Luego de la más reciente sesión plenaria en París, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo agregado a sus recomendaciones, con el fin de fortalecer la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en temas de transacciones con activos virtuales.

Durante esta reunión los delegados escucharon una actualización sobre los métodos de financiamiento empleados por ISIL, Al Qaeda y sus afiliados, y publicaron una declaración sobre sus medidas recientes.

El GAFI reconoce la necesidad de mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo asociados con las actividades de activos virtuales y por lo tanto se encuentra comprometido en establecer los requisitos más detallados para una regulación, supervisión, monitoreo efectivo de los proveedores de servicios de activos virtuales. Por lo tanto, el GAFI ha estado trabajando en una Nota Interpretativa a la Recomendación 15. El GAFI había modificado la Recomendación 15 en octubre de 2018 para aclarar cómo se aplican los estándares del GAFI a las actividades u operaciones que involucran activos virtuales.

El texto de la nueva Nota Interpretativa ha sido finalizado y será adoptado formalmente como parte de los Estándares del GAFI en junio de 2019.

A continuación el borrador de la Nota Interpretativa para la Recomendación 15:

1. A los efectos de la aplicación de las Recomendaciones del GAFI, los países deben considerar los activos virtuales como «propiedad», «ingresos», «fondos», «fondos u otros activos», u otro «valor correspondiente». Los países deben aplicar las medidas relevantes según las Recomendaciones del GAFI a los proveedores de activos virtuales y de servicios de activos virtuales (virtual assets and virtual asset service providers o VASPs).
2. De acuerdo con la Recomendación 1, los países deben identificar, evaluar y comprender los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de las actividades de activos virtuales y las actividades u operaciones de los VASP. Sobre la base de esa evaluación, los países deberían aplicar un enfoque basado en el riesgo para garantizar que las medidas para prevenir o mitigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados. Los países deben exigir que los VASP identifiquen, evalúen y tomen medidas efectivas para mitigar sus riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
3. Se debe exigir que los VASP estén autorizados o registrados. Como mínimo, se debe exigir que los VASP estén autorizados o registrados en la jurisdicción en que se crean. En los casos en que el VASP sea una persona física, se les debe solicitar que tengan una licencia o registro en la jurisdicción donde realizan negocios. Las jurisdicciones también pueden requerir que los VASP que ofrecen productos y / o servicios a los clientes en, o que realizan operaciones desde, su jurisdicción estén autorizados o registrados en esta jurisdicción. Las autoridades competentes deben tomar las medidas legales o reglamentarias necesarias para evitar que los delincuentes o sus asociados posean, o sean el beneficiario efectivo de una participación mayoritaria o controladora, o tengan una función de gestión en una VASP. Los países deben tomar medidas para identificar a las personas físicas o jurídicas que realizan actividades de VASP sin la licencia o el registro requeridos, y aplicar las sanciones apropiadas.
4. Un país no necesita crear un sistema de registro o licencia separado con respecto a las personas físicas o jurídicas que ya cuentan con licencia o están registradas como instituciones financieras (tal como se define en las Recomendaciones del GAFI) dentro de ese país, que, según dicha licencia o registro, están autorizados a realizar actividades VASP y que ya están sujetas a la gama completa de obligaciones aplicables en virtud de las Recomendaciones del GAFI.
5. Los países deben garantizar que los VASP estén sujetos a una regulación, supervisión o monitoreo adecuados para el ALD / CFT y que estén implementando efectivamente las recomendaciones relevantes del GAFI, para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que surgen de los activos virtuales. Los VASP deben estar sujetos a sistemas efectivos para monitorear y garantizar el cumplimiento con los requisitos nacionales de ALD / CFT. Los VASP deben ser supervisados o monitoreados por una autoridad competente, que debe llevar a cabo una supervisión o monitoreo basado en el riesgo. Los supervisores deben tener los poderes adecuados para supervisar o monitorear y garantizar el cumplimiento por parte de los VASP de los requisitos para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, incluida la autoridad para realizar inspecciones, obligar a la producción de información e imponer sanciones. Los supervisores deben tener poderes para imponer una serie de sanciones disciplinarias y financieras, incluida la facultad de retirar, restringir o suspender la licencia o el registro de VASP, según corresponda.
6. Los países deben garantizar que haya una gama de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, ya sean penales, civiles o administrativas, disponibles para hacer frente a los VASP que no cumplen con los requisitos ALD / CFT, de acuerdo con la Recomendación 35. Las sanciones deben ser aplicables no solo a los VASP, sino también a sus directores y altos directivos.
7. Con respecto a las medidas preventivas, los requisitos establecidos en las recomendaciones 10 a 21 se aplican a los VASP, sujeto a las siguientes calificaciones:

