Microsoft Corporation pagó al Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) US$ 25,3 millones esta semana para desestimar acusaciones de haber violado la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) relacionadas con sus operaciones en Hungría, Arabia Saudita, Tailandia y Turquía.

Una subsidiaria de Microsoft en Hungría llamada Microsoft Magyarorszag Kft. pagó una sanción penal de US$ 8,75 millones y firmó un acuerdo de no procesamiento de tres años con el Departamento de Justicia.

Microsoft Corporation, con sede en Redmond, Washington, también entregó (disgorged) US$ 13,8 millones a la SEC, más un monto por interés de US$ 2,78 millones.

La SEC dijo que Microsoft tomó medidas correctivas y cooperó en la investigación. La compañía fortaleció sus controles de contabilidad internos y programas de cumplimiento, tomó medidas disciplinarias contra cuatro empleados de Microsoft Hungría, puso fin a cuatro socios de licencias húngaros y comenzó a usar el análisis de datos para ayudar a identificar transacciones de alto riesgo, entre otras cosas.

En una orden administrativa, la SEC acusó a Microsoft Corporation de violar la disposición de libros y registros y de controles contables internos de la FCPA

En Hungría, la subsidiaria de Microsoft obtuvo US$ 13,7 millones en negocios a través de «pagos indebidos», dijo la SEC.

Desde al menos 2013 hasta 2015, la filial de Hungría pagó a los funcionarios gubernamentales «a través de proveedores, consultores, distribuidores y revendedores terceros, incluso en circunstancias en las que no hubo evidencia de ningún servicio proporcionado por los terceros».

«Los pagos indebidos también se financiaron con descuentos excesivos que los altos ejecutivos de Microsoft en Hungría aprobaron basándose en vagas justificaciones sin garantizar que se transmitieran a los clientes finales del gobierno», dijo la SEC.

En Arabia Saudita, de 2012 a 2014, los empleados de la subsidiaria local de Microsoft «desviaron al menos US$ 440.000 … destinados a ser utilizados para mercadotecnia y desarrollo de propuestas comerciales con los socios de Microsoft, a un fondo que se utilizó para pagar los gastos de viaje de los empleados del gobierno saudita y para regalos, muebles, computadoras portátiles, tabletas y otros equipos para agencias gubernamentales «, dijo la SEC.

Dos de los proveedores de Microsoft mantuvieron el fondo y recibieron grandes descuentos por los productos de Microsoft. Los proveedores utilizaron el fondo «bajo la dirección de un empleado de MS Arabia Saudita».

En Turquía, en 2014, los ejecutivos de la subsidiaria de Microsoft «aprobaron un descuento excesivo en una transacción que involucró a un tercero no autorizado en relación con una licitación del gobierno en circunstancias donde no hay evidencia de servicios prestados por el tercero».

En Tailandia, desde 2012 hasta 2015, la subsidiaria de Microsoft otorgó «viajes y regalos inapropiados» y «cosas de valor» tanto a los funcionarios del gobierno como a los empleados de clientes no gubernamentales, respectivamente, a través de grandes fondos mantenidos por sus terceros proveedores y revendedores «.

Microsoft cuenta actualmente con unos 144.000 empleados en todo el mundo.

*Juan Pablo Rodríguez C
**René M. Castro V

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF)de Colombia designan a los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos como sujetos obligados y deben reportar operaciones sospechosas

En todos los países del mundo se han descubierto escándalos con la financiación de las campañas políticas que hace que el ciudadano común desconfíe de dichos procesos electorales, de los partidos políticos, de los gobiernos, del sistema judicial, de los políticos, de los medios de comunicación y en general de las instituciones democráticas.

El dinero en las campañas políticas o en los partidos políticos es un recurso importante para comunicarse con los electores, para realizar campañas electorales exitosas, para hacer que las organizaciones políticas sean más fuertes, para apoyar la investigación de políticas o para capacitar a los miembros del partido político. Sin embargo, los escándalos políticos minan la confianza ciudadana en estos procesos.

