Marco global para combatir el crimen financiero: ¿cómo mejorar su efectividad y resultados?

Por Raul Saccani
Socio – Forensic & Dispute Services, Deloitte
Presidente de la Comisión Anticorrupción, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Buenos Aires

A pesar de que se invierten decenas de miles de millones de dólares en lucha contra el lavado de dinero en todo el mundo, detener la ola de delitos económicos sigue siendo un desafío increíble. El camino a seguir para mejorar ese marco global incluye avanzar con el enfoque basado en inteligencia; impulsar reformas significativas a los marcos de intercambio de información, la cooperación del sector público y privado y el uso de la tecnología. Es esencial para mejorar la efectividad de la respuesta colectiva a los delitos financieros, cuyo impacto se siente más allá del sector financiero y representa una grave amenaza para la sociedad en su conjunto.

Para explorar este tema con mayor profundidad, Deloitte y el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) encuestaron a instituciones financieras, organismos formuladores de políticas, reguladores y otras autoridades en múltiples jurisdicciones, para evaluar las perspectivas actuales dentro de la industria de servicios financieros y el sector público sobre los desafíos que enfrenta el régimen global de gestión de riesgos de delitos financieros.

Existe un creciente consenso de que el marco global actual para combatir el delito financiero no es tan efectivo como podría ser, y que se necesita hacer más a nivel internacional, regional y nacional para ayudar a identificar y detener el flujo de financiamiento ilícito, una actividad que sostiene algunos de los peores problemas que enfrenta la sociedad hoy en día, incluidos el terrorismo, la explotación sexual, la esclavitud moderna, la caza furtiva de vida silvestre, el narcotráfico, entre otros.

Los delitos financieros contribuyen tanto a estos delitos como a la amenaza a la estabilidad e inclusión financiera. Su mitigación y prevención deben ser priorizadas. Si bien se han invertido miles de millones para hacer frente a este tipo de criminalidad, se debe hacer mayor hincapié en reforzar los esfuerzos de los reguladores y la Justicia, con la ayuda del sector privado, para garantizar que el marco legal y regulatorio y el conjunto de herramientas de gestión de riesgos de delitos financieros se mejoren de forma que pueda lograrse más efectividad.

Esto no quiere decir que no se haya avanzado en esta área. El Grupo de Acción Financiera (GAFI), ahora en su trigésimo año, ha liderado la acción coordinada internacionalmente para reducir la criminalidad financiera transfronteriza, y continúa haciéndolo en áreas nuevas y dinámicas. Sin embargo, una combinación de reforma regulatoria, cambio cultural, la introducción de nuevas formas de trabajo y el despliegue de nueva tecnología podría mejorar significativamente el trabajo de los gobiernos, los reguladores y la industria de servicios financieros, para abordar las amenazas planteadas a nivel mundial.

El informe conjunto de Deloitte y el IIF establece tres amplias áreas para que el sector público y el privado consideren: 1) la estabilidad sistémica y los efectos sociales de la delincuencia financiera, 2) las limitaciones en la efectividad del marco global de gestión del riesgo de delincuencia financiera y 3) un camino a seguir para mejorar ese marco global.

Estos se basan en siete “facilitadores”, donde las reformas de naturaleza sistémica o táctica mejorarían la efectividad general y permitirían una mejora gradual, a fin de continuar el diálogo global sobre un cambio significativo. Algunos ya están bajo consideración o se está actuando sobre ellos a través del GAFI o en ciertos ámbitos nacionales o regionales; y algunos representan un nuevo camino a seguir. Sin embargo, cuando se toman en conjunto a nivel mundial, tienen el poder de transformar la forma en que la sociedad combate el crimen financiero.

  1. i) Mejoras sistémicas globales para la gestión del riesgo de delitos financieros.

La aplicación efectiva y coherente de los estándares mundiales es uno de los principales medios por los cuales el sistema financiero puede salvaguardarse, y los delincuentes pueden ver frustrados sus intentos de sacar provecho de los delitos precedentes. La aplicación inconsistente de los estándares puede generar conflictos entre las reglas y un colapso de la cooperación que contribuye a las ineficiencias, los resultados negativos y la creación de lagunas que pueden ser explotadas por los delincuentes financieros.

Factores como la revisión de las amenazas a la estabilidad financiera a partir de la fragmentación de las reglas a nivel mundial; la revisión y mejora de la efectividad de la implementación de los estándares y guías del GAFI y el aumento del apoyo financiero, logístico y estructural de las organizaciones nacionales y multilaterales contra el PLA/FT, ayudarán a corregir los desequilibrios que pueden generar preocupaciones sistémicas a nivel mundial.

  1. ii) Avance hacia la Participación Público-Privada (PPP).

La Participación Público-Privada (PPP) implica una colaboración entre las instituciones financieras (FI) y otros sujetos obligados, con las Unidades de Inteligencia Financiera, las fuerzas de seguridad, los encargados de formular políticas y la comunidad reguladora. Es fundamental para el desarrollo efectivo de un modelo de combate al delito financiero basado en inteligencia. El desarrollo de las PPP se basa en el reconocimiento de que existe una superposición clara entre los intereses de todas las partes en la lucha contra la delincuencia financiera; y que, al desarrollar marcos que permitan que fluya más inteligencia y conocimiento entre las partes, es posible interrumpir de manera más efectiva los flujos ilegales y prevenir futuras incursiones criminales en el sistema financiero.

Si bien se ha logrado un excelente progreso en el desarrollo de PPP en varias jurisdicciones, todavía queda trabajo por hacer para aprovechar plenamente su potencial. El documento elaborado por Deloitte y el IIF propone una serie de recomendaciones para acelerar el desarrollo de las PPP, incluida la garantía de que cuentan con los recursos apropiados, están potenciadas por puntos de enlace de intercambio de información mejorados y más efectivos, están reforzadas con tecnología mejorada y pueden trabajar de manera más efectiva a través de distintos sectores y fronteras.

Las iniciativas PPP presentan una oportunidad única para ayudar a garantizar que la información y la inteligencia adecuadas estén disponibles para quienes, dentro del marco de la prevención de delitos financieros, son más capaces de utilizarlos para obtener mejores resultados. Los reguladores y los encargados de formular políticas tienen un papel vital que desempeñar en el desarrollo de las iniciativas PPP. La claridad regulatoria con respecto al papel de las PPP puede alentar la participación y ayudar a aumentar la efectividad general del marco regulatorio.

iii) Mejora del intercambio de información transfronteriza y nacional

La gestión del riesgo de delitos financieros se puede mejorar facilitando un mayor intercambio de información, tanto a nivel nacional como internacional. Dicho intercambio es importante para el correcto funcionamiento de las políticas de PLA/FT y otras políticas de prevención de delitos financieros y también es fundamental para abordar las prioridades geopolíticas. Sin embargo, cuestiones como los marcos legales inconsistentes para la protección de datos, la gestión de los ROS (Reportes de Operación Sospechosa), la privacidad y el secreto bancario pueden presentar barreras que inhiben el intercambio de información.

A nivel internacional, se alienta al GAFI a continuar impulsando una reforma coordinada globalmente, diseñada para mejorar la efectividad de los regímenes de intercambio de información de sus estados miembro. Específicamente, el trabajo debe continuar para permitir el intercambio de información; a nivel nacional e internacional dentro de las propias instituciones financieras (a nivel de todo el grupo económico), de institución financiera a institución financiera, de institución financiera a gobierno y de gobierno a gobierno (en ambas direcciones). La implementación del marco actual del GAFI para aumentar el intercambio de información debe ser acelerada por los estados miembro, y deben considerarse cambios adicionales a los estándares del GAFI para garantizar la máxima coherencia y eficacia internacional.