• Recomendación 10: el umbral designado para transacciones ocasionales por encima del cual los VASP deben realizar una debida diligencia del cliente es de US$ / EUR 1 000.
• Recomendación 16: los países deben garantizar que los VASP originadores obtengan y conserven la información requerida y precisa del originador y la información requerida del beneficiario sobre las transferencias de activos virtuales, presenten la información anterior a los VASP y contrapartes beneficiarias (si corresponde), y la pongan a disposición de las autoridades competentes. No es necesario que esta información se adjunte directamente a las transferencias de activos virtuales. Los países deben asegurarse de que los VASP beneficiarios obtengan y mantengan la información requerida sobre el originador y la información requerida y precisa de los beneficiarios sobre las transferencias de activos virtuales, y la pongan a disposición de las autoridades apropiadas cuando las soliciten. Otros requisitos de Resolución 16 (incluido el monitoreo de la disponibilidad de información, y la toma de medidas de congelación y la prohibición de transacciones con personas y entidades designadas) se aplican de la misma manera que se establece en recomendación 16

El párrafo 7 (b) de la Nota Interpretativa aún no se ha finalizado porque se beneficiará de las consultas del sector privado. Puede experimentar cambio para reflejar las consideraciones técnicas de implementación, para su adopción final en junio de 2019.

El GAFI invita a entidades del sector privado y otros expertos a proporcionar comentarios escritos sobre el párrafo 7 (b). Los comentarios deben enviarse a la Secretaría del GAFI antes del 8 de abril, en: FATF.Publicconsultation@fatf-gafi.org. Los comentarios también pueden proporcionarse a través de las autoridades nacionales a través de sus delegaciones del GAFI.

8. Los países deben proporcionar de manera rápida y eficaz el rango más amplio posible de cooperación internacional en relación con el lavado de dinero, los delitos subyacentes y el financiamiento del terrorismo relacionado con activos virtuales, sobre la base de las Recomendaciones 37 a 40. En particular, los supervisores de ASP deben intercambiar información de manera rápida y constructiva con sus contrapartes extranjeras, independientemente de la naturaleza o estado de los supervisores y las diferencias en la nomenclatura o estado de los VASP.

La imputación federal que fue dada a conocer el martes acusa al presidente de una empresa con sede en Miami y su ex representante de ventas de sobornar a funcionarios de la compañía petrolera de Venezuela PDVSA para obtener trabajos y recibir los pagos de facturas vencidas.

Rafael Enrique Pinto Franceschi, de 40, de Miami, y Franz Herman Muller Huber, de 68, de Weston, Florida, fueron acusados en una imputación de cinco cargos en Texas el 21 de febrero.

Fueron acusados de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero- FCPA—, un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, dos cargos de fraude electrónico y un cargo de conspiración para lavar dinero. Están acusados de sobornar a tres funcionarios de Petróleos de Venezuela SA o PDVSA.

Dos de los tres funcionarios que presuntamente sobornaron, José Camacho e Iván Guédez, ambos de Houston, ya se declararon culpables en el caso y esperan ser sentenciados.

Según el DOJ, 21 personas han sido acusadas en el caso de soborno de PDVSA y 15 se han declarado culpables.

