Los fiscales federales de EE.UU. presentaron una demanda civil en un tribunal federal contra el cambista digital BTC-e, también conocido como Canton Business Corporation, y uno de sus principales propietarios y operadores Alexander Vinnik, en un intento por hacer cumplir una sanción previa por infracciones de cumplimiento de delitos financieros.

BTC-e es un cambista de moneda digital constituido como una corporación bajo las leyes de Chipre y / o las Islas Seychelles. Operaba en Bulgaria, las Islas Seychelles y otras jurisdicciones, incluyendo California, y permitía a sus usuarios comprar y vender bitcoins y otras monedas digitales de forma anónima a través de su dominio web, btc-e.com.

Vinnik, ciudadano ruso, ocupó una posición de liderazgo dentro de BTC-e, controló múltiples cuentas de BTC-e utilizadas para procesar transacciones de BTC-e, y participó en la dirección y supervisión de las operaciones y finanzas de BTC-e.

La demanda civil publicada hace unos días alega que Vinnik operaba varias cuentas de BTC-e, incluidas algunas vinculadas a robos de otras casas de cambio virtuales como Mt. Gox. Actualmente, Vinnik está preso en Grecia y es blanco de una solicitud de extradición al Distrito Norte de California en relación con los cargos penales presentados en este distrito.

El 26 de julio de 2017, FinCEN impuso sanciones monetarias contra BTC-e y Vinnik por violar la Ley de Secreto Bancario. FinCEN impuso multas por US$ 12 millones contra Vinnick y casi US$ 90 millones contra BTC-e por violaciones de la BSA. La demanda civil busca hacer cumplir las sanciones monetarias emitidas por FinCEN.

En julio de 2017, el Departamento del Tesoro de EE.UU. multó a uno de los cambistas de divisas virtuales más grandes del mundo con US$ 110 millones por respaldar sitios ilegales dentro de la dark web o del mercado oscuro, asesorar a delincuentes sobre cómo acceder y lavar dinero de los ransomware y eludir sus obligaciones de cumplimiento de delitos financieros.

FinCEN, la UIF de EE.UU., penalizó a BTC-e, conocida como Canton Business Corporation, por una serie de acciones, que incluyen ser la plataforma elegida para sitios de red oscura que venden drogas y otros servicios ilícitos, facilitando los pagos por ataques de ransomware y transfiriendo fondos robado de otras casas de cambio virtuales.

La medida en ese momento fue la primera que FinCEN tomó contra un intercambio extranjero de criptomonedas y la segunda contra un intercambio nacional de moneda virtual.

Se había convertido en un centro de lo peor de lo peor en internet—desde facilitador de operaciones de narcotraficantes hasta ladrones de identidad, políticos corruptos y hackers. A medida que los investigadores vieron el hilo conductor en varios esquemas criminales, todos los caminos condujeron a BTC-e.

En total, desde 2011, BTC-e ha atendido a aproximadamente 700.000 clientes en todo el mundo y está asociado con las direcciones de billetera de Bitcoin que han recibido más de 9.4 millones de bitcoins, cuyo precio actual es de aproximadamente US$ 11.000.

Con una medida de tan alto perfil, no es de extrañar que FinCEN se asocie con el Departamento de Justicia y utilice los poderes federales y civiles para hacer cumplir las multas y demostrar que EE. UU. no permitirá que el lavado y el incumplimiento de las normas ALD queden impunes en los mundos real y virtual.

Fighting financial crime with AI: How cognitive solutions are changing the way institutions manage AML compliance, fraud and conduct surveillance, o Combatir el crimen financiero con IA: cómo las soluciones cognitivas están cambiando la forma en que las instituciones manejan el cumplimiento ALD, el fraude y la vigilancia de la conducta.

En este documento técnico relevante y oportuno, aprenda cómo y por qué la industria financiera está entrando en un momento crítico para la adopción de inteligencia artificial, análisis avanzado y automatización de procesos robóticos, palabras de moda que resuenan en los pasillos de los bancos de todos los países del mundo.

Estas tecnologías incipientes prometen aliviar la carga de los requisitos de cumplimiento normativo, así como mejorar la detección de fraude, lavado de dinero y violaciones de conducta de los empleados, proporcionando inteligencia más rica y táctica para la aplicación de la ley.