Este documento también recomienda que los gobiernos del G20 y más allá, y los organismos internacionales de formulación de políticas, consideren las oportunidades para fomentar una mayor facilitación del intercambio de información a nivel estratégico, tipologías particulares e indicadores geográficos de riesgo de delitos financieros a nivel nacional, regional e internacional a través de las PPP y otros mecanismos.

Las naciones con el compromiso de abordar la delincuencia financiera compleja deben considerar cómo se puede hacer un mejor uso de la perspectiva integral que puede aportar una institución financiera global, respecto de una instancia particular de delincuencia financiera transfronteriza. Sería beneficioso asegurarse de que cuando se compila una comprensión relativamente completa de estos flujos financieros, no tenga que desglosarse luego, en el momento de la presentación del ROS. Se podría avanzar en este sentido mediante, por ejemplo, la introducción de un ROS “multinacional”.

  1. Mejora del uso y la calidad de los datos

El uso de datos puede ser transformador. Existe cierto grado de consenso sobre la importancia y los beneficios de recopilar, estandarizar y poner a disposición conjuntos de datos contextuales a través de “utilities” que respaldan un proceso coherente, que las instituciones financieras pueden utilizar para cumplir con los requisitos del Conozca a su cliente (KYC) y la Diligencia debida del cliente (CDD), junto con otros enfoques de investigación proactivos.

En la actualidad, el panorama de datos de KYC está fragmentado. Cada una de las instituciones financieras puede tener información sobre el mismo cliente que puede superponerse, pero que también puede ser inconsistente e incompleta, una debilidad que los lavadores pueden navegar para explotar el sistema financiero.

Resulta recomendable extender la disponibilidad de información corporativa centralizada a través de registros de beneficiarios finales, desde las autoridades registrales hacia los sujetos obligados, lo que permitiría convertirse en un multiplicador de fuerza respecto de una de las áreas más desafiantes del proceso KYC. El desarrollo continuo de las “utilities” de KYC podría reducir aún más las brechas de conocimiento entre las instituciones financieras. Es significativo el valor potencial de la identificación digital (ID), tanto a nivel individual como corporativo, como medio para mejorar la eficiencia y la eficacia del proceso de KYC y CDD.

También es importante que las estructuras organizativas, por ejemplo, entre los equipos de PLA/FT, Cyber y Fraude, no establezcan barreras que socaven el intercambio de datos y el desarrollo de una comprensión integral de los delincuentes y las amenazas criminales que operan a través de silos temáticos. Agilizar los esfuerzos para mejorar la fusión de datos en las organizaciones es un facilitador clave para una respuesta efectiva y eficiente en la prevención y detección de delitos financieros.

  1. Reforma de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS)

Es obvio afirmar que el régimen de los ROS presenta desafíos tanto para las instituciones financieras como para los reguladores. Se considera que un número significativo de ROS realizados tienen un valor de inteligencia limitado o son de baja calidad. El procesamiento de un gran número de informes de baja calidad, que no mejoran la investigación de la actividad delictiva, desvía recursos (ya limitados) de las UIFs, y es ineficaz para impulsar los resultados del enforcement. Este documento ciertamente no cuestiona la necesidad del régimen ROS pero hace una serie de recomendaciones que buscan mejorar su efectividad.

Mejorar el ciclo de retroalimentación entre las UIF y el sector regulado es clave. Esto crearía un círculo virtuoso que ayudaría a los reportantes a refinar sus sistemas y controles y reducir el volumen de ROS de baja calidad que se presentan. Reducir el volumen de ROS de baja calidad ayudará a aliviar la presión sobre las UIF y permitirá enfocar los recursos de manera más efectiva. Para garantizar que se mejore el ciclo de retroalimentación, es vital que las UIF cuenten con los recursos y el empoderamiento de la tecnología moderna.

La eficacia de los ROS también podría mejorarse mediante reformas que ayudarían a optimizar el uso de los recursos. Un modelo que permitiera a las partes interesadas trabajar en colaboración más fácilmente, sobre sospechas alineadas con las prioridades nacionales acordadas, aceleraría la creación de un panorama de inteligencia integral que informaría e impulsaría la respuesta de todas las partes contra las amenazas clave. Un modelo de “requerimiento” de ROS permitiría a los sujetos obligados presentar un resumen de la sospecha a la UIF, que luego podría solicitar una investigación más completa si el caso fuera de interés, lo que ayudaría a garantizar que los esfuerzos de investigación del sujeto obligado se centran en áreas de interés real para la UIF.

  1. Mitigar la implementación inconsistente o incoherente de los estándares y guías de cumplimiento de delitos financieros, y proporcionar claridad regulatoria

El alcance de la implementación regulatoria en materia de delitos financieros requiere de un examen cuidadoso, tanto en el contexto de los enfoques jurisdiccionales como de la cooperación internacional. El papel de traducir las recomendaciones del GAFI en normas nacionales recae en los países individualmente, donde la disonancia cultural, política y legal puede socavar la implementación de un marco regulatorio coherente. En algunos casos, los organismos de política internacional como el GAFI y el Comité de Basilea han brindado una guía general y es importante que a esto le sigan declaraciones apropiadas de los reguladores nacionales para ayudar a eliminar las inconsistencias en el marco internacional, que pueden ser explotadas por los delincuentes.

También es importante que el sector público defina y supervise la política regulatoria, de tal manera que permita a las instituciones financieras implementar políticas que concuerden con la visión general del gobierno sobre el propósito del marco legal. Una orientación clara y coherente del sector público, que se implementa fielmente a nivel de la supervisión de los sujetos obligados, es crucial en este sentido; y debe alejarse del cumplimiento formal tipo “check-box” para centrarse más bien en la evaluación de los resultados.

vii. Aumentar y mejorar el uso de la tecnología para combatir los flujos financieros ilegales

Las nuevas tecnologías han reforzado enormemente las áreas cumplimiento en las instituciones financieras, y prometen un despliegue efectivo dentro de las UIF. El G20 y la comunidad internacional en general deberían alentar el proceso de innovación en tecnología de regulación financiera (RegTech), que ayude a cumplir con las regulaciones de delitos financieros y mejore la gestión de riesgos en general.

Al mismo tiempo, el examen de las barreras para la adopción de nuevas tecnologías ayudaría a expandir el conjunto de herramientas de gestión de riesgos y optimizar los resultados. Hay un papel que desempeñar, por ejemplo, en la expansión del acceso a los datos para nuevos tipos de tecnologías, como el aprendizaje automático (machine learning).

viii. Conclusión

El Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y Deloitte han publicado este documento que aboga por la combinación de una reforma regulatoria, un cambio cultural y el despliegue de nuevas tecnologías para contrarrestar mejor las amenazas planteadas por los fondos ilícitos que fluyen a través del sistema financiero internacional.

A pesar de que se invierten decenas de miles de millones de dólares en lucha contra el lavado de dinero en todo el mundo, detener la ola de delitos económicos sigue siendo un desafío increíble. Este documento analiza temas y cuestiones planteadas durante una serie de entrevistas con diversos stakeholders, tanto en el sector público como privado. El resultado ha sido un compendio útil de los problemas que impactan la efectividad del marco de gestión del riesgo de delitos financieros y la gama de opciones que, si se toman en conjunto, ayudarían a mejorar los resultados y reducir el uso indebido de las finanzas nacionales y transfronterizas.