La acusación formal alega que a partir de 2009 y al menos hasta 2013, Pinto, representante de ventas de un proveedor de PDVSA con sede en Miami («Compañía A» en la acusación), y Muller, presidente de la Compañía A, conspiraron con otros para sobornar a tres funcionarios de PDVSA a cambio de brindar asistencia en relación con el negocio de la Compañía A con PDVSA. De acuerdo con la acusación, a cambio de pagos de sobornos, los funcionarios de PDVSA supuestamente ayudaron a la Compañía A a obtener contratos adicionales de PDVSA, obtener información privilegiada y recibir el pago de facturas vencidas. La acusación alega que cuando la Compañía A recibía un pago de PDVSA, Pinto avisaba a uno de los funcionarios de PDVSA que, a su vez, creaba una factura ficticia de una compañía fantasma panameña que cobraba a la Compañía A el 3% de cualquier pago que la Compañía A hubiera recibido de PDVSA y ordenaba a la Compañía A que enviara el pago a una cuenta bancaria suiza. Según los cargos, la factura falsa se enviaba a Muller, quien se aseguraba de que las facturas se pagaran.

Los cargos por fraude electrónico contra Pinto y Muller se basan en acusaciones de que, además de enviar dinero de la Compañía A a los tres funcionarios de PDVSA para beneficiar a la Compañía A, Pinto y Muller recibieron sobornos en relación con el plan. En total, se alega que Pinto recibió más de US$ 985.000 en pagos de sobornos, y Muller más de US$ 258.000.

La autoridad reguladora bancaria de Estonia ordenó el martes al Danske Bank cerrar sus operaciones en el país mientras investiga uno de los escándalos de lavado de dinero más grandes de la historia. Los propios reguladores de Estonia enfrentan una investigación por parte de las autoridades europeas para responder por posibles fallas en la supervisión.

https://danskebank.com/news-and-insights/news-archive/company-announcements/2019/ca19022019

El regulador estonio, Finantsinspektsioon (FSA), tomó esta medida sin precedentes contra Danske Bank como una demostración de fuerza en una creciente debacle de delitos financieros que ha llevado a la sucursal regional del banco danés a mover cerca de US$ 230.000 millones en fondos sospechosos a Rusia y otras localidades de alto riesgo entre 2007 y 2015.

Minutos después del anuncio del regulador estonio, Danske Bank declaró que estaba cerrando todas las actividades y abandonando los mercados de Rusia, Estonia, Letonia y Lituania, aunque agregó que la medida era «independiente» de la orden de la FSA y había sido considerada «por algún tiempo.»

El único vínculo que se mantendrá es el centro de servicios compartidos de Danske Bank en Lituania, que «cumple una serie de funciones administrativas» para Danske Bank. La institución tiene ocho meses para reorganizar y pagar a los clientes en su totalidad.

Las «graves violaciones cometidas por el Danske Bank durante muchos años y el daño causado a la credibilidad del entorno financiero de Estonia requieren una condena inequívoca», dijo Kilvar Kessler, presidente de la Junta de Administración de la FSA, la unidad de inteligencia financiera del país.

También culpó en gran medida al regulador danés, país de origen de Danske Bank, afirmando que «trató al banco con debilidad» y que la FSA «fue la única institución en Estonia o Dinamarca que reaccionó a las actividades de Danske Bank, ya que forzó al banco a finalizar su negocio de atención a clientes no residentes en Estonia en 2015 a la luz de la evidencia disponible en ese momento».

A pesar de ello, el caso ha dañado la reputación de Estonia, dijo Kessler.

“Tenemos todo el derecho de poner fin de una vez por todas a este caso tan excepcional y desafortunado, ya que en Estonia se han cometido violaciones graves y en gran escala de las normas locales a través de la sucursal de un banco extranjero, y esto ha sido un duro golpe a la transparencia, credibilidad y reputación del mercado financiero de Estonia», dijo.

