Con una nueva ley anticorrupción, Brasil tiene en la mira a las compañías internacionales y también las locales
[private]Fecha: 12 de Febrero de 2014
Por: Daniela Guzmán
En los últimos años, el auge económico de Brasil ha transformado al país sudamericano en una emergente potencia mundial, y atrajo una ola de empresas multinacionales e inversión extranjera. Con la entrada en vigor de una nueva e importante ley contra la corrupción a fines del mes pasado, Brasil está entrando en una nueva clase de naciones: aquellas que imponen nuevas y duras medidas para combatir y evitar el soborno de funcionarios públicos por parte de la comunidad empresarial.
La Ley Anticorrupción (Lei Anticorrupção) prohíbe el soborno de funcionarios públicos, nacionales y extranjeros, por parte de compañías y otras entidades legales creadas en Brasil. También se extiende a entidades multinacionales con importantes conexiones en Brasil.
Probablemente la ley obligue a las empresas que operan en Brasil a reforzar sus programas anticorrupción, poniendo la carga sobre las empresas para que revisen o creen programas de cumplimiento que aborden el tema de la documentación de los negocios con el gobierno, los pagos de facilitación, y la lucha contra la corrupción en general.
La ley comparte muchas de las disposiciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EEUU (FCPA) y la Ley Antisoborno del Reino Unido (UKBA), y entró en vigor el 29 de enero de 2014. La presidente de Brasil, Dilma Rousseff, firmó la ley apenas un mes antes de la última Cumbre del G-20, que apunta en parte en los efectos nocivos de la corrupción sobre el desarrollo internacional.
La ley impondrá estrictas sanciones civiles y administrativas a las personas jurídicas, además de las de las leyes existentes. Curiosamente, la ley apunta a los ingresos de la entidad como un mecanismo de aplicación. Las compañías que violen la ley enfrentarán sanciones que van desde 0,1% al 20% de los ingresos brutos, dependiendo de la gravedad de la violación. Si la alta dirección de la entidad ayuda a orquestar un esquema de soborno, por ejemplo, las sanciones serían sustancialmente más altas.
A pesar de las similitudes con la FCPA, no hay cargos penales en la ley de Brasil
Además de las sanciones pecuniarias, la ley incluye un elemento de deshonra pública. Una empresa que infringe la ley tendrá que publicar un aviso en un periódico brasileño que detalle la violación y las sanciones que han pagado.
A pesar del potencial para imponer severas sanciones monetarias, no es factible aplicar sanciones penales en virtud de la nueva ley. Sin embargo, la aprobación de la ley justo antes de la Copa del Mundo de fútbol parece ser una señal de que el gobierno brasileño está haciendo un importante esfuerzo para luchar contra la corrupción antes de que se conviertan en el centro de la atención mundial.
Una característica que comparte con la UKBA del Reino Unidos es que una empresa puede ser absuelta si prueba que cuenta con un programa de cumplimiento fuerte y defendible. Se trata de una notable diferencia con la FCPA, que no hace tales promesas a las empresas atrapadas en violaciones.
La novedad de la ley significa que las compañías enfrentan un confuso escenario de cumplimiento
A pesar de que la ley coloca la carga sobre los hombros de las empresas para que revisten sus programas de cumplimiento anticorrupción, la ley es tan nueva que los estándares de cumplimiento y regulación todavía no están claros.
Por el momento, la Oficina de la Contraloría General (Controladoria-Geral da União, CGU), ha señalado que van a emitir una guía oficial sobre lo que constituye un programa de cumplimiento adecuado. Al momento de la promulgación de la ley, no había una decisión definitiva sobre cómo se evaluarán las empresas.
Una vez emitida, esta guía será la primera directriz federal sobre cómo las empresas afectadas deben continuar. Sin embargo, los gobiernos municipales de Brasil serán los encargados de hacer cumplir la ley basándose en cada caso.
La ley repercutirá más allá de las fronteras de Brasil
En un seminario realizado por la Cámara Brasileña-Estadounidense de Comercio en Miami, los expertos hicieron hincapié en el efecto de la ley sobre las empresas multinacionales, para mostrar que su alcance va mucho más allá de las entidades brasileñas.
Mona Clayton, socia de PricewaterhouseCoopers, dijo que la mayoría de las empresas que ya tienen que cumplir con las directrices establecidas por las leyes FCPA o UKBA cumplirá automáticamente con la nueva ley brasileña. Sin embargo, Clayton dijo que las empresas con entidades o filiales en Brasil que no están seguros de cómo cumplir con la nueva ley deben mirar a las normas establecidas para las empresas multinacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas normas ofrecen un conjunto más conservador de las directrices para los programas de lucha contra la corrupción en las empresas que ayudarán a asegurar el cumplimiento de la legislación brasileña.
Para los reguladores brasileños y agencias de aplicación de la ley, el desafío más grande en el horizonte es garantizar que las empresas conozcan la ley, incluso antes de que las empresas realicen cualquier cambio a sus programas de capacitación.
Para las compañías multinacionales, los terceros representan el mayor riesgo
La nueva ley impone una carga especial sobre las empresas para que realicen su debida diligencia en sus terceros proveedores. Muchas entidades brasileñas contratan a terceros, que por lo general son pequeñas operaciones que no cuentan con programas de cumplimiento, para ayudar a negociar los contratos y organizar acuerdos con el gobierno.
Tony Dent, abogado corporativo de la división latinoamericana de la Harley-Davidson, dijo que estas ofertas de terceros serán las más difíciles de analizar y supervisar de cara a esta nueva ley. Dijo que una mayor debida diligencia para con los proveedores y la capacitación de empleados nuevos y antiguos serán las prioridades de las empresas obligadas a cumplir con la ley.
«Vamos a trabajar estrechamente con nuestros asesores brasileños», dijo Dent, después de hablar en un panel para el seminario de la Ley Anticorrupción de Brasil en Miami.
«Todos los años en Brasil realizamos capacitación de cumplimiento. Estos entrenamientos los realiza nuestro abogado local y todo el mundo participa,. No solo nuestros gerentes, sino también nuestro empleados de contacto con la gente, las personas que podrían estar tratando con proveedores y clientes todos los días».
Un estudio realizado por la Federación de Industrias de Sao Paulo afirma que la corrupción le cuesta la economía brasileña BR $ 41.500 millones al año, o un 1,38 % del producto nacional bruto del país.[/private]