Un índice clave sobre riesgos de delitos financieros, muy influenciado por la clasificación de efectividad del GAFI, muestra cómo algunos países suben y otros caen
La última versión sobre las vulnerabilidades frente a los delitos financieros de un influyente documento que clasifica distintos países, que puede utilizar información más precisa sobre la aplicación de las leyes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), muestra un interesante panorama con el ascenso y descenso de varios países.
Las actuales 10 regiones de mayor riesgo en el índice “2015 Basel AML” permanecen casi sin cambios frente al año anterior, y países como Irán, Afganistán, Malí, Mozambique y Myanmar continúan en la cima de los países con mayores riesgos frente a los delitos financieros. Finlandia y Estonia siguen siendo las jurisdicciones de menor riesgo en el año 2015. Esta es la cuarta edición desde la creación del índice en 2012.
La clasificación final del índice es un promedio ponderado de 14 indicadores de diversas fuentes disponibles al público, tales como el GAFI, Transparencia Internacional, Banco Mundial y el Foro Económico Mundial , otros grupos y análisis internos. Aquí se puede acceder al informe (https://index2015.baselgovernance.org/start_index)
Los recuentos finales para los países en el índice de Basilea ALD 2015 – y si se percibe que las regiones están mejorando o no en su lucha contra la delincuencia financiera – han tomado una importancia aún mayor en los últimos años a medida que los grandes bancos internacionales se han embarcado en una tendencia para deshacerse de clientes, productos y regiones considerados de alto riesgo, una tendencia conocida como “de-risking”.
Al mismo tiempo, los países están más presionados que nunca para rediseñar sus leyes y reforzar la mecánica de ejecución e implementación después de que el GAFI actualizara sus 40 recomendaciones sobre los delitos financieros.
Como parte de un amplio fortalecimiento de los estándares, el grupo supranacional se embarcó en un cambio radical en el foco en sus evaluaciones, pasó de enfocarse en el cumplimiento técnico, tal como apuntar a la “letra” de las leyes, para apuntar a la verdadera eficacia de las mismas, que podría llevar a escudriñar elementos como por ejemplo si el país está desacelerando el movimiento de fondos ilícitos, congelando y confiscando una mayor cantidad de dinero sucio o desmantelando importantes redes criminales.
El índice ALD es desarrollado por el Instituto de Basilea sobre Gobernanza — Basel Institute on Governance—, a través de su Centro Internacional para la Recuperación de Activos (ICAR, por sus siglas en inglés). El instituto está afiliado a la Universidad de Basilea, con otras divisiones centradas en el gobierno corporativo y público. El índice no está asociado con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
La edición actual del índice cubre 152 países y asigna a cada país una puntuación en una escala de 0, el riesgo más bajo, a 10. Los puntajes de alto riesgo en el índice «generalmente indican normas ALD / CFT débiles, bajas capacidades institucionales y falta de transparencia en el sector financiero y público», según el grupo.
Estándares más altos y nueva información lleva a los países a mejorar sus esfuerzos ALD
Desde el inicio del proyecto hace tres años – y coincidiendo con los nuevos estándares del GAFI que ponen un mayor énfasis en la eficacia – ha habido un creciente impulso para que los países adopten normas más estrictas contra la delincuencia financiera y se aseguren que estas mejoras no sean solo en papel, señala Selvan Lehmann, director del proyecto.
«Hay tendencia general que muestra que muchos países han mejorado las puntuaciones debido a la adopción y ejecución de nuevas legislaciones en línea con las normas internacionales», y los requisitos actualizados, dijo, y señaló que los países no quieren ser juzgados con demasiada dureza cuando los evaluadores del GAFI comiencen la nueva ronda de evaluaciones.
Curiosamente, los cinco países que han sido evaluados por el GAFI en virtud de los nuevos estándares y cuyos resultados han sido publicados – Australia, Bélgica, España, Etiopía y Noruega- experimentaron una caída en su clasificación en el índice, principalmente debido a que ahora hay más información sobre la verdadera eficacia de las leyes contra una amplia gama de delitos financieros, dijo Lehmann.
Para los países en el futuro, cuando GAFI haga disponible la clasificación de la eficacia, el grupo va a actualizar el índice ALD, que toma muy en consideración esos resultados. Lehmann señaló que los estándares de eficacia y de aplicación de ley representan hasta un tercio o más de la clasificación final.