El CNE y la UIAF emitieron el 4 de Julio de 2019, la Circular Conjunta 006 de 2019, por medio de la cual se imparten instrucciones relativas a la prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo a los partidos políticos, movimientos políticos, a los grupos significativos de ciudadanos y demás organizaciones que postulen candidatos para las elecciones que se desarrollaran en Colombia en 2019.

En esta Circular se establecen medidas de debida diligencia en el conocimiento de las contrapartes, proveedores y contratistas teniendo en cuenta las características particulares del objeto del partido o movimiento político.

Así mismo, los sujetos obligados deberán identificar cuando se realice cualquier operación, negocio jurídico, contrato, con Personas Expuestas Políticamente (PEPs), de conformidad a lo establecido con el Decreto 1674 de 2016 (PEPs).

Además, los sujetos obligados de esta Circular deberán conocer el origen de los recursos que reciba el partido o movimiento político, el grupo significativo de ciudadanos, y las campañas electorales tanto para su financiación como para la financiación de las campañas electorales.

También se deberá llevar un control estricto de los ingresos y gastos, tanto de los partidos y movimientos políticos, del grupo significativo de ciudadanos, como de las campañas electorales.

Los sujetos obligados de esta Circular deberán identificar y documentar las situaciones que generen riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en todas las operaciones que realice el partido o movimiento político, en especial en el desarrollo de procesos y campañas electorales.

El gerente de la campaña, el Revisor Fiscal y/o contador y los veedores (en caso de que los tengan) serán responsables de determinar que una operación es sospechosa y de reportarla a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) en forma inmediata.

El Revisor Fiscal y el Gerente de la campaña deberán cumplir con el artículo 27 de la Ley 1762 de 2015 (Ley por medio de la cual se adoptan instrumentos para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal), que establece una nueva obligación a las funciones del Revisor Fiscal y que en este caso cobija también al Gerente de la campaña:

“Artículo 207. (…)

10. Reportar a la Unidad de Información y Análisis Financiero las operaciones catalogadas como sospechosas en los términos del literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto-ley 663 de 1993, cuando las adviertan dentro del giro ordinario de sus labores.”

Con esta medida, el Consejo Nacional Electoral (CNE), y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), dan un paso importante para identificar y controlar la financiación ilícita a las campañas políticas y a los partidos políticos. Es necesario aclarar que no necesariamente los dineros aportados a las campañas y partidos políticos son de origen ilícito, también existen dineros de origen licito pero que contravienen la regulación o superan los topes electorales.

Por todo lo anterior, los gerentes de las campañas, los Revisores Fiscales y/o contadores y los veedores deberán tener muy clara su responsabilidad cuando acepten dichos cargos.

Las instituciones financieras también deberán extremar los controles en la supervisión de los productos financieros de las campañas y los partidos políticos y ahora sí podrán exigir el cumplimiento de la normativa antilavado y contra la financiación del terrorismo al interior de los partidos y las campañas políticas.

De otra parte, la Junta Central de Contadores deberá investigar de oficio la responsabilidad de los contadores y Revisores Fiscales en aquellos escándalos de financiación ilícita de las campañas o partidos políticos.

El Consejo Nacional Electoral deberá ejercer un control muy estricto en la financiación de las campañas y partidos políticos para asegurar que aquellos actos de corrupción en temas electorales sean castigados severamente.

Se pueden enlistar las siguientes obligaciones de parte de los partidos políticos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, dentro de las que se encuentran:

1. Tener y aplicar procedimientos de debida diligencia.
2. Tener y aplicar un procedimiento de conocimiento de los PEP´s.
3. Tener y aplicar un procedimiento de conocimiento del origen de los recursos.
4. Tener y aplicar un procedimiento de control estricto de ingresos y gastos.
5. Tener y aplicar un procedimiento de identificación de situaciones de riesgo.
6. Tener y aplicar un procedimiento de reportes de operaciones sospechosas a la UIAF.

Por último, las entidades de control, el sistema judicial, los medios de comunicación y la ciudadanía en general deberán ejercer su rol correspondiente en este proceso vital en la democracia de cualquier país.

*Juan Pablo Rodríguez C.
Abogado Penalista
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Certificate on Governance, Risk Management and Compliance Professional (GRCP) y GRC Fundamentals de Open Compliance and Ethics Group (OCEG), 2016
Presidente y Socio de Rics Management.