Sin embargo, la FSA también tendrá que hacer su propio proceso de saneamiento, ya que debe responder por sus propias estrategias de supervisión que permitieron que ocurrieran las fallas del Danske Bank.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés) informó el martes a la FSA que ha «iniciado una investigación formal sobre las autoridades supervisoras financieras estonias y danesas con respecto a su trabajo de supervisión en Danske Bank» y las posibles violaciones a las leyes ALD / CFT de la UE, remontándose a más de una década.

Estonia y Dinamarca enfrentan una serie de sanciones desde la EBA, desde amenazas de multas pecuniarias hasta recomendaciones formales más ligeras para que mejoren los sistemas regulatorios y las medidas de cumplimiento para evitar futuras infracciones de las leyes de cumplimiento y delitos financieros de bloque.

El escándalo del Banco Danske y la creciente embestida de los reguladores involucrados deberían servir como una advertencia para los bancos de todo el mundo sobre lo que puede suceder en el peor de los casos cuando una sucursal con débiles controles ALD no se supervisa y controla adecuadamente.

Hasta ahora, el banco ahora debe salir de Estonia y ha perdido la oportunidad de aumentar las ganancias en los países bálticos y ha mancillado la reputación financiera de todo el país, con importantes repercusiones que llegan hasta Dinamarca.

Además, la UE ha tenido que involucrarse, lo que podría generar más presión y vergüenza para los reguladores financieros si los revisores descubren que los reguladores en Dinamarca o Estonia actuaron con negligencia.

Estados Unidos rechazó severamente la lista negra de cumplimiento de delitos financieros que presentó la Unión Europea que califica regiones que “representan amenazas importantes” para el sistema financiero; una rara falta de armonía entre los antiguos aliados en la lucha contra los grupos criminales y terroristas.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. calificó con dureza el ranking publicado por la Comisión Europea de casi dos docenas de jurisdicciones con supuestos debilidades en los controles y defensas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, una lista que incluye países como Arabia Saudita, Irán, Nigeria, Corea del Norte y también Panamá y Puerto Rico, pero no nombra a puntos locales como Estonia, Malta o Rusia.

La UE cree que estas 23 jurisdicciones tienen un alto riesgo de flujo de fondos ilícitos, afirmando que «representan amenazas importantes» para el sistema financiero del bloque como resultado de las «deficiencias estratégicas» en sus regímenes de ALD / CFT.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. no está de acuerdo con la lista de países y la eficacia de la metodología que respalda la clasificación; básicamente indicando a los bancos de EE.UU. que no tienen que tomar la lista en consideración ni realizar cambios generales en los protocoles de calificación interna y monitoreo.

Al Departamento del Tesoro «le preocupa el contenido de la lista y el proceso defectuoso por el cual se desarrolló», según comentarios publicados la semana pasada. El Departamento del Tesoro «no espera que las instituciones financieras de EE.UU. tengan en cuenta la lista de la Comisión Europea en sus políticas y procedimientos ALD / CFT».

EE.UU. se irritó cuando se vio afectado por la lista de la UE

«Más allá de nuestras preocupaciones con la metodología de listado, el Departamento del Tesoro rechaza la inclusión de Samoa de EE.UU., Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. en la lista», según la declaración, y agrega que las obligaciones y requisitos ALD de EE.UU. se extienden a todos los estados y territorios afines.

La lista de la UE es una versión revisada de una publicada en noviembre bajo obligaciones establecidas en la Quinta Directiva ALD de la UE y diseñada para estar en línea con reglas más estrictas creadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece los estándares globales para combatir el crimen y establecer un enfoque de cumplimiento.

En los últimos años, el GAFI actualizó sus 40 recomendaciones sobre ALD y lucha contra las organizaciones criminales y terroristas para enfocarse menos en el cumplimiento técnico y dar más peso a la efectividad.

