Esta semana, la Vicepresidenta y Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado se reunió con los secretarios de Estado y del Tesoro de EE.UU., Mike Pompeo y Steven Mnuchin, respectivamente, como primer punto de su agenda oficial en EE.UU. donde ahondaron sobre los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la corrupción venezolana, así como la implementación del marco energético recientemente firmado entre EE.UU. Y Panamá.

La vicepresidente agradeció a los funcionarios de EE.UU. por el reconocimiento a Panamá en su compromiso y avances para evitar el lavado de dinero y el financiamiento de actos ilícitos, señalando que Panamá y EE.UU. han «trabajado de manera colaborativa en esa dirección».

La Vicepresidenta y Pompeo repasaron la agenda bilateral y el avance de los programas de cooperación, así como áreas para seguir fortaleciéndola, siendo la lucha contra el terrorismo una prioridad de esta agenda.

En el plano regional, compartieron la preocupación por el deterioro de la crisis económica, social y humanitaria en Venezuela, así como la importancia de seguir trabajando para restablecer el orden democrático y dar una pronta respuesta humanitaria a la población venezolana.

Por su parte, Mnuchin compartió que la oficina a su cargo ha seguido de cerca el avance de Panamá en la actualización de la plataforma financiera panameña y la adopción de nuevas leyes y su implementación. Asimismo, el Secretario del Tesoro reiteró la disposición del gobierno estadounidense de continuar trabajando de la mano en la implementación de estas normativas.

El Secretario de Estado de EE.UU. compartió el reconocimiento de Estados Unidos a Panamá por el paso dado para evitar el uso de naves con bandera panameña para actos ilícitos.

Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro—y de conformidad con la Orden Ejecutiva 13850— impuso esta semana sanciones contra la compañía petrolera estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), con la intención de golpear al gobierno del asediado presidente Nicolás Maduro cortando su principal fuente de ingresos.

La medida marcó el primer paso sancionatorio de Estados Unidos para obligar a Maduro a renunciar al poder desde que el líder de la oposición, Juan Guaidó, se declaró presidente interino la semana pasada después de años de acusaciones de corrupción en Venezuela.

Las sanciones prohíben a la mayoría de las empresas estadounidenses realizar transacciones con Pdvsa. Algunos especialistas estiman que las sanciones financieras pueden llegar a bloquear entre US$6.000 y US$ 7.000 millones en activos y resulten en pérdidas de exportaciones durante los próximos 12 meses del orden de unos US$10.000 millones para el gobierno de Venezuela, privándola de su fuente de ingresos y de captación de divisas más importante.

La semana pasada, el gobierno de Trump reconoció a Guaidó, el líder de 35 años de la Asamblea Nacional, como el presidente interino de Venezuela cuando sus partidarios salieron a las calles para exigir nuevas elecciones. Maduro ha cortado los lazos con Estados Unidos y ha exigido que todos los diplomáticos estadounidenses abandonen el país.

Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, dijo que Pdvsa había «sido durante mucho tiempo un vehículo de malversación de fondos» entre los principales funcionarios venezolanos y los empresarios con conexiones políticas.

Pdvsa ha sido durante mucho tiempo utilizada como un vehículo para la corrupción, se han diseñado diversos esquemas para malversar miles de millones de dólares de Pdvsa para el beneficio personal de los corruptos funcionarios y empresarios venezolanos, señala el Departamento del Tesoro de EE.UU. Por ejemplo, un ardid relacionado con operaciones de cambio de moneda de 2014 fue diseñado para malversar y lavar alrededor de US$600 millones de Pdvsa, dinero obtenido mediante soborno y fraude.

Para mayo de 2015, la conspiración supuestamente se había duplicado en cantidad hasta alcanzar US$1.200 millones malversados por Pdvsa. Abraham Edgardo Ortega, un ciudadano venezolano que fue director ejecutivo de planificación financiera de la petrolera, se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en el esquema internacional, valuado en mil millones de dólares.