**René M. Castro V.
Contador Público, Magister en Auditoria de Gestión
Escritor, conferencista y consultor internacional.
Representante Suplente de los Contadores Públicos ante la Junta Central de Contadores 2008-2010
Certificate on Financial Services and Market Regulation, London School of Economics, 2016
Certificate on Corporate Compliance and Ethics, New York University, 2015.
Vice-Presidente & Socio RICS Management

El Reglamento de protección de datos general (GDPR, por sus siglas en inglés) de la UE y la Ley de privacidad del consumidor (CCPA) de California brindan una oportunidad para que los ejecutivos, especialmente los directores de marketing (CMO, chief marketing officers), impulsen objetivos estratégicos en lugar de sufrir pérdida de confianza y de datos.

En la mayoría de las organizaciones, la función de mercadeo es de custodio de la experiencia del consumidor desde la generación de la demanda hasta las ventas, recolectando los datos del cliente en múltiples puntos a lo largo del camino. Como resultado, la organización del director de marketing (CMO) se ve más afectada por los nuevos requisitos de privacidad que surgen en todo el mundo.

El GDPR y la CCPA imponen nuevos controles de privacidad digital en las empresas y en los ecosistemas de datos de sus clientes. No cumplir con el GDPR, que entró en vigor en mayo de 2018, puede resultar en multas severas de hasta el 4% de los ingresos globales anuales. Siguiendo a la estela de GDPR, se encuentra la primera legislación importante sobre privacidad del consumidor basada en Estados Unidos: la CCPA. Algunas veces llamada «GDPR-light», la CCPA no conlleva las mismas multas financieras, pero permite a los consumidores unirse a demandas colectivas y describe multas mínimas asociadas con usos inapropiados y protección inadecuada de la información del consumidor.

Los CMO tienen la oportunidad de gestionar la respuesta de sus organizaciones a estas regulaciones de manera estratégica, en lugar de simplemente tener en cuenta el cumplimiento. Al tomar el mando del proceso, los CMO no solo pueden mitigar el riesgo de pérdida de información del cliente, sino también aprovechar las inversiones de cumplimiento para crear relaciones más profundas y confiables con los consumidores.

El impacto en los datos del consumidor

Las empresas pueden encontrarse en una desventaja significativa si tratan las regulaciones estrictamente como ejercicios de cumplimiento legal a corto plazo. De hecho, el simple cumplimiento de los requisitos individuales sin tener en cuenta cómo podrían afectar las interacciones continuas de los consumidores podría llevar a la pérdida de datos de primera mano.

Las regulaciones incluyen requisitos específicos para «solicitudes de consentimiento legal» que obligan a las empresas a obtener el consentimiento a través de acciones claras que indiquen que el consumidor está consciente de lo que él o ella decide compartir. En un sitio de comercio electrónico, por ejemplo, el visitante tendría que elegir en forma proactiva que desea compartir cierta información en lugar de simplemente tener la opción de deseleccionar las casillas de verificación chequeadas previamente para compartir información.

Además, la CCPA requiere específicamente que las organizaciones proporcionen a las personas enlaces de fácil acceso para que puedan solicitar que su información personal ya no se comercialice. Como resultado, los consumidores pueden decidir no compartir sus datos con organizaciones o pueden migrar a sitios y aplicaciones que ofrezcan más transparencia con respecto a la privacidad y el uso de los datos.

GDPR y CCPA también responsabilizan a las organizaciones por las acciones de terceros en su ecosistema de marketing que proporcionan o manejan los datos de los clientes. Los CMOs deberán verificar el cumplimiento de las políticas de privacidad de sus agencias y proveedores.

Una inversión estratégica

A medida que sigan surgiendo normas de privacidad globales con diferentes requisitos, el cumplimiento será cada vez más complejo y costoso. Estos desafíos serán ampliados por sistemas, datos y puntos de interacción fragmentados, en particular para grandes organizaciones dispersas en todo el mundo.

