Standard Chartered deberá pagar una multa de US$ 1.100 millones en Estados Unidos y el Reino Unido por haber provisto servicio a clientes con conexiones iraníes entre 2012 y 2014, violando de ese modo los regímenes de sanciones internacionales que pesan sobre el régimen iraní, según ha destacado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en un comunicado. Además, también admitieron haber violado sanciones impuestas a Birmania, Cuba, Sudán y Siria, y existe un caso separado que involucra violaciones a sanciones relacionadas con Zimbabue.

StanChart, con sede en Londres, pagará US$ 947 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Oficina del Fiscal del Distrito de Nueva York, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, la Reserva Federal y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Además, Standard Chartered también fue sancionado con 102 millones de libras por la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA, por sus siglas en inglés).

Todas las transacciones involucraron personas o países sujetos a programas de sanciones administrados por la OFAC, dijo el Departamento del Tesoro.

Desde junio de 2009 hasta mayo de 2014, el banco procesó 9.335 transacciones por un total de unos US$ 440 millones que se canalizaron a través de Estados Unidos. Todas estas transacciones involucraron personas o países sujetos a programas de sanciones integrales administrados por la OFAC (incluidos Birmania, Cuba, Irán, Sudán y Siria). La mayor parte de las violaciones se refieren a cuentas relacionadas con Irán mantenidas por las sucursales de Emiratos Árabes Unidos en Dubai para varias empresas de comercio general y una empresa petroquímica.

StanChart procesó transacciones en dólares a través de la sucursal de Nueva York u otras instituciones financieras de Estados Undios a nombre de clientes que enviaron instrucciones de pago a la sucursal en Dubai pero que se encontraban físicamente o residían habitualmente en Irán. El banco también procesó instrucciones bancarias online para residentes de países sancionados.

El pasado 21 de febrero, la firma ya informó de que había previsto US$ 900 millones para hacer frente a las multas.

Todas las transacciones en Zimbabue involucraron a personas identificadas en la lista SDN de OFAC o partes que eran propiedad del 50% o más, directa o indirectamente, por parte de personas en la Lista SDN en el momento en que ocurrieron las transacciones

La entidad británica aceptó «toda la responsabilidad» por las «deficiencias de control» de las que es acusada, aunque atribuyó los hechos a las acciones de dos empleados de corta trayectoria profesional que ya no trabajan en StanChart. La entidad se comprometió además a implementar procedimientos para garantizar el cumplimiento de las sanciones.

El DOJ dijo esta semana que StanChart acordó devolver (forfeit) US$ 240 millones y pagar una multa de US$ 480 millones por violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. OFAC dijo en el acuerdo global acreditará a StanChart el monto de las sanciones penales pagadas.

El martes, en el Reino Unido, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA por sus siglas en inglés) multó a StanChart con £ 102 millones (US$ 133 millones) por infracciones contra el lavado de dinero relacionadas con sus sucursales en los Emiratos Árabes Unidos. Entre otras cosas, la FCA dijo que StanChart abrió una cuenta con US$ 653,000 en efectivo de una maleta «con poca evidencia de que el origen de los fondos haya sido investigado».

En 2016, Singapur incautó US$ 177 millones de StanChart y otros bancos por fallas ALD relacionadas con 1MDB.

El acuerdo de Standard Chartered Bank con OFAC del 9 de abril de 2019 se puede ver aquí.

*Juan Pablo Rodríguez C

**René M. Castro V

 Esta es la segunda parte de un artículo de dos partes escrito por Juan Pablo Rodríguez y René M. Castro, Presidente y Vice-Presidente de RICS Management respectivamente, que que explica los nuevos desafíos que enfrentan los profesionales en el mundo de las denominadas Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs), en particular los contadores públicos y abogados, para detectar, prevenir y controlar los delitos financieros. Haga clic aquí para leer la primera parte.

