Europa aprobó medidas para que los países establezcan registros centralizados con información del beneficiario final

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El Parlamento Europeo aprobó esta semana una legislación contra el lavado de dinero que pide la creación de registros nacionales para identificar a los propietarios de personas jurídicas. La nueva normativa europea obligará a los gobiernos de la Unión Europea (UE) crear registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, que deberán ser accesibles no sólo a las autoridades, sino también a personas con interés «legítimo», como por ejemplo los periodistas.Los eurodiputados lograron incorporar en la cuarta directiva antilavado de dinero estos registros centralizados no previstos en la propuesta inicial de la Comisión. «Rastrear el origen de los ingresos ilícitos del crimen es esencial tanto para detectar, llevar a juicio y desmantelar las redes criminales, como para incautar y confiscar su riqueza criminal», aseguro la comisaria europea de Justicia, Vera Jourova.

Las nuevas normas obligarán a los Estados miembro a registrar los datos de los titulares últimos o verdaderos dueños de las entidades corporativas y otras entidades jurídicas, así como de los fideicomisos y establecen igualmente obligaciones de información para las entidades financieras, auditores, abogados, agentes inmobiliarios y casinos, entre otros, respecto a las operaciones sospechosas efectuadas por sus clientes.

Para acceder al registro, la persona u organización, ya sea un periodista o una organización sin fines de lucro, tendrá que demostrar un «interés legítimo» en el supuesto lavado de dinero, la financiación del terrorismo y los delitos subyacentes que pueden servir para financiarlos como la corrupción, delitos fiscales y el fraude.

La normativa estipula que se podrá acceder al nombre y apellidos del propietario, mes y año de nacimiento, nacionalidad, país de residencia y detalles sobre la propiedad, aunque los estados miembro podrán hacer excepciones a esta obligación, pero solo «en casos concretos, bajo circunstancias excepcionales».

En el caso de los registros centrales sobre fideicomisos, éstos serán accesibles únicamente para las autoridades y las «entidades obligadas».

La nueva normativa también introduce medidas especiales para personas con «exposición pública», es decir, aquellas con un mayor riesgo de corrupción debido al cargo político que ocupan, como jefes de Estado, miembros del gobierno, magistrados de los tribunales superiores y parlamentarios, así como sus familiares. Para éstos se exigirá adoptar medidas adicionales como establecer el origen del patrimonio y de los fondos implicados en las operaciones en el caso de relaciones empresariales con personas de este perfil.

Los estados miembro, que ya dieron su visto bueno a las normas, tendrán dos años para trasladar la directiva a su legislación nacional, aunque en el caso de las nuevas normas sobre la transferencia de fondo será de aplicación directa en todos los países 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

Esta nueva norma fue bien recibida por la organización no gubernamental Transparencia Internacional que la calificó como «una primera etapa importante para desenmascarar a los corruptos en Europa». Para la eurodiputada Eva Joly, del Grupo de los Verdes, «hay que saludar este avance que se hizo a pesar de numerosas resistencias».

El texto tiene sin embargo algunos vacíos, señala el grupo de los Verdes, que lamenta en particular que las informaciones del registro central sobre los fondos fiduciarios sólo sean accesibles a las autoridades.

Además, «los periodistas de investigación y los miembros de la sociedad civil sólo podrán consultar el registro si demuestran un interés legítimo», señala Transparencia Internacional, que pide a los países europeos que dejen esta información en acceso libre al conjunto de los ciudadanos.