Panamá, un importante centro financiero que busca cambiar su imagen de secretismo sin perder negocios

Por Daniela Guzman
5 de Marzo de  2015

Con una silueta de edificios que recuerda a Dubai en Medio Oriente, la ciudad de Panamá se ha convertido en un lugar de privilegio en Latinoamérica para los servicios financieros y el comercio internacional.

Panamá se ha convertido en un centro mundial de negocios en el siglo que transcurrió desde que su canal se convirtió en un conducto esencial para el comercio marítimo internacional, principalmente debido a la fortaleza de sus prácticas para la creación de compañías y ambiente para los negocios.

Sin embargo, los esfuerzos por seguir incrementando los negocios en Panamá chocan con una tendencia internacional por erradicar la opacidad corporativa.

Panamá se encuentra en una lista de jurisdicciones con debilidades en los esfuerzos para combatir el delito financiero, aunque en un claro camino de mejora. El marco legal del país permite a los abogados crear empresas donde los beneficiarios finales se esconden detrás de testaferros y personas autorizadas, un escenario que es caldo de cultivo para el lavado de dinero, dijo David Dorr, administrador de activos para Dorr Asset Management, Ltd., con sede en las Islas Caimán. Una práctica que no es exclusiva del país centroamericano y que es aceptable en un gran número de jurisdicciones internacionales que buscan ofrecer un ambiente atractivo de seguridad y confiabilidad a los capitales de países o regiones inseguras o inestables.

Según Dorr, el problema aparece cuando no se realiza la debida diligencia adecuada, cuando se está listo para vender las compañías a cualquiera.

En su empresa, si un cliente no quiere dar información sobre su negocio, “no lo aceptamos”, mientras que otras compañías atienden a ese grupo de clientes preguntando sólo la información mínima.

Una economía dolarizada y políticas de secreto financiero estimuladas por contrapartes bancarios en EE.UU. han hecho de Panamá un terreno fértil para las empresas extranjeras; aunque algunas expresiones indican que no toda esa afluencia de capitales es limpia.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los activos consolidados de los bancos panameños son más de tres veces el producto interno bruto del país.

Las leyes fiscales del país y las disposiciones sobre el secreto también han creado un paraíso fiscal para las entidades legítimas que buscaban privacidad y una estructuración de patrimonio flexibles por razones por razones legales. Sin embargo, la historia del país cuenta con casos infames donde esta opacidad financiera ha ayudado a los criminales.

Con los ojos puestos sobre Panamá

Grupos internacionales de control están observando con sumo cuidado lo que Panamá dice estar haciendo para ser menos atractivo para los criminales, qué progresos se han concretado y qué principios fundamentales faltan.

Al término de la sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) la semana pasada, el grupo, que establece los estándares para combatir el lavado de dinero, señaló que Panamá tiene deficiencias estratégicas ALD y que tiene un plan para corregir los problemas, pero debe tomar medidas adicionales en muchas de las áreas fundamentales de la delincuencia financiera.

La clasificación en lo que muchos señalan como la lista gris del GAFI es una de las más leves, aunque Panamá se ubica junto a algunas jurisdicciones que están más en riesgo de delitos financieros y financiación del terrorismo, como Afganistán, Irak, Sudán, Siria y Yemen.

El GAFI resaltó la iniciativa de Panamá para tomar ciertos pasos desde octubre para combatir el crimen financiero, incluyendo la publicación de más orientación sobre la preparación de reportes de operaciones sospechosas, el fortalecimiento de la unidad de inteligencia financiera y medidas contra las acciones al portador.

Sin embargo, el GAFI señaló que Panamá aún debe actualizar la legislación para penalizar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el consecuente decomiso de activos relacionados, establecer protocolos de debida diligencia del cliente para mejorar la transparencia y exigir a las instituciones financieras que presenten  informes de transacciones sospechosas.

El Fondo Monetario Internacional está preparando la próxima evaluación mutua del país que podría ser en el segundo trimestre del próximo año.

Mejoras ALD, pero el sector de formación de compañías está rezagado

En la década de 1980, Panamá parecía ser un destino elegido por los carteles de la droga y otros delincuentes, que parecían operar con impunidad, utilizando empresas fantasmas en el país para mover fondos ilícitos a nivel internacional.