Con relación al escepticismo profesional, la Federación Internacional de Contadores (IFAC) a través del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA), desarrolló en 2018 varias Mesas Redondas en el mundo, a la que fuimos invitados, para discutir acerca de este tema (Ver en: https://www.ethicsboard.org/roundtables-2018) y en las cuales se solicitó hacer comentarios al documento titulado: “Escepticismo Profesional – Satisfaciendo las Expectativas del Público” (Ver en: https://www.ifac.org/system/files/publications/files/Professional-Skepticism-Meeting-Public-Expectations-Consultation-Paper.pdf) donde una de las principales conclusiones fue que en la mayoría de las profesiones necesitamos aprender, considerar y poner en práctica el escepticismo profesional para poder identificar los diferentes riesgos a los cuales nos vemos expuestos (por ejemplo, los riesgos de fraude, corrupción, soborno, LAFT, etc.).

Otra de las conclusiones fue que las universidades no están enseñando correctamente el concepto de escepticismo profesional ni la forma de aplicarlo en la vida real. Eso sugiere una capacitación de los docentes, de los oficiales de cumplimiento, de los profesionales de riesgos, de los gremios profesionales, de las universidades, de los reguladores, del gobierno, de los gremios económicos y en general de la sociedad en este tema tan importante para mitigar adecuadamente los riesgos de LA/FT identificados.

Los contadores públicos y los abogados deben conocer las señales de alerta del lavado de activos y la financiación del terrorismo de su sector, así como la estructura de una empresa o si un cliente ha tomado medidas para ocultar su identidad o para ocultar al beneficiario final de la inversión o de la transacción.

La colaboración es clave para garantizar que estas profesiones y otras profesiones trabajen eficazmente para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, particularmente porque tanto los contadores públicos como los abogados transmiten credibilidad y respetabilidad ayudando a distanciar a los delincuentes y a sus recursos de su fuente ilícita y con ello ganar legitimidad ante la sociedad.

En el caso de los revisores fiscales, la Ley 1762 de 2015, conocida como la Ley Anti-Contrabando, estableció:

Artículo 27. Funciones del Revisor Fiscal. Adiciónese al artículo 207 del Código de Comercio, un nuevo numeral, el cual quedará así:

«Artículo 207. ( …)

«10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.» (el subrayado es nuestro)

En este caso en particular, es necesario preguntarse como si en Colombia, el contrabando es uno de los delitos más importantes y que más se presenta en diferentes sectores de la economía, ¿por qué los revisores fiscales no han reportado ni siquiera una operación sospechosa LAFT en los últimos seis años?

A pesar de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dispone desde 2014, la obligación para los revisores fiscales de reportar operaciones sospechosas de LAFT (Ver en: https://www.uiaf.gov.co/caracterizacion_usuarios/perfiles/reportantes/superintendencia_sociedades/28329), la mayoría de los revisores fiscales no saben que tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas de LA/FT.

Capitulo aparte merece la mención en el Informe de Evaluación Mutua sobre que “los sistemas y herramientas de supervisión antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) no están completamente en línea con el enfoque basado en riesgo”. Al respecto hemos insistido desde hace varios años que debemos trabajar fuertemente en este tema porque no lo tenemos lo suficientemente claro, no tenemos competencias para desarrollarlo o no tenemos experiencia en cómo aplicarlo en las empresas.

Incluso en otros sectores más desarrollados en el enfoque basado en riesgo, se tienen también deficiencias en esas definiciones porque algunas empresas al definir e identificar los riesgos de LA/FT equiparan el tamaño o volumen de negocios, operaciones o transacciones con el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, y así determinan o llegan a la conclusión de que las grandes empresas automáticamente son consideradas de mayor riesgo de LA/FT y las pequeñas empresas son consideradas con bajo riesgo de LA/FT, lo cual es una apreciación incorrecta técnicamente.

Otros factores de riesgo de LA/FT no se consideran o se minimizan al no aplicar correctamente el enfoque basado en riesgo. Tampoco se consideran, por ejemplo, las jurisdicciones de alto riesgo, las transacciones basadas en el efectivo o de alto valor y la actuación de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs), ni obtienen completamente la información que necesitan para implementar un enfoque basado en el riesgo. Se sugiere el análisis de datos y la inteligencia artificial para procesar estos datos para evaluar el riesgo con un enfoque muy avanzado basado en el riesgo.

También hemos insistido que deberíamos trabajar con estándares internacionales como el ISO 31000:2018 sobre Gestión de Riesgos y el ISO 19600:2014 sobre Sistemas de Gestión de Compliance.