Avanzar con el enfoque basado en inteligencia esbozado en este documento, impulsado por reformas significativas a los marcos de intercambio de información, la cooperación del sector público y privado y el uso de la tecnología es esencial para mejorar la efectividad de la respuesta colectiva a los delitos financieros, cuyo impacto se siente más allá del sector financiero y representa una grave amenaza para la sociedad en su conjunto.

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El GAFI pide a los países que adopten un enfoque múltiple para abrir, compartir y actualizar información sobre los beneficiarios finales en un intento por incrementar la transparencia

Los países que buscan contrarrestar uno de los mayores activos de los delincuentes: las empresas fantasmas, anónimas y opacas, deberían establecer sistemas que utilicen uno o más métodos diferentes para identificar la titularidad real de una entidad, señala en un nuevo informe el organismo de control mundial contra el lavado de dinero.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que establece estándares para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, dijo que los países que dependen de un enfoque único son menos efectivos para obtener información precisa y oportuna sobre la propiedad de una entidad, lo último en una serie de análisis e informes sobre cómo abordar el flagelo de las estructuras de propiedad corporativa impenetrables e ilusorias.

El organismo internacional con sede en París, que esta semana publicó un documento recomendando las mejores prácticas para diseñar e implementar medidas que aborden la transparencia del beneficiario real, primero estableció estándares sobre el tema en 2003 y luego publicó una guía paso a paso en 2014.

La titularidad real se refiere al propietario final de la entidad, que incluye empresas, fundaciones y asociaciones. El GAFI exige a los países miembros que tomen medidas para evitar que las entidades sean utilizadas con fines delictivos, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y para garantizar que las autoridades puedan obtener o acceder rápidamente a la información sobre el último titular de las entidades.

El GAFI ha señalado que a sus miembros les ha resultado difícil implementar y cumplir con los estándares existentes.

Algunos desafíos comunes incluyen formas inadecuadas que aseguran que las autoridades puedan acceder a la información de manera oportuna y la falta de multas efectivas y proporcionadas a las empresas que no brindan información precisa sobre el beneficiario real.

El GAFI recomienda que los países implementan uno o más mecanismos para cumplir con sus estándares.

Eso podría incluir el uso de fuentes de información existentes, como las derivadas de instituciones financieras y de registros de propiedad; y exigir a los registros mercantiles que mantengan información actualizada sobre el beneficiario final; así como obligar a las propias empresas a obtener información sobre los accionistas o miembros, según el informe.

«La variedad y disponibilidad de fuentes aumenta la transparencia y el acceso a la información, y ayuda a mitigar los problemas de precisión con fuentes particulares», dijo el GAFI en el informe, que también proporciona algunos casos y ejemplos de mejores prácticas.

El documento se publica al mismo momento que los legisladores estadounidenses buscan abordar la transparencia de propiedad de las empresas fantasmas. Algunas compañías de responsabilidad limitada, a menudo denominadas compañías fantasmas, están registradas en Estados Unidos bajo los nombres de representantes que no son propietarios ni operan esas compañías.

En las últimas semanas, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley que exige que las empresas fantasmas revelen a sus verdaderos propietarios en un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra el lavado de dinero y otros delitos. No está claro si el proyecto de ley pasará al Senado, donde se está discutiendo un proyecto de ley similar.

El proyecto de ley de la Cámara requiere que la mayoría de las compañías y corporaciones de responsabilidad limitada informen al gobierno de EE.UU. los nombres de cualquier persona con una participación financiera significativa o control sobre las operaciones.

Estos informes del GAFI son una lectura obligatoria para los oficiales de cumplimiento ALD/CFT, las agencias de ley, los reguladores y los grupos de vigilancia de las ONG. A nivel mundial, se ha tomado muy en serio el mensaje del GAFI sobre los peligros de las empresas fantasmas.

Algunas regiones incluyendo a la Unión Europea, el Reino Unido y otras jurisdicciones han cambiado las leyes para exigir que los agentes de formación de empresas, abogados y otros “gatekeepers” capturen la información de las empresas y se las proporcionen al gobierno para que se mantengan en una base de datos pública.

Uno de los pocos países grandes que está ignorando abiertamente este movimiento hacia la transparencia corporativa es Estados Unidos, aunque eso podría estar cambiando con el reciente proyecto de ley sobre este tema que finalmente será aprobado en la Cámara de Representantes, después de años de estar atascado, incluso con un amplio apoyo de ambos partidos.

Este movimiento hacia la transparencia tiene una importancia directa para los equipos de cumplimiento de los sujetos obligados, especialmente el sector financiero y bancos en particular. Cuanta más información tengan sobre las corporaciones, mejor podrán evaluar los riesgos los equipos de cumplimiento.

Si los datos/información son el elemento vital del programa ALD/CFT, y los reguladores quieren que los bancos utilicen en forma más integral la innovación, la posibilidad de capturar información crítica para evaluar mejor a los clientes y las empresas podría generar evaluaciones de riesgos más precisas en el front end y crear la posibilidad de presentar reportes de actividades sospechosas más oportunos.

Asesor financiero en EE.UU. se declara culpable de facilitar sobornos en Ecuador

Un asesor financiero con sede en Miami se declaró culpable de participar en un plan que implicó pagar casi US$ 3 millones en sobornos a funcionarios de una compañía petrolera estatal en Ecuador. Frank Roberto Chatburn Ripalda estableció compañías fantasmas y creó cuentas bancarias para facilitar los sobornos a los funcionarios de Petroecuador.

Chatburn Ripalda, de 42 años, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami por un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Chatburn desempeñó un papel en promover el incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y las leyes de soborno en Ecuador, dijo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Chatburn desempeñó un papel central en la creación de un ardid para sobornar a ex funcionarios de Petroecuador, una compañía petrolera estatal y controlada por el estado, según los fiscales.

Mientras se desempeñaba como asesor financiero de un contratista de servicios petroleros no identificado, Chatburn acordó realizar los pagos ilícitos, que canalizó a través de compañías fantasmas y cuentas bancarias en Estados Unidos, Panamá, las Islas Caimán, Curazao y Suiza, según los fiscales. También creó compañías fantasmas panameñas con cuentas bancarias suizas para los funcionarios de Petroecuador involucrados en el esquema, dijeron los fiscales.

Chatburn también admitió haber trabajado con otro funcionario del gobierno ecuatoriano para ocultar sobornos que el funcionario pretendía recibir de Odebrecht SA, el gigante de la construcción brasileño que se declaró culpable en diciembre de 2016 de violar las leyes de soborno extranjeras en uno de los mayores acuerdos anticorrupción en los últimos años. Se conocerá la sentencia de Chatburn en diciembre.

Cómo US$ 800 en Bitcoin está comprando US$ 10,000 en efectivo en la Dark Web

Los investigadores de seguridad han identificado una nueva tendencia de conversiones lucrativas e ilícitas de Bitcoin (BTC) a efectivo en su análisis de docenas de mercados y foros en la red oscura.

Los estafadores financieros están vendiendo efectivo a US$0,10 o US$0,12 por US$1 a compradores dispuestos a proporcionar una tarifa prepaga en Bitcoin, según el nuevo Informe del Mercado Negro de Armor, Threat Resistance Unit.

