Oficiales de Cumplimiento preocupados por sentencia de juez que los hace responsables por fallas en los programas ALD
Por Brian Monroe
26 de enero de 2016
Un fallo a principios de este mes de un juez de la corte de distrito de Estados Unidos en Minnesota indicando que los oficiales de cumplimiento pueden ser considerados legalmente responsable por fallas en los programas ALD dentro de sus instituciones está asustando a muchos profesionales en puestos clave en diversas organizaciones obligadas a contar con controles y defensas contra el delito financiero.
La decisión del juez de la Corte Federal de Distrito, David Doty, es un duro golpe para el ex Director de Cumplimiento de la firma internacional de transmisión de dinero MoneyGram Thomas Haider, que está apelando una multa de US$ 1 millón por presuntos errores que fue puesta en 2014 por la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).
«El fallo es definitivamente algo importante», dijo un oficial de cumplimiento de un gran banco con sede en Estados Unidos. «Es algo que da mucho miedo. Sienta un mal precedente para los profesionales de cumplimiento que realmente están tratando de hacer lo correcto. La mayoría de los oficiales de cumplimiento están haciendo las cosas bien y a conciencia».
La medida contra Haider se produce en un momento muy particular en la historia del cumplimiento en materia de delitos financieros.
En los últimos años, jueces y el público en general han expresado el deseo de que haya una mayor responsabilidad individual en las fallas sistémicas relacionadas con los controles ALD, contra el fraude y otros delitos financieros que han resultado en sanciones de miles de millones de dólares para las organizaciones, pero pocas sentencias de cárcel.
El juez Doty tomó la decisión respondiendo a una petición presentada por los abogados defensores de Haider para desestimar la acusación de FinCEN contra él por varios motivos, entre ellos que las regulaciones ALD no otorgan la autoridad para acusar a individuos por errores corporativos, y que se le negó también el debido proceso, entre otros argumentos legales.
Doty, sin embargo, no estuvo de acuerdo en el punto sobre responsabilidad individual, argumentando en su sentencia de 13 páginas que el aspecto de las regulaciones ALD que requieren que las instituciones establezcan programas de detección y prevención de lavado de dinero se rige por la disposición de sanciones civiles de la ley, que permite sanciones monetarias contra un «socio, director, funcionario o empleado».
«La ley establece que una pena civil puede ser impuesta a los funcionarios y empleados como Haider, quien era responsable de diseñar y supervisar el programa ALD de MoneyGram», Doty escribió en la sentencia.
La medida de FinCEN contra Haider tiene sus orígenes en el acuerdo de US$ 100 millones de MoneyGram con el gobierno de Estados Unidos en 2012, en el que la compañía de remesas admitió fallas en el programa contra el lavado de dinero y fraude electrónico.
El fallo, en combinación con el ánimo en general en los últimos años a nivel gubernamental para encontrar más «responsabilidad individual» en las fallas generales de cumplimiento, parece estar colocando a los empleados en los departamentos de cumplimiento en un «callejón sin salida», dijo que un funcionario de cumplimiento, que pidió no ser identificado.
«Si todo va bien, se supone que debo estar haciendo bien en mi trabajo», dijo el oficial de cumplimiento. «Pero mi trabajo es apagar incendios todo el tiempo en todos los lugares. Así que eso significa que si algo sale mal, aunque yo esté haciendo mi mayor esfuerzo, puedo terminar entregado en bandeja».
Además, hay decisiones que se pueden tomar por encima o por debajo de un oficial de cumplimiento que dejan las personas en esa división asumiendo la entera responsabilidad por el accionar de toda una organización, dijo la persona.
En algunos casos, los oficiales de cumplimiento pueden ver un comportamiento sospechoso y pretender reportarlo o cerrar cuentas potencialmente ilícitas, pero pueden recibir órdenes contradictorias por parte de los altos ejecutivos o incluso los gerentes comerciales enfocados mucho más en las utilidades que en el riesgo de lavado de dinero.
Al mismo tiempo, si un oficial de cumplimiento no está de acuerdo con la decisión de un empleado de un rango menor sobre la presentación de un informe de actividades sospechosas o mantener la cuenta de una operación que parece estar relacionado con la actividad ilícita, esta persona puede reportar esas decisiones muy subjetivas a las autoridades siguiendo los canales de denuncias, señala el oficial de cumplimiento.
«Entiendo por qué el gobierno está haciendo esto, pero el foco está fuera de lugar. No es el profesional de cumplimiento quien participa en actividades ilícitas, «son los grupos criminales quienes tratan de lavar el dinero», dijo el oficial de cumplimiento. «Es muy injusto».
FinCEN señaló que Haider falló en hacer que MoneyGram cumpliera con las disposiciones antilavado de dinero de la Ley de Secreto Bancario.
FinCEN señaló que Haider no presentó informes de actividades sospechosas sobre ciertos agentes que conocía o sospechaba que participaban en actividades fraudulentas, lavado de dinero, u otra actividad criminal. Al mismo tiempo, la agencia lo acusó de no realizar una adecuada debida diligencia sobre agentes sospechosos, ni los auditó o terminó su relación comercial con agentes de alto riesgo.
Altos ejecutivos hacen la vista gorda
La tensión entre el departamento de cumplimiento y el área comercial fue destacada en el mismo acuerdo de MoneyGram.
El acuerdo indicó que en marzo de 2007 Haider recomendó a MoneyGram que cerrara en forma inmediata 32 puntos de venta específicos en Canadá que tenían reportes de altos niveles de fraude, llamándolos «lo peor de lo peor».
Pero en una reunión de la empresa un mes más tarde para analizar el cierre de estos puntos de venta, al que asistieron altos ejecutivos de MoneyGram, inclusive vicepresidentes ejecutivos, rechazaron la recomendación del departamento de fraude.
El acuerdo señala que Haider se negó a realizar auditorías en determinados puntos de venta involucrados en el fraude y el blanqueo de dinero porque eran «operaciones criminales» y enviar a su equipo de auditoría a esos puntos de venta pondría el equipo de auditoría en la «peligro físico».
Algunos creen que Haider hizo todo lo posible para que la alta dirección tomara conciencia de los agentes y tomara la decisión de terminar la relación comercial, pero esta postura fue rechazada por sus superiores, y más tarde se convirtió en el «chivo expiatorio» de los problemas de cumplimiento de la empresa para llegar a un acuerdo, dijo un persona familiarizada con el asunto que conoce personalmente a Haider.
El caso contra Haider acarrea potenciales peligros para FinCEN.
«Si el gobierno no logra probar su caso, FinCEN y el Departamento de Justicia de Estados Unidos se abren a posibles acusaciones de abuso en el proceso», dijo la persona, que pidió no ser identificado. «Las personas involucradas en el caso en contra de Haider podrían ser demandadas».