Venezula: EE.UU. busca que OFAC sea la bala de plata contra el régimen de Maduro
Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro—y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850— impuso esta semana sanciones contra la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), con la intención de golpear al gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro cortando su principal fuente de ingresos.
La medida marcó el primer paso sancionatorio de Estados Unidos para obligar a Maduro a renunciar al poder desde que el líder de la oposición, Juan Guaidó, se declaró presidente interino la semana pasada después de años de acusaciones de corrupción en Venezuela.
Las sanciones prohíben a la mayoría de las empresas estadounidenses realizar transacciones con Pdvsa. Algunos especialistas estiman que las sanciones financieras pueden llegar a bloquear entre US$6.000 y US$ 7.000 millones en activos y resulten en pérdidas de exportaciones durante los próximos 12 meses del orden de unos US$10.000 millones para el gobierno de Venezuela, privándola de su fuente de ingresos y de captación de divisas más importante.
La semana pasada, el gobierno de Trump reconoció a Guaidó, el líder de 35 años de la Asamblea Nacional, como el presidente interino de Venezuela cuando sus partidarios salieron a las calles para exigir nuevas elecciones. Maduro ha cortado los lazos con Estados Unidos y ha exigido que todos los diplomáticos estadounidenses abandonen el país.
Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, dijo que Pdvsa había «sido durante mucho tiempo un vehículo de malversación de fondos» entre los principales funcionarios venezolanos y los empresarios con conexiones políticas.
Pdvsa ha sido durante mucho tiempo utilizada como un vehículo para la corrupción, se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de Pdvsa para el beneficio personal de los corruptos funcionarios y empresarios venezolanos, señala el Departamento del Tesoro de EE.UU. Por ejemplo, un ardid relacionado con operaciones de cambio de moneda de 2014 fue diseñado para malversar y lavar alrededor de US$600 millones de Pdvsa, dinero obtenido mediante soborno y fraude.
Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado en cantidad hasta alcanzar US$1.200 millones malversados por Pdvsa. Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que fue director ejecutivo de planificación financiera de la petrolera, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el esquema internacional, valuado en mil millones de dólares.
En otro caso, los fiscales de Estados Unidos han alegado que, entre 2011 y 2013, altos funcionarios del gobierno de Venezuela y Pdvsa, entre ellos Nervis Villalobos, ex viceministro de energía de Venezuela; Rafael Reiter, quien trabajó como jefe de seguridad y prevención de pérdidas de Pdvsa, y Luis Carlos de León, ex funcionario de una empresa eléctrica estatal, pidieron sobornos de proveedores a cambio de ayudarlos a obtener contratos de Pdvsa.
Al mismo tiempo que EE.UU. toma esta medida, OFAC está emitiendo licencias generales que autorizan ciertas transacciones y actividades relacionadas con Pdvsa y sus subsidiarias dentro de los plazos especificados.
Mnuchin dijo que las refinerías en Estados Unidos podrían continuar procesando el petróleo, y el petróleo venezolano que estaba en altamar podía continuar a su destino. Además, dijo, el Departamento del Tesoro ha emitido licencias a algunos países europeos y del Caribe para que puedan hacer una transición adecuada a medida que las sanciones entren en vigor.
La filial estadounidense de Pdvsa, Citgo, que opera tres refinerías, envía a Venezuela gasolina y otros productos refinados del petróleo. Bajo las sanciones, a Citgo se le permitirá continuar operando, y cualquier dinero que envíe a Pdvsa se destinará a una cuenta designada, señaló Mnuchin.
El gobierno de Trump ha instado a los miembros de la Organización de los Estados Americanos a que reconozcan a Guaidó como presidente de Venezuela, y ha prometido una asistencia de varios millones en alimentos y ayuda médica para aliviar el dolor de los ciudadanos del país. Ese dinero presumiblemente solo iría al gobierno de Guaidó.
En una declaración, el secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo dijo que las sanciones «no apuntan a los ciudadanos inocentes de Venezuela» y permitirán que fluya la ayuda humanitaria. Dijo que la asistencia médica era «desesperadamente necesaria después de años de destrucción económica bajo el gobierno de Maduro».
La economía venezolana se ha derrumbado bajo las políticas del gobierno de Maduro, y tres millones de venezolanos han huido de su país. Solo Colombia ha acogido al menos un millón de refugiados. Funcionarios del gobierno de EE.UU. han indicaron que Trump todavía no ha descartado la intervención militar en sus esfuerzos por presionar a Maduro a que renuncie. «El presidente ha dejado muy claro en este asunto que todas las opciones están sobre la mesa», dijo a los reporteros John R. Bolton, el asesor de seguridad nacional, mientras sostenía un bloc de notas con una frase críptica garabateada en la parte superior: «5.000 soldados a Colombia».