Para que los esfuerzos de cumplimiento no solo sean efectivos sino sostenibles, los CMO pueden dirigir su inversión para unificar sus plataformas tecnológicas subyacentes con el objetivo de una visión única del consumidor y sus interacciones con la marca. Esto no solo minimizará el costo de cumplimiento y reducirá la probabilidad de sanciones; también puede permitir a los CMOs cumplir con sus estrategias de clientes a largo plazo.

El cumplimiento de la privacidad no será fácil. GDPR y CCPA representan cambios importantes en el trato con la información del cliente, y el CMO necesitará el apoyo de muchas funciones, incluidas TI, seguridad, legal y recursos humanos, para poder cumplir. Sin embargo, estas regulaciones también ofrecen una oportunidad para que los CMO y otros altos ejecutivos puedan realizar grandes inversiones en una arquitectura unificada del cliente que respalde el cumplimiento de la privacidad y las estrategias de marketing y relaciones con el cliente a largo plazo.

—Por David Cutbill, principal, Deloitte & Touche LLP; y Scott Mager, principal, Deloitte Consulting

El artículo original fue publicado por Deloitte en la sección Risk & Compliance del periódico Wall Street Journal

Credit Suisse está atrapado en una investigación en Suiza sobre un supuesto lavado de dinero que involucra a una organización criminal y al tráfico ilegal de drogas.

El fiscal general suizo nombró a la investigación Bulco: los fiscales están investigando el supuesto lavado de dinero por parte de una organización criminal, informó el semanario «Schweiz am Wochenende».

La investigación más amplia, que comenzó en 2008, se centra en una supuesta operación de narcotráfico proveniente de América del Sur conducida por un capo de la mafia búlgara.

«Además de las diez personas acusadas actualmente, la investigación criminal se amplió en 2013 para incluir a Credit Suisse en las sospechas por deficiencias de la institución con relación al lavado de dinero», citó el medio de comunicación a un portavoz del fiscal suizo. Credit Suisse no ha sido acusado de actividades ilegales.

Los delitos fueron supuestamente ocultados detrás de actividades inmobiliarias y financieras. El dinero producto de la droga era transferido a un banco en Bulgaria o se ocultaba en vehículos y se movía físicamente.

Al parecer, los fondos también se invirtieron en barcos y en bienes raíces, incluso en las ciudades suizas de Montreux y Ginebra, (con información de FI News).

Credit Suisse ha pagado más de US$ 500 millones en Estados Unidos solo por el incumplimiento de los regímenes de sanciones, por lo que no es ajeno a los golpes por incumplimiento.

También pagó decenas de millones de dólares por falencias en materia de cumplimiento de corrupción, manipulación de tasas y los reguladores del sector de valores de EE.UU. lo multaron por incumplimiento ALD de su filial de valores. Todavía hay más demandas pendientes.

Así que no es de extrañar que los reguladores de su país de origen se decidan finalmente indagar en forma más profunda sobre prácticas de cumplimiento más amplias, particularmente en un caso muy serio relacionado con organizaciones criminales y la comercialización de drogas.

En general, las autoridades europeas en los últimos meses finalmente han establecido planes para centralizar el poder y la supervisión para presionar más a los reguladores de los estados miembros, así que es de esperar que los examinadores fortalezcan los controles, las acciones formales y las sanciones contra los bancos.

El récord se produce cuando el principal regulador financiero del Reino Unido se centra cada vez más en los casos penales y en investigar no solo a las entidades sino también a las personas naturales detrás de los casos.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) publicó la mayor cantidad total de multas contra individuos durante el año fiscal 2019, dijo el regulador en su informe anual.

La FCA impuso multas de £ 80.2 millones contra ocho personas durante el año fiscal que terminó el 31 de marzo, en comparación con las multas de alrededor de £ 900.000 contra 10 personas durante el año anterior, según el informe. En general, la FCA impuso aproximadamente £ 227,3 millones (US$ 284 millones) en multas el último año, más de tres veces el total durante el año anterior.

El récord se produce cuando el principal regulador financiero de Gran Bretaña, establecido en 2013, se centra más en los casos penales y abre más investigaciones sobre entidades e individuos, dijo Chris Warren-Smith, socio de la firma de abogados Morgan Lewis & Bockius LLP en Londres.