El esquema de lavado de dinero hace que los ciberdelincuentes ofrezcan paquetes de efectivo, generalmente de US$ 2.500 a US$ 10.000, a cambio de una tarifa del 10% al 12% en Bitcoin.

Una vez que el comprador ha transferido la criptomoneda,  se proporciona la información de la cuenta bancaria, PayPal o Western Union donde se debe enviar el dinero.

Como un servicio extremadamente simple y llave en mano, este acuerdo ofrece a los compradores retornos altísimos de su compra ilícita y elimina la necesidad de una mula de dinero o el riesgo de iniciar sesión en cuentas comprometidas.

Como se describe en el informe, las mulas de dinero son agentes que transfieren fondos ilícitos entre cuentas a cambio de una tarifa del 10% al 20% del valor. Dichos actores suelen abrir cuentas bancarias comerciales costosas para evitar activar alertas de fraude o llamar la atención no deseada al realizar transacciones de grandes volúmenes.

En particular, este esquema de conversión beneficia a quienes venden los fondos robados porque evitan tomar posesión de los fondos y, en cambio, simplemente los transfieren, lo que significa que el comprador corre el riesgo.

Los riesgos de sanciones aumentarán en 2020 y habrá mayores conflictos entre los programas de listas negras de EE.UU. y la UE

Según un informe de la consultora de riesgos Control Risks, las empresas enfrentarán mayores riesgos de sanciones el próximo año, a medida que se amplía la cantidad de programas de sanciones emitidos por varias jurisdicciones y aumenta la divergencia entre los programas de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea.

El creciente abismo de regímenes de sanciones entre los países occidentales ha aumentado la necesidad de que las empresas comprendan su exposición, dijo Jonathan Wood, uno de los autores del informe. Las disparidades de sanciones han «puesto una nueva carga sobre el departamento de cumplimiento» para comprender la política exterior, dijo.

El informe identifica a Irán, Rusia, Corea del Norte, Venezuela y Siria entre los principales países a vigilar en 2020 cuando se evalúen los riesgos de sanciones.

Según el informe, las compañías podrían manejar el incremento de los riesgos de sanciones siguiendo las pautas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU. y la UE, y haciendo la debida diligencia en toda la cadena de suministro más allá de las contrapartes inmediatas.

El cumplimiento de las sanciones, tanto para bancos como para empresas, parece aumentar solo en complejidad. Y esta última designación tiene algunos matices interesantes, según Hdeel Abdelhady, asesora legal estratégico de MassPoint Legal and Strategy Advisory.

Estados Unidos impuso sanciones globales de Magnitksy (Global Magnitksy) a miembros de la familia Gupta de Sudáfrica por el sobrepago de contratos gubernamentales, sobornos y «actos corruptos para financiar contribuciones políticas e influir en las acciones del gobierno», escribió.

Implícito en la acción hay un mensaje más amplio de que Estados Unidos está listo para denunciar y castigar actos de corrupción en gobiernos extranjeros.

Las sanciones anticorrupción de Global Magnitsky, reforzadas por el gobierno de Trump, son particulares entre las leyes anticorrupción ya que: (1) penalizan directamente a los funcionarios extranjeros, (2) afirman la jurisdicción de Estados Unidos a nivel mundial y (3) definen la corrupción de manera muy amplia.

La acción resalta la flexibilidad y el alcance de las sanciones de Global Magnitsky, ilustra el enfoque del gobierno de Trump frente a la corrupción, y envía un mensaje no tan sutil sobre la administración actual voluntad de denunciar la corrupción oficial.

Más de 330 detenidos en 38 países en operación contra el mercado de pornografía infantil más grande del mundo

El desmantelamiento de una de las mayores redes de venta de pedófila por internet, que llevó a la detención de 337 sospechosos en 38 países fue anunciado esta semana por las autoridades internacionales.

Las detenciones tuvieron lugar tras el desarme de una página en la «dark web» –una parte de internet fuertemente encriptada y casi imposible de regular— que «monetizaba el abuso sexual de los niños», anunció la agencia británica de lucha contra el crimen (NCA) en un comunicado.

«La web, gestionada desde Corea del Sur, contenía más de 250.000 videos. Los usuarios habían realizado más de un millón de descargas» que pagaban mediante bitcoin.

Autoridades de Estados Unidos, Gran Bretaña, Corea del Sur y otros países informaron que rescataron al menos a 23 menores víctimas de explotación sexual que a menudo eran grabadas en video por abusadores que luego vendían los videos en el sitio «Welcome to Video» en la «dark web», que ahora ha sido clausurado.

Desde junio de 2015, cuando se puso en marcha «Welcome to Video», hasta marzo de 2018, el sitio recibió al menos 420 bitcoin –unos US$ 370.000 al momento de los pagos— en al menos 7.300 transacciones, señala el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una acusación.

El servidor fue confiscado por la policía estadounidense, británica y surcoreana el 5 de marzo de 2018 y el operador, Son Jong Woo, de 23 años, fue arrestado y encarcelado en Corea del Sur.

Desde entonces, cientos de usuarios de 12 países han sido localizados y detenidos.

Las autoridades estadounidenses revelaron una acusación contra Son Jong Woo y anunciaron la incautación de cuentas en moneda virtual de 24 personas en cinco países que había sido «utilizadas para financiar el sitio web y promover la explotación de los niños».

Caso de británico destapó el escándalo

La colaboración entre las agencias oficiales de diferentes países comenzó a raíz de la investigación británica contra un científico de ese país por delitos sexuales contra menores, según la NCA de Inglaterra.

Matthew Falder fue sentenciado en 2017 a 25 años de cárcel tras aceptar 137 acusaciones de abuso on línea, incluyendo el estímulo a la violación infantil.

«El sitio web monetizó el abuso sexual de niños y fue uno de los primeros en ofrecer videos asquerosos a la venta utilizando la criptomoneda bitcoin», dijo la NCA en una declaración.

Agregó que siete hombres ya han sido condenados en Gran Bretaña desde que el primer sospechoso fue arrestado en 2017.

Un hombre «fue sentenciado a 22 años por violar a un niño de cinco años y aparecer en Welcome To Video abusando sexualmente de una niña de tres años».

Rastreo de cuentas en bitcoin

En Washington, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el sitio manejaba «el mayor mercado de explotación sexual infantil por el volumen del contenido» cuando fue retirado.

Las autoridades estadounidenses han investigado a 92 personas en el caso. Muchos de los detenidos han sido acusados y condenados.

«Esta fue una de las primeras veces que las fuerzas del orden detectaron el uso de criptomoneda en el tráfico de pornografía infantil», dijo la fiscal estadounidense Jessie Liu.

«El sitio alojaba más de un cuarto de millón de videos y los usuarios descargaban más de un millón de archivos», agregó.

Don Fort, de la agencia de rentas (IRS) de Estados Unidos, que participó en la investigación, dijo que demostró que los delincuentes pueden ser rastreados en la «dark web» y no pueden ocultar sus identidades detrás de las cuentas en criptomendas.

«Fuiste a la dark web pensando que tus actos eran anónimos pero no lo eran y te encontramos», dijo en una conferencia de prensa en Washington.

Se trata de una investigación global en la que participaron numerosas agencias. Entre los 38 países concernidos figuran el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Corea del Sur, Alemania, España, Brasil y Arabia Saudita.