En resumen, las ya rigurosas evaluaciones mutuas del GAFI se redireccionaron de la postura de garantizar que los países cuenten con leyes ALD que reflejen sus recomendaciones hacia un mayor énfasis a métricas concretas que demuestren la implementación y el cumplimiento, incluidas investigaciones, procesos judiciales, condenas, decomisos de activos en general y flujos financieros ilícitos y penalidades por débiles programas de cumplimiento.

La Comisión concluyó que 23 países tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye 12 países señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 11 jurisdicciones adicionales. Algunos de los países incluidos el 13 de febrero ya están en la lista actual de la UE, que incluye 16 países. Las 23 jurisdicciones son: Afganistán, Arabia Saudita, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irak ,Irán, Islas Vírgenes de EE. UU., Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Samoa de EE.UU, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, y Yemen.

Gran parte de las críticas del Tesoro de EE.UU. tiene más que ver con cómo se apartó de las prácticas del GAFI que incluso con las regiones que finalmente fueron nombradas, creando una lista confusa que «se aleja de la lista del GAFI sin un apoyo razonable».

Paralelamente, Estados Unidos, junto con otros países, tuvieron poco tiempo para revisar la designación o proponer una respuesta significativa y reflexiva. El Tesoro detalla sus cuatro preocupaciones más apremiantes:

–El proceso de la UE para desarrollar su lista contrasta con la metodología exhaustiva del GAFI. En esencia, el proceso de evaluación no incluyó una revisión lo suficientemente profunda como para evaluar un problema tan grave.

–La UE proporcionó a las regiones nombras solo una base superficial para su determinación.

–La UE notificó a las jurisdicciones afectadas con solo unos pocos días de aviso de su inclusión.

–La UE no brindó a las regiones designadas una oportunidad clara para disputar su inclusión o abordar los problemas identificados por la Comisión.

La UE intentó disipar esas preocupaciones señalando que los hallazgos del GAFI pesan mucho en sus cifras finales, pero el bloque necesitaba una lista propia para lograr un cambio más inmediato.

La Comisión «desarrolló su propia metodología para identificar los países de alto riesgo, que se basa en la información del Grupo de Acción Financiera Internacional, complementada por su propia experiencia y otras fuentes como Europol», según la UE.

«El resultado es un enfoque más ambicioso para identificar países con deficiencias que presentan riesgos para el sistema financiero de la UE», según la Comisión de la UE.

«Hemos establecido los estándares más estrictos contra el lavado de dinero en el mundo, pero tenemos que asegurarnos de que el dinero sucio de otros países no llegue a nuestro sistema financiero», dijo Věra Jourová, la Comisionado de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género de la UE.

«El dinero sucio es el alma de la delincuencia organizada y el terrorismo», dijo en un comunicado. “Invito a los países listados a remediar sus deficiencias rápidamente. La Comisión está dispuesta a trabajar estrechamente con ellos para abordar estos problemas para nuestro interés mutuo».

Dos potencias mundiales en conflicto por la precisión, veracidad y relevancia de la lista, deja a los grandes bancos nacionales y extranjeros en un dilema.

Es probable que la UE espere que los bancos en sus filas revisen la lista y actualicen las políticas, los procedimientos e incluso las clasificaciones de riesgo de país para mitigar los umbrales de amenaza que se perciben más altos. Los reguladores de la UE podrían examinar o penalizar a las instituciones recalcitrantes.

Por otro lado, los investigadores y reguladores de Estados Unidos esencialmente le han dicho a los bancos de los Estados Unidos, o a los grandes bancos extranjeros con una presencia importante en Estados Unidos, que pueden ignorar la lista debido a la inconsistencia de los fundamentos para las conclusiones.

¿Significa eso que si un banco con sede en EE.UU. o una institución extranjera con operaciones importantes en ambas localidades comienza a reorganizar sus riesgos e incluso a cerrar cuentas debido a la lista negra de la UE, tal movimiento podría aumentar la ira de los reguladores federales de EE.UU.?

Una situación difícil con posibles repercusiones negativas en cualquier circunstancia, un catch 22 o trampa 22.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., SEC, acusó a Gladius Network LLC de realizar una oferta inicial de moneda no registrada (ICO), que la compañía auto informó a la SEC.