Al respecto, consideramos que algunas de las medidas que se deberían implementar serían las siguientes:

• Adoptar un enfoque basado en el riesgo, centrando los esfuerzos y los recursos en los riesgos más altos.
• Garantizar que las medidas para reducir el lavado de activos y la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.
• Revisar periódicamente los riesgos de LA/FT para el sector de servicios contables y legales.
• Apoyar a los contadores públicos y abogados en la adopción de un enfoque basado en riesgo.

En Febrero de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sometió a consulta pública el borrador de la Guía de Enfoque Basado en Riesgo para profesionales legales, contadores públicos y proveedores de servicios fiduciarios. (Ver en: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/public-consultation-guidance-tcsp.html)

Estas orientaciones para ayudar a los países, a las autoridades competentes y los profesionales en los sectores de proveedores legales, de contabilidad y de servicios fiduciarios en la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo (RBA) contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. El objetivo de la guía es brindar apoyo tanto al sector privado como a las autoridades, centrándose en los riesgos de LA/FT y las medidas de mitigación asociadas.

El borrador de la guía tendrá anexos separados sobre ejemplos de prácticas de supervisión para la implementación de prácticas del Enfoque Basado en Riesgo y del sector privado para la implementación del Enfoque Basado en Riesgo. Estos anexos están actualmente en desarrollo.

Se esperan comentarios a estos borradores a más tardar el lunes 8 de abril de 2019 y la adopción de la Guía Final será efectuada por GAFI en su reunión plenaria de junio de 2019.

La Guía de Enfoque Basado en Riesgo para contadores públicos contiene cuatro secciones:

1. Introducción y conceptos clave.
2. El Enfoque Basado en Riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
3. Guía para los contadores sobre la implementación de un Enfoque Basado en Riesgo.
4. Guía para Supervisores

En la sección 3. Guía para los contadores sobre la implementación de un Enfoque Basado en Riesgo se incluye:

• Evaluación de riesgos.
  • País/Riesgo geográfico o jurisdiccional
  • Riesgo de cliente
  • Transacción/Riesgo de Servicio
  • Variables que pueden impactar en el riesgo
  • Documentación de evaluaciones de riesgo

• Mitigación de riesgos
  • Debida Diligencia del Cliente inicial y en curso
  • Personas Expuestas Políticamente (PEPs)
  • Seguimiento continuo de clientes y actividades específicas
  • Actividad sospechosa/reporte de transacciones, fallas, controles internos y países de mayor riesgo

El propósito de esta Guía es:

1. Apoyar un entendimiento común de un Enfoque Basado en Riesgo para la profesión contable, las instituciones financieras y las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas. que mantienen relaciones con los contadores, las autoridades competentes y los organismos de autorregulación responsables de supervisar el cumplimiento de los contadores con sus obligaciones contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo;
2. Ayudar a los países, a las autoridades competentes y a los contadores en el diseño y la implementación de un Enfoque Basado en Riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo proporcionando directrices y ejemplos de la práctica actual, con un enfoque particular en brindar asesoramiento a profesionales independientes y a pequeñas empresas;
3. Resumir los elementos clave involucrados en la aplicación de un Enfoque Basado en Riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo relacionado con los contadores;
4. Resaltar que las instituciones financieras que tienen contadores como clientes deben identificar, evaluar y administrar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo asociado con los contadores y sus servicios;
5. Ayudar a los países, autoridades competentes y a los organismos de autorregulación en la implementación de las Recomendaciones del GAFI con respecto a los contadores, en particular las Recomendaciones 22, 23 y 28;
6. Ayudar a los países, a los organismos de autorregulación y al sector privado a cumplir con los requisitos que se esperan de ellos;
7. Apoyar la implementación efectiva de los planes de acción de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo realizados por los países; y
8. Apoyar la implementación y supervisión efectivas de las medidas nacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, centrándose en los riesgos, así como en las medidas preventivas y de mitigación.