Después de una serie de escándalos en la UE, los bancos holandeses se unen para compartir datos y algoritmos para fortalecer el cumplimiento ALD/CFT

Varios de los grupos bancarios holandeses más grandes están optando por incrementar los esfuerzos cuando luchan contra el crimen financiero tras los escándalos masivos de lavado de dinero europeos que han suscitado sospechas e investigaciones en Ámsterdam y los Países Bajos.

Gigantes de los servicios financieros, incluidos ING Groep NV, Rabobank y ABN Amro Bank NV, están trabajando en un esfuerzo conjunto para compartir información sobre transacciones que se producen en varios bancos y jurisdicciones en un intento por identificar mejor los signos reveladores de actividad ilícita y vínculos más amplios con organizaciones interconectadas más grandes grupos criminales.

El nombre de la iniciativa se llama Transaction Monitoring Netherlands (TMNL), con una administración general proveniente de la asociación bancaria de Holanda: Dutch Banking Association (NVB).

«En los próximos seis meses, los bancos estudiarán si esto es factible dados los desafíos técnicos y legales involucrados», dijo NVB en un comunicado, agregando que otros bancos podrían unirse a esta iniciativa en una etapa posterior.

NVB estima que circulan en los Países Bajos 16 mil millones de euros en fondos contaminados por delincuentes, la mayoría de los cuales están relacionados con el tráfico ilícito de drogas, un «grave problema social».

«Los bancos lo ven como un deber público importante para ayudar a resolver este problema», dijo el presidente de NVB, Chris Buijink, en un comunicado. «Quieren deshacerse de sus sistemas de criminalidad y están invirtiendo fuertemente» en sistemas de cumplimiento, tecnología y monitoreo para ese fin.

En los nuevos planes de monitoreo de transacciones, los bancos cooperarían más agresivamente con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Fiscalía, FIOD y, por ejemplo, los ministerios.

El año pasado, bajo obligaciones ALD, los bancos informaron 68.000 transacciones inusuales a la UIF, con un estimado de 15.000 de estas transacciones descritas por los analistas de la UIF como sospechosas. Los cinco bancos involucrados manejan 9.8 mil millones de transacciones de pago cada año, lo que equivale a 27 millones de transacciones diarias.

La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad importante para los bancos.

Se estima que actualmente entre 5.500 y 6.000 empleados bancarios en los Países Bajos trabajan directamente y a tiempo completo en este problema. De hecho, este es un tema de atención para todos los empleados bancarios y el problema también está siendo abordado activamente por los bancos a nivel internacional.

Además de que los bancos se responsabilicen, el tratamiento efectivo del lavado de dinero requiere un enfoque nacional.

La iniciativa de los bancos sigue directamente el Plan de Acción contra el Lavado de Dinero presentado por los Ministros Hoekstra (Finanzas) y Grapperhaus (Justicia y Seguridad) en julio. Los bancos están apoyando activamente este plan. Esta iniciativa es un importante paso siguiente para unirse y combatir la criminalidad financiera grave.

La medida es claramente una respuesta al escándalo del Danske Bank, todavía retumbante, que vio al prestamista más grande de Dinamarca enfrentarse a una gran cantidad de investigaciones, acusaciones y recriminaciones en varios países por su (inadecuado) monitoreo, informes y manejo de unos 200 mil millones de euros, en transacciones potencialmente sospechosas vinculadas a Rusia entre 2007 y 2015.

El escándalo expulsó a algunos de los principales líderes de los bancos en Dinamarca y Suecia e incluso colocó a los reguladores de las regiones bajo un estricto escrutinio.

No es sorprendente que la Comisión y el Parlamento de la UE hayan expresado inquietudes y hayan presentado medidas formales para crear un organismo de aplicación de la ley antilavado de dinero (ALD) que coloque a los reguladores de los estados miembros, no solo a los bancos, en el banquillo por falla en el cumplimiento.

Si bien habrá muchos desafíos técnicos, legales y de privacidad en este esfuerzo holandés, tiene un gran potencial para mejorar la eficiencia y la efectividad del cumplimiento de los delitos financieros y las investigaciones en las regiones involucradas.

Muchos bancos grandes de EE.UU. e internacionales ya han estado participando en esfuerzos similares, durante la última década, reuniendo los datos sobre clientes y transacciones junto con indicios de fraude, lavado de dinero y otros delitos financieros como una «asociación de bancos» bajo el amplio puerto seguro de la sección 314 (b) de la Ley USA Patriot.

Los esfuerzos han hecho que sea más difícil para un delincuente que realiza actividades ilícitas en un banco simplemente cruzar la calle hacia otra institución y comenzar a hacer las mismas cosas allí. Los bancos holandeses tienen un camino difícil por delante para reflejar mejoras similares, pero la facilidad para compartir el monitoreo de transacciones podría ser un poderoso primer comienzo.

Compañía de marketing de EE.UU. paga US$10 millones para resolver acusaciones de soborno en Perú y China

Quad / Graphics Inc. acordó pagarle a la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) casi US$ 10 millones para resolver las violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por esquemas de soborno y encubrimientos de larga data en Perú y China.

La compañía de marketing digital y de impresión desembolsó US$ 6,9 millones e intereses de aproximadamente US$ 960.000, y acordó pagar una multa civil de US$ 2 millones. La SEC resolvió la acción de cumplimiento mediante una orden administrativa interna y no acudió a los tribunales. La compañía llegó a un acuerdo sin admitir o negar los hallazgos de la SEC. Quad / Graphics violó las disposiciones antisoborno, libros y registros y controles internos de la FCPA, dijo la SEC.

La compañía también violó las leyes de sanciones de EE.UU. al ocultar transacciones con una compañía de telecomunicaciones cubana controlada por el estado.

El Departamento de Justicia decidió no enjuiciar a Quad / Graphics, según una carta de declinación. «Hemos llegado a esta conclusión a pesar del soborno cometido por los empleados de las filiales de la Compañía en Perú y China», dijo el Departamento de Justicia.

En China, una subsidiaria llamada Quad / Tech Shanghai Trading Company, Ltd. usó agentes de ventas falsos para hacer y prometer pagos indebidos a empleados de clientes de los sectores privados y gubernamentales para ganar negocios.

En Perú, la subsidiaria de Quad / Graphics «pagó repetidamente o prometió sobornos a funcionarios del gobierno peruano para obtener contratos de venta y evitar sanciones, e intentó influir indebidamente en el resultado judicial de una disputa con la autoridad fiscal peruana».

Quad / Graphics Peru S.A. también creó registros falsos para ocultar el negocio ilegal de Cuba.

Entre 2011 y 2016, Quad / Graphics no logró «implementar un programa de cumplimiento sólido y mantener suficientes controles de contabilidad interna», dijo la SEC. La compañía tampoco pudo brindar a los empleados capacitación en cumplimiento.

En el ardid en Perú para sobornar a los jueces para obtener resultados favorables en litigios fiscales, dos altos ejecutivos con sede en Estados Unidos aprobaron una factura de un bufete de abogados de Perú por más de US$ 400.000. Ambos ejecutivos sabían sobre el esquema de soborno y el probable papel de la firma de abogados como intermediario, dijo la SEC.

Quad / Graphics salió a la bolsa en 2010 cuando adquirió la impresora canadiense World Color Press Inc. y sus 16.000 empleados.

La SEC dijo que a pesar de convertirse en una empresa que cotiza en bolsa con una gran fuerza laboral global y operaciones en áreas de alto riesgo, el programa de cumplimiento de Quad era «casi inexistente» en 2010. Quad / Graphics tiene hoy cerca de 21,000 empleados y operaciones en diez países.

