Nicaragua avanza en la lucha contra el lavado, pero cuenta con importantes vulnerabilidades
Gafilat publicó los resultados de la Evaluación Mutua realizada a Nicaragua a principios del 2017, donde destaca que si bien Nicaragua ha realizado considerables esfuerzos a fin de alcanzar niveles aceptables de efectividad en materia de prevención y control del lavado de dinero, aún son necesarios ajustes mayores en la legislación que impactan directamente en la capacidad del sistema para prevenir, identificar y combatir estos delitos.
De acuerdo con el informe, Nicaragua cuenta con disposiciones legislativas, normativas y un marco institucional que le permiten combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a pesar de que el sistema vigente tiene deficiencias que limitan la efectividad general del sistema.
Nicaragua ha realizado importantes esfuerzos para comprender sus riesgos y ha completado una Evaluación Nacional de Riesgos y sobre esa base ha desarrollado una Estrategia Nacional y Plan Nacional de Acción. El nivel de conocimiento y comprensión de los riesgos es desigual entre las diferentes autoridades y sujetos obligados. Dentro de las circunstancias que han contribuido a la variación en los niveles de comprensión de los riesgos de LA/FT está la participación limitada de algunas autoridades competentes en materia antilavado de dinero.
De acuerdo con esta evaluación nacional de riesgo, el narcotráfico, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, cohecho, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera y tributaria, y tráfico de dinero ilícito se identificaron como amenazas principales de lavado de activos.
Alega el informe que el cumplimiento técnico de las Recomendaciones del GAFI debería mejorar en algunos aspectos de importancia. Dentro de las principales deficiencias se encuentra el hecho que la tipificación del financiamiento del terrorismo no se adecua a lo requerido por los estándares del GAFI, existen instituciones financieras y Actividades y Profesiones no Financieras Designadas (APNFD) por fuera del régimen antilavado, falta la obligación dentro del marco legal de presentar reporte de operación sospechosa (ROS) por parte de los sujetos obligados , y no existen obligaciones que permitan el acceso a la información del beneficiario final de las personas y estructuras jurídicas.
A pesar de que la obligación de presentar ROS no está en ley de forma expresa como lo exige el GAFI, no obstante, los reguladores han emitido disposiciones legales que permite que los sujetos obligados presenten ROS.
El nivel de conocimiento y comprensión de los riesgos es desigual entre las diferentes autoridades y sujetos obligados. Dentro de las circunstancias que han contribuido a la variación en los niveles de comprensión de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo están la participación limitada de algunas autoridades competentes en materia y del sector privado.
Las autoridades nicaragüenses han llevado a cabo esfuerzos para combatir el lavado de dinero vinculado a sus principales amenazas que son el narcotráfico y el crimen organizado, pero no abordan de la misma manera los casos vinculados a otras amenazas destaca el informe como una de las vulnerabilidades en el sistema y agrega el informe que no hay evidencia de que se realicen investigaciones financieras paralelas.
Las industrias de mayor riesgo del sector financiero son alcanzadas por la norma antilavado de Nicaragua, sin embargo, quedan fuera del régimen las arrendadoras financieras, empresas de factoraje y algunas instituciones financieras intermediarias de microfinanzas (IFIM). En el caso de las APNFD, sólo los casinos y salas de juego son sujetos obligados según el marco jurídico.
Según el informe, la información y/o inteligencia generada por la Unidad de Análisis Financiero de Nicaragua ha permitido que las autoridades de ley identifiquen bienes, activos y recursos no justificados, e inicien investigaciones sobre lavado de dinero.
En materia de financiación del terrorismo, Nicaragua no cuenta con antecedentes de investigaciones ni procesos. Las deficiencias en la tipificación de la financiación del terrorismo afectan la efectividad porque, pese a tener el aparato institucional y operativo, Nicaragua no estaría en capacidad de identificar, perseguir y procesar adecuadamente conductas no tipificadas.
Nicaragua cuenta con el marco jurídico que le permite prestar asistencia legal mutua y, de hecho, ha prestado asistencia y cooperación a diversos países en materia de lavado de dinero y otros delitos.
Considerando la posición geográfica de Nicaragua en la ruta del narcotráfico –entre los países productores y consumidores, así como en el envío del dinero ilícito producto de la venta de la droga—el informe destaca que entre las vulnerabilidades identificadas se encuentran las (fáciles) condiciones para entrar a la economía formal, el uso intensivo del efectivo, uso de nuevos métodos de pago, insuficiencia de recursos humanos, económicos y materiales de los sujetos obligados destinados a los temas de prevención.
Entre algunos de los medios que pueden ser utilizados para el lavado se identificaron la comercialización de oro, comercialización de vehículos y de bienes raíces (incluida la construcción) y la transferencia electrónica de dinero. En particular, preocupa la proliferación de actividades de remesas y cambistas fuera del alcance del régimen de control del lavado de dinero.
Independientemente de las vulnerabilidades identificadas, la evaluación nacional de riesgo indica que Nicaragua cuenta con fortalezas que la ubican como uno de los países más seguros de la región, por ejemplo, a través de la estrategia Muro de Contención ha generado mejoras en la prevención, enfrentamiento y persecución penal del narcotráfico y el crimen organizado. Otra fortaleza es la efectiva cohesión entre las instituciones y la sociedad en su conjunto.