De acuerdo con la orden de la SEC, Gladius realizó una una ICO a fines de 2017, luego de que la Comisión advirtiera en su DAO Report of Investigation que las ICO pueden ser ofertas de valores. Gladius, una compañía con sede en Washington, DC, recaudó aproximadamente US$ 12,7 millones en activos digitales para financiar su plan para desarrollar una red para alquilar ancho de banda de computadora. Gladius no registró su ICO conforme a las leyes federales de valores, y el ICO no calificó para una exención de los requisitos de registro.

Gladius se auto denunció ante el personal de cumplimiento de la SEC en el verano (boreal) de 2018, expresó interés en tomar medidas correctivas inmediatas y cooperó con la investigación. La SEC no impuso una sanción porque la compañía auto informó la conducta, aceptó compensar a los inversionistas y registrará los tokens como una clase de valores. El caso sigue a los dos casos recientes de registro de ICO de la SEC, en los que las empresas acordaron pagar multas por violaciones de registro similares y acordaron compromisos similares.

«La SEC ha dejado claro que las empresas deben cumplir con las leyes de valores al emitir tokens digitales que son valores», dijo Robert A. Cohen, Jefe de la Unidad Cibernética de la SEC. «El caso de hoy muestra el beneficio de la autodenuncia y la toma de medidas proactivas para remediar las ofertas no registradas».

De conformidad con la orden, Gladius se compromete a devolver los fondos a aquellos inversionistas que compraron tokens en el ICO y solicitar una devolución de fondos, y a registrar sus tokens como valores de conformidad con la ley de valores de EE.UU. Gladius también presentará los informes periódicos requeridos por la SEC.

Esta semana, la Comisión Europea identificó a 23 países que presentan un mayor riesgo de movimiento de fondos ilícitos, una situación que puede traducirse en mayores investigaciones y procesos de debida diligencia para los bancos en Europa en el futuro al tratar con clientes en estos países, entre los que se encuentran Panamá y Puerto Rico.

La Unión Europea está abierta a los negocios, pero no puede ser ingenua y necesita proteger su sistema financiero, dijo la Comisionado de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género Věra Jourová en Estrasburgo el 13 de febrero después de que la Comisión adoptara su nueva lista de 23 países con deficiencias estratégicas en su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Según funcionarios de la Comisión que trabajan en la lista, varios escándalos recientes impulsaron a la Comisión a decidir endurecer las lagunas y combatir el lavado de dinero en cooperación con los Estados miembros de la UE y el Parlamento Europeo. La medida de la Unión Europea surge ante una serie de casos de lavado de dinero que incluye a algunos de los bancos más grandes del bloque lo que pone de relieve las fallas en el marco de la Unión Europea. Danske Bank figura en el centro de un escándalo de dinero sucio que involucra fondos sospechosos que se movieron de Rusia y otros lugares a través de su unidad en Estonia. El gigante alemán Deutsche Bank también se ha visto involucrado en investigaciones de las autoridades europeas por el caso de Panamá Papers.

La Comisión concluyó que 23 países tienen deficiencias estratégicas en sus regímenes de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye 12 países señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y 11 jurisdicciones adicionales. Algunos de los países incluidos el 13 de febrero ya están en la lista actual de la UE, que incluye 16 países. Las 23 jurisdicciones son: Afganistán, Arabia Saudita, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irak ,Irán, Islas Vírgenes de EE. UU., Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Samoa de EE.UU, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, y Yemen.

Como resultado de la lista se requerirá que los banco y otras entidades que se rigen por las normas de la Unión Europea contra el lavado de dinero apliquen un mayor control sobre las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo para identificar mejor los flujos sospechosos de dinero.

«La UE no debería ser un destino para el lavado de dinero», dijo Jourová en una conferencia de prensa. La legislación también incluye el bitcoin. Jourová destacó que este no es un sistema de sanciones, pero que la UE necesita mantener su sistema financiero sano y salvo.

