el extranjero. Además la Ley Especial Contra el Lavado de Activos especifica que se debe enjuiciar independientemente de que el delito del cual proceden se hay cometido o iniciado en el extranjero.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado, ha solicitado además la prohibición temporal que se impida el traspaso a terceros del Banco Continental y Empacadora Continental.
Las medidas de aseguramiento tienen por objeto preservar la disponibilidad de los bienes, a fin de evitar que, en el transcurso de la investigación, los mismos puedan ser traspasados dificultando su persecución o disponibilidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley Sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
Según la propia fiscalía, los aseguramientos de inmuebles y sociedades mercantiles, se llevan a cabo en los municipios de la Lima, Choloma, Villanueva, Omoa y San Pedro Sula en el departamento de Cortés, así mismo en los departamentos de Santa Bárbara, Colón, Atlántida y Francisco Morazán.
Una de las razones por las cuales EE.UU. no acusó a estas personas de violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, FCPA, por sus siglas en inglés, es que no se menciona en la acusación del Departamento de Justicia que cualquiera de las tres personas hondureñas que no fueron apresadas pasó algún tiempo en EE.UU. o funcionaron desde suelo estadounidense, que es sería necesario para presentar cargos de la FCPA contra una persona no estadounidense.
La legislación antilavado de dinero de EE.UU. aplica a una persona no estadounidense si alguna de sus transacciones financieras, o parte de ésta, ocurrió en EE.UU., o si cuentan con una cuenta bancaria en EE.UU. Los acusados hondureños supuestamente utilizaron el sistema financiero para lavar dinero de la droga y utilizó parte de este dinero para sobornar funcionarios públicos extranjeros. Es suficiente para que proceda la legislación antilavado de EE.UU.
La pena por violación de las disposiciones antilavado de dinero, incluyendo conspiración, puede llegar hasta los 20 años de prisión, mientras que las ofensas anticorrupción de la FCPA llevan una pena de 5 años, por lo tanto los fiscales buscarán aplicar la sanción más elevada.