Puntos destacados:

• Los desafíos de fraude y cumplimiento están llegando a un punto crítico, exponiendo a los bancos a un escrutinio regulatorio adicional.
• Los reguladores y las instituciones financieras están cambiando sus puntos de vista sobre la inteligencia artificial (IA) a medida que las autoridades emiten un llamado a la convergencia e innovación.
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Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) US$ 25,3 millones esta semana para desestimar acusaciones de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) relacionadas con sus operaciones en Hungría, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía.

Una subsidiaria de Microsoft en Hungría llamada Microsoft Magyarorszag Kft. pagó una sanción penal de US$ 8,75 millones y firmó un acuerdo de no procesamiento de tres años con el Departamento de Justicia.

Microsoft Corporation, con sede en Redmond, Washington, también entregó (disgorged) US$ 13,8 millones a la SEC, más un monto por interés de US$ 2,78 millones.

La SEC dijo que Microsoft tomó medidas correctivas y cooperó en la investigación. La compañía fortaleció sus controles de contabilidad internos y programas de cumplimiento, tomó medidas disciplinarias contra cuatro empleados de Microsoft Hungría, puso fin a cuatro socios de licencias húngaros y comenzó a usar el análisis de datos para ayudar a identificar transacciones de alto riesgo, entre otras cosas.

En una orden administrativa, la SEC acusó a Microsoft Corporation de violar la disposición de libros y registros y de controles contables internos de la FCPA

En Hungría, la subsidiaria de Microsoft obtuvo US$ 13,7 millones en negocios a través de “pagos indebidos”, dijo la SEC.

Desde al menos 2013 hasta 2015, la filial de Hungría pagó a los funcionarios gubernamentales “a través de proveedores, consultores, distribuidores y revendedores terceros, incluso en circunstancias en las que no hubo evidencia de ningún servicio proporcionado por los terceros”.

“Los pagos indebidos también se financiaron con descuentos excesivos que los altos ejecutivos de Microsoft en Hungría aprobaron basándose en vagas justificaciones sin garantizar que se transmitieran a los clientes finales del gobierno”, dijo la SEC.

En Arabia Saudita, de 2012 a 2014, los empleados de la subsidiaria local de Microsoft “desviaron al menos US$ 440.000 … destinados a ser utilizados para mercadotecnia y desarrollo de propuestas comerciales con los socios de Microsoft, a un fondo que se utilizó para pagar los gastos de viaje de los empleados del gobierno saudita y para regalos, muebles, computadoras portátiles, tabletas y otros equipos para agencias gubernamentales “, dijo la SEC.

Dos de los proveedores de Microsoft mantuvieron el fondo y recibieron grandes descuentos por los productos de Microsoft. Los proveedores utilizaron el fondo “bajo la dirección de un empleado de MS Arabia Saudita”.

En Turquía, en 2014, los ejecutivos de la subsidiaria de Microsoft “aprobaron un descuento excesivo en una transacción que involucró a un tercero no autorizado en relación con una licitación del gobierno en circunstancias donde no hay evidencia de servicios prestados por el tercero”.

En Tailandia, desde 2012 hasta 2015, la subsidiaria de Microsoft otorgó “viajes y regalos inapropiados” y “cosas de valor” tanto a los funcionarios del gobierno como a los empleados de clientes no gubernamentales, respectivamente, a través de grandes fondos mantenidos por sus terceros proveedores y revendedores “.

Microsoft cuenta actualmente con unos 144.000 empleados en todo el mundo.

*Juan Pablo Rodríguez C
**René M. Castro V

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF)de Colombia designan a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y deben reportar operaciones sospechosas

En todos los países del mundo se han descubierto escándalos con la financiación de las campañas políticas que hace que el ciudadano común desconfíe de dichos procesos electorales, de los partidos políticos, de los gobiernos, del sistema judicial, de los políticos, de los medios de comunicación y en general de las instituciones democráticas.

El dinero en las campañas políticas o en los partidos políticos es un recurso importante para comunicarse con los electores, para realizar campañas electorales exitosas, para hacer que las organizaciones políticas sean más fuertes, para apoyar la investigación de políticas o para capacitar a los miembros del partido político. Sin embargo, los escándalos políticos minan la confianza ciudadana en estos procesos.