La filial de Perú formaba parte de World Color Press. Su planta en Lima se especializa en imprimir libros de estudio y para exámenes escolares. También imprime directorios, revistas, catálogos, así como directorios telefónicos.

La SEC dijo que consideró los esfuerzos de autodivulgación, cooperación y reparación de Quad / Graphics.

Las acciones correctivas de Quad incluyeron el despido de empleados involucrados en la conducta inapropiada, otorgar al departamento de cumplimiento un papel más importante y más recursos, contratar a un nuevo Gerente de Cumplimiento de Comercio Internacional y reclutar y capacitar al nuevo personal de cumplimiento y auditoría interna con experiencia anticorrupción.

La Auditoría Forense para ayudar a combatir el delito financiero

Por Gerineldo Sousa Melo, CFCS
Subdirector Nacional de Auditoría General
Contraloría General de la República de Panamá

Gerineldo Sousa será orador de la VII Conferencia Anual Latinoamericana sobre delitos Financieros de ACFCS el 24 y 25 de octubre de 2019

Esta es la primera entrega (de tres partes) del extracto del nuevo libro escrito por Gerineldo Sousa Melo: “Rol de la Auditoría Forense, como medio probatorio de delitos financieros”. Gerineldo, es el Subdirector Nacional de Auditoría General de la Contraloría General de la República de Panamá. En las próximas semanas ACFCS publicará la segunda y tercera parte.

La auditoría forense como medio probatorio

Continuamente se me ha consultado sobre cuál es el principal papel de un auditor forense en la investigación de un delito económico y en qué se diferencia al trabajo realizado por un auditor financiero o un auditor interno, ya que consideran que  no existe una clara diferencia en los resultados obtenidos.

Antes de profundizar en ampliar lo indicado, en el párrafo anterior, es importante aclarar algunos conceptos vinculados a la auditoría forense, con la finalidad de aclarar las incertidumbres presentadas, debo plasmar lo que se define como el objetivo tanto de la auditoría financiera y la auditoría interna.

El objetivo de la auditoría financiera independiente se presenta en la Norma Internacional de Auditoría (NIA) No. 200, que lo establece como obtener una certeza razonable de que los estados financieros en su conjunto, con un alto nivel de seguridad y suficiente evidencia para reducir el riesgo de auditoria, están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, que le permita al auditor expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en todos sus aspectos significativos, de acuerdo con un marco de información financiera aplicable, y emitir un informe sobre los estados financieros y comunicar las conclusiones de auditoría.

En el caso de la auditoría interna, el Instituto Internacional de Auditoría interna, la define como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización.

Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.

Ampliando la definición del Instituto de Auditores Internos, se considera a la auditoría interna como una actividad que tiene por objetivo fundamental examinar y evaluar la adecuada y eficiente aplicación de los sistemas de control interno, velando por la preservación de la integridad del patrimonio de una entidad y la eficiencia de su gestión económica, proponiendo a la dirección las acciones correctivas pertinentes.

Lo indicado se logra a través de los siguientes procedimientos:

  1. Los objetivos fijados son eficientes, que permiten asegurar el cumplimiento de las políticas establecidas.
  2. Hace recomendaciones para el mejoramiento de las políticas, procedimientos, sistemas, normas entre otras.
  3. Suministra un medio de proveer un mayor grado de delegación de autoridad y si es necesario, un medio para facilitar la descentralización de las operaciones

En base a lo anterior, analicemos, una de las múltiples definiciones que he podido encontrar al estudiar libros o material de referencia de auditoría forense y donde se indica lo siguiente:

“Es una auditoría especializada en investigaciones legales para facilitar la administración de justicia, ya que descubre, divulga y atesta sobre fraudes y delitos económicos”

Considerando lo expuesto, es importante segmentar cada una da los conceptos contenidos en la  definición, de la siguiente forma:

Auditoría especializada

La auditoría, etimológicamente viene del verbo latino “audire”, que significa ‘oír’, que a su vez tiene su origen en los primeros auditores que ejercían su función juzgando la verdad o falsedad de lo que les era sometido a su verificación, principalmente mirando.

Sin embargo, también se dice que viene del verbo en inglés “to audit”, que significa ‘revisar’ o ‘intervenir’.

Se refiere a las pruebas que se realizan a la información financiera, operacional y/o administrativa con base en el cumplimiento de las obligaciones jurídicas o fiscales, así como de las políticas y lineamientos establecidos por la propia entidad de acuerdo a la manera en que opera y se administra.​

La finalidad de una auditoría es el certificar la confiabilidad de los Estados Financieros para los usuarios, para lo que el auditor tiene que diseñar y aplicar procedimientos que le ayuden a obtener la información apropiada para después generar conclusiones razonables y emitir una opinión independiente sobre la presentación de las cifras que aparecen en dichos estados.

Cuando se identifica a la auditoría forense como una auditoría especializada, lo que se indica es que la misma es una forma de obtener evidencias para ser aportadas en una demanda judicial o sustentar hechos en una auditoria forense preventiva.

Es especializada porque tiene como objetivo la investigación criminalística, integrada en el ámbito de la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales y enfocados hacia habilidades en finanzas y de negocio.

Este tipo de auditoría lleva consigo un amplio y complejo equipo de profesionales, entre los que podemos encontrar: auditores, informáticos, abogados, contadores, grafo técnico, etc.

El equipo será variable y se compondrá en función del tipo del delito financiero, empresa auditada, su actividad, dimensiones, empleados, tipo de operaciones y demás elementos importantes a tener en cuenta.

Investigaciones legales

Se define que la auditoría forense realiza investigaciones legales, ya que al recopilar las evidencias que sean pertinentes a un hecho investigado y que su recopilación sea de manera lícita, se ajusta a la valoración como prueba judicial, considerando medios de prueba desde el punto de vista de la norma legal.

Orientada a identificar la existencia de fraudes mediante una profunda investigación llegando a establecer entre otros aspectos los siguientes:

  1. Determinar la cuantía del fraude
  2. Efectos directos e indirectos
  3. Posible tipificación
  4. Presuntos autores
  5. Cómplices y encubridores

Cabe destacar que en reiteradas ocasiones los resultados obtenidos de un trabajo de auditoria forense son puestos a consideración de la justicia; quien se encargará de analizar, juzgar y dictar la sentencia respectiva, sobre todo en aquellos casos en que la ley, así lo determine.

El autor Pedro Miguel Lollett R., indica que la auditoria forense es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales.

El análisis resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional.

Para facilitar la administración de justicia

Como se ha indicado en los puntos anteriores, al ser la auditoría forense una forma de recolectar evidencias de forma confiable y con valor probatorio, sobre hechos que conllevaron a un delito económico, le permitirá a un Juez, tomar mejores decisiones, ya que al no ser parte de su expertis lo relativo al manejo financiero, descansará en el informe pericial que confeccione un profesional de la auditoria forense, basando su decisión en las reglas de la sana critica.

Podemos afirmar que el papel del auditor forense será de mucha utilidad para los administradores de justicia en emitir decisiones judiciales, apegadas a la busca de la verdad de los hechos.

Descubre, divulga y atesta sobre fraudes y delitos económicos

En la parte final de la definición, se presentan tres conceptos, vinculados directamente al rol del auditor forense en la investigación, y que significa lo siguiente:

Descubre

Al planificar su trabajo, el auditor forense producto de las competencias asociadas a su escepticismo y juicio profesional identifica las técnicas y procedimientos para recopilar las evidencias de los hechos y tener la capacidad para formarse una opinión de lo investigado.

