El cibercrimen ha sido el delito de mayor crecimiento en Colombia en 2017
Una labor coordinada entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Colombia ha permitido en 2017 la obtención de logros destacados en la lucha contra tres de los delitos que más afectan la seguridad ciudadana y concentran el mayor número de denuncias: el homicidio, el hurto y el cibercrimen.
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional adelantaron operaciones conjuntas para contrarrestar estos tres delitos en distintas regiones del país y con respecto al ciberdelito, apunta a reforzar los controles y estrategias para contrarrestar las intenciones de los delincuentes en internet.
El mundo virtual se ha convertido en uno de los escenarios más utilizados por los delincuentes en Colombia según esta iniciativa de Colombia. Las denuncias por casos de cibercrimen registran a la fecha un incremento del 28,36% respecto del año anterior, con casi 8.000 reportes en 2017, se trata del delito con mayor tasa de crecimiento en Colombia al cierre del año 2017.
Entre las modalidades que más afectan a los cibernautas están:
La suplantación de identidad para cometer actos ilícitos, que representaron un incremento del 33%.
La suplantación de sitios web para capturar datos personales, del 29%.
La estafa por la compra y/o venta de productos en Internet, del 15%.
El trabajo entre distintas instituciones, liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, ha permitido iniciativas para atacar el fenómeno: planes coordinados entre la Policía, la Fiscalía, el sector público-privado y agencias como Europol, Ameripol e Interpol, ha permitido que se llevaran a cabo este año 16 operaciones nacionales y 10 internacionales, con un saldo de 515 personas capturadas y 35 estructuras criminales desarticuladas.
En materia de pornografía infantil, se ha logrado el bloqueo de 3.891 páginas, se han capturado 56 personas, se han abierto 125 procesos investigativos y se han recibido más de 1.000 denuncias.
En el ámbito preventivo, la Estrategia Integral de Seguridad (ESCIB), de la cual hacen parte entidades privadas y gubernamentales, ha impactado a más de 600.000 personas a través de campañas pedagógicas y más de 1.150 ciudadanos han sido capacitados.
Fiscalía de Colombia solicita audiencia de imputación contra 24 personas
Continuando con la investigación que se adelanta por el caso denominado “Panamá Papers”, la Fiscalía de Colombia presentó a comienzos de mes su segunda fase de resultados en la que ha llamado a imputación a 24 personas entre representantes legales, revisores fiscales y contadores de 7 sociedades colombianas.
Las siete sociedades son: Broques S.A.S, Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S., Prodisur S.A., Servinsumus S.A., Mas S.A.S., Moreno Restrepo S.A y Faaca S.A.S.
Los investigados habrían utilizado dichas empresas para pagar por servicios inexistentes supuestamente prestados por sociedades ubicadas en el exterior, pero que resultaron ser simples fachadas controladas por Mossack Fonseca.
El objetivo habría sido el de transferir de manera irregular recursos fuera de las empresas para lo cual falsificaron su contabilidad.
Si bien las sociedades fachada que expedían las facturas se encontraban radicadas en Panamá, Costa Rica, España e Inglaterra, el seguimiento al dinero hecho por Colombia dio como resultado que los giros correspondientes al pago de las facturas iban a una misma entidad financiera en las Bahamas.
Llamados a imputación
Señala la Fiscalía de Colombia que en relación con estos hechos han sido llamados a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, revisores fiscales y contadores de las siguientes empresas:
Héctor Javier Ángel Pinzón, Juan Carlos Agudelo Álvarez, Darysol Linares Vega y Lyda Paola Barrera Blanco, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contadores de la sociedad Broquel S.A.S.
Gabriel Fernando Parra Nieto, Rodrigo Barrera Pinzón, María Constanza Tirado y Carlos Vásquez, quienes se desempeñaban como representante legal, representante legal suplente, revisor fiscal y contador de la sociedad Soluciones Empresariales y de Mercadeo S.A.S.
Rafael Eduardo Ardila Arenas, Jury Alexánder Avendaño Beltrán, Martha Ligia Galvis y Alba Del Pilar Rey Vega, quienes se desempeñaban como representantes legales, evisor fiscal y contadora de la sociedad Prodisur S.A.
Germán Rojas Delgado, José Ignacio López Rojas, revisor fiscal, y Hugo Báez Oliveros, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad SERVINSUMOS S.A.
Manuela Sierra Gutiérrez, Amalia Sierra Gutiérrez, Augusto Madrigal Múnera, y Diana Carolina Rojas, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad MAS S.A.S.
Federico Luis Moreno Vásquez, Paula Andrea Correa Correa y María Elena Gil Builes, quienes se desempeñaban como representante legal, revisor fiscal y contador de la sociedad Moreno Restrepo S.A.
Luis Alberto Rivillas Martínez e Iván Dario Salazar, quienes se desempeñaban como revisor fiscal y contador de la sociedad FAACA S.A.S.
Las anteriores personas se suman a las 20 ya vinculadas en la primera fase de la investigación, que fue anunciada en octubre. Así pues, con estas nuevas imputaciones 44 personas físicas en Colombia son vinculadas a la investigación de los denominados Panamá Papers.