México debe reforzar sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero, según el GAFI
A pesar de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha concluido en su más reciente evaluación de México que el país cuenta con un régimen para combatir el lavado de dinero maduro y que ha habido una mejora significativa en algunas áreas de su sistema ALD/CFT en comparación con 2008 –cuando el país fue evaluado por última vez— señala que el país enfrenta un importante riesgo de lavado del dinero proveniente principalmente de las actividades asociadas con el crimen organizado, como el tráfico de drogas, la extorsión, la corrupción y la evasión fiscal.
Si bien México inició algunos casos importantes, el lavado de dinero no es investigado y denunciado de manera proactiva y sistemática, sino más bien de manera reactiva, caso por caso, a pesar del hecho de que recientemente se han llevado a cabo algunas investigaciones de alto perfil, señala el informe que se dio a conocer esta semana.
Si bien el sector financiero mexicano «demuestra un buen entendimiento» de las principales amenazas de lavado de dinero por parte de los grupos del crimen organizado, las empresas no financieras tienen una apreciación «limitada» del riesgo, según el informe. Si bien las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) reconocen la amenaza general del crimen organizado para México su entendimiento de las amenazas y riesgos de lavado de dinero parece limitado.
También es limitado, tanto por las instituciones financieras como por las APNFD, el conocimiento de las técnicas de lavado de dinero más complejas, como el uso indebido de personas jurídicas/morales, es limitado.
El GAFI, con sede en París, establece los estándares globales para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Los países que no implementan sus estándares corren el riesgo de ser etiquetados como jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes.
El Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General señalaron en un comunicado conjunto que la evaluación del GAFI reconoció que México tiene un plan maduro para la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, pero que necesita trabajar en algunos aspectos, especialmente contra el lavado de dinero.
El reporte indica que el país enfrenta riesgos principalmente relativos a lavado de dinero y por ende deben fortalecerse diversas acciones tales como priorizar las investigaciones en la materia, el decomiso de bienes ilícitos, la supervisión de actividades vulnerables no financieras y la identificación de beneficiarios finales de activos y empresas, señala el comunicado.
“Hasta hace relativamente poco, la PGR (la fiscalía general) no consideró como una de sus prioridades centrales la identificación e investigación del lavado de dinero”, dice la evaluación. “En consecuencia, el número de casos y condenas por lavado de dinero es muy bajo”.
El informe identificó «deficiencias significativas» en la forma en la que se investigan los casos de lavado de dinero, señalando que «rara vez» son investigados o procesados como una ofensa independiente y son «muy raramente» manejados en paralelo a una investigación existente. La corrupción en las agencias de ley socava su capacidad para procesar, según el informe.
Según el GAFI, los métodos de lavado de dinero en México incluyen el uso de empresas fantasmas o fachada para ocultar la propiedad efectiva; la compra y venta de bienes inmuebles y bienes de alto valor y el contrabando de efectivo a lo largo de la frontera. La ocultación de la propiedad beneficiosa o del beneficiario final es motivo de especial preocupación, según el informe, porque solo se identifican «en una medida limitada», lo que obstaculiza a las compañías financieras y no financieras en sus esfuerzos por evaluar adecuadamente el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo.
El alto uso de efectivo y una economía informal relativamente grande aumentan significativamente el riesgo de que el fondos ilícitos puedan ser canalizados a la economía formal regulada, señala el informe, “no obstante, de acuerdo con el análisis del Banco de México, las restricciones a las instituciones financieras para recibir efectivo en dólares estadounidenses han resultado en una disminución significativa en el volumen de dólares en efectivo, tanto en el depósito como en la extracción del efectivo del sistema financiero. Sin embargo, el uso de pesos mexicanos como efectivo ha aumentado”.
En gran parte debido a deficiencias en el marco legal, las instituciones financieras buscan identificar a los beneficiarios reales o finales solo «en circunstancias limitadas», y cuando lo hacen, se basan en la autodeclaración del cliente. Las compañías no financieras no creen que sea su función identificar a los beneficiarios finales, según el informe.
A pesar de los riesgos significativos en toda la economía, la mayoría de las autoridades clave comprenden bien este riesgo y existe una buena coordinación de políticas, dijo el GAFI. Se está desarrollando una estrategia nacional para abordar el lavado de dinero basada en los hallazgos de la evaluación nacional de riesgo, que finalizó en junio de 2016.
«El éxito de estas medidas dependerá de su correcta implementación», afirma el informe.
La declaración del gobierno señala que el informe del GAFI exige una mayor capacitación para las autoridades pertinentes. México dijo que el gobierno ha progresado en mejorar la identificación de los beneficiarios finales en el sector financiero desde que el equipo de evaluación del GAFI visitó México en marzo de 2017, con modificaciones a las Disposiciones en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo que emite la SHCP y que se encuentran en proceso de implementación.
“Las autoridades manifiestan su compromiso para fortalecer las áreas de oportunidad detectadas, pero sobre todo para continuar salvaguardando el sistema financiero nacional y la supervisión de las actividades vulnerables a fin de tener una economía sólida, que siga cumpliendo con los mejores estándares internacionales en la materia, de forma que se garanticen las condiciones para prevenir las amenazas del Lavado de Dinero, el Financiamiento al Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, fortaleciendo la integridad financiera y contribuyendo así a la seguridad nacional de nuestro país”, termina el comunicado del gobierno.