La Guía de Enfoque Basado en Riesgo para profesionales legales contiene cuatro secciones:

1. Introducción y conceptos clave.
2. El Enfoque Basado en Riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
3. Guía para abogados y notarios.
4. Guía para Supervisores

En la sección 2. Enfoque Basado en Riesgo contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo se incluye:

• ¿Qué es el Enfoque Basado en Riesgo?
• El razonamiento para el Enfoque Basado en Riesgo.
• Aplicación del Enfoque Basado en Riesgo.
• Desafíos.
• Asignación de responsabilidad bajo un Enfoque Basado en Riesgo.
• Identificando el riesgo de LA/FT.
• Evaluación del riesgo de LA/FT.
• Mitigar y gestionar el riesgo de LA/FT.
• Desarrollando un entendimiento común del Enfoque Basado en Riesgo.

La Guía reconoce que un Enfoque Basado en Riesgo efectivo tomará en cuenta el contexto nacional, considerará el enfoque legal y regulatorio y la orientación sectorial relevante en cada país, y reflejará la naturaleza, diversidad y madurez de los profesionales legales de un país, el perfil de riesgo del sector de los profesionales legales, el perfil de riesgo de los profesionales legales individuales que operan en el sector y sus clientes. Establece diferentes elementos que los países y los profesionales legales podrían considerar al diseñar e implementar un Enfoque Basado en Riesgo efectivo.

Estas guías practicas una vez aprobadas por el GAFI, deberían ser implementadas por el gobierno para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en estos sectores tan cruciales para la economía del país, con el apoyo de los gremios de contadores públicos y abogados, por los organismos reguladores (Junta Central de Contadores, Consejo Superior de la Judicatura, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, etc.) por las firmas de contadores y abogados así como por los contadores públicos y abogados independientes.

Finalmente, al contestar la pregunta ¿Están los Contadores Públicos y los Abogados haciendo lo suficiente en la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo?, nos damos cuenta de que al menos en América Latina y específicamente en Colombia tenemos un largo camino por recorrer y que debemos empezar a trabajar lo más pronto posible en las tareas pendientes para mitigar eficazmente el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Al respecto, presentamos las siguientes recomendaciones:

• Los países deben tener voluntad política para implementar los estándares internacionales contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, no solo por cumplir la normativa y por aprobar los requerimientos exigidos por el GAFI, sino por ser consciente de los graves daños a la economía y a la sociedad que estos delitos ocasionan.
• Las profesiones legales y contables, el sistema financiero y las agencias gubernamentales deben trabajar conjuntamente para atacar las nuevas amenazas de LAFT y combatirlas de manera efectiva.
• Se deben identificar los riesgos de LAFT generados por las nuevas tecnologías y establecer los controles necesarios para mitigar los riesgos efectivamente utilizando la inteligencia artificial, el análisis de datos y el blockchain.
• Mejorar nuestra comprensión acerca de dónde están las brechas del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo y cómo mitigar esos riesgos.
• La obligación para implementar un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SAGRLAFT debería extenderse a todas las firmas de contadores y abogados sin importar su nivel de ingresos y la de reportar operaciones sospechosas de LA/FT debería incluir a todos los revisores fiscales y abogados.
• Se debería definir por parte del Gobierno, órganos de gobierno apropiados en los organismos supervisores (Superintendencia de Sociedades, Junta Central de Contadores, Consejo Superior de la Judicatura, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF), que determinen la responsabilidad y supervisión claras del riesgo de LA/FT, y que las responsabilidades de la supervisión LA/FT sean suficientemente independientes entre esos organismos reguladores y que cada uno de ellos tenga un nivel de comprensión clara y alta de los riesgos LAFT de estos sectores (contables y legales).
• Los organismos reguladores deberían aplicar un enfoque basado en el riesgo (“Risk-Based Approach”) para supervisar a los contadores públicos y abogados, con el conocimiento pleno de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo del sector.
• Mejorar el grado de escepticismo en la identificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, por las actividades, operaciones, transacciones y contratos de sus clientes.
• Los gremios profesionales de contadores públicos y abogados deberían capacitar a sus miembros en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo y la comprensión amplia de dichos riesgos en sus actividades profesionales.
• Los docentes, los oficiales de cumplimiento, los profesionales de riesgos, los gremios profesionales, las universidades, los reguladores, el gobierno, los gremios económicos deben capacitarse en la aplicación práctica del escepticismo profesional para mitigar adecuadamente los riesgos de LA/FT identificados.
• Los contadores públicos y los abogados deben conocer las señales de alerta del lavado de activos y la financiación del terrorismo de su sector, así como la estructura de una empresa o si un cliente ha tomado medidas para ocultar su identidad y para ocultar al beneficiario final de la inversión o de la transacción.
• Los revisores fiscales deben conocer y ser conscientes de la responsabilidad de reportar operaciones sospechosas de LA/FT a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
• Las áreas involucradas en gestión de riesgos, en especial los contadores públicos y abogados deben utilizar el Enfoque Basado en Riesgos en la identificación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo y por este motivo debe capacitarse en estos temas.
• Las firmas de abogados y contadores deben implementar la gestión de riesgos utilizando estándares internacionales como el ISO 31000:2018 sobre Gestión de Riesgos y el ISO 19600:2014 sobre Sistemas de Gestión de Compliance.
• En relación con el Enfoque Basado en Riesgos, se deberían implementar las siguientes medidas:

