Venezuela: la UE agrega a 11 funcionarios a la lista de sanciones

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El 25 de junio de 2018, el Consejo Europeo decidió someter a 11 personas que ocupaban cargos oficiales en Venezuela a medidas restrictivas. Las personas enumeradas son responsables de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia y el estado de derecho en Venezuela. Las medidas incluyen una prohibición de viajar y una congelación de activos.

Esta decisión es un seguimiento directo de las conclusiones del Consejo adoptadas el 28 de mayo de 2018, que exigían medidas restrictivas específicas que no dañen a la población venezolana en respuesta a las recientes elecciones presidenciales celebradas en Venezuela.

Como se indicó en las conclusiones, las elecciones celebradas en Venezuela el 20 de mayo de 2018 no fueron ni libres ni justas y sus resultados carecieron de credibilidad, ya que el proceso electoral no garantizaba las garantías necesarias para que fueran inclusivas y democráticas, señala el Consejo.

En este contexto, la UE también pidió nuevas elecciones presidenciales de conformidad con las normas democráticas internacionalmente reconocidas y el orden constitucional venezolano. La UE también reiteró la necesidad de respetar a todas las instituciones elegidas democráticamente, especialmente la Asamblea Nacional, para liberar a todos los presos políticos y defender los principios democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos. Estos siguen siendo puntos esenciales a la luz de los cuales la UE adaptará su política.

La decisión de esta semana de la Unión Europea eleva a 18 el número total de personas sometidas a sanciones en vista de la situación en Venezuela. El Consejo incluyó por primera vez a 7 funcionarios venezolanos involucrados en el incumplimiento de los principios democráticos o el estado de derecho, así como en la violación de los derechos humanos el 22 de enero de 2018. Las medidas restrictivas tienen como objetivo ayudar a fomentar soluciones compartidas democráticas que puedan traer estabilidad política al país y permitirle abordar las necesidades apremiantes de la población.

Los actos jurídicos, incluidos los nombres de los interesados, se publicaron en el Diario Oficial el 25 de junio de 2018.