«Están aumentando la aplicación de la ley sobre la conducta minorista y los delitos financieros», dijo Warren-Smith. «También están trabajando con [la Comisión de Bolsa y Valores] y otras agencias».

El aumento de las multas se debió a una multa de £ 76 millones que el FCA impuso a Stewart Ford, el ex director ejecutivo de Keydata Investment Services Ltd. La multa fue la mayor sanción monetaria del FCA impuesta a una persona. Ford fue acusado de no actuar con integridad y cooperar con la FCA entre 2005 y 2009, de acuerdo con un aviso de cumplimiento de la agencia en enero.

Según un documento judicial, Keydata, un proveedor de productos estructurados, supuestamente vendió bonos emitidos en Luxemburgo respaldados por pólizas de seguros de vida de segunda mano a inversionistas minoristas antes de que cerrara sus puertas.

La FCA dijo que Ford no se aseguró de que Keydata hubiera llevado a cabo la debida diligencia con respecto a la viabilidad de los productos y ocultó a los inversionistas el hecho de que el modelo comercial de los productos se había derrumbado, según un documento judicial.

El presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó hace unos días una carta a los ejecutivos de Facebook solicitando una «moratoria sobre cualquier movimiento con relación a Libra» (la criptomoneda propuesta por Facebook), porque, entre otras cosas, podría proporcionar una plataforma sub-regulada o no regulada donde se lleven a cabo actividades ilegales y lavado de dinero.

La carta señala que, si bien Facebook ha publicado el reporte sobre estos proyectos, la escasa información proporcionada sobre la intención, los roles, el uso potencial y la seguridad de Libra y Calibra pone en evidencia la gigantesca escala de los riesgos y la falta de protecciones regulatorias claras. “Si productos y servicios como estos son regulados en forma incorrecta y sin la supervisión suficiente, podrían presentar riesgos sistémicos que ponen en peligro a los Estados Unidos y la estabilidad financiera mundial”, apunta la carta.

Estas vulnerabilidades pueden ser explotadas por delincuentes, como han sido manipulados otras criptomonedas, cambistas y billeteras electrónicas en el pasado. De hecho, los reguladores de todo el mundo ya han expresado preocupaciones similares, lo que ilustra la necesidad de una supervisión robusta.

Según la carta, los inversores y consumidores que realizan transacciones en Libra pueden estar expuestos a graves problemas de privacidad y seguridad nacional, riesgos de seguridad cibernética y riesgos comerciales. Aquellos que usan la billetera digital de Facebook, que puede llegar a almacenar billones de dólares sin seguro de depósito, también pueden convertirse en blancos de ataques de piratas informáticos. Por ejemplo, en los tres primeros trimestres de 2018, los hackers robaron casi US$1.000 millones de cambistas de criptomonedas. El sistema también podría proporcionar una plataforma poco regulada para actividades ilícitas y de lavado de dinero.

Estos riesgos son aún más evidentes a la luz del pasado problemático de Facebook, donde no siempre mantuvo segura la información de sus usuarios. Por ejemplo, Cambridge Analytica, una firma de consultoría política contratada por la campaña Trump 2016, tuvo acceso a más de 50 millones de datos privados de usuarios de Facebook que fueron utilizados para influir en el comportamiento de los votantes.

Como resultado, Facebook podría pagar multas de hasta US$ 5.000 millones a la Comisión Federal de Comercio (FTC por sus siglas en inglés), y continuar cumpliendo una orden de consentimiento de la FTC por engañar a los consumidores y no proteger la privacidad de los datos de los consumidores. Solo en el primer trimestre de 2019 Facebook eliminó más de 2.200 millones de cuentas falsas, incluidas aquellas que muestran propaganda terrorista y discursos de odio. También ha sido demandado recientemente tanto por grupos de derechos civiles como por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos por violar las leyes de vivienda justa en su plataforma de publicidad y a través de sus algoritmos de publicación de anuncios, apunta la carta del Comité de Servicios Financieros.