–Adoptar un enfoque basado en el riesgo, centrando los esfuerzos y los recursos en los riesgos más altos.

–Garantizar que las medidas para reducir el lavado de activos y la financiación del terrorismo sean proporcionales a los riesgos identificados.

–Revisar periódicamente los riesgos LAFT para el sector de servicios contables y legales.

–Apoyar a los contadores públicos y abogados en la adopción de un enfoque basado en riesgo.

• Las Guías de Enfoque Basado en Riesgo para profesionales legales, para contadores públicos y para proveedores de servicios fiduciarios una vez aprobadas por el GAFI, deberían ser implementadas por el gobierno para mitigar el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en estos sectores tan cruciales para la economía del país, con el apoyo de los gremios de contadores públicos y abogados, por los organismos reguladores (Junta Central de Contadores, Consejo Superior de la Judicatura, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Notariado y Registro, Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF, etc.) por las firmas de contadores y abogados así como por los contadores públicos y abogados independientes.
• Los gremios profesionales de contadores públicos y abogados deberían reconocer el riesgo de que sus miembros puedan ser vulnerables a facilitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Con estas medidas lograremos efectivamente mitigar el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo en estos dos sectores de la economía tan importantes para el desarrollo del país y de los mercados financieros.

*Juan Pablo Rodríguez C.

Abogado Penalista

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016

Presidente y Socio de Rics Management.

www.ricsmanagement.com

jrodriguez@ricsmanagement.com

**René M. Castro V.

Contador Público, Magister en Auditoria de Gestión

Escritor, conferencista y consultor internacional.

Certificate on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, 2016

Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.

Representante Suplente de los Contadores ante la Junta Central de Contadores, 2008-2010

Vice-Presidente & Socio RICS Management

www.ricsmanagement.com

rcastro@ricsmanagement.com

El Departamento del Tesoro dijo que Cuba ha contribuido a la crisis en Venezuela.

El viernes, el gobierno de EE.UU. aumentó las sanciones a Venezuela, colocando en la lista negra un barco que transporta petróleo de Venezuela a Cuba y las dos compañías que operan en el sector petrolero de Venezuela que poseen y operan el barco.

Las designaciones se producen a medida que el gobierno de Estados Unidos continúa utilizando sanciones económicas para afectar el funcionamiento del gobierno de Nicolás Maduro, quien, según la administración de Trump, es ilegítimo y corrupto. Las acciones en los últimos meses han apuntado a la industria petrolera de Venezuela, que según el Departamento del Tesoro proporciona un salvavidas al régimen de Maduro.

«Cuba ha sido una fuerza subyacente que alimenta el descenso de Venezuela a la crisis», dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, en un comunicado.

Cuba es un importante importador de petróleo crudo de Venezuela y envía ayuda a Venezuela en forma de asesores políticos, militares y profesionales médicos a cambio, según el Tesoro.

Según el comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, la embarcación que fue sancionada el viernes es Despina Andrianna, una barco petrolero que transportó petróleo desde Venezuela a Cuba durante febrero y marzo. OFAC también bloqueó al propietario registrado de la embarcación, Ballito Bay Shipping Inc., que tiene su sede en Monrovia, Liberia, y su operador, ProPer In Management Inc., que tiene su sede en la ciudad portuaria de Piraeus, Atenas, Grecia, según el Departamento del Tesoro.