Con una supervisión interna laxa y un mantra más orientado a potenciar los negocias que a poner fin a actores ilícitos, las empresas fantasmas parecían invisibles, frustrando los esfuerzos de investigadores extranjeros para descubrir los profesionales en Panamá que manejaban la situación.

En la última década, el gobierno panameño, con el fin de limpiar su nombre y promover la transparencia, ha incrementado la cooperación judicial con las jurisdicciones extranjeras en  la materia de lavado de dinero y casos de financiación del terrorismo.

La unidad de inteligencia financiera ha tomado medidas enérgicas contra el lavado, junto con una ley antilavado de dinero que exige a las instituciones financieras identificar adecuadamente a sus clientes.

Sin embargo, todavía hay espacios bastante oscuros, incluyendo las reglas especiales que permiten a agentes no financieros registrar compañías y otras entidades jurídicas, una dinámica que los extranjeros dicen constituye un vacío importante. Uno que hace vulnerable, y atractiva, a Panamá para ciertos delincuentes financieros, en especial en la esfera del lavado de dinero.

Casos con carteles de lavadores de dinero en Panamá demuestran vulnerabilidades

En 2011, el líder de una organización de narcotráfico y de lavado de dinero con sede en Panamá y operaciones en Colombia y México fue detenido y extraditado a EE.UU.

Jorge Fadlallah Cheaitelly, un ciudadano de Colombia, creó compañías fantasmas panameñas, compañías de importación y exportación, organizaciones sin fines de lucro, y restaurantes entre otras iniciativas para lavar el producto de la venta de drogas.

Un abogado panameño, Jorge Plata McNulty, hizo las veces de agente residente para crear las empresas, y controlaba a diez de esas entidades.

Una de las empresas de Cheaitelly incluso fue vinculada con la financiación del grupo libanés Hezbolá, lo que demuestra el alcance global de las operaciones de Cheaitelly, con sede en Panamá.

Marco legal de Panamá

En 2010, la OCDE estimó que Panamá albergaba más de 400.000 empresas y fundaciones privadas. Más de 100.000 empresas han sido añadidas al Registro Público de Panamá en los últimos tres años. De acuerdo con los registros de 2015 del Registro Público, había 2.562 sociedades anónimas registradas y 1.357 sociedades anónimas disueltas.

Es importante resaltar que el marco legal de Panamá es fundamentalmente un imán para negocios limpios de todas partes del mundo.

Panamá se ha convertido en un centro importante para las sociedades offshore junto con otras jurisdicciones como las Islas Caimán, las Islas Seychelles y Suiza.

En Panamá, los tenedores de activos pueden elegir entre una variedad de entidades o instrumentos disponibles para ser usados en negocios y la administración de patrimonios, incluyendo corporaciones, sociedades de responsabilidad limitada, fundaciones de interés privado y fideicomisos legales.

La fundación de interés privado es un vehículo corporativo importante que fue influenciado por Lichtenstein. Las fundaciones están diseñadas para proveer anonimato, en forma similar a los fideicomisos, que se establecen a través de la ley común. Las leyes para los fideicomisos y fundaciones no señalan qué registros deben mantenerse.

El proceso para crear una empresa extranjera, por lo general una sociedad anónima en Panamá implica la obtención de una escritura en Panamá, que es facilitado por un «agente residente» o un abogado panameño que coloca a la compañía, fideicomiso o fundación bajo su propio nombre en una escritura pública.

Algunos tipos de empresas que realizan actividades reguladas como la banca y los seguros están obligados por ley a revelar información sobre los beneficiarios finales a las autoridades.

Aunque existen normas éticas establecidas para los abogados en relación con la debida diligencia del cliente y las reglas para conocer al cliente, no está claro qué información debe mantenerse bajo estas reglas, y en pocos casos se han aplicado sanciones.

El abogado que ayuda a un cliente a crear una entidad anónima está obligado a mantener la confidencialidad en relación con los dueños de las compañías, fundaciones y fideicomisos.

