EE.UU. aprueba nuevas medidas ALD/CFT para que las compañías provean información sobre los beneficiarios finales

El Senado de Estados Unidos aprobó la semana pasada una legislación que requiere que las empresas de Estados Unidos registren a sus verdaderos propietarios, una reforma que se viene pidiendo hace tiempo en EE.UU. y otros países para ayudar a combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

En la actualidad, muchas empresas no tienen ninguna obligación federal de identificar al verdadero beneficiario de sus operaciones, y las regulaciones de muchos estados permiten a los propietarios de las corporaciones ocultar sus identidades a través de empresas fantasmas o agentes que registran o constituyen empresas en su nombre.

Aquellos que abogan por una mayor transparencia han dicho durante mucho tiempo que la obligación de contar con la información de los beneficiarios reales evitará que los grupos terroristas, los carteles de la droga y los traficantes de armas utilicen empresas fantasmas para mover dinero para apoyar sus operaciones. Pero algunos grupos de defensa corporativa se han opuesto a las reglas, argumentando que son demasiado pesadas para las pequeñas empresas legítimas.

El proyecto de ley ahora espera la firma del presidente Trump que, si bien podría vetar el proyecto, el Congreso podría anular un veto. El voto del Senado superó la mayoría de dos tercios necesaria para anular un veto. La Cámara de Representantes aprobó la aprobación final por una mayoría de 335 a 78 a prueba de veto.

¿Cuáles serán las obligaciones de las reglas sobre beneficiarios reales?

Si se aprueba, el Departamento del Tesoro tendría un año para emitir regulaciones que detallen los distintos punos sobre cómo cumplirían las empresas.

Una vez que esas regulaciones entren en vigor, muchas compañías nuevas creadas en EE.UU. tendrán que revelar inmediatamente el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección y un número de identificación emitido por el gobierno—tales como el número de licencia de conducir o el número de pasaporte— del beneficiario final de la compañía. Las empresas existentes tendrían dos años para cumplir. Las empresas tendrán que actualizar la información cuando haya un cambio de propiedad.

Los analistas esperan que los estados desarrollen formas de recopilar y proveer la información al Departamento del Tesoro en el momento en que se crea y se registra una entidad.

Se estima que la información quedaría en un registro administrado por FinCEN (la Unidad de Información Financiera de EE.UU.). No estará disponible para el público, pero las autoridades federales tendrían acceso a los datos. Las instituciones financieras tendrían acceso con el consentimiento del cliente.

Muchas empresas están exentas. Las empresas que cotizan en bolsa y ciertas empresas que están reguladas por el gobierno federal no tendrían que informar, por ejemplo. Tampoco lo harían las empresas con más de 20 empleados tiempo completo, con US$ 5 millones en ventas anuales y un lugar físico de negocios.

¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra?

Aquellos que buscan una mayor transparencia corporativa han intentado aprobar una legislación sobre beneficiarios reales durante más de una década.

“Prácticamente todos los funcionarios de seguridad nacional y de aplicación de la ley que han analizado el tema han pedido el fin de las empresas anónimas”, señaló la semana pasada Ian Gary, director ejecutivo de Financial Accountability and Corporate Transparency Coalition de EE.UU. (Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa). «Es el cambio más importante que puede hacer nuestro país para proteger mejor nuestro sistema financiero del abuso».

Los funcionarios de seguridad nacional, las agencias de ley, bancos, defensores de los derechos humanos y reguladores han apoyado las nuevas normativas. La administración Trump, al igual que sus predecesores, también presionó al Congreso para que cambiara las reglas. Los funcionarios de los departamentos de Defensa, Estado y Tesoro también fueron defensores de este nuevo enfoque. El presidente electo Joe Biden también ha apoyado los esfuerzos para aumentar la transparencia en torno a las empresas fantasmas.

Pero grupos como la Cámara de Comercio de EE.UU. se habían opuesto a los cambios por cuestiones que iban desde la privacidad hasta la preocupación de que el cumplimiento sería demasiado costoso o consumiría mucho tiempo para las pequeñas empresas. La Cámara abandonó su oposición después de que los legisladores abordaron los temas preocupantes para el grupo relacionados con la privacidad.

La Federación Nacional de Empresas Independientes (NFIB por sus siglas en inglés) emitió cartas de oposición a la Cámara y al Senado esta semana. El proyecto de ley «crea una regulación onerosa para las pequeñas empresas que ya están luchando debido a la pandemia de Covid-19», dijo el viernes Kevin Kuhlman, vicepresidente de la NFIB.