El CNE y la UIAF emitieron el 4 de Julio de 2019, la Circular Conjunta 006 de 2019, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo a los partidos políticos, movimientos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos y demás organizaciones que postulen candidatos para las elecciones que se desarrollaran en Colombia en 2019.

En esta Circular se establecen medidas de debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes, proveedores y contratistas teniendo en cuenta las características particulares del objeto del partido o movimiento político.

Así mismo, los sujetos obligados deberán identificar cuando se realice cualquier operación, negocio jurídico, contrato, con Personas Expuestas Políticamente (PEPs), de conformidad a lo establecido con el Decreto 1674 de 2016 (PEPs).

Además, los sujetos obligados de esta Circular deberán conocer el origen de los recursos que reciba el partido o movimiento político, el grupo significativo de ciudadanos, y las campañas electorales tanto para su financiación como para la financiación de las campañas electorales.

También se deberá llevar un control estricto de los ingresos y gastos, tanto de los partidos y movimientos políticos, del grupo significativo de ciudadanos, como de las campañas electorales.

Los sujetos obligados de esta Circular deberán identificar y documentar las situaciones que generen riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en todas las operaciones que realice el partido o movimiento político, en especial en el desarrollo de procesos y campañas electorales.

El gerente de la campaña, el Revisor Fiscal y/o contador y los veedores (en caso de que los tengan) serán responsables de determinar que una operación es sospechosa y de reportarla a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en forma inmediata.

El Revisor Fiscal y el Gerente de la campaña deberán cumplir con el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 (Ley por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal), que establece una nueva obligación a las funciones del Revisor Fiscal y que en este caso cobija también al Gerente de la campaña:

“Artículo 207. (…)

10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.”

Con esta medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dan un paso importante para identificar y controlar la financiación ilícita a las campañas políticas y a los partidos políticos. Es necesario aclarar que no necesariamente los dineros aportados a las campañas y partidos políticos son de origen ilícito, también existen dineros de origen licito pero que contravienen la regulación o superan los topes electorales.

Por todo lo anterior, los gerentes de las campañas, los Revisores Fiscales y/o contadores y los veedores deberán tener muy clara su responsabilidad cuando acepten dichos cargos.

Las instituciones financieras también deberán extremar los controles en la supervisión de los productos financieros de las campañas y los partidos políticos y ahora sí podrán exigir el cumplimiento de la normativa antilavado y contra la financiación del terrorismo al interior de los partidos y las campañas políticas.

De otra parte, la Junta Central de Contadores deberá investigar de oficio la responsabilidad de los contadores y Revisores Fiscales en aquellos escándalos de financiación ilícita de las campañas o partidos políticos.

El Consejo Nacional Electoral deberá ejercer un control muy estricto en la financiación de las campañas y partidos políticos para asegurar que aquellos actos de corrupción en temas electorales sean castigados severamente.

Se pueden enlistar las siguientes obligaciones de parte de los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, dentro de las que se encuentran:

1. Tener y aplicar procedimientos de debida diligencia.
2. Tener y aplicar un procedimiento de conocimiento de los PEP´s.
3. Tener y aplicar un procedimiento de conocimiento del origen de los recursos.
4. Tener y aplicar un procedimiento de control estricto de ingresos y gastos.
5. Tener y aplicar un procedimiento de identificación de situaciones de riesgo.
6. Tener y aplicar un procedimiento de reportes de operaciones sospechosas a la UIAF.

Por último, las entidades de control, el sistema judicial, los medios de comunicación y la ciudadanía en general deberán ejercer su rol correspondiente en este proceso vital en la democracia de cualquier país.

*Juan Pablo Rodríguez C.
Abogado Penalista
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016
Presidente y Socio de Rics Management.

**René M. Castro V.
Contador Público, Magister en Auditoria de Gestión
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Representante Suplente de los Contadores Públicos ante la Junta Central de Contadores 2008-2010
Certificate on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, 2016
Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.
Vice-Presidente & Socio RICS Management

El Reglamento de protección de datos general (GDPR, por sus siglas en inglés) de la UE y la Ley de privacidad del consumidor (CCPA) de California brindan una oportunidad para que los ejecutivos, especialmente los directores de marketing (CMO, chief marketing officers), impulsen objetivos estratégicos en lugar de sufrir pérdida de confianza y de datos.

