Un tribunal del Reino Unido multa a oficial de cumplimiento por débil debida diligencia de PEP en un caso vinculado a los Panama Papers

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Un tribunal del Reino Unido penalizó a un solicitor (abogado) oficial de cumplimiento ALD (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras esterlinas por no haber realizado una mínima búsqueda en Internet para verificar si sus clientes eran personas políticamente expuestas (PEP), en el primer castigo disciplinario que involucró al bufete de abogados Mossack Fonseca: la entidad en el corazón de la histórica filtración de Panama Papers.

The Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT) –Tribunal Disciplinario de Abogados—junto con la Solicitors Regulatory Authority (SRA)—Autoridad Reguladora de Abogados— impuso la sanción a Khalid Mohammed Sharif, socio de la firma de Londres Child & Child, por una serie de violaciones al sistema contra el lavado de dinero. Sharif también fue el MLRO de la firma entre agosto de 2015 y el mismo mes de 2016.

Sharif admitió en 2005 que actuó en nombre de clientes que no fueron identificados en el fallo, pero que según informes eran hijas del presidente de Azerbaiyán. Serían los propietarios efectivos o beneficiarios finales de una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por Mossack Fonseca, la firma panameña cuyos sistemas fueron pirateados y archivos publicados en los periódicos internacionales en abril de 2016. La transacción implicó la compra de dos apartamentos en Knightsbridge en Londres, cuyo precio combinado fue de poco menos de 60 millones de libras.

El caso se produce cuando el Reino Unido enfrenta un intenso escrutinio global por la fuerza de sus leyes ALD y la efectividad de la aplicación del cumplimiento, o la falta de ésta.

El país es considerado un líder mundial en la promulgación de regulaciones en línea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De hecho, en una reciente revisión del GAFI, el Reino Unido obtuvo una puntuación alta en muchas de las 40 recomendaciones, pero fue criticado por su relativamente débil mantra de aplicación, con pocas medidas de acción y cuando las sanciones monetarias entraron en juego fueron en general cifras más pequeñas que fallos y sanciones similares en otros países, como por ejemplo Estados Unidos.

En conjunto, muchas jurisdicciones, incluidos EE.UU., Reino Unido y Europa, están prestando mucha más atención a los “gatekeepers” o “guardianes” y su papel como lavadores de dinero profesionales, incluyendo los abogados, agentes de formación de empresas y firmas de servicios profesionales.

El Reino Unido, en particular, ha enfrentado críticas de los grupos internacionales por permitir que fondos cuestionados de Rusia y otras regiones ingresen a su sector inmobiliario y se demore en extender estándares de propiedad beneficiosa más rigurosos a sus territorios en el extranjero, en muchos casos considerados refugios del secretismo o secrecy havens.

La presión crece para los funcionarios ALD, que han visto expuestos a mayores sanciones en recientes exámenes por fallas de cumplimiento en sus empresas, lo que se denomina “responsabilidad individual”.

Como resultado, algunos países como por ejemplo EE.UU. han sido testigo de un éxodo de altos funcionarios ALD con décadas de experiencia en los principales bancos nacionales e internacionales, debido a la presión regulatoria o al temor de que sus cabezas sean los preciados trofeos en futuras medidas de aplicación de ley.

Falta de una debida diligencia del cliente

En el caso de Sharif, la sentencia señala que entre febrero y abril de 2016, “no tomó ninguna de las medidas adecuadas para determinar, a partir de información pública, en el momento de actuar, para saber si los X clientes eran” personas expuestas políticamente (PEP) o vinculadas a productos de los delitos, requisitos de acuerdo con las normas ALD del Reino Unido.

Sharif admitió en 2005 que actuó para clientes que no se identificaron en el fallo, pero que, según informes, eran hijas del presidente de Azerbaiyán.

La sentencia toma nota de que él aceptó instrucciones de una persona para que actúe en nombre de otra persona sin siquiera examinar para determinar si las personas tenían la autoridad para hacerlo, lo que constituye una falla importante de las reglas de diligencia debida del cliente (CDD).

Serían los propietarios efectivos o beneficiarios finales de una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por Mossack Fonseca.

La transacción implicó la compra de dos propiedades en Knightsbridge en Londres, cuyo precio combinado fue de poco menos de 60 millones de libras, con varios millones de libras extras para convertir ambas propiedades en una.

Los clientes fueron presentados por “Y”, un magnate de la propiedad que fue un cliente de Child & Child. Los grupos completaron e intercambiaron contratos en abril de 2015 con la idea que sea completada para 2017, y se realizaron pagos de 14,3 millones de libras.

Sin embargo, la transacción no se completó y los clientes fueron reembolsados, según la sentencia.

Además, la sentencia señala que las partes intentaron “obsequiar” un departamento de Y a una parte relacionada, todo a través de compañías fantasmas o shell companies, bajo la premisa de que se había hecho a beneficio de Y en una transacción anterior: todas las acciones están repletas de riesgos elevados incluyendo el alto valor de la transacción y las partes y regiones sombrías.

Sharif admitió que entre febrero de 2015 y abril de 2016 no tomó las medidas adecuadas para descubrir si los clientes eran personas expuestas políticamente (PEP), cuando una simple búsqueda en Internet habría revelado que lo eran, y más aún, que estaban vinculados al producto del delito.

También admitió que él específicamente escribió “no” en ciertos formularios que preguntaban si alguno de los clientes eran PEP o parientes o asociados de PEP.

Sharif tampoco se involucró en el monitoreo continuo de la cuenta y las transacciones relacionadas para ver si cambiaba la evaluación de riesgo inicial que en este caso debería haberse establecido inicialmente como un riesgo más alto.

Los documentos también revelan un grupo de señales de alerta que Sharif optó por ignorar o evadir activamente, que incluyen:

  • Contacto personalizado: los clientes eran nuevos y la empresa nunca los había conocido ni se había comunicado con ellos en persona.
  • Terceros sucios: el uso de intermediarios para dar instrucciones en nombre de otra persona o entidad y proporcionar documentación de KYC o conozca su cliente.
  • Ubicación de lujo: el alto valor de la propiedad, 59,5 millones de libras, en un exclusivo vecindario de Londres.
  • Islas de la corona: el uso de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas para que extranjeros mantengan propiedad en el Reino Unido.
  • Bancos extranjeros: el uso de cuentas bancarias extranjeras.
  • Desconocidos conocidos: los fondos involucrados se originaron en un país del que Sharif sabía muy poco.

Las fallas se magnificaron, según la sentencia, porque la SRA emitió en diciembre de 2014 un “aviso de advertencia” destacando muchas de las tácticas utilizadas por las partes como señales de advertencia de que individuos o fondos ilícitos estaban involucrados, incluso el uso de intermediarios que parecen disfrazar el Identidad del verdadero cliente y la participación de “estructuras o pasos innecesariamente complicados en la transacción”.

En sus conclusiones, la sentencia declaró que Sharif no “actuó con integridad”, según los documentos judiciales.