Una buena fuente riesgo regional, pero se necesita más información
Desde un punto de vista más regional, el índice clasifica a Tayikistán, Ucrania y Rusia como algunos de los países de mayor riesgo en Europa y Asia Central, mientras que Luxemburgo, Grecia y Alemania tienen los riesgos más altos entre los estados miembros de la Unión Europea. Irán, Yemen y Líbano son los países de mayor riesgo en el Medio Oriente y África del Norte. Paraguay, Bolivia, Panamá y República Dominicana son los países de mayor riesgo en América Latina.
El índice, a pesar de ser exhaustivo y riguroso, «no es la respuesta para cualquier banco en cualquier actividad, pero es parte de la composición de cálculo de riesgo de un banco para hacer negocios en un país», dijo Alma Angotti, directora gerente en Washington DC de la oficina de Navigant, una firma de consultoría.
Además del riesgo país, las instituciones financieras también van a incluir otros factores de riesgo para formar una figura compuesta de variables agravantes y atenuantes, tales como el tipo de negocio, productos, servicios, socios y contrapartes y transacciones reales y estimadas que pasarán por la cuenta, dijo.
El índice puede ser un punto de datos críticos para las instituciones financieras que buscan ahorrar gastos extras para mitigar el riesgo, o reguladores que preguntan por qué protocolos de vigilancia en una región determinada fueron modificados, señala.
No sorprende que las puntuaciones de efectividad del GAFI puedan bajar la calificación de un país en el índice. Esos datos son un referente clave del verdadero compromiso de un país en la lucha contra la delincuencia financiera y para hacer responsable a los bancos por fallas en los programas y controles, dijo.
El índice revela que los mayores riesgos están vinculados con ingresos y leyes fiscales anémicos
El índice muestra algunas posiciones interesantes, como por ejemplo que México está mejor que Canadá y Perú mejor que EE.UU. y el Reino Unido, dijo Angotti, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la práctica el cumplimiento normativo a través de altos cargos en la Comisión del Mercado de Valores, FinCEN y Financial Industry Regulatory Authority, el organismo autorregulador del sector de valores.
Las mejoras más importantes en comparación con la edición de 2014 fueron realizadas por Azerbaiyán, Camboya, España, Túnez, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Los países que empeoraron significativamente sus puntajes en la última clasificación son Guinea, Guatemala, Jamaica y Montenegro.
La información en el último índice muestra que el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo es «particularmente alto en los países de bajos ingresos con la legislación contra el lavado de dinero insuficiente y vulnerabilidades estructurales y funcionales tales como los altos índices de corrupción percibida, falta de fuerza judicial, y falta de transparencia pública y financiera».
La nueva lista tiente algunos cambios en comparación con años anteriores
Algunas jurisdicciones han sido retiradas de la lista debido a la falta de información: Bahamas, Bielorrusia, Brunei, Comoras, Djibouti, Kosovo, Maldivas, Siria, Sudán, Togo, Irak y Omán. Dos países fueron añadidos, Etiopía y Ruanda.
Casi 80 entidades, incluyendo grandes compañías, instituciones financieras y bancos centrales, se han suscrito a la versión paga, que es más rigurosa, demostrando su confianza en el índice, señala Lehmann.
Riesgo atado a la percepción de corrupción, libertades y transparencia
Calibrar con precisión el riesgo para una entidad financiera es «muy complicado», señala Lehmann. Esos resultados le informarán a las entidades dónde necesitan procedimientos de debida diligencia mejorada, que a su vez demandará más recursos de cumplimiento.
«Algunas instituciones financieras tienen que evaluar el riesgo de la transacción, el riesgo corporativo y el riesgo del producto y hacer esta medición para todos los países, lo que puede ser una tarea muy pesada y engorrosa, especialmente para instituciones más pequeñas y medianas», que pueden no contar con sofisticados sistemas automatizados o informáticos, dijo Lehmann. El índice ha sido una bendición para este tipo de operaciones, dijo.
Sabiendo la presión que experimentan las instituciones financieras para lograr una adecuada evaluación del riesgo, es fundamental que el grupo adopte un «enfoque holístico de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo», como la inclusión de la percepción de la corrupción y la transparencia general del sector financiero de un país e incluso la libertad de prensa y las libertades de sus grupos de la sociedad civil de la región, dijo Lehmann.
«Hemos tratado de crear una clasificación equilibrada que no se base en un solo ítem, sino que esté relacionada con las vulnerabilidades generales del país frente al lavado de dinero. Eso es importante porque por lo general no hay datos concretos disponibles sobre la cantidad de lavado de dinero que ocurre en un país por parte de grupos del crimen organizado».