Tendencias en Delitos Financieros: EE.UU. incrementa los recursos para atacar la corrupción en el extranjero, ex embajador de Panamá ante la OEA presentará denuncia contra Diosdado Cabello, y más

Por el Equipo de ACFCS
17 de noviembre de 2015

Esta semana en Tendencias en Delitos Financieros: El Departamento de Justicia incrementará el número de fiscales que se dedican a combatir el soborno internacional; de cada 10.000 pesos, el gobierno mexicano destina solo 5 centavos a mecanismos para combatir la corrupción, según un estudio; Las aduanas, las agencias encargadas de controlar las importaciones, los puertos, las fronteras y los aeropuertos son considerados por la mayoría de los empresarios como las áreas de más alto riesgo a la hora de analizar problemas de corrupción y sobornos; y más.

Corrupción

La unidad encargada de combatir la corrupción fuera de EE.UU. del Departamento de Justicia incrementará en un 50% el número de fiscales que se dedican a combatir el soborno internacional, señaló una funcionaria del departamento. La fiscal federal asistente para la división criminal Leslie Caldwell anunció las 10 contrataciones en la conferencia anual sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero donde resaltó los esfuerzos del departamento para incrementar la transparencia en tales casos. «Estos nuevos escuadrones y fiscales harán una diferencia sustancial en nuestra capacidad de llevar adelante casos de alto impacto y mejorar la capacidad del departamento para erradicar actos de corrupción», dijo. El anuncio ocurre en medio de una caída en los casos de corrupción extranjera por parte del Departamento de Justica, con solo dos casos acordados este año. Caldwell dijo que estaba tratando de ayudar a las empresas a entender mejor los beneficios que obtienen del gobierno cuando ellas mismas informan sobre actividades indebidas, cooperan y ayudan a remediar problemas. Con información de The Wall Street Journal

De los 4,6 billones de pesos del Presupuesto 2015, el gobierno federal de México destinó solamente 26 millones al combate directo de la corrupción, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y contra la Administración Pública, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR). En contraste, el costo de la corrupción en México representa entre el 2% y el 9% del Producto Interno Bruto. Estas cifras se desprenden del estudio «La corrupción en México: tranzamos y no avanzamos», realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el cual refiere además que por cada 10.000 pesos ejercidos por el gobierno mexicano, solo 5 centavos son destinados a mecanismos para combatir la corrupción. En los últimos 16 años se han reportado en México 272 escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos gobernadores y solo 21 casos han sido sancionados; el 91% quedaron en la impunidad. Imco propone diversas medidas para combatir la corrupción, entre ellas potenciar el uso de tecnología e información, debido a que los sistemas son inoperantes Sugiere pleno acceso y sistemas interconectados de información fiscal y financiera. Por ejemplo, solo 38 de lso 2457 municipios y delegaciones cuentan con trámites interactivos. Con información de Milenio

El ex presidente de Guatemala Otto Pérez, en detención preventiva bajo cargos de encabezar una red de corrupción en aduanas, fue trasladado a otra prisión militar por un reacomodo de reos, informó esta semana una fuente oficial. El ex gobernante fue trasladado al centro militar Mariscal Zavala, en la periferia norte de Ciudad de Guatemala, después de casi dos meses en una cárcel del cuartel Matamoros, en la capital. El traslado fue realizado entre la noche del lunes y madrugada de este martes e incluyó a «toda la población de privados de libertad del centro de detención» Matamoros, con 35 reos. Pérez, junto a otros diez internos considerados vulnerables, fueron reubicados en Mariscal Zalvala, que cuenta con una nueva cárcel con capacidad para 135 presos, mientras que el resto fueron llevados a otras cárceles del país. Dentro de Mariscal Zavala se construyó en 2014 una tribuna para actos militares que lleva el nombre de Otto Pérez, quien inauguró la obra siendo presidente. Pérez renunció al cargo a principios de setiembre luego de ser acusado de encabezar una estructura en el gobierno que cobraba sobornos a empresarios para evadir impuestos aduaneros, un caso que desató un torbellino político en el país. Anteriormente había sido detenida por el mismo caso su ex vicepresidenta Roxana Baldetti. Los dos están bajo prisión preventiva mientras la Fiscalía y una Comisión de la ONU Contra la Impunidad recaban pruebas para llevarlos a juicio por corrupción. Con información de El Universal