En otro caso, los fiscales de Estados Unidos han alegado que, entre 2011 y 2013, altos funcionarios del gobierno de Venezuela y Pdvsa, entre ellos Nervis Villalobos, ex viceministro de energía de Venezuela; Rafael Reiter, quien trabajó como jefe de seguridad y prevención de pérdidas de Pdvsa, y Luis Carlos de León, ex funcionario de una empresa eléctrica estatal, pidieron sobornos de proveedores a cambio de ayudarlos a obtener contratos de Pdvsa.

Al mismo tiempo que EE.UU. toma esta medida, OFAC está emitiendo licencias generales que autorizan ciertas transacciones y actividades relacionadas con Pdvsa y sus subsidiarias dentro de los plazos especificados.

Mnuchin dijo que las refinerías en Estados Unidos podrían continuar procesando el petróleo, y el petróleo venezolano que estaba en altamar podía continuar a su destino. Además, dijo, el Departamento del Tesoro ha emitido licencias a algunos países europeos y del Caribe para que puedan hacer una transición adecuada a medida que las sanciones entren en vigor.

La filial estadounidense de Pdvsa, Citgo, que opera tres refinerías, envía a Venezuela gasolina y otros productos refinados del petróleo. Bajo las sanciones, a Citgo se le permitirá continuar operando, y cualquier dinero que envíe a Pdvsa se destinará a una cuenta designada, señaló Mnuchin.

El gobierno de Trump ha instado a los miembros de la Organización de los Estados Americanos a que reconozcan a Guaidó como presidente de Venezuela, y ha prometido una asistencia de varios millones en alimentos y ayuda médica para aliviar el dolor de los ciudadanos del país. Ese dinero presumiblemente solo iría al gobierno de Guaidó.

En una declaración, el secretario de Estado de EE.UU. Mike Pompeo dijo que las sanciones «no apuntan a los ciudadanos inocentes de Venezuela» y permitirán que fluya la ayuda humanitaria. Dijo que la asistencia médica era «desesperadamente necesaria después de años de destrucción económica bajo el gobierno de Maduro».

La economía venezolana se ha derrumbado bajo las políticas del gobierno de Maduro, y tres millones de venezolanos han huido de su país. Solo Colombia ha acogido al menos un millón de refugiados. Funcionarios del gobierno de EE.UU. han indicaron que Trump todavía no ha descartado la intervención militar en sus esfuerzos por presionar a Maduro a que renuncie. «El presidente ha dejado muy claro en este asunto que todas las opciones están sobre la mesa», dijo a los reporteros John R. Bolton, el asesor de seguridad nacional, mientras sostenía un bloc de notas con una frase críptica garabateada en la parte superior: «5.000 soldados a Colombia».

Esta semana el Departamento de Justicia de EE.UU. presentó 13 cargos contra el gigante chino de telefonía Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, dos filiales — Huawei Device USA Inc. (Huawei USA) and Skycom Tech Co. Ltd. (Skycom) — y su consejera financiera, Meng Wanzhou, quien fue detenida el 1 de diciembre pasado en Canadá siguiendo una orden de arresto estadounidense y ha permanecido desde entonces en Vancouver.

13 cargos contra el gigante chino de telefonía Huawei

Entre los 13 cargos se encuentran los de fraude bancario, violación de las sanciones estadounidenses impuestas a Irán, conspiración para obstruir la justicia y conspiración para lavar dinero. Según las autoridades estadounidenses, tanto la empresa en general como Meng en particular mintieron a las autoridades bancarias para evitar una investigación sobre posible violación del régimen sanciones contra Irán por parte de los acusados. La filial estadounidense trasladó a China empleados que sabían de los negocios de Huawei con Irán a través de Skycom, una subsidiaria en Irán, para evitar que pudieran ser interrogados. Meng formó parte de la junta directiva de Skycom.

Los cargos en este caso se relacionan con un esquema de larga duración de Huawei para engañar a numerosas instituciones financieras internacionales y al gobierno de Estados Unidos con respecto a las actividades comerciales de Huawei en Irán. Como se afirma en la acusación, a partir de 2007, los empleados de Huawei mintieron sobre la relación de Huawei con la compañía en Irán llamada Skycom, afirmando falsamente que no era una filial de Huawei. La compañía también afirmó que Huawei solo tenía operaciones limitadas en Irán y que Huawei no violaba las leyes de EE.UU. u otras relacionadas con Irán.

