Las recientes sanciones contra ICBC y Barclays evidencian brechas en la cultura de cumplimiento y riesgos internos
Por Brian Monroe
17 de diciembre, 2015
En dos recientes sanciones contra instituciones bancarias que involucraron dos países, tres reguladores y casi US$ 150 millones en multas, las falencias vinculadas a los controles contra el lavado de dinero y la corrupción parecen insinuar fallas importantes en una cultura de cumplimiento general, un punto al que los reguladores le están prestando especial atención.
Estas medidas que ocurrieron a días de diferencia a finales de noviembre implican una penalidad de US$ 109 millones contra Barclays por haber organizado un acuerdo o negociado secreto–valorado en más de US$ 2.000 millones—para clientes de alto poder adquisitivo y una multa –y primer acuerdo de enjuiciamiento diferido en el Reino Unido, DPA como se los llama en EE.UU.–de US$37 millones contra de ICBC Standard Bank por no haber impedido que una ex empresa afiliada sobornara a funcionarios en Tanzania con un pago de US$ 6 millones para obtener una colocación de US$600 millones de deuda soberana.
Estas medidas sancionatorias ponen de manifiesto una mayor presión por parte de los reguladores en EE.UU., Unión Europa y Reino Unido para que las grandes instituciones financieras implementen una fuerte «cultura de cumplimiento» que se extienda a todos departamentos, unidades de negocios, fronteras y clientes; algo que todavía no ha sido plenamente adoptado dado que algunas ambiciones comerciales le siguen prestando poca atención a los deberes de diligencia, de seguimiento u obligaciones de control.
El caso de Barclays, en particular, revela que casi cualquier programa de cumplimiento contra la delincuencia financiera puede ser anulado por gente dentro de la organización que tenga incentivos económicos para esquivar los controles que son creados para prevenir que entidades riesgosas o delictivas utilicen sus operaciones para mover fondos ilícitos a través del sistema financiero internacional.
En muchos casos, la corrupción a gran escala y los pagos para satisfacer las partes involucradas en estos ardides «no puede suceder sin la participación de los bancos», dijo Paul Pelletier, miembro de la firma de abogados Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky & Popeo en Washington.
En estos recientes casos de fallas en los controles para prevenir el lavado y la corrupción no hay «nada que los suavice», dijo. «No hay manera de justificar estas actividades. Los bancos no estaban haciendo su trabajo».
En uno de estos casos un banco esquivó uno de los controles antilavado de dinero clave, tal como la correcta implementación de medidas de diligencia debida del cliente para conocer al cliente y calibrar el riesgo de delitos financieros, y en el otro no pudo profundizar lo suficiente para identificar y actuar sobre señales de alerta de hechos de corrupción.
Pero eso no sorprende, ya que la suma de más de US$ 1.000 millones «no es una cantidad pequeña de dinero», dijo Pelletier, quien agregó que quienes conocen los controles de cumplimiento también pueden usar ese conocimiento para mantener una transacción o negocio «fuera de las redes de cumplimiento y sólo en el papel».
En la sanción de Barclays, los reguladores señalaron que el acuerdo no implicaba delitos financieros alguno. Sin embargo, el regulador acusa a Barclays de «no haber minimizado el riesgo», al haber estructurado un producto para ciertos clientes acaudalados entre 2011 y 2012 que los mantenían fuera de los sistemas de monitoreo del banco.
El acuerdo en cuestión nunca se ingresó y se registró en una computadora de Barclays, señala la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA). De hecho, el oscuro acuerdo incluía una cláusula donde se ofrecía pagar a los clientes hasta £37,7 millones si sus nombres nunca eran revelados.
Para prevenir que esto sucediera, los ejecutivos de Barclays se aseguraban que los documentos eran mantenidos bajo llave en un lugar que pocos conocían. “Barclays aplicó un nivel de debida diligencia más bajo que el que obligaba sus políticas para otras relaciones comerciales de bajo perfil de riesgo”, señaló la FCA.
Los clientes eran claramente de mayor riesgo debido a que muchos eran personas políticamente expuestas o PEP, y deberían haber sido objeto de un mayor nivel de diligencia debida, dijo el regulador. El banco ganó £52,3 millones con el acuerdo, conocido como «elephant deal» o «acuerdo elefante» que fue estructurado para pagar las ganancias a los clientes durante varios años.
Esta no es la primera vez que el banco se ha metido en problemas por fallas vinculadas a los controles para prevenir los delitos financieros. En 2010, Barclays pagó casi US$ 300 millones a las autoridades de EE.UU. por violación de los controles de cumplimiento y negociar con regímenes en las listas negras, incluyendo Irán, Libia y Sudán.
En la medida contra ICBC Standard Bank, el banco pagó US$ 36,9 millones en un acuerdo global con la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido — Serious Fraud Office— y la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. –SEC—para resolver una serie de cuestiones vinculadas a laxos procesos de debida diligencia y controles contra la corrupción.
La Oficina de Fraudes Graves acusó a la institución de no hacer lo suficiente para prevenir que una ex empresa sobornara a funcionarios en Tanzania desde 2012 hasta 2013.
La oficina de fraude dijo que Stanbic Bank Tanzania realizó un pago de US$ 6 millones en marzo de 2013 a un socio local con el objetivo de inducir a los miembros del gobierno de Tanzania a favorecer a Stanbic Tanzania en una colocación privada de US$ 600 millones para ser llevada a cabo a nombre del gobierno. La colocación generó tasas de transacción de US$ 8,4 millones para Stanbic Tanzania e ICBC Standard Bank.
Cuando se trata de mantener a la corrupción al margen, los bancos deben realizar ciertos procedimientos para minimizar el riesgo de quedar atrapado en el escrutinio de las partes involucradas, dijo Pelletier.
Estos incluyen:
Preguntar de dónde viene el dinero, ya sean individuos o empresas y hacer las cuentas para ver si se encuentra dentro del perfil de las entidades involucradas.
¿Las transacciones entrantes y salientes de la cuenta tienen sentido comercial?
¿Qué tan rápido suceden estas transacciones y hacia dónde va el dinero cuando sale?
¿Hay alguna jurisdicción involucrada que cuenta con laxos controles ALD, corrupción o de reconocido secretismo financiero?
¿Cuándo comenzó la compañía y cuál es la naturaleza comercial de la misma? ¿Tiene sentido que esté involucrada?
Una de las cosas más importantes para los reguladores es que estas iniciativas de diligencia debida e investigación sean significativas y «muestren que el banco se toma en serio tratar de llegar al fondo» de la cuestión para descubrir el verdadero riesgo de delitos financieros de las entidades involucradas.