Un informe llamado Athar Project, publicado después del reporte Libra y de la carta del Congreso de EE.UU., se titula «El mercado negro de antigüedades de Facebook: tráfico, terrorismo y crímenes de guerra», y describe las características actuales de Facebook como un «conjunto de herramientas de tráfico». El resumen ejecutivo comienza con: «El rápido crecimiento de Facebook y la falta de mecanismos internos de vigilancia en la última década han ayudado a que la plataforma se convierta en un mercado negro digital donde los usuarios compran y venden productos, incluidas antigüedades ilícitas, de algunas de las naciones más conflictivas del mundo… Facebook es la plataforma perfecta para un mercado negro que opera en ventanilla única».

Utilizando información de las comunicaciones de Facebook Group complementadas con información humana, el proyecto Athar proporciona un pantallazo del tráfico de antigüedades en Siria y en toda la región de Oriente Medio y África del Norte. El Proyecto Athar está actualmente monitoreando 95 grupos de Facebook en idioma árabe que participan en el comercio de antigüedades ilícitas, señala el informe.

El estudio de caso de Siria examina cuatro de los 95 grupos de Facebook actualmente monitoreados por el Proyecto Athar. Los cuatro grupos seleccionados tienen ubicaciones en Siria y los datos recopilados abarcan desde la fecha de creación de cada grupo hasta el 31 de diciembre de 2018.

Después de pelear durante casi dos años contra los reguladores del estado de Nueva York, el banco más grande de Japón, Bank of Tokyo-Mitsubishi  (MUFG), pagará US$ 33 millones para resolver una demanda que la institución inició después de expulsar a los examinadores locales y evitar que regresen después de haber obtenido una licencia federal.

El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS, por sus siglas en inglés) negoció el acuerdo con MUFG Bank y cerró una demanda iniciada por la institución contra el regulador estatal en noviembre de 2017, un día después de que la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) del Tesoro de EE.UU. otorgara al grupo una licencia federal para sucursales en Nueva York, Illinois y California, junto con oficinas en Texas.

El problema es que MUFG creyó que podría evitar que los reguladores de Nueva York ingresaran al edificio luego de la aprobación de su estatuto condicional en 2017, a pesar de que aún estaba haciendo malabarismos con dos órdenes del NYDFS que se centran en fallas de cumplimiento de delitos financieros. El banco japonés incluso presentó una demanda para mantener a los reguladores estatales fuera de sus operaciones.

Pero en ese momento, el NYDFS respondió en una contra demanda alegando que aún tenía autoridad para supervisar los temas de cumplimiento de delitos financieros previos a su conversión.

Ese es un punto vital para los examinadores estatales y federales, luego de que el grupo bancario MUFG haya pagado más US$500 millones por fallas similares en el cumplimiento de los delitos financieros en años anteriores.

Toda esta historia ha sido muy sui generis. Muy raramente, si alguna vez, un banco piensa que simplemente saltando a una licencia federal y expulsando a los examinadores del estado, puede escapar de su supervisión, o evadir una medida ALD.

Esto me recuerda a una canción: «Luché contra la ley … y ganó la ley». La moraleja de esta historia: trabajar en forma armónica con los reguladores, en cualquier nivel, no en contra de ellos, dará un mejor resultado.

Los principales agentes económicos y de seguridad nacional del Congreso de EE.UU. están cuestionando con dureza a la unidad de inteligencia financiera del país sobre cómo supervisará, analizará y mitigará la potencial amenaza de la nueva moneda criptográfica de Facebook, y cómo los analistas gubernamentales están utilizando nuevas e innovadoras tecnologías para hacer sus tareas de control de delitos financieros.

Esos son solo algunos de los temas tratados en una reunión informativa bipartidista entre los miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Emanuel Cleaver, Presidente del Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria, Trey Hollingsworth, Bill Foster, y French Hill junto con miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y Ken Blanco, Director de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN).

La sesión informativa se llevó a cabo para discutir el uso de tecnología de Inteligencia Artificial, entre otras, por parte de FinCEN para detectar actividades financieras ilícitas y cómo la oficina está trabajando con los reguladores para alentar el uso de estas tecnologías entre las instituciones financieras.

«Con la evolución de las monedas virtuales y los nuevos mercados, los actores delictivos se están adaptando continuamente para encontrar nuevas formas de participar en actividades financieras ilegales», dijo Cleaver.