El concepto de descubrir se asocia al trabajo de investigación realizado por el auditor forense sobre la base del objetivo que se definió al momento de la solicitud de la auditoría preventiva o detectiva.

Mediante esta acción, el auditor forense procesa toda la información que se le facilita para hacer las evaluaciones y  determinar un resultado basado en la evidencia obtenida de  forma lícita y que sea pertinente al hecho.

Divulga

El auditor forense no solamente debe tener la capacidad de ejecutar un estudio de los hechos donde exista la probabilidad de la comisión de un delito económico, sino que contar con una excelente contar con un excelente manejo de la comunicación, tanto oral como escrita, ya que un caso puede ser desacreditado o desconocido en la corte, si el informe no presenta los hechos de forma clara, concisa, entendible y principalmente sin errores gramaticales o aritméticos.

La divulgación es la forma de confeccionar el informe pericial, donde sus afirmaciones estén respaldada con evidencias que no solamente sustenten dichas aseveraciones; sino que justifiquen todos los elementos que lo componen.

Ateste

Siempre he manifestado, que el trabajo de un auditor forense no concluye con la emisión de un dictamen pericial, ya que todo lo obtenido en su labor, y que haya transcrito en su informe, debe ser presentado ante el tribunal, en los casos de una auditoria forense detectiva y ser sometido a preguntas y repreguntas de las partes involucradas.

Dominar el arte de la comunicación, no solamente es la característica para que su trabajo sea aceptado; ya que es necesario conocer la forma de presentar su testimonio, que conlleve su aceptación.

El objetivo de la investigación

Una estrategia bien estructurada de respuesta a una instancia de fraude, se inicia con el establecimiento del objetivo de la investigación; es decir, es necesario hacerse preguntas como

  1. ¿Deseamos conocer el modus operandi del posible fraude para remediar la falla de control?
  2. ¿Quiénes están involucrados?
  3. ¿Existe un perjuicio económico?
  4. ¿Tiene una relación costo-beneficio tratar de recuperar el monto afectado?
  5. ¿Se desea llegar a instancias legales?, entre otras.

La complejidad del proceso de investigación está determinada por estas preguntas, aunque cada interrogante establece ciertas diferencias en términos de la profundidad, sobre todo en la forma en que se reportan los resultados.

Si no se entiende el objetivo de la investigación desde el inicio, se corre el riesgo de desperdiciar tiempo y recursos.

Es donde se define cual es la naturaleza de la investigación, en base a los indicios establecidos al momento de evaluar las evaluaciones previas.

En esta fase el auditor forense debe recabar toda la información del hecho a investigar a través de la lectura del expediente, una vez haya tomado posesión ante la autoridad competente.

Esto le permitirá determinar el objetivo de la investigación, las técnicas y procedimientos a utilizar para recabar las evidencias confiables, completas y pertinentes, el equipo de profesionales expertos necesarios para obtener resultados.

En muchas ocasiones, la primera reacción ante una situación de fraude es de incredulidad, ya que la gerencia de la organización, en general, conoce personalmente al perpetrador, así suele pensarse que el fraude es un caso aislado. Sin embargo, en nuestra experiencia, la sospecha de un fraude representa sólo la punta del iceberg.

En la mentalidad del auditor en general y de manera especial del auditor forense, debe estar presente que la entidad investigada y sus funcionarios, siempre se empeñarán en presentar la información que ellos quieren que se examine, y por todos los medios tratarán de no mostrar la información que pueda conducir a la detección e investigación del fraude.

Por tanto, otro de los retos más importantes que enfrenta el auditor forense, es buscar, indagar y analizar la parte oscura, oculta o no perceptible de la información.

La SEC ordena a empresa Blockchain pagar una multa de US$ 24 millones por un ICO no registrad0

La Comisión de Bolsa y Valores anunció resolver cargos contra la compañía de tecnología blockchain Block.one por realizar una oferta inicial no registrada de monedas digitales (ICO) que recaudó el equivalente a varios miles de millones de dólares en aproximadamente un año. La compañía acordó resolver los cargos pagando una multa civil de US$24 millones.

Según la orden de la SEC, Block.one, que tiene operaciones en Virginia y Hong Kong, realizó una ICO entre junio de 2017 y junio de 2018. La orden determina que Block.one declaró que usaría el capital recaudado en la ICO para gastos generales, y también para desarrollar software y promover blockchains basados en ese software.

La oferta y venta de Block.one de 900 millones de tokens comenzó poco antes de que la SEC publicara el Informe de Investigación DAO y continuó durante casi un año después de la publicación del informe, y finalmente recaudó miles de millones de dólares en activos digitales a nivel mundial, incluida una porción de inversores estadounidenses. Block.one no registró su ICO como una oferta de valores de conformidad con las leyes federales de valores, ni calificó ni solicitó una exención de los requisitos de registro.

«Varios inversionistas estadounidenses participaron en la ICO de Block.one», dijo Stephanie Avakian, codirectora de la División de Cumplimiento de la SEC. «Las compañías que ofrecen o venden valores a inversionistas estadounidenses deben cumplir con las leyes de valores, independientemente de la industria en la que operan o las etiquetas que colocan en los productos de inversión que ofrecen».

«Block.one no proporcionó a los inversionistas de ICO la información a la que tenían derecho como participantes en una oferta de valores», dijo Steven Peikin, codirector de la División de Cumplimiento de la SEC. «La SEC sigue comprometida a presentar casos de ejecución cuando los inversionistas se ven privados de información material que necesitan para tomar decisiones de inversión informadas».

La orden de la SEC determina que Block.one violó las disposiciones de registro de las leyes federales de valores y exige que pague una multa civil de US$ 24 millones. Block.one aceptó la orden sin admitir o negar sus conclusiones.

La investigación fue realizada por Luke M. Fitzgerald y Tuongvy Le, y fue supervisada por John O. Enright, de la Unidad Cibernética de la SEC y la Oficina Regional de Nueva York.

Fuerte ofensiva de OFAC contra Fintech e instituciones financieras extranjeras que muevan fondos vinculados al terrorismo

Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros.

«Las instituciones financieras extranjeras deben tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades ilegales de los grupos terroristas designados por Estados Unidos, sus miembros y sus partidarios», Sigal Mandelker, subsecretaria del Departamento del Tesoro de EE.UU. para el terrorismo y la inteligencia financiera, dijo en declaraciones preparadas para un discurso la semana pasada en el marco de la cumbre anual del International Institute for Counterterrorism en Israel.

La semana pasada, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva en la lucha contra el terrorismo que expande significativamente los poderes antiterroristas de EE.UU. y se adentra en el campo de las monedas virtuales y el entrenamiento en el ciberespacio.

En materia de monedas digitales o criptográficas Mandelker señaló que las organizaciones terroristas y sus simpatizantes buscan constantemente nuevas formas de recaudar y transferir fondos sin ser detectados o rastreados y si bien la mayoría de los grupos terroristas aún dependen principalmente del sistema financiero tradicional y del efectivo para transferir fondos, sin controles sólidos, las criptomonedas podrían convertirse en la próxima frontera.