En la mayoría de las organizaciones, la función de mercadeo es de custodio de la experiencia del consumidor desde la generación de la demanda hasta las ventas, recolectando los datos del cliente en múltiples puntos a lo largo del camino. Como resultado, la organización del director de marketing (CMO) se ve más afectada por los nuevos requisitos de privacidad que surgen en todo el mundo.

El GDPR y la CCPA imponen nuevos controles de privacidad digital en las empresas y en los ecosistemas de datos de sus clientes. No cumplir con el GDPR, que entró en vigor en mayo de 2018, puede resultar en multas severas de hasta el 4% de los ingresos globales anuales. Siguiendo a la estela de GDPR, se encuentra la primera legislación importante sobre privacidad del consumidor basada en Estados Unidos: la CCPA. Algunas veces llamada “GDPR-light”, la CCPA no conlleva las mismas multas financieras, pero permite a los consumidores unirse a demandas colectivas y describe multas mínimas asociadas con usos inapropiados y protección inadecuada de la información del consumidor.

Los CMO tienen la oportunidad de gestionar la respuesta de sus organizaciones a estas regulaciones de manera estratégica, en lugar de simplemente tener en cuenta el cumplimiento. Al tomar el mando del proceso, los CMO no solo pueden mitigar el riesgo de pérdida de información del cliente, sino también aprovechar las inversiones de cumplimiento para crear relaciones más profundas y confiables con los consumidores.

El impacto en los datos del consumidor

Las empresas pueden encontrarse en una desventaja significativa si tratan las regulaciones estrictamente como ejercicios de cumplimiento legal a corto plazo. De hecho, el simple cumplimiento de los requisitos individuales sin tener en cuenta cómo podrían afectar las interacciones continuas de los consumidores podría llevar a la pérdida de datos de primera mano.

Las regulaciones incluyen requisitos específicos para “solicitudes de consentimiento legal” que obligan a las empresas a obtener el consentimiento a través de acciones claras que indiquen que el consumidor está consciente de lo que él o ella decide compartir. En un sitio de comercio electrónico, por ejemplo, el visitante tendría que elegir en forma proactiva que desea compartir cierta información en lugar de simplemente tener la opción de deseleccionar las casillas de verificación chequeadas previamente para compartir información.

Además, la CCPA requiere específicamente que las organizaciones proporcionen a las personas enlaces de fácil acceso para que puedan solicitar que su información personal ya no se comercialice. Como resultado, los consumidores pueden decidir no compartir sus datos con organizaciones o pueden migrar a sitios y aplicaciones que ofrezcan más transparencia con respecto a la privacidad y el uso de los datos.

GDPR y CCPA también responsabilizan a las organizaciones por las acciones de terceros en su ecosistema de marketing que proporcionan o manejan los datos de los clientes. Los CMOs deberán verificar el cumplimiento de las políticas de privacidad de sus agencias y proveedores.

Una inversión estratégica

A medida que sigan surgiendo normas de privacidad globales con diferentes requisitos, el cumplimiento será cada vez más complejo y costoso. Estos desafíos serán ampliados por sistemas, datos y puntos de interacción fragmentados, en particular para grandes organizaciones dispersas en todo el mundo.

Para que los esfuerzos de cumplimiento no solo sean efectivos sino sostenibles, los CMO pueden dirigir su inversión para unificar sus plataformas tecnológicas subyacentes con el objetivo de una visión única del consumidor y sus interacciones con la marca. Esto no solo minimizará el costo de cumplimiento y reducirá la probabilidad de sanciones; también puede permitir a los CMOs cumplir con sus estrategias de clientes a largo plazo.

El cumplimiento de la privacidad no será fácil. GDPR y CCPA representan cambios importantes en el trato con la información del cliente, y el CMO necesitará el apoyo de muchas funciones, incluidas TI, seguridad, legal y recursos humanos, para poder cumplir. Sin embargo, estas regulaciones también ofrecen una oportunidad para que los CMO y otros altos ejecutivos puedan realizar grandes inversiones en una arquitectura unificada del cliente que respalde el cumplimiento de la privacidad y las estrategias de marketing y relaciones con el cliente a largo plazo.