El Departamento del Tesoro también identificó 34 embarcaciones como propiedad bloqueada del gigante petrolero venezolano Petróleos de Venezuela SA, o PDVSA, que se colocó bajo sanciones en enero.

El lanzamiento del primer informe anual de la Oficina del Reino Unido para la Supervisión de Lavado de Activos (OPBAS por sus siglas en inglés) marca un paso audaz para la supervisión del Reino Unido contra el lavado de dinero, pero muchas preguntas sobre la estrategia de supervisión gubernamental siguen sin respuesta, incluyendo cómo hacer que un cuerpo de supervisores se sume para mejorar la supervisión federal de los sectores no bancarios.

Un punto débil clave: los sectores no financieros donde, a pesar de ciertas buenas prácticas, el cumplimiento es, en parte, reportes parciales de operaciones sospechosas, según el gobierno, se encuentra en niveles inferiores a los deseados.

Las razones detrás de esto son, por supuesto, complejas, pero un factor sobresale por encima de otros: el fracaso de algunos enfoques de la supervisión ALD para el sector no financiero para proporcionar el «elemento disuasivo creíble» necesario para impulsar el cumplimiento generalizado de las regulaciones ALD.

Los detalles revelados en el primer Informe Anual de OPBAS establecen claramente el desafío que enfrenta OPBAS cuando entra en su segundo año.

Entre los hallazgos se encontró que el 80% de los supervisores de los organismos profesionales carecían de acuerdos de gobierno adecuados y el 92% carecía de canales adecuados de «denuncias».

Además, el 92% de los supervisores del cuerpo profesional contable expresaron su preocupación de que tomar medidas firmes de cumplimiento ALD podría dañar su capacidad para atraer miembros, y el 28% no tenía recursos y sistemas adecuados para manejar información/inteligencia sensible.

Más preocupante aún, la revisión encontró que el 23% de los supervisores de organismos profesionales no realizó ninguna supervisión ALD en absoluto.

El informe ofrece un atisbo de esperanza de un supervisor que tenía «un enfoque muy avanzado basado en el riesgo y podía evidenciar su uso de inteligencia artificial y análisis de datos»; esto fue notable principalmente por su desviación de la norma.

RUSI continúa entregando informes sobresalientes en el espacio de cumplimiento ALD, y esta es otra lectura obligatoria para los reguladores, en particular los del Reino Unido.

El informe destaca lo que ha sido una dicotomía de larga duración: el Reino Unido tiene algunas de las reglas ALD más estrictas del mundo, pero también cuenta con algunas de las más débiles medidas de aplicación de ley por fallas ALD, tanto en cantidad como montos de sanciones.

Establecer un nuevo tono y transmitir la importancia de las estrictas normas ALD (y seguirlo con exámenes exhaustivos y detallados por parte de reguladores experimentados en todos los sectores sujetos a las normas de cumplimiento) es especialmente difícil cuando el Reino Unido tiene que confiar, en algunos casos, en supervisores de organismos profesionales que tienen un gran interés en no golpear fuerte a los miembros por fallas de cumplimiento.

Pero con el informe RUSI y la creación del nuevo cuerpo ALD, el Reino Unido está haciendo grandes avances en la identificación de brechas ALD para que los reguladores mejoren y descubran dónde el control se ha relajado en áreas con mayor riesgo de infiltración criminal.

Ahora, la clave será la ejecución efectiva, la implementación de acciones de ejecución prescriptivas y de formulación de declaraciones con multas lo suficientemente altas como para ser disuasorias y demostrar que hay una nueva autoridad ALD.

Las autoridades europeas acordaron esta semana una serie de cambios para reforzar las defensas contra los delitos financieros, incluida una nueva agencia de investigación, un dedicado comité de vigilancia de cumplimiento y una unidad de inteligencia financiera para todo el bloque.

El Parlamento Europeo, después de un año de análisis y salpicado por varios escándalos de lavado de dinero de alto perfil que sacudieron a Europa y las regiones nórdicas y bálticas, votó abrumadoramente a favor de adoptar planes amplios para fortalecer la supervisión de los programas de cumplimiento ALD para bancos.

