Compañía chilena debe pagar más de US$30 millones para desestimar cargos de soborno en EE.UU.
La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) acordó hace unos días pagar US$30,5 millones para resolver cargos penales y civiles por la violación de la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras de EE.UU. (FCPA por sus siglas en inglés) por haber sobornado a políticos chilenos para influir en las políticas y planes del gobierno.
La compañía pagó una sanción penal al Departamento de Justicia de US$15,5 millones y una sanción civil a Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de US$15 millones.
Entre 2008 y 2015, SQM pagó a vendedores casi US$ 15 millones «a pesar de no tener pruebas de que se recibieron bienes o servicios», según señala el Departamento de Justicia en un comunicado.
Los «vendedores» eran personas u organizaciones conectadas con funcionarios chilenos. La compañía falsificó sus libros y registros para ocultar los pagos, registrándolos como servicios de consultoría y profesionales que SQM nunca recibió.
SQM también realizó donaciones a decenas de fundaciones controladas por políticos chilenos o estrechamente vinculadas a ellos. Por ejemplo, canalizó US$ 630.000 a fundaciones dirigidas por un funcionario con influencia sobre los planes mineros del gobierno, un segmento clave de los negocios de SQM.
La SEC dijo que «prácticamente todos los pagos indebidos a [personas políticamente expuestas] fueron dirigidos y autorizados por un ejecutivo senior de SQM».
SQM despidió al ejecutivo después de que las autoridades tributarias de Chile plantearan el problema y las organizaciones de noticias lo informaron.
El Departamento de Justicia y la SEC dijeron que SQM «voluntariamente falló» en establecer controles apropiados para detener los pagos ilegales. En un caso, el ejecutivo volvió a iniciar pagos al pariente de un funcionario chileno justo un mes después de que la compañía los hubiera detenido.
La SEC resolvió el caso con una orden administrativa interna. La agencia impuso una sanción de $15 millones, pero no determinó ninguna cantidad en concepto de disgorgement –restitución de ganancias–, un recurso típico en los casos de cumplimiento de la FCPA.
El Departamento de Justicia presentó una información criminal en una corte federal en el Distrito de Columbia acusando a SQM de no implementar controles internos y de falsificar sus libros y registros.
SQM llegó a un acuerdo de procesamiento diferido de tres años con el Departamento de Justicia, que impuso la sanción penal de $15,5 millones y que exige un monitor independiente de cumplimiento corporativo por dos años.
SQM no comunicó en forma voluntaria las violaciones a la FCPA, señaló el Departamento de Justicia. Cooperó con el Departamento “luego de que los medios de comunicación publicaran que los fiscales chilenos se encontraban investigando la compañía”.
El Departamento de Justicia dijo que la compañía “cooperó plenamente y tomó medidas de remediación substanciales y continuas”.