Las aduanas, las agencias encargadas de controlar las importaciones, los puertos, las fronteras y los aeropuertos son considerados por la mayoría de los empresarios como las áreas de más alto riesgo a la hora de analizar problemas de corrupción y sobornos. Más que nada a la hora de ingresar equipos y bienes para el desarrollo, por ejemplo, de proyectos energéticos y para recursos naturales. De hecho, a nivel internacional las grandes corporaciones están reconociendo tener problemas a la hora de luchar con asuntos vinculados planes de anticorrupción debido a la complejidad de ambos delitos. También por la creciente globalización de las operaciones y de la necesidad de lidiar con la corrupción y el soborno en países totalmente diferentes. Los datos surgen de una encuesta elaborada por KPMG Internacional entre 659 ejecutivos de distintos sectores, quienes señalaron la importancia de combatir estas prácticas antiéticas. De ese total, 54 son referentes de empresas de energía y recursos naturales, de los cuales 38 trabaja con petróleo y gas. El 50% de estos empresarios explicaron que administran el riesgo de soborno y corrupción durante el transporte de equipos y materiales a través de las fronteras incrementando la monitorización de las facturas de los proveedores de logística; el 47 % realiza investigaciones de acompañamiento y toma medidas disciplinarias apropiadas contra funcionarios y terceros, mientras otro 47% dijo que entrena a los gerentes de logística sobre cómo combatir esas prácticas desleales. Además, el 80% de las compañías aplica programas por escrito de conformidad con las normas anticorrupción . Entre el 50% y el 69 % disponen de diversas herramientas como mecanismos de denuncias, programas de entrenamiento, monitorización continua, un encargado de acciones permanentes y evaluaciones de riesgos. Con información de El Cronista Comercial.

Lavado de Dinero

El expolio del petróleo y las antigüedades en los territorios que domina en Irak y Siria son algunas de las principales fuentes de financiación del grupo terrorista Estado Islámico (EI), que también obtiene fondos con los rescates de los secuestros.  Así lo ha identificado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que en febrero de este año aprobó por unanimidad la resolución 2199 para impedir que «las organizaciones terroristas en Irak y Siria se beneficien del comercio del petróleo, antigüedades y rehenes, y de donaciones». A finales de junio de 2014 el EI proclamó un califato en Siria e Irak, donde ha tomado amplios territorios con numerosos campos de crudo y gas, así como yacimientos arqueológicos. Dentro de su campaña para expandir el terror entre la población y como otra fuente de recursos, la organización radical ha llevado a cabo numerosos secuestros de ciudadanos sirios e iraquíes, y también extranjeros, como periodistas y cooperantes. En su último informe sobre las vías de financiación del EI, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI), integrado por 36 países para combatir los delitos económicos y el crimen organizado, detectó cinco fuentes de recursos del EI. El GAFI señaló que la principal fuente es el expolio de los territorios que ocupa, lo cual incluye el saqueo de bancos, la extorsión, el control de instalaciones petroleras y la recaudación ilegal de impuestos. Con información de El Universal.

El ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Guillermo Cochez presentará una denuncia penal contra el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, por «posible delito» de blanqueo de capitales. Cochez indicó que la denuncia que presentará ante el Ministerio Público (MP) incluye a Efraín Antonio Campo Flores, ahijado del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Campos Flores está detenido en Nueva York junto a Francisco Flores de Freitas, sobrino de Maduro, por presuntos delitos de narcotráfico y supuestamente conspirar para llevar droga a Estados Unidos, tras la detención de ambos en Haití. La querella, a la que tuvo acceso Efe, señala que Cabello fue acusado en 2014 en Miami (EE.UU.) por el venezolano Thor Halvorssen Mendoza, presidente de la Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, de recibir sobornos de Derwick Associates USA o Derwick Associates Corporation para facilitar a esta empresa contratos para proyectos hidroeléctricos en Venezuela. Según la acusación de Mendoza, citada por Cochez en su denuncia, la mencionada empresa habría pagado «posiblemente» a Cabello US$50 millones por la «ayuda» que éste prestó para obtener contratos con el Estado venezolano. Este dinero «posiblemente» había sido depositado en el Banco Banesco Panamá, S.A., a través de diversas sociedades anónimas de la que es dueño Diosdado Cabello, según el documento. Sostiene que de materializarse lo relativo a Banesco, le corresponde al Ministerio Público investigar «para comprobar la existencia del hecho punible y descubrir al autor o partícipe o quienes hayan tenido injerencia en la comisión del mismo». En cuanto al ahijado de Maduro, Cochez denunció que mantiene en Panamá una sociedad anónima denominada Transportes Herfra, S.A. constituida el 31 de marzo de 2014, de la cual es su presidente y representante legal. Con información de Caracol