Después de que se publicara a fines de 2012 y 2013 que Huawei operaba a Skycom como una filial no oficial en Irán y que Meng había ocupado un cargo en la junta directiva de Skycom, los empleados de Huawei, y en particular Meng, continuaron mintiendo a los bancos sobre la relación de Huawei con Skycom. Afirmaron falsamente que Huawei había vendido su participación en Skycom a un tercero no relacionado en 2007 y que Skycom era simplemente el socio comercial local de Huawei en Irán, señala el Departamento de Justicia. En realidad, Skycom era la filial iraní de Huawei, y Huawei había orquestado la venta de 2007 para que apareciera como una transacción entre dos partes no relacionadas, cuando en realidad Huawei realmente controlaba la compañía que había comprado a Skycom.

Como parte de este esquema, Meng presuntamente hizo personalmente una presentación en agosto de 2013 a un ejecutivo de uno de los principales socios bancarios de Huawei, en la que mintió repetidamente sobre la relación entre Huawei y Skycom.

Según la acusación, Huawei dependió de sus relaciones financieras internacionales para sus servicios bancarios que incluían el procesamiento de transacciones en dólares a través de Estados Unidos. Las leyes y regulaciones de los Estados Unidos en general prohíben a estos bancos procesar transacciones relacionadas con Irán a través de Estados Unidos. Los bancos enfrentan sanciones por procesar transacciones que violan las leyes o regulaciones de Estados Unidos. Basándose en las declaraciones de Huawei, estos bancos continuaron sus relaciones con Huawei. Un banco liquidó más de US$100 millones en transacciones relacionadas con Skycom a través de los Estados Unidos entre 2010 y 2014.

«Como se indica en la acusación, Huawei y su directora financiera violaron la ley de Estados Unidos y participaron en un esquema financiero fraudulento perjudicial para la seguridad de Estados Unidos», dijo el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen. «Llevaron a cabo voluntariamente transacciones de millones de dólares que violaban directamente el Reglamento de Transacciones y Sanciones de Irán, y tal comportamiento no será tolerado». El Departamento de Seguridad Nacional está enfocado en evitar que actores infames accedan o manipulen nuestro sistema financiero».

El fiscal general, Matthew Whitaker, ha comparecido en una rueda de prensa junto al director del FBI, Christopher Wray, para anunciar los cargos, que según Whitaker derivan de actividades de la última década y van “hasta lo más alto de la compañía”. Wray, por su parte, ha declarado que los cargos “exponen la descarada desconsideración de Huawei por las leyes estadounidenses y las prácticas comunes globales de negocios” y ha dicho que el gigante chino representa “una doble amenaza tanto a la seguridad nacional (de EE.UU.) como a la económica”.

EE.UU. también solicitó formalmente esta semana la extradición de Meng desde Canadá y un tribunal canadiense determinó que el juicio de extradición comenzará el 6 de marzo.

El Departamento de Justicia intenta también desvincular la presentación de cargos de las negociaciones sobre la guerra comercial que libran Washington y Pekín.

Tax Justice Network con sede en el Reino Unido publicó hace unos días el informe “Beneficial ownership verification: ensuring the truthfulness and accuracy of registered ownership information” (Verificación de la propiedad beneficiaria: garantizar la veracidad y exactitud de la información de propiedad registrada) que apunta a la raíz del crimen financiero: el anonimato fabricado a través de capas de vehículos legales opacos, como compañías y fideicomisos.

Beneficial ownership verification: ensuring the truthfulness and accuracy of registered ownership information

Si bien muchos países, especialmente en la Unión Europea, han hecho grandes avances al exigir a las empresas y otros vehículos legales que registren a sus «beneficiarios reales» (las personas que en última instancia controlan y se benefician de los vehículos legales), la verificación de esta información sigue siendo un enorme reto. ¿Cuál es el sentido de exigir a una empresa que identifique y declare a sus beneficiarios reales si no se puede evitar que se mienta?

