Cargos en EE.UU. contra corredores de bolsa peruanos que utilizaban cuentas en el extranjero
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. acusó esta semana a dos abogados y a un administrador de una empresa de corretaje en Perú de operación con información privilegiada antes de la fusión de dos empresas mineras.
La SEC alega que Nino Coppero, que trabajaba en la compañía canadiense HudBay Minerals Inc., le pasó información confidencial a su colega abogado y amigo Julio Antonio Castro sobre una oferta pública que su empresa presentó para adquirir las acciones de la compañía Augusta Resource Corp. Castro supuestamente operó en función de la información confidencial a través de una cuenta de corretaje de una compañía fantasma que constituyó en las Islas Vírgenes Británicas en un intento de evitar que las operaciones puedan rastrearse hasta él y Coppero. Según la demanda de la SEC, Castro y Coppero obtuvieron más de US$ 112,000 en ganancias ilícitas de estas operaciones ilegales.
La SEC alega además que Coppero pasó información confidencial a un conocido, Ricardo Carrión, cuando buscaba un consejo sobre cómo hacer para que las operaciones ilegales sean imposible o muy difíciles de encontrar. Según la demanda de la SEC, Carrión utilizó la información privilegiada e hizo que su firma de corretaje comprara acciones de Augusta Resource antes de que se anunciara la oferta pública de adquisición. La firma de Carrion habría obtenido beneficios por US$ 73.000.
«Como se alega en nuestra acusación, Coppero violó sus obligaciones laborales para con su empleador al pasar información confidencial a Castro y Carrion antes de cualquier anuncio público acerca de la inminente oferta pública de HudBay», dijo Andrew M. Calamari, director de la Oficina Regional de Nueva York de la SEC. «Por más que lo intenten, los corredores internacionales no deben conjeturar que puedan cubrir sus rastros para evitar la detección y el control del cumplimiento de la ley EE.UU. cuando violan las leyes de información privilegiada».
La demanda de la SEC acusa a Coppero y Castro de violar las disposiciones antifraude de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Intercambio de Valores de 1934. Coppero, Castro y Carrion están acusados de violar las prohibiciones contra el comercio antes del anuncio de una oferta pública que figura en el Sección Cambio de Ley 14 (e) y la Regla 14e-3. La demanda busca restitución de ganancias mal habidas más intereses y multas, entre otras cosas.