—Por David Cutbill, principal, Deloitte & Touche LLP; y Scott Mager, principal, Deloitte Consulting

El artículo original fue publicado por Deloitte en la sección Risk & Compliance del periódico Wall Street Journal

Credit Suisse está atrapado en una investigación en Suiza sobre un supuesto lavado de dinero que involucra a una organización criminal y al tráfico ilegal de drogas.

El fiscal general suizo nombró a la investigación Bulco: los fiscales están investigando el supuesto lavado de dinero por parte de una organización criminal, informó el semanario “Schweiz am Wochenende”.

La investigación más amplia, que comenzó en 2008, se centra en una supuesta operación de narcotráfico proveniente de América del Sur conducida por un capo de la mafia búlgara.

“Además de las diez personas acusadas actualmente, la investigación criminal se amplió en 2013 para incluir a Credit Suisse en las sospechas por deficiencias de la institución con relación al lavado de dinero”, citó el medio de comunicación a un portavoz del fiscal suizo. Credit Suisse no ha sido acusado de actividades ilegales.

Los delitos fueron supuestamente ocultados detrás de actividades inmobiliarias y financieras. El dinero producto de la droga era transferido a un banco en Bulgaria o se ocultaba en vehículos y se movía físicamente.

Al parecer, los fondos también se invirtieron en barcos y en bienes raíces, incluso en las ciudades suizas de Montreux y Ginebra, (con información de FI News).

Credit Suisse ha pagado más de US$ 500 millones en Estados Unidos solo por el incumplimiento de los regímenes de sanciones, por lo que no es ajeno a los golpes por incumplimiento.

También pagó decenas de millones de dólares por falencias en materia de cumplimiento de corrupción, manipulación de tasas y los reguladores del sector de valores de EE.UU. lo multaron por incumplimiento ALD de su filial de valores. Todavía hay más demandas pendientes.

Así que no es de extrañar que los reguladores de su país de origen se decidan finalmente indagar en forma más profunda sobre prácticas de cumplimiento más amplias, particularmente en un caso muy serio relacionado con organizaciones criminales y la comercialización de drogas.

En general, las autoridades europeas en los últimos meses finalmente han establecido planes para centralizar el poder y la supervisión para presionar más a los reguladores de los estados miembros, así que es de esperar que los examinadores fortalezcan los controles, las acciones formales y las sanciones contra los bancos.

El récord se produce cuando el principal regulador financiero del Reino Unido se centra cada vez más en los casos penales y en investigar no solo a las entidades sino también a las personas naturales detrás de los casos.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) publicó la mayor cantidad total de multas contra individuos durante el año fiscal 2019, dijo el regulador en su informe anual.

La FCA impuso multas de £ 80.2 millones contra ocho personas durante el año fiscal que terminó el 31 de marzo, en comparación con las multas de alrededor de £ 900.000 contra 10 personas durante el año anterior, según el informe. En general, la FCA impuso aproximadamente £ 227,3 millones (US$ 284 millones) en multas el último año, más de tres veces el total durante el año anterior.

El récord se produce cuando el principal regulador financiero de Gran Bretaña, establecido en 2013, se centra más en los casos penales y abre más investigaciones sobre entidades e individuos, dijo Chris Warren-Smith, socio de la firma de abogados Morgan Lewis & Bockius LLP en Londres.

“Están aumentando la aplicación de la ley sobre la conducta minorista y los delitos financieros”, dijo Warren-Smith. “También están trabajando con [la Comisión de Bolsa y Valores] y otras agencias”.

El aumento de las multas se debió a una multa de £ 76 millones que el FCA impuso a Stewart Ford, el ex director ejecutivo de Keydata Investment Services Ltd. La multa fue la mayor sanción monetaria del FCA impuesta a una persona. Ford fue acusado de no actuar con integridad y cooperar con la FCA entre 2005 y 2009, de acuerdo con un aviso de cumplimiento de la agencia en enero.

Según un documento judicial, Keydata, un proveedor de productos estructurados, supuestamente vendió bonos emitidos en Luxemburgo respaldados por pólizas de seguros de vida de segunda mano a inversionistas minoristas antes de que cerrara sus puertas.

