Estatus de las nuevas obligaciones sobre la identificación de beneficiario final en EE.UU.
Estados Unidos propone nuevas reglas para una próxima base de datos sobre los beneficiarios finales en compañías constituidas en EE.UU., que las autoridades esperan combata el uso ilícito de empresas fantasmas.
Las nuevas regulaciones propuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre la futura base de datos corporativa sobre propiedad final o beneficiaros finales ofrecen nuevos detalles sobre qué empresas deberán enviar información y sobre quién.
A comienzos de este año el Congreso de EE.UU. aprobó una legislación que requiere que la UIF de EE.UU., FinCEN, cree una base de datos centralizada que contenga información sobre los propietarios de compañías de responsabilidad limitada y otras entidades corporativas.
FinCEN emitió la semana pasada su primer borrador de regulaciones para la nueva base de datos, que los legisladores esperan ayude a prevenir el uso ilícito de empresas fantasma por parte de delincuentes. Estas son algunas de las conclusiones clave del documento de 180 páginas sobre la reglamentación propuesta.
Las regulaciones propuestas abordan quién debe presentar información sobre el beneficiario final, cuándo debe hacerlo y qué información debe proporcionar.
Pero las regulaciones no abordan quién puede acceder al registro sobre beneficiario final y cómo obtendrán acceso. FinCEN dijo que las reglas eran solo el primero de tres conjuntos de reglas que planea publicar sobre la legislación que exige la creación de la base de datos, conocida como Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act, CTA). La agencia dijo que consideraría el acceso a la base de datos en otra regulación.
Las regulaciones tampoco cubren las obligaciones que se impondrán a los bancos y otras instituciones financieras como resultado de la base de datos, aunque ofrecen algunas pistas sobre cómo serían.
Los bancos están obligados a recopilar cierta información sobre sus clientes según una regulación de diligencia debida de clientes existente. La legislación requiere que FinCEN actualice su regulación sobre diligencia debida del cliente a más tardar un año después de que las nuevas obligaciones de informes entren en vigencia.
¿Quién es un beneficiario final y qué es un control sustancial?
FinCEN parece haber adoptado un enfoque expansivo para definir qué empresas deben presentar información y quién califica como beneficiario final.
La regulación propuesta define a un beneficiario final como cualquier individuo (persona natural / jurídica) que ejerza un control sustancial sobre una empresa informante, o que posea o controle al menos una participación del 25% en la empresa.
La oficina delineó tres indicadores de control sustancial: prestar servicios como ejecutivo superior de una empresa; contar con autoridad para el nombramiento o destitución de cualquier ejecutivo superior o de la mayoría de los miembros de la junta; y contar con suficiente influencia sobre asuntos importantes de la empresa.
La definición va más allá de las regulaciones previas para la presentación de informes sobre el beneficiario real, y exige que las empresas presenten información sobre cualquier número de propietarios, en lugar de determinar qué individuo individual se ajusta mejor a la definición.
¿Qué compañías deberán presentar su información sobre beneficiarios reales?
Los requisitos de información generalmente se aplican a corporaciones nacionales, compañías de responsabilidad limitada y otras entidades creadas mediante la presentación de un documento ante un secretario de estado, y a tipos similares de compañías extranjeras registradas para hacer negocios en EE.UU.
Los grupos de transparencia financiera han argumentado que cualquier exención a los requisitos de información debería mantenerse limitada para aumentar la efectividad general de la ley. Las regulaciones se apegan estrictamente a las definiciones proporcionadas por los legisladores para 23 exenciones al requisito, entre los que se incluyen emisores de títulos valores, bancos y compañías de seguros. Las exenciones cubren principalmente entidades que ya están sujetas a regulaciones que podrían requerir la divulgación de información sobre beneficiarios reales, según FinCEN.
Ciertos fideicomisos también podrían estar exentos de los requisitos establecidos en la Ley de Transparencia Corporativa, dijo FinCEN, ya que no están obligados a presentar un documento ante un secretario de estado.
¿Qué y cuándo se espera que informen las empresas?
Las empresas informantes solo necesitarán presentar cuatro datos sobre cada beneficiario final: nombre, fecha de nacimiento, dirección y un número de identificación único, como un número de identificación del contribuyente.
La regulación propuesta requerirá que las compañías informantes creadas antes de la fecha de vigencia de la regulación final presenten un informe inicial dentro de un año. Las empresas creadas después de la fecha de vigencia tendrán 14 días para presentar la información.
La regulación describe las sanciones para las empresas que intencionalmente proporcionen información inexacta o no proporcionen la información requerida por la Ley de Transparencia Corporativa.
¿Impondrán los requisitos de información una gran carga de cumplimiento para las pequeñas empresas?
FinCEN dijo que buscaba minimizar la carga sobre las empresas informantes, incluidas las pequeñas empresas. La oficina del Tesoro dijo que anticipa que el costo para las empresas sería de menos de US$ 50 para preparar y presentar un informe inicial de beneficiarios reales.
En comparación, la tarifa estatal para la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada puede costar entre US$ 40 y US$ 500, dijo FinCEN.
El período de comentarios sobre las regulaciones propuestas por FinCEN es de 60 días, hasta el 7 de febrero de 2022. La oficina dijo que también estaba trabajando en el desarrollo de la infraestructura, es decir, un sistema de tecnología de la información, para administrar los datos que eventualmente recopilará.