Reino Unido presenta una actualización sobre los registros de beneficiarios reales, y da una idea de la batalla para incluir a territorios de ultramar

Facebooktwittergoogle_plusredditlinkedinmail

El Reino Unido ha emitido un nuevo informe que analiza una pieza crucial en el marco del cumplimiento para combatir los delitos financieros: registros de información sobre beneficiarios reales, señalando su deseo de capturar más información a nivel nacional y en los territorios y dependencias de la Corona. La capacidad de crear empresas fantasmas anónimas ha sido un bastión para grupos ilícitos de todo tipo.

El Servicio de Investigación Parlamentaria del país detalló la estructura actual para capturar y publicar información sobre beneficiarios reales y dio un vistazo de un nuevo campo de batalla, haciendo lo mismo para los territorios de ultramar del país, como lo exige las recientemente actualizadas leyes contra el lavado de dinero del Reino Unido.

Actualmente, Londres está exigiendo a los territorios de ultramar que sigan los pasos del país, pero varias regiones han declarado que no pueden o no quieren hacerlo, y se pavonean con bravuconerías y vacilan vociferando que los enfrentamientos legales formales son inevitables.

El Reino Unido señala que los registros de propiedad beneficiaria cubren tres variedades de activos distintos: compañías, propiedades y terrenos, y fideicomisos, con diversos grados de disponibilidad pública de la información sobre los beneficiarios finales.

La información de las empresas está disponible para el público en general, y la propiedad en el extranjero está programada para comenzar en 2021. Los fideicomisos aún no son públicos, aunque algunos funcionarios han expresado su deseo de cambiar eso. “En todo el mundo, muchos países han creado o tienen planes para crear registros”, según el informe. “Entre los territorios británicos de ultramar y las dependencias de la Corona, los registros públicos son la excepción en este momento, pero se convertirán en la norma para las empresas para fines de 2020. En la Unión Europea, los estados miembros tienen hasta enero de 2020 para hacer públicos los datos sobre los beneficiarios finales de personas jurídicas como empresas”.