La ley contra el lavado de dinero, promulgada en el año 2000, exige a las entidades financieras en Panamá «identificar adecuadamente a su cliente», aunque esto significa que un banco que identifica al agente residente de una sociedad ha encontrado el dueño «legal» y no tiene ir más allá para determinar quién es el beneficiario final. Que es una práctica que no difiere mucho del comportamiento internacional con respecto a la identificación del beneficiario final, aunque la tendencia está cambiando.

A menos que las autoridades fiscales auditen una corporación, que sólo se puede hacer si los ingresos de la empresa se originan en Panamá debido al principio fiscal territorial, no hay supervisión para asegurar que los registros estén actualizados.

En 2010, la OCDE llevó a cabo una revisión de pares del marco legal y regulatorio de Panamá, como parte del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de información con Fines Fiscales.

El informe resalta los problemas en relación con la disponibilidad de información sobre la propiedad real, información contable, incertidumbres relacionadas con los poderes de las autoridades panameñas para obtener información con fines de intercambio, y la disponibilidad de sanciones por la falta para mantener o producir información con fines de intercambio.

¿Por qué crear una entidad legal panameña?

Una entidad anónima permite a los propietarios de la empresa mantener y mover dinero bajo una razón social que proporciona capas esenciales para la protección de activos, planificación personal y familiar de activos, la planificación fiscal internacional y la realización de las transacciones internacionales.

Debido a que los criminales, o secuestradores, buscarán cualquiera con dinero, hay una enorme necesidad legítima de contar con entidades jurídicas alternativas que provean estructura y privacidad, señala Dorr.

“La privacidad es un derecho legítimo, y está cada vez más pisoteada en estos días”, agregó

Dorr señala que las leyes de herencia en América Latina, demandas de los empleados, y los motivos de seguridad son algunas de las razones por las cuales clientes ricos van a jurisdicciones que ofrecen las entidades jurídicas alternativas para mantener su dinero.

Para las familias acomodadas, las empresas que ofrecen privacidad son cruciales, Dorr explica.

«En México o Brasil, un cliente acaudalado quiere contratar una prima de seguro de vida en dólares, pero tienen miedo de que el negocio por un monto importante alerte a la gente equivocada. Ellos no quieren poner su familia en riesgo, por lo que es una razón muy real».

Sin embargo, hay sistemas que son abusados

Una firma, Mossack Fonseca, operó como agente residente para empresas como Drex Technologies, SA, propiedad de un hombre de negocios sirio que era ampliamente sospechado de guardar dinero para el presidente Bashar al Assad.

Crear una compañía en Panamá

Quijano & Associates, una firma de abogados situado en la misma manzana que Mossack Fonseca, fue establecida en 1959 y cuenta con oficinas adicionales en el Reino Unido, Belice, las Seychelles y las Islas Vírgenes.

Julio Qujano, el abogado líder, explica lo que su firma requiere de los clientes cuando buscan crear una compañía en Panamá.

«Antes de crear una entidad anónima o una fundación u otra entidad legal, realizamos un estricto proceso de debida diligencia», dijo Quijano.

«Eso incluye una referencia de un banco, una copia de una factura de servicios públicos en el país de la parte interesada, una copia de todas las páginas del pasaporte de la persona, y las referencias comerciales de una entidad respetable, entre otros documentos,» dijo.

Aunque algunos agentes residentes pueden optar por realizar este nivel de diligencia debida, las instituciones financieras son ampliamente consideradas como las últimas responsables de la prevención y detección de lavado de dinero.

En mayo de 2014, Panamá fue añadida a la lista de jurisdicciones que han llegado a un acuerdo en esencia (in substance) para el acuerdo intergubernamental (IGA) con EE.UU. bajo la Ley Foreign Account Tax Compliance, lo que significa que, llegado el momento, las instituciones financieras panameñas tendría que informar sobre las cuentas de ciudadanos estadounidenses.

Además, Panamá cuenta con tratados de asistencia legal mutua con una serie de países para combatir el lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y otros delitos graves.

Si bien Panamá ha dado pasos para permitir el intercambio de información en los últimos años, la revisión de pares considera esencial que se tomen medidas adicionales para garantizar que la información sea pertinente y accesible a las autoridades correspondientes.