“Ahora que estamos viendo una corporación gigante como Facebook, que ya ha demostrado una incapacidad para identificar e impedir este tipo de actores a un nivel aceptable, crear su propia moneda virtual llamada Libra, no se puede subestimar la importancia del Congreso y de los transmisores financieros para que actúen de forma proactiva en el uso de las tecnologías más nuevas y potentes para garantizar que el sistema financiero no se use de manera inadecuada».

«Aprecio que el director Blanco y su equipo compartan los esfuerzos continuos de FinCEN para utilizar IA  para combatir el lavado de dinero y colaborar con las instituciones financieras y los proveedores de tecnología para ayudar a fortalecer nuestro sistema financiero», dijo Hollingsworth.

«El trabajo de FinCEN es crítico para nuestra seguridad nacional y para la prevención de actividades ilegales como el lavado de dinero y el financiamiento ilícito», dijo Foster, y agregó que el compromiso de la oficina con las herramientas analíticas de IA es muy positivo. Espero trabajar estrechamente con mis colegas para asegurar que FinCEN tenga los recursos que necesita para llevar a cabo su misión de manera efectiva».

 

En combinación con el pedido de la industria a una constante innovación en diciembre pasado, está claro que las agencias federales de investigación, y probablemente muy pronto los reguladores federales, comenzarán a sentir más presión para participar en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y demás.

Esto significa varias cosas para los diversos jugadores en el espacio de cumplimiento y crimen financiero. Para los bancos, esto significa que pueden ser interrogados en mayor medida por parte de  FinCEN, o de las agencias de ley, porque los analistas de están obteniendo más datos e información, están encontrando nuevas conexiones e iniciando o promoviendo más casos para agencias de investigación de todo tipo.

Pero si FinCEN está analizando más reportes de operaciones sospechosas (ROS) a través de IA y tiene más analistas analizando estos ROS, también pueden comenzar a ver tendencias de más bancos que están presentando ROS débiles o defensivos, lo que lleva a un escrutinio regulatorio adicional.

A la inversa, FinCEN puede descubrir que mientras un banco presenta una serie de ROS para un grupo o un delito determinado, bancos de similar tamaño, base de clientes y la exposición al riesgo no presentan tantos, nuevamente, abren la puerta a preguntas de examinadores.

En general, y, como es lógico, la conclusión principal de que FinCEN está utilizando más ampliamente la inteligencia artificial significa que probable que las agencias regulatorias sigan el mismo camino, con la expectativa tácita de que los bancos de cierto tamaño, exposición al riesgo y recursos también deberían hacer uso de la inteligencia artificial para comprender mejor, y reportar, posibles sospechas de delitos financieros.

Dos ciudadanos ecuatorianos que viven en Florida fueron acusados de conspiración para violar la ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA ) de EE.UU. y de lavado de dinero en un proceso por soborno que involucra la  empresa petrolera estatal de Ecuador.

Una nueva acusación de 11 cargos fue presentada el 9 de mayo en un tribunal federal de Miami.

Armengol Alfonso Cevallos Díaz y José Melquiades Cisneros Alarcón fueron acusados de conspiración para violar la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero y nueve cargos de lavado de dinero.

Supuestamente ayudaron a pagar y lavar más de US$ 4 millones en sobornos a funcionarios de Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador o PetroEcuador.

Hasta el momento, al menos otros cuatro acusados se han declarado culpables en el caso.

Un ex abogado de PetroEcuador que aceptó sobornos, Marcelo Reyez López, fue condenado el año pasado a 53 meses de prisión por conspiración de lavado de dinero.

Y en septiembre de 2018, José Larrea, un asesor financiero estadounidense y ciudadano estadounidense, también se declaró culpable de un cargo de conspiración para lavar dinero. Fue condenado a 27 meses de prisión.

Otro acusado, Frank Roberto Chatburn Ripalda, se declaró inocente. Su caso aún está pendiente.

Ripalda, un ciudadano estadounidense y ecuatoriano que también vive en Miami, fue acusado el año pasado de un cargo de conspiración para violar la FCPA, un cargo de violación de la FCPA, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de lavado de dinero .