La FCA dijo que Ford no se aseguró de que Keydata hubiera llevado a cabo la debida diligencia con respecto a la viabilidad de los productos y ocultó a los inversionistas el hecho de que el modelo comercial de los productos se había derrumbado, según un documento judicial.

El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó hace unos días una carta a los ejecutivos de Facebook solicitando una “moratoria sobre cualquier movimiento con relación a Libra” (la criptomoneda propuesta por Facebook), porque, entre otras cosas, podría proporcionar una plataforma sub-regulada o no regulada donde se lleven a cabo actividades ilegales y lavado de dinero.

La carta señala que, si bien Facebook ha publicado el reporte sobre estos proyectos, la escasa información proporcionada sobre la intención, los roles, el uso potencial y la seguridad de Libra y Calibra pone en evidencia la gigantesca escala de los riesgos y la falta de protecciones regulatorias claras. “Si productos y servicios como estos son regulados en forma incorrecta y sin la supervisión suficiente, podrían presentar riesgos sistémicos que ponen en peligro a los Estados Unidos y la estabilidad financiera mundial”, apunta la carta.

Estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por delincuentes, como han sido manipulados otras criptomonedas, cambistas y billeteras electrónicas en el pasado. De hecho, los reguladores de todo el mundo ya han expresado preocupaciones similares, lo que ilustra la necesidad de una supervisión robusta.

Según la carta, los inversores y consumidores que realizan transacciones en Libra pueden estar expuestos a graves problemas de privacidad y seguridad nacional, riesgos de seguridad cibernética y riesgos comerciales. Aquellos que usan la billetera digital de Facebook, que puede llegar a almacenar billones de dólares sin seguro de depósito, también pueden convertirse en blancos de ataques de piratas informáticos. Por ejemplo, en los tres primeros trimestres de 2018, los hackers robaron casi US$1.000 millones de cambistas de criptomonedas. El sistema también podría proporcionar una plataforma poco regulada para actividades ilícitas y de lavado de dinero.

Estos riesgos son aún más evidentes a la luz del pasado problemático de Facebook, donde no siempre mantuvo segura la información de sus usuarios. Por ejemplo, Cambridge Analytica, una firma de consultoría política contratada por la campaña Trump 2016, tuvo acceso a más de 50 millones de datos privados de usuarios de Facebook que fueron utilizados para influir en el comportamiento de los votantes.

Como resultado, Facebook podría pagar multas de hasta US$ 5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), y continuar cumpliendo una orden de consentimiento de la FTC por engañar a los consumidores y no proteger la privacidad de los datos de los consumidores. Solo en el primer trimestre de 2019 Facebook eliminó más de 2.200 millones de cuentas falsas, incluidas aquellas que muestran propaganda terrorista y discursos de odio. También ha sido demandado recientemente tanto por grupos de derechos civiles como por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos por violar las leyes de vivienda justa en su plataforma de publicidad y a través de sus algoritmos de publicación de anuncios, apunta la carta del Comité de Servicios Financieros.

Un informe llamado Athar Project, publicado después del reporte Libra y de la carta del Congreso de EE.UU., se titula “El mercado negro de antigüedades de Facebook: tráfico, terrorismo y crímenes de guerra”, y describe las características actuales de Facebook como un “conjunto de herramientas de tráfico”. El resumen ejecutivo comienza con: “El rápido crecimiento de Facebook y la falta de mecanismos internos de vigilancia en la última década han ayudado a que la plataforma se convierta en un mercado negro digital donde los usuarios compran y venden productos, incluidas antigüedades ilícitas, de algunas de las naciones más conflictivas del mundo… Facebook es la plataforma perfecta para un mercado negro que opera en ventanilla única”.

Utilizando información de las comunicaciones de Facebook Group complementadas con información humana, el proyecto Athar proporciona un pantallazo del tráfico de antigüedades en Siria y en toda la región de Oriente Medio y África del Norte. El Proyecto Athar está actualmente monitoreando 95 grupos de Facebook en idioma árabe que participan en el comercio de antigüedades ilícitas, señala el informe.

El estudio de caso de Siria examina cuatro de los 95 grupos de Facebook actualmente monitoreados por el Proyecto Athar. Los cuatro grupos seleccionados tienen ubicaciones en Siria y los datos recopilados abarcan desde la fecha de creación de cada grupo hasta el 31 de diciembre de 2018.