La fiscalía de Perú decidió investigar al ex presidente Alan García, quien recientemente se postuló como candidato para las próximas elecciones, por presunto lavado de activos en relación con fondos vinculados al Partido Aprista Peruano (PAP), que él mismo dirige. Según fuentes de la Fiscalía, la investigación comenzó en septiembre cuando la Oficina de Procesos Electorales advirtió sobre las supuestas irregularidades en el financiamiento de campañas electorales pasadas. «Hay puntos que no coinciden en los aportes. A veces los montos no son bien sustentados. García es investigado por ser el presidente del PAP», dijo una fuente de la Fiscalía al diario local Perú21. Las primeras acciones de la Fiscalía serán pedir a la Justicia el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil del PAP. El congresista aprista Javier Velásquez aseveró que García no es quien debe responder por las presuntas irregularidades, sino los secretarios generales del partido. «García tiene un cargo simbólico y honorífico en el PAP», indicó. Con información de Télam

Ciberseguridad

En una rara ofensiva en contra de un grupo de hackers, fiscales de Estados Unidos presentaron cargos penales contra tres hombres acusados de dirigir un esquema de la piratería informática y fraude que incluyó un enorme ataque contra JPMorgan Chase & Co y generó cientos de millones de dólares de ganancias ilegales. Gery Shalon, Josué Samuel Aarón y Ziv Orenstein, todos de Israel, fueron acusados de presuntos delitos contra 12 empresas, entre ellas nueve compañías de servicios financieros y medios de comunicación como The Wall Street Journal. Los fiscales señalaron que el ardid databa de 2007, y causaron la exposición de la información personal de más de 100 millones de personas. Los delincuentes habrían provocado la manipulación de precios de acciones, utilizado casinos en línea, procesado pagos para los criminales, un intercambio bitcoin ilegal y el lavado de dinero a través de por lo menos 75 empresas ficticias y cuentas en todo el mundo. Estos cargos se suman a cargos anunciados por primera vez en julio, y que de acuerdo con la fiscal general estadounidense Loretta Lynch es «uno de los mayores robos de datos relacionados con el sector financiero en la historia». Los cargos son también los primeros vinculados con la filtración de datos de JPMorgan, que los fiscales dijeron incluye el robo de registros pertenecientes a más de 83 millones de clientes, el mayor robo de datos de los clientes de una institución financiera de Estados Unidos. Con información de Reuters.

El jefe regulador de servicios financieros del Estado de Nueva York la semana pasada dio a conocer nueva información sobre posibles nuevas normas de seguridad cibernética para los bancos y compañías de seguros bajo su jurisdicción, un modelo que tiene similitudes con los programas contra el lavado de dinero. Las medidas, que ocurren luego de un año excepcional donde los hackers atacaron muchos de los bancos y los minoristas más grandes del país, requerirían instituciones nombrar o designar un jefe de los oficiales de seguridad de la información, adoptar procedimientos más estrictos para el acceso de los empleados a distintos sistemas y aumentar protocolos para los clientes de sesión en portales en línea. Las regulaciones de la NYDFS, si se aprueban, exigirán a las empresas adoptar políticas escritas ciber seguridad y procedimientos en 12 áreas, incluyendo la privacidad de los datos del cliente y seguridad de la red. Las empresas también tendrían que desarrollar políticas para exigir que los proveedores de servicios externos también mantener los datos seguros. Las medidas previstas siguen encuestas que NYDFS realizó entre 2013 y 2015 sobre los programas de seguridad cibernética de las empresas que regula. Un informe de abril, por ejemplo, reveló que un tercio de los 40 bancos NYDFS había encuestado en 2014 no requerían a los proveedores externos que les notificaran de filtraciones de datos, lo que podría poner en peligro los datos bancarios. Las empresas, si se adoptan las medidas, deberán realizar pruebas y auditorías anuales de sus sistemas de seguridad cibernética. Jefe de seguridad de la información de cada empresa también tendría que presentar un informe anual a NYDFS, donde informe al regulador sobre las posibles vulnerabilidades. Con información de Reuters