HSBC acuerda pagar US$352 millones a Francia mientras la OCDE estudia formas de atacar los delitos fiscales y financieros
Uno de los bancos más grandes del mundo acordó pagar US$352 millones para resolver una investigación impositiva de las autoridades francesas que se originó hace más de una década cuando un empleado en Suiza robó datos a miles de clientes.
HSBC negoció el acuerdo para resolver las acusaciones de que había provisto asistencia a los clientes de su división suiza de banca privada para evadir impuestos correspondientes al fisco francés, según informes de prensa y un extracto bancario, otro duro golpe para una institución que, en los últimos años, ha contratado profesionales de alto nivel para fortalecer sus defensas de cumplimiento de delitos financieros.
El acuerdo, de larga gestación, comenzó como una investigación basada en datos encontrados por las autoridades francesas comenzando en 2009, cuando allanaron y registraron la casa de Herve Falciani, un ex empleado de tecnología de la información de la filial bancaria suiza de HSBC.
Posteriormente, Falciani huyó a Ginebra y las autoridades francesas intentaron encontrar pruebas de que había robado miles de archivos bancarios que cubrían clientes con cuentas en 2006 y 2007.
La fuerte multa por los delitos fiscales mantiene la atención sobre los esfuerzos que realizan los bancos, bufetes de abogados y empresas de servicios profesionales para mantener a los ricos y elite como clientes y ayudarlos a salvaguardar sus riquezas del alcance de las autoridades tributarias del país de origen.
El acuerdo se produce semanas después de la publicación de los «Paradise Papers», una nueva filtración de millones de registros vinculados a la firma exclusiva de servicios extraterritoriales Appleby y las tácticas utilizadas para ayudar a los ricos, famosos y políticamente conectados a ocultar sus intereses y sus riquezas de los ojos indiscretos de las autoridades fiscales.
En total, los 13,4 millones de registros en Paradise Papers, publicados por el consorcio de periodistas revelan nuevos detalles sobre más de 120.000 personas, incluidos 120 políticos y muchas de las compañías más grandes del mundo, como Apple, Nike y Uber, donde se describe cómo el sector de servicios offshore usa estructuras corporativas anónimas para ocultar un estimado de US$ 9 billones.
Pero mientras la filtración ilustra la creatividad para evadir impuestos, los grupos de control, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también mostraron su propia perspicacia en los pasos coordinados que los países cooperantes pueden llevar para detectar y prevenir una amplia gama de delitos, incluida la evasión fiscal, el lavado de dinero y la corrupción.
A medida que el fervor de Paradise Papers tocaba su cenit, más de 200 expertos en delitos fiscales y delitos económicos de todo el mundo se reunieron en Londres para analizar y diseñar nuevas formas de abordar los delitos impositivos y económicos de manera más efectiva en el Quinto Foro de la OCDE sobre Tributación y Delitos.
La OCDE el tema impositivo y una gama más amplia de delitos financieros
El foro reunió a expertos en impuestos, aduanas, anticorrupción, lucha contra el lavado de dinero, vigilancia y enjuiciamiento, para «hacer un inventario de las amenazas planteadas por los delitos fiscales, el progreso realizado en su lucha y las prioridades para la acción». según el grupo
La conferencia identificó cinco prioridades:
–Asegurarse de que los profesionales ayuden a las personas a pagar el impuesto que deben y desempeñen un papel en la lucha contra el delito fiscal.
–Aumentar el nivel de cooperación internacional entre gobiernos para construir una respuesta global contra los delitos fiscales.
–Conocer las lecciones de todo el mundo sobre la mejor forma de responder a los delitos fiscales implementando los Diez Principios Globales de la OCDE.
–Reforzar nuestra capacidad de colaborar globalmente y desarrollar la capacidad para compartir inteligencia y datos de forma rápida y segura.
–Desarrollar la capacidad en todos los países, incluidos los países en desarrollo, para combatir los delitos financieros a fin de que no haya un escondite para los delincuentes fiscales.
El grupo también publicó dos informes clave para ayudar a los investigadores, jurisdicciones y partes interesadas a nivel mundial a descubrir, contrarrestar y denunciar posibles delitos impositivos.
El primer informe sobre la lucha contra la delincuencia fiscal establece los 10 principios esenciales para luchar eficazmente contra los delitos fiscales, cubriendo los «aspectos legales, institucionales, administrativos y operativos necesarios para establecer un sistema eficiente para combatir los delitos fiscales y otros delitos financieros».
El informe, seleccionado de países de todo el mundo, permitirá a las jurisdicciones «comparar su marco legal y operativo, e identificar las áreas donde se pueden hacer mejoras», con el objetivo futuro de agregar detalles específicos del país, según la OCDE. informe, por favor haga clic aquí.
El segundo informe, centrado en la superación de la cooperación nacional e internacional, detalla cómo 51 países abordan la cooperación interna interinstitucional en la lucha contra los delitos fiscales y otros delitos financieros, incluida, por primera vez, “la cooperación con las autoridades responsables de la investigación y enjuiciamiento de la corrupción”.
Compartir adecuadamente la información y maximizar los puntos fuertes disponibles para las diversas autoridades de investigación, o la falta de ella, es uno de los impedimentos más grandes para el éxito de las investigaciones y los enjuiciamientos de complejos ardides delictivos internacionales.
El informe también identifica estrategias exitosas basadas en las experiencias de cooperación interagencia de los países y hace recomendaciones sobre cómo se puede mejorar la cooperación, incluido un mejor y más específico intercambio de información con el sector privado, que, a su vez, les permite orientar los recursos y crear una inteligencia más rica y reportes de actividades sospechosas más significativos que podrían originar investigaciones o reforzar las que están en curso.
Para leer el informe completo haga clic aquí
HSBC trabaja para mejorar los controles ALD con nuevas fuerzas humanas
HSBC está viendo cómo puede coordinar mejor sus departamentos de cumplimiento de delitos financieros para contrarrestar mejor a los grupos delictivos después de pagar una multa histórica de US$1.900 millones a finales de 2012 por fallas ALD.
Desde entonces, el banco ha trabajado para mejorar las contramedidas de cumplimiento mejorando los sistemas, el personal y trayendo a algunos de los nombres más importantes del sector, incluida la ex jefa de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN, la UIF de EE.UU.), Jennifer Shasky Calvery, que es actualmente se desempeña como Global Head of Financial Crime Threat Mitigation o Directora Global de Mitigación de Amenazas de Delitos Financieros.
El banco ha contratado a otros profesionales de cumplimiento ALD con importantes antecedentes en complejas investigaciones gubernamentales de delitos financieros y se ha asociado con empresas de tecnología e inteligencia artificial para analizar mejor la “big data” y encontrar conexiones con transacciones y entidades riesgosas.
Pero en el reciente acuerdo impositivo, las autoridades que investigan a HSBC tuvieron ayuda cuando los datos sustraídos por Falciani fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), el mismo grupo detrás de Paradise Papers y su antecesor, los Panamá Papers o Papeles de Panamá.
La información, que cubría cuentas con un valor total superior a los US$ 100 .000 millones, desenmascaró los acuerdos y tratos del banco con los clientes, incluidos los que aparentemente se dedican a actividades que incluyen evasión de impuestos, soborno y tráfico de armas, según el ICIJ.
La investigación se centró originalmente en si la filial suiza de HSBC había ayudado activamente a sus clientes a evitar ilegalmente el pago de impuestos por valor de US$ 1.900 millones en los años cubiertos por los datos.