La propuesta principal de este documento es el uso de bases de datos públicas y gubernamentales interconectadas para garantizar que la información registrada sea válida y coherente: el nombre declarado y la fecha de nacimiento de un accionista deben coincidir con cualquier registro que el gobierno tenga sobre la persona; la dirección comercial de una empresa debe ser un lugar real que pueda encontrar en Google Maps y no debe referirse a un parque o un lago; el director activo que figura en el registro debería estar vivo.

Verificar la validez de la información es el primer paso. El segundo paso es verificar si la información es legítima. Una empresa puede registrar a una persona real como su director en lugar de una persona fallecida, pero eso no significa que la compañía no esté mintiendo sobre quién es su verdadero beneficiario real. Para abordar este riesgo, el documento de Tax Justice Network propone la aplicación de análisis avanzados de big data para identificar las señales de alerta, de manera similar a la analítica aplicada por los bancos y las tarjetas de crédito para prevenir el fraude en línea.

El nuevo documento de Tax Justice Network sugiere propuestas para llevar la lucha contra los flujos financieros ilícitos al siglo XXI.

Estos análisis avanzados podrían ser entrenados para encontrar patrones indicativos de que la información registrada no es confiable. Por ejemplo, cuando una empresa multimillonaria registra como su beneficiario final a una persona que no tiene ingresos declarados, no tiene una cuenta bancaria y ha vivido durante décadas en la misma dirección ubicada en un vecindario empobrecido, el sistema de TI aumentaría el riesgo. De manera similar, cuando una compañía está emitiendo facturas por millones de dólares a su oficina comercial, pero la compañía no tiene empleados y su oficina no realiza ningún consumo de electricidad, el sistema emitiría una señal de alerta. Se notificaría a las autoridades pertinentes de estas señales de alerta para que examine los casos sospechosos. Una investigación más a fondo puede revelar que la compañía que había registrado a un director sin cuenta bancaria como su director estaba explotando a una persona para que figurara como su director principal. La compañía con la oficina comercial vacía puede terminar siendo una compañía fantasma o shell company.

El documento también se centra en todos los datos que deben recopilarse en primer lugar. Un país puede tener el mejor sistema informático para realizar análisis, pero si no hay suficientes datos para analizar, los resultados carecerán de valor. El documento describe todos los vehículos legales, de acuerdo al criterio de Tax Justice Network, que deben estar sujetos al registro de los beneficiarios reales, la información que debe registrarse de cada accionista, el propietario beneficiario y el director, y los incentivos correctos para usar para ayudar a garantizar que la información se mantenga actualizada.

Este informe también trata de repensar los registros comerciales y su papel en la economía y la lucha contra los flujos financieros ilícitos. Los registros comerciales hacen magia. Dan vida («personalidad jurídica») a una entidad al permitir que una idea abstracta (una «empresa») posea activos, abra cuentas bancarias y realice negocios como si fuera una persona real.

Los registros comerciales son tan vitales para la economía, y para los delitos financieros, que deben dejar de ser considerados como antiguos almacenes que imprimen certificados de incorporación a pedido.

El hecho de que las disposiciones ALD por lo general consideren que la información con la que cuentan los registros comerciales sea tan poco confiable que las instituciones financieras no puedan descansar solo en ellas cuando realizan sus procesos de diligencia debida habla por sí solo. En su lugar, Tax Justice Network propone que los registros comerciales se conviertan en bases de datos dinámicas que deben ser consultadas en tiempo real por bancos, notarios, proveedores de servicios corporativos o corredores antes de que realicen cualquier transacción con una empresa. Cualquier apertura de una cuenta, la firma de un contrato o la compra de una casa debe depender de que la compañía relevante aún se encuentre en la lista de «activa» en el registro comercial. Esto no sucedería si la compañía no presentara una declaración anual o tratara de registrar la información que no es válida (por ejemplo, una dirección no existente).

Según el propio Tax Justice Network, las propuestas mencionadas en este documento no podrán prevenir todos los delitos posibles, pero darían a las autoridades mucho más poder para usar la tecnología a su favor.