Jourová señaló que existen reglas comúnmente acordadas para el sector bancario y las entidades obligadas en todo el bloque y los estados miembros entienden lo que se debe hacer. “Cuentan con diferentes organismos que supervisan el sector financiero, por lo que, especialmente al hablar de unidades de inteligencia financiera que son elementos muy importantes en todo el sistema, vemos estructuras muy diferentes, una ubicación muy diferente de estas unidades de inteligencia financiera en los sistemas estatales, por lo que no estamos prescribiendo cómo deben hacerlo los estados miembro. Estamos prescribiendo los principios y los criterios que deben cumplirse para mantener seguros sus sistemas financieros «, explicó el Comisionado.

Consultada sobre Brexit, Jourová dijo que Londres está totalmente comprometido con la lucha contra el lavado de dinero. “El Reino Unido está con nosotros en la implementación y aplicación de la legislación contra el lavado de dinero y espero que después de Brexit continúen haciéndolo. Por supuesto, puede que se introduzcan algunas modificaciones en su marco legal. Una vez que se conviertan en un tercer país, seguirán su camino, pero estoy seguro de que los británicos harán todo lo posible para mantener estas estrictas reglas porque es el interés existencial no solo del sector financiero, pero también por el bien de la seguridad de las personas «, dijo la Comisionado.

Es la primera vez que la comisión elabora una lista basada en su propia metodología orientada más a países que la versión actual que se basa en gran medida en el análisis realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Se agrega un país si se identifican deficiencias estratégicas en su marco contra el lavado de dinero por ejemplo en relación con el mantenimiento de registro y el reporte de transacciones sospechosas.

El Reino Unido, Alemania y Francia se alinearon para hacerle frente a un inconveniente comercial, creando un nuevo, y controvertido, sistema de pagos diseñado para permitir a las empresas europeas comerciar con Irán sin infringir las sanciones de EE.UU., un sistema que actualmente solo permite transacciones con licencia amplia, pero con el objetivo de facilitar la comercialización de petróleo que se encuentre en la lista negra y otras transacciones sancionadas.

Las tres potencias de la UE se opusieron el año pasado a la decisión del presidente Donald Trump de abandonar un acuerdo de 2015 bajo el cual se levantaron las sanciones internacionales sobre Irán en respuesta a la reducción de los objetivos de proliferación nuclear.

Algunas de las sanciones de EE.UU. dificultan que los bancos europeos realicen pagos directos a Irán. Estados Unidos dijo que la actividad sancionable con Irán corría el riesgo de «graves consecuencias», incluida la inclusión en una lista negra y no permitir el ingreso al sistema financiero de Estados Unidos.

Al crear un nuevo canal de pago, con sede en París, y administrado por un banquero alemán, el Reino Unido, Francia y Alemania esperan permitir que las empresas sigan comercializando con Irán. Muchos otros canales de pago existentes tienen vínculos con Estados Unidos, lo que significa que hacer pagos a Irán es difícil.

La Oficina de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo que el Instrumento para Supporting Trade Exchanges (INSTEX) era un «nuevo mecanismo para facilitar el comercio legítimo entre las entidades europeas e Irán», en la forma de Special Purpose Vehicle.

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, dijo que inicialmente el nuevo sistema de pago solo se aplicaría a alimentos, productos farmacéuticos y bienes de consumo, que no están sujetos a sanciones. El petróleo, la principal fuente de divisas de Irán, no estará cubierto.

El embajador estadounidense en Alemania Richard A. Grenell hizo las declaraciones en una entrevista publicada el 10 de febrero en el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, donde describió a INSTEX, como contraproducente para las políticas de Estados Unidos.

El diplomático de Estados Unidos afirmó que la política del gobierno de Estados Unidos es imponer las «sanciones más fuertes posibles» a Irán, al mismo tiempo que mantiene las puertas abiertas a las negociaciones para lograr el cambio del comportamiento de Irán.