Como parte de la iniciativa, la UE planea mejorar la capacidad de investigación con una nueva fuerza de policía financiera de la UE y formar una unidad de inteligencia financiera (UIF) de la UE para analizar mejor la posible actividad ilícita que se produce en varios estados miembro, un modelo similar a FinCEN de EE.UU.

En la actualidad, muchos estados miembros de la UE tienen UIF individuales, pero algunas, como Alemania, han sido criticadas por ser ineficaces en términos de revisar adecuadamente el flujo masivo de datos entrantes o ser capaces de analizar informes de alto valor de sospecha, actividad criminal e incluso terrorista.

Los miembros del parlamento de la UE también criticaron la «falta de voluntad política de los estados miembro para abordar la evasión / elusión fiscal y los delitos financieros», según un comunicado, que señala específicamente las regiones que han estado vinculadas a delitos fiscales y de lavado de dinero, incluida la censura:

Siete países de la UE (Bélgica, Chipre, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Malta y los Países Bajos), por mostrar rasgos de un paraíso fiscal y facilitar una planificación fiscal agresiva;

El uso continuo de los visados y pasaportes dorados (golden), que deberían eliminarse gradualmente, con los ofrecidos por Malta y Chipre señalados por su debida diligencia débil

Dinamarca, Finlandia, Irlanda y Suecia fueron criticados por oponerse al impuesto a los servicios digitales;

Varios bancos europeos por su participación en el escándalo ruso de lavado de dinero «Troika Laundromat», como Danske Bank, Swedbank AB, Nordea Bank Abp, ING Groep NV, Credit Agricole SA, Deutsche Bank AG, KBC Group NV, Raiffeisen Bank International AG, ABN Amro Group NV, Cooperatieve Rabobank UA y la filial holandesa de Turkiye Garanti Bankasi A.S;

Paralelamente, los legisladores pidieron la creación de un organismo fiscal global que debería establecerse dentro de la ONU.

Dando un guiño a las muchas filtraciones y escándalos financieros, como los Panama y Paradise Papers y, más recientemente, las contribuciones para descubrir los escándalos de Danske y Swedbank, la UE también concluyó que «los denunciantes y los periodistas de investigación deben contar con mejor protección» y se creará un fondo de la UE para ayudar a los periodistas de investigación.

«Los estados miembros no están haciendo lo suficiente y en la UE, el Consejo es claramente el eslabón más débil», dijo el presidente del comité especial sobre delitos financieros, evasión fiscal y elusión fiscal, Petr Ježek (ALDE, CZ). “Sin voluntad política, no puede haber progreso. Los europeos merecen algo mejor”.

La UE claramente está sintiendo las repercusiones de los diversos escándalos de lavado de dinero que han afectado a regiones que hasta ahora habían permanecido fuera del radar ALD.

Estas medias pueden ser necesarias para reducir los vacíos y brechas de delitos financieros que pueden permitir a los grupos criminales saltar de un estado miembro a otro sin que una autoridad central pueda juntar las piezas lo suficientemente rápido.

Las medidas buscan mejorar todas las áreas del proceso de recopilación, cumplimiento e investigación de inteligencia. Cuando se implementen estas mejoras, los bancos en los estados miembros podrían ser más agresivos para capturar la inteligencia y centrarse en los matices ALD.

De lo contrario, los reguladores de los estados miembros sentirán más presión para identificar y penalizar a los bancos recalcitrantes porque tienen un organismo de fiscalización de la UE que mirará por encima de sus hombros. De manera similar, las UIF en los distintos países miembro podrían sentir más responsabilidad para mejorar el análisis de los países, ya que pueden tener que reportar esos hallazgos a la nueva UIF de todo el bloque.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. anunció esta semana recompensas por un total de US$ 50 millones a dos denunciantes cuya información de alta calidad ayudó a la agencia a iniciar una acción de cumplimiento exitosa. Un informante recibió una recompensa de US$ 37 millones y el otro recibió una de US$ 13 millones. La recompensa de US$ 37 millones es la tercera más alta otorgada la SEC hasta la fecha después de la de US$ 50 millones otorgada en marzo de 2018 a denunciantes conjuntos y la de más de US$ 39 millones anunciado en septiembre de 2018.