Un tribunal del Reino Unido penalizó a un solicitor (abogado) oficial de cumplimiento ALD (MLRO en el Reino Unido) con 45.000 libras esterlinas por no haber realizado una mínima búsqueda en Internet para verificar si sus clientes eran personas políticamente expuestas (PEP), en el primer castigo disciplinario que involucró al bufete de abogados Mossack Fonseca: la entidad en el corazón de la histórica filtración de Panama Papers.

The Solicitors Disciplinary Tribunal (SDT) –Tribunal Disciplinario de Abogados—junto con la Solicitors Regulatory Authority (SRA)—Autoridad Reguladora de Abogados— impuso la sanción a Khalid Mohammed Sharif, socio de la firma de Londres Child & Child, por una serie de violaciones al sistema contra el lavado de dinero. Sharif también fue el MLRO de la firma entre agosto de 2015 y el mismo mes de 2016.

Sharif admitió en 2005 que actuó en nombre de clientes que no fueron identificados en el fallo, pero que según informes eran hijas del presidente de Azerbaiyán. Serían los propietarios efectivos o beneficiarios finales de una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por Mossack Fonseca, la firma panameña cuyos sistemas fueron pirateados y archivos publicados en los periódicos internacionales en abril de 2016. La transacción implicó la compra de dos apartamentos en Knightsbridge en Londres, cuyo precio combinado fue de poco menos de 60 millones de libras.

El caso se produce cuando el Reino Unido enfrenta un intenso escrutinio global por la fuerza de sus leyes ALD y la efectividad de la aplicación del cumplimiento, o la falta de ésta.

El país es considerado un líder mundial en la promulgación de regulaciones en línea con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

De hecho, en una reciente revisión del GAFI, el Reino Unido obtuvo una puntuación alta en muchas de las 40 recomendaciones, pero fue criticado por su relativamente débil mantra de aplicación, con pocas medidas de acción y cuando las sanciones monetarias entraron en juego fueron en general cifras más pequeñas que fallos y sanciones similares en otros países, como por ejemplo Estados Unidos.

En conjunto, muchas jurisdicciones, incluidos EE.UU., Reino Unido y Europa, están prestando mucha más atención a los «gatekeepers» o «guardianes» y su papel como lavadores de dinero profesionales, incluyendo los abogados, agentes de formación de empresas y firmas de servicios profesionales.

El Reino Unido, en particular, ha enfrentado críticas de los grupos internacionales por permitir que fondos cuestionados de Rusia y otras regiones ingresen a su sector inmobiliario y se demore en extender estándares de propiedad beneficiosa más rigurosos a sus territorios en el extranjero, en muchos casos considerados refugios del secretismo o secrecy havens.

La presión crece para los funcionarios ALD, que han visto expuestos a mayores sanciones en recientes exámenes por fallas de cumplimiento en sus empresas, lo que se denomina «responsabilidad individual».

Como resultado, algunos países como por ejemplo EE.UU. han sido testigo de un éxodo de altos funcionarios ALD con décadas de experiencia en los principales bancos nacionales e internacionales, debido a la presión regulatoria o al temor de que sus cabezas sean los preciados trofeos en futuras medidas de aplicación de ley.

Falta de una debida diligencia del cliente

En el caso de Sharif, la sentencia señala que entre febrero y abril de 2016, “no tomó ninguna de las medidas adecuadas para determinar, a partir de información pública, en el momento de actuar, para saber si los X clientes eran» personas expuestas políticamente (PEP) o vinculadas a productos de los delitos, requisitos de acuerdo con las normas ALD del Reino Unido.

Sharif admitió en 2005 que actuó para clientes que no se identificaron en el fallo, pero que, según informes, eran hijas del presidente de Azerbaiyán.

La sentencia toma nota de que él aceptó instrucciones de una persona para que actúe en nombre de otra persona sin siquiera examinar para determinar si las personas tenían la autoridad para hacerlo, lo que constituye una falla importante de las reglas de diligencia debida del cliente (CDD).

Serían los propietarios efectivos o beneficiarios finales de una compañía constituida en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por Mossack Fonseca.