A principios de este año, en febrero de 2019, EE.UU. determinó que HAMAS solicitó donaciones con bitcoin a través de las redes sociales, utilizando dos direcciones de bitcoin. A fines de marzo de 2019, esas dos direcciones conocidas habían recibido al menos US$ 5.000 en bitcoins. “Si bien esto puede no parecer mucho dinero, un análisis de FinCEN encontró que las remesas vinculadas al terrorismo promediaron menos de US$ 600 por transacción. Como sabemos, el costo de llevar a cabo un ataque terrorista puede ser muy bajo”, señaló la funcionaria.

La industria de activos digitales ha gastado una enorme cantidad de energía y experiencia en el desarrollo de nuevos sistemas para transmitir valor, y ahora el gobierno de EE.UU. apunta a que esa industria aproveche esa experiencia tecnológica y la aplique a los problemas difíciles que deben resolverse en las finanzas ilícitas, tanto porque no hacerlo sería una amenaza a la seguridad nacional, como porque es la única forma para lograr la aprobación regulatoria.

Estados Unidos remarca que trabajará con gobiernos de todo el mundo para asegurarse de que no sobrevivan las compañías y fintechs que incumplan las obligaciones.

Esta expansión de las autoridades de OFAC ayudará a EE.UU. a adaptarse mejor a las amenazas en evolución.

En primer lugar, EE.UU. amplía las sanciones secundarias para cubrir a todos los terroristas designados bajo el programa de sanciones. Esto permitirá apuntar a instituciones financieras extranjeras que, a sabiendas, facilitan transacciones financieras significativas para terroristas. EE.UU. utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades de los grupos terroristas designados por EE. UU., sus miembros y sus partidarios.

Las instituciones financieras extranjeras no son solo bancos, también incluye negocios de servicios monetarios, cambistas y administradores de criptomonedas, entre otros.

En segundo lugar, la orden ejecutiva mejora la capacidad del gobierno de EE.UU. para atacar rápida y eficientemente a líderes y miembros de grupos terroristas.

En tercer lugar, se establece una disposición extremadamente importante que permite al gobierno de EE.UU. apuntar no solo a quienes realizan simulacros en campos de entrenamiento, sino también a aquellos que participan en la capacitación brindada por terroristas a través de Internet y otras plataformas de telecomunicaciones.

Como parte de esta medida, Los Departamentos del Tesoro y de Estado también anunciaron la designación de 28 individuos y entidades, que representan a líderes, operativos y financieros, de 11 grupos terroristas en todo el mundo.

Desde el comienzo del gobierno de Trump, en los numerosos programas de sanciones, EE.UU. ha emitido más de 190 tramos de sanciones dirigidas a más de 2.600 personas, entidades, embarcaciones y aviones. En 2018, la OFAC sancionó a más terroristas y simpatizantes del terrorismo que en cualquiera de los últimos 15 años.

En el gobierno de Trump, EE.UU. también concentró esfuerzos para combatir las redes financieras globales de Hezbolá. Desde 2017, EE.UU. ha sancionado a los partidarios de Hezbolá en más de 20 países, incluidos Europa, África Occidental y Medio Oriente. Solo en 2018, el Departamento del Tesoro designó a más de 40 personas y entidades afiliadas a Hezbolá, más que en cualquier año anterior.

Esas cifras resaltan el enfoque del gobierno de utilizar las sanciones como una herramienta de política exterior en todo el espectro geopolítico.

Según las nuevas reglas, los dos departamentos responsables de imponer sanciones ya no necesitan desarrollar expedientes detallados que vinculen a altos funcionarios o agentes involucrados en grupos terroristas a ataques o actos específicos. Si una persona ahora se encuentra en la opacidad de Internet obteniendo instrucciones para fabricar una bomba, ya es suficiente para ser designado por parte de la OFAC.

Esta nueva autoridad es un cambio importante frente a la situación en el pasado no solo porque facilita la emisión de sanciones sino porque ahora cualquier institución financiera que sea encontrada manejando fondos para terroristas incluidos en la lista o sus partidarios corre el riesgo de ser recortada del sistema financiero de EE.UU.

La industria de criptomonedas se apresura a cumplir con los nuevos estándares ALD/CFT que obligan a las compañías a compartir información sobre los clientes

Los estándares adoptados en junio por el Grupo de Acción Financiera Internacional requieren que los cambistas de criptomonedas, algunos proveedores de billeteras digitales y otras empresas envíen datos de los clientes, incluidos nombres y números de cuenta, a las instituciones que reciben transferencias de fondos digitales, similar a una transferencia bancaria. El objetivo de la llamada regla de viaje –travel rule—es ayudar a las autoridades de ley a rastrear actividad sospechosa.

Llegar a determinar cómo cumplir con los estándares está mostrando ser una tarea nada sencilla. Las empresas criptográficas no tienen la infraestructura para enviar datos de clientes entre sí, según apuntan algunos ejecutivos de la industria. También existe el desafío de lograr que las empresas de una industria descentralizada lleguen a un consenso sobre cómo se debe financiar y gobernar un sistema para compartir información.

Según las pautas del GAFI, las criptoempresas deben transmitir los datos de los clientes a otras instituciones financieras al transferir US$ 1.000 o más. Una regla similar ha estado vigente para las instituciones financieras estadounidenses desde 1996.

Las directrices del GAFI tienen como objetivo alentar a los países a fortalecer sus regulaciones de criptomonedas.

La regla de viaje también tiene la intención de proporcionar una pista de auditoría que los investigadores puedan usar después de un ataque terrorista o en las investigaciones de delitos financieros, y brindar a los reguladores una herramienta para implementar sanciones selectivas.

El desafío que enfrenta la industria es desarrollar un enfoque para enviar y recibir datos de los clientes de manera segura y estandarizada. Los ejecutivos de la industria se reúnen regularmente, participan en grupos de trabajo y evalúan las propuestas de los proveedores de tecnología. Encontrar un camino a seguir podría llevar varios meses, señalan los oficiales de cumplimiento y otros ejecutivos de la industria argumentando que la industria está analizando las soluciones tecnológicas que existen en la actualidad.

Los requisitos del GAFI han sido criticados dentro de  la industria entre otras cuestiones porque pueden ser costosos para las nuevas empresas y potencialmente inadecuadas para una industria que otorga un valor cultural a las transacciones anónimas. Existe la preocupación de que la regla de viaje pueda alentar a clientes que se sientan intimidados por esta obligación a utilizar más transacciones entre pares –peer-to-peer—anónimas.

Algunos ejecutivos plantean que el nuevo enfoque se basa en cómo aplicar reglas tradicionales en una realidad nueva en lugar de buscar nuevas alternativas para que, por ejemplo, la tecnología de blockchain ayude a las agencias de aplicación de ley.

Los ejecutivos señalan que están lidiando con varios desafíos logísticos a medida que buscan la mejor manera de cumplir. El principal de ellos es cómo compartir información para que solo otros intercambios y empresas obligadas a cumplir con la regla de viaje puedan verla. El riesgo es que los datos del cliente terminen en las manos equivocadas.

Si algunos países, por ejemplo los países que no pertenecen al GAFI, adoptan un conjunto diferente de reglas para las transferencias de dinero, podría crear una gran cantidad de regulaciones que las empresas de cifrado deberán cumplir.

El GAFI dijo en junio que supervisaría el cumplimiento por parte de los países y las empresas y realizaría una revisión de 12 meses en junio de 2020. Los ejecutivos estiman que poner en marcha un sistema de cumplimiento para entonces es un objetivo ambicioso. Los próximos meses serán una prueba para la industria emergente.