«Los denunciantes como a los que se les otorgan hoy la recompensa pueden ser la fuente de pruebas y una asistencia indispensable que fortalece la capacidad de la agencia para proteger a los inversionistas y los mercados de capital», dijo Jane Norberg, Jefe de la Oficina de Denuncias de la SEC. «Estas recompensas muestran cuán importantes pueden ser los informantes importantes para la investigación y la capacidad de la agencia para llevar un caso a una resolución exitosa y eficiente».

La SEC ha otorgado aproximadamente US$ 376 millones a 61 individuos desde que otorgó su primera recompensa en 2012. Todos los pagos se realizan con un fondo de protección al inversionista establecido por el Congreso que se financia completamente mediante sanciones monetarias pagadas a la SEC por infractores de la ley de valores. Ningún dinero ha sido tomado o retenido de los inversores perjudicados para pagar los premios de los denunciantes. Los denunciantes pueden ser elegibles para un premio cuando proporcionan voluntariamente a la SEC información original, oportuna y creíble que conduce a una acción de cumplimiento exitosa. Los premios de los denunciantes pueden oscilar entre el 10% y el 30% del dinero recaudado cuando las sanciones monetarias superan el millón de dólares.

Hasta ahora la SEC ahora ha otorgado US$ 376 millones a 61 denunciantes individuales desde su primera recompensa en 2012. Los denunciantes pueden ser elegibles para una recompensa cuando brindan voluntariamente a la SEC «información original, oportuna y creíble» que conduce a una acción de cumplimiento exitosa.

La mayor recompensa por denuncia fue de US$ 50 millones, compartido por dos ex empleados de Merrill Lynch en marzo de 2018. Un tercer ex empleado de Merrill Lynch recibió US$ 33 millones en el mismo caso.

La SEC protege la confidencialidad de los informantes y no divulga información que pueda revelar la identidad de un informante como lo exige la Ley Dodd-Frank.

El Banco de Italia señaló recientemente que está impidiendo que la sucursal italiana de ING Bank “realice nuevas transacciones con clientes” hasta que fortalezca sus controles contra el lavado de dinero a un nivel satisfactorio para los examinadores.

El breve informe indicó que el regulador inspeccionó la sucursal de ING entre octubre y enero y encontró «deficiencias» en el cumplimiento de las regulaciones ALD.

«ING Bank ha comunicado que ya está totalmente comprometido con la mejora de su entorno de control ALD en general», señala el informe. «El compromiso de hacer cumplir rápidamente un plan de remediación para que la sucursal italiana resuelva las deficiencias permitirá al Banco de Italia verificar que se hayan solucionado los problemas ALD para poder levantar la prohibición».

El informe continúa la tendencia de problemas ALD que ING ha tenido en varias jurisdicciones. En septiembre, el banco pagó una multa récord de 775 millones de euros (US$ 900 millones) en un acuerdo con los fiscales holandeses por fallas relacionadas con los controles de ALD y por no identificar e informar posibles transacciones sospechosas durante varios años.

En una declaración, ING dijo que «trabajaría arduamente» para abordar los problemas ALD identificados y fortalecer las prácticas generales de cumplimiento. El banco todavía puede atender a los clientes existentes.

Este movimiento por parte de Italia no sorprende cuando se consideran varios factores, incluido el hecho de que todos los estados miembros de la UE están bajo mayor presión para demostrar el cumplimiento, la ejecución y la efectividad, y que los reguladores internacionales están muy conscientes de lo que están haciendo los demás examinadores.

Cuando un regulador en una jurisdicción ve una importante falla en otra jurisdicción, y sabe que el banco tiene operaciones importantes en su región, particularmente si esa sucursal tiene una extensa red de corresponsales extranjeros en regiones más riesgosas, generalmente iniciarán una consulta por su cuenta para verificar los controles ALD a nivel nacional y asegurarse de que el banco no esté fallando.

Como en este caso, pueden encontrar problemas. Seguramente habrá más anuncios de este tipo en varios estados miembros de la UE por parte de sus respectivos reguladores.