GAFI_JUN_2016

El GAFI señala que es necesario que se comparta más información para atacar a los grupos criminales

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Las instituciones financieras a nivel regional y global necesitan tener más mecanismos para compartir datos e información entre sí sobre potenciales actividades ilícitas, y tener esos datos transaccionales respaldados por analistas del gobierno y fuerzas del orden público para frustrar mejor a los grupos criminales y terroristas cada vez más internacionales y creativos.

Esas son solo algunas de las conclusiones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que establece los estándares globales contra el lavado de dinero, después de su última sesión plenaria celebrada del 1 al 3 de noviembre en Buenos Aires. Esas sugerencias vienen en una nueva guía sobre el intercambio de información, disponible aquí.

Para obtener una recapitulación rápida de todos los resultados del plenario, haga clic aquí.

El tema del intercambio de información en el contexto del cumplimiento del delito financiero, de las investigaciones y la aplicación de regulaciones es un gran desafío ahora, debido a que los delincuentes en los últimos años han estado buscando en forma muy dinámica manera más agresiva los caminos de menor resistencia en el sistema financiero global y han estado utilizando refugios secretos y corporaciones anónimas para evitar que los bancos y las fuerzas del orden puedan armar todas las piezas del rompecabezas.

Las instituciones financieras están tratando de aumentar las formas de mejorar el análisis de datos y la supervisión (monitoreo) de los clientes para encontrar tendencias y mantener alejados a los delincuentes. Al mismo tiempo, buscan compartir esa inteligencia con otras partes de la organización y otras instituciones para evitar que los grupos ilícitos jueguen con el sistema, pero estrictas leyes de confidencialidad pueden prevenir que esto ocurra.

De la misma forma, las agencias de aplicación de la ley en las principales economías como Estados Unidos, el Reino Unido y las naciones de la Unión Europea están tratando de encontrar formas de capturar y analizar mejor las tendencias delictivas, y compartirlas con las instituciones.

Pero, desafortunadamente, las agencias de aplicación de la ley también pueden verse obstaculizadas para compartir información entre sí a nivel nacional o internacional debido a guerras territoriales, al hecho que los datos no son del formato adecuado o no están disponibles debido a los requisitos laxos en materia de obtención de información sobre los beneficiarios finales en una región determinada.

“El intercambio de información es fundamental para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación”, según el GAFI. “Los esquemas multinacionales de lavado de dinero no respetan las fronteras nacionales”.

 

 

En esa misma línea, cualquier barrera al intercambio de información “puede afectar negativamente la efectividad de los esfuerzos ALD / CFT y facilitar inadvertidamente las operaciones de dichas redes delictivas”, según el informe.

Esto significa que los sectores público y privado a nivel nacional e internacional deben tener acceso al “intercambio rápido, significativo e integral de información de una amplia variedad de fuentes, a escala nacional y mundial”.

El intercambio de información entre las agencias del orden, particularmente entre distintas jurisdicciones, promueve la transparencia financiera y ayuda a fortalecer la inteligencia.

De manera similar, los bancos necesitan y pueden usar esa información en análisis de tendencias, patrones de comportamiento, sospechosos específicos o vulnerabilidades geográficas para administrar mejor su exposición al riesgo, monitorear sus flujos de transacciones y proporcionar un aporte más útil a la policía, según el GAFI.

Pero los bancos también deben tener la libertad de compartir información entre ellos más allá de lo que exige el GAFI, sus reguladores y las agencias de aplicación de la ley.

Dicha estrategia también puede “garantizar un mejor cumplimiento y aprovechamiento de las capacidades del sector privado y evitar que los delincuentes exploten la falta de conocimiento de las instituciones financieras sobre su actividad con otras instituciones”.

Por ejemplo, algunas jurisdicciones se han dado cuenta de que compartir alertas o información sobre clientes que son rechazados o dados de baja debido a inquietudes ALD / CTF puede “evitar el uso del sistema financiero por parte de delincuentes, que pueden intentar involucrarse con muchas instituciones diferentes”.

Además, la creación de bases de datos de clientes indeseados mediante la consolidación de información sobre pagos por parte de múltiples instituciones puede identificar delincuentes que estructuran los pagos utilizando múltiples instituciones para evitar la detección por otros medios, según el GAFI.

Pero esos beneficios también pueden “plantear una serie de preocupaciones de política pública sobre cómo se utilizará (o mal utilizará) la información, incluidas las prácticas comerciales desleales, alentando el riesgo y la exclusión financiera, incumpliendo potencialmente la confidencialidad del reportes de operaciones sospechosas y aumentando el riesgo de denuncias, confidencialidad del cliente, protección de datos y privacidad”.

Para llegar a ese punto, las jurisdicciones deben sortear muchos obstáculos.

Las restricciones legales, incluyendo diferentes marcos legales de protección de datos y privacidad y su implementación, disposiciones de confidencialidad de las instituciones financieras y desafíos operacionales pueden impedir el intercambio de información en un contexto grupal así como entre instituciones financieras que no forman parte del mismo grupo, según el GAFI.

Sin embargo, existen medidas para superar estos obstáculos, incluyendo la necesidad que “se comprometan las autoridades ALD y las de protección de la información, cuando corresponda, para llegar a un terreno compartido. Este compromiso también puede identificar las áreas donde haya una falta de claridad o puntos de vista divergentes entre el sector público y el sector privado. La claridad y la orientación sobre estos temas pueden ayudar a facilitar una aplicación eficiente de las obligaciones “.

El intercambio efectivo y oportuno de dicha información ayuda a las autoridades a perseguir sus objetivos, los mismos objetivos que los bancos tienen para evitar que sus instituciones sean parte de un acto delictivo.

Además, es una “relación bidireccional entre el sector público y el privado, y esto se puede lograr si existen mecanismos apropiados para compartir información estratégica, operativa, táctica y específica por parte de las fuerzas del orden público con el sector privado también”. de acuerdo a la guía.

La construcción de redes, un ambiente de confianza y el diálogo continuo entre las autoridades y el sector privado pueden ayudar a lograr un resultado positivo en este sentido “, concluyó el GAFI.