La transacción implicó la compra de dos propiedades en Knightsbridge en Londres, cuyo precio combinado fue de poco menos de 60 millones de libras, con varios millones de libras extras para convertir ambas propiedades en una.

Los clientes fueron presentados por «Y», un magnate de la propiedad que fue un cliente de Child & Child. Los grupos completaron e intercambiaron contratos en abril de 2015 con la idea que sea completada para 2017, y se realizaron pagos de 14,3 millones de libras.

Sin embargo, la transacción no se completó y los clientes fueron reembolsados, según la sentencia.

Además, la sentencia señala que las partes intentaron «obsequiar» un departamento de Y a una parte relacionada, todo a través de compañías fantasmas o shell companies, bajo la premisa de que se había hecho a beneficio de Y en una transacción anterior: todas las acciones están repletas de riesgos elevados incluyendo el alto valor de la transacción y las partes y regiones sombrías.

Sharif admitió que entre febrero de 2015 y abril de 2016 no tomó las medidas adecuadas para descubrir si los clientes eran personas expuestas políticamente (PEP), cuando una simple búsqueda en Internet habría revelado que lo eran, y más aún, que estaban vinculados al producto del delito.

También admitió que él específicamente escribió «no» en ciertos formularios que preguntaban si alguno de los clientes eran PEP o parientes o asociados de PEP.

Sharif tampoco se involucró en el monitoreo continuo de la cuenta y las transacciones relacionadas para ver si cambiaba la evaluación de riesgo inicial que en este caso debería haberse establecido inicialmente como un riesgo más alto.

Los documentos también revelan un grupo de señales de alerta que Sharif optó por ignorar o evadir activamente, que incluyen:

• Contacto personalizado: los clientes eran nuevos y la empresa nunca los había conocido ni se había comunicado con ellos en persona.
• Terceros sucios: el uso de intermediarios para dar instrucciones en nombre de otra persona o entidad y proporcionar documentación de KYC o conozca su cliente.
• Ubicación de lujo: el alto valor de la propiedad, 59,5 millones de libras, en un exclusivo vecindario de Londres.
• Islas de la corona: el uso de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas para que extranjeros mantengan propiedad en el Reino Unido.
• Bancos extranjeros: el uso de cuentas bancarias extranjeras.
• Desconocidos conocidos: los fondos involucrados se originaron en un país del que Sharif sabía muy poco.

Las fallas se magnificaron, según la sentencia, porque la SRA emitió en diciembre de 2014 un «aviso de advertencia» destacando muchas de las tácticas utilizadas por las partes como señales de advertencia de que individuos o fondos ilícitos estaban involucrados, incluso el uso de intermediarios que parecen disfrazar el Identidad del verdadero cliente y la participación de «estructuras o pasos innecesariamente complicados en la transacción».

En sus conclusiones, la sentencia declaró que Sharif no «actuó con integridad», según los documentos judiciales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó su primera Estrategia Nacional de Financiamiento Ilícito (la «estrategia») para ayudar a los sectores público y privado a comprender y abordar el financiamiento del terrorismo, el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (PF) y el lavado de dinero. La estrategia revisa las fortalezas de los esfuerzos de EE.UU. para combatir el financiamiento ilícito e identifica oportunidades de mejora. El documento destaca el papel que desempeñan las medidas de ejecución, incluidas las sanciones, procesamientos y el decomiso de activos, en la lucha contra las finanzas ilícitas.

La estrategia también establece que el Departamento del Tesoro está explorando formas para modernizar el régimen contra el lavado de dinero para abordar las áreas de mayor riesgo para actividades de financiamiento ilícito. La estrategia se basa en tres evaluaciones de riesgo, que destacan amenazas y vulnerabilidades históricas y emergentes, que incluyen comercio global, monedas virtuales, bienes raíces, estructuras de propiedad impenetrables y lavadores de dinero profesionales:

La Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero del 2018: esta actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Dinero de 2015 encontró que el riesgo planteado por el efectivo o la moneda virtual en la actividad de lavado de dinero se mitigó en EE.UU. principalmente por el mantenimiento de registros de transacciones y los requisitos de información. Sin embargo, el comercio continúa siendo sigue siendo un vehículo para el lavado de dinero debido a los comerciantes, abogados, contadores, agentes de registro de empresas y agencias de bienes raíces que son «cómplices a sabiendas» o que actúan con «ceguera voluntaria».

La Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo del 2018: esta evaluación de riesgo actualizó una evaluación anterior de 2015 y advirtió que las organizaciones de caridad de EE.UU. que participan en áreas de alto riesgo como Afganistán, Pakistán, Somalía, Siria y Yemen enfrentan un mayor riesgo de abuso de FT. El Departamento del Tesoro también señaló que aunque algunas monedas virtuales se han utilizado para FT, «las monedas virtuales actualmente no presentan un riesgo significativo de FT».

La Evaluación Nacional de Riesgo de Financiación de la Proliferación de 2018: esta evaluación de riesgo, que es la primera de su tipo, indicó que el marco regulatorio y el enfoque actual de EE.UU.para combatir la actividad de la FP son en gran medida exitosos. Sin embargo, según la evaluación, se mantiene un nivel manejable de riesgo residual debido al papel del dólar estadounidense en el comercio transfronterizo.

Las instituciones han invertido mucho en el cumplimiento en los últimos diez años. Los costos aumentaron a niveles insostenibles, por lo que los bancos ahora buscan mejorar la eficiencia y la efectividad de sus departamentos de cumplimiento. Sin embargo, con los estándares que aún están surgiendo, el seguimiento de los desarrollos y la comparación del desempeño de cumplimiento con sus pares ha resultado difícil.

Un vistazo a algunos de los resultados en una encuesta de evaluación de cumplimiento de McKinsey que abarca dos años y dos docenas de instituciones en todo el mundo, que incluye un desafío persistente para los equipos ALD: el equilibrio de los recursos humanos y el uso de la tecnología para aumentar la efectividad. Algunos puntos destacados de la encuesta:

Crecimiento más lento en el gasto de cumplimiento: si bien casi la mitad de bancos vio aumentar sus costos en más del 20% durante 2014–16, esa proporción cayó un cuarto para el período 2015–17. Tres cuartos de los encuestados esperan que los costos de cumplimiento se estabilicen o disminuyan en el próximo año.

El tamaño y la efectividad del cumplimiento no están equilibrados: la proporción entre el tamaño y los presupuestos de las funciones de cumplimiento varían significativamente de un banco a otro, lo que indica que el cumplimiento aún debe establecer un equilibrio reconocido y sostenible entre tamaño y eficacia.

La automatización y la analítica continúa siendo un desafío: pocos bancos han descifrado el código para aplicar la automatización y el análisis de manera efectiva. Muchos CCO informaron que se sentían frustrados porque gran parte de la inversión en tecnología se destinaba a las herramientas de usuario final que requerían atención constante o rápidamente se volvían obsoletas.

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El Banco Central Europeo (BCE) y las Autoridades Europeas de Supervisión (ESA), los organismos gubernamentales encargados de examinar y hacer cumplir las normas de cumplimiento de los delitos financieros, aprobaron la semana pasada el contenido del Acuerdo Multilateral sobre las modalidades prácticas para el intercambio de información entre las distintas autoridades responsables de supervisar el cumplimiento de las instituciones crediticias y financieras para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT) en virtud de la cuarta Directiva contra el lavado de dinero (AMLD4).

El acuerdo creará un marco claro para el intercambio de información entre el BCE y las AC y, potencialmente, mejorará la efectividad de sus prácticas de supervisión. AMLD4 fue modificado por el AMLD5 en junio de 2018. Esta enmienda es parte de los esfuerzos más amplios del legislador de la UE para mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los supervisores ALD / CFT a través de un claro mandato legal. El acuerdo contiene disposiciones sobre el tipo de información y el proceso subyacente para intercambiarla; disposiciones de confidencialidad y protección de datos; situaciones donde la solicitud de información puede ser rechazada; medios de comunicación y lenguaje utilizados en el intercambio de información; el proceso de la rúbrica; y los procedimientos de solución de controversias.