Société Générale acuerda pagar US$860 millones por delitos de corrupción

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En la primera acción de cumplimiento de ley coordinada por el Departamento de Justicia de EE.UU.  y las autoridades francesas en un caso de corrupción en el extranjero, el gigante financiero con sede en París acordó el lunes resolver los cargos de que pagó más de US$90 millones en sobornos a funcionarios en Libia durante el régimen de Gadafi.

En los Estados Unidos, Société Générale S.A. (o SocGen) llegó a un acuerdo de procesamiento diferido con el Departamento de Justicia.

La filial del banco –SGA Société Générale Acceptance N.V.— se declara culpable de un cargo de conspiración de la FCPA en una corte federal en Nueva York.

Como parte de la medida, SocGen también llegó a un acuerdo con el Parquet National Financier (PNF) en París por los sobornos en Libia. Es la primera “resolución coordinada con las autoridades francesas en un caso de soborno extranjero”, dijo el Departamento de Justicia.

SocGen pagará al PNF US$292,8 millones – “igual al 50% de la multa penal total pagable a los Estados Unidos” y recibirá un crédito contra la multa de EE.UU.

El banco francés también acordó el lunes pagar US$475 millones en sanciones penales al DOJ y devolución a la Commodity Futures Trading Commission por manipular la tasa LIBOR. El Departamento de Justicia dijo que la sanción penal es de US$275 millones.

Entre 2004 y 2009, SocGen pagó sobornos a través de un “intermediario” libio. A cambio, el banco obtuvo 14 inversiones de instituciones financieras estatales libias.

El monto total pagado al intermediario fue de más de US$ 90 millones, según las admisiones de SocGen.

“Por cada transacción, Société Générale le pagó al corredor libio una comisión de entre un uno y medio y tres por ciento del monto nominal de las inversiones realizadas por las instituciones estatales libias”, dijo el Departamento de Justicia.

SocGen recibió 13 inversiones y una reestructuración de instituciones estatales libias por valor de US$3.660 millones. El banco obtuvo ganancias de US$523 millones de los negocios con Libia.

El Departamento de Justicia dijo que Société Générale llegó a un acuerdo de enjuiciamiento diferido para resolver una acusación de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la FCPA y un cargo de transmisión de informes de productos falsos.

Según la mayoría de los acuerdos de enjuiciamiento diferidos, las compañías no están obligadas a declararse culpables. Los cargos pendientes se cancelan cuando el DPA expira, generalmente después de dos o tres años, si el demandado ha cumplido con sus obligaciones establecidas en el DPA.

La medida contra Société Générale representan el quinto caso más grande de violaciones de la FCPA.

En 2016, el administrador del fondo, Och-Ziff, llegó a un acuerdo por las acusaciones de que, durante el régimen de Gadafi, sobornó a funcionarios de la Libyan Investment Authority o LIA, el fondo soberano de riqueza de Libia. Och-Ziff pagó US$412 millones para resolver los cargos de violación de la FCPA en Libia y en varios otros países africanos.

La semana pasada, el administrador del fondo, Legg Mason, Inc., dijo que reservaba US$67 millones para un posible acuerdo de una investigación de la FCPA sobre una unidad que administraba dinero para el gobierno libio durante el régimen de Gadafi.

El Departamento de Justicia dijo el lunes que acusó a SocGen y a la filial “en parte debido a que Société Générale no divulgó voluntariamente” las infracciones de la FCPA. El DOJ también citó la “seriedad” de la conducta y el alto valor de los sobornos pagados a funcionarios extranjeros.

No fue nombrado un monitor, dijo el Departamento de Justicia, debido a la “cooperación sustancial, aunque no completa” de SocGen, y su “remediación significativa”.

El banco también estará sujeto a un “monitoreo continuo” por parte de la Agence Française Anticorruption de Francia. El DOJ dijo que recibió “cooperación significativa” en el caso del Parquet National Financier, la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido, la Oficina Federal de Justicia en Suiza y